Jorge Faljo
La caída brutal de los precios del petróleo, de productos agropecuarios y de los metales ha tenido un efecto devastador en las economías de países con este tipo de exportaciones. En el caso de Latinoamérica afecta a numerosos países, incluido México y es un factor importante en el cambio de signo político de los gobiernos de Argentina y Brasil. Obviamente también es la causa principal de la grave crisis en Venezuela.
En Brasil la pérdida de base popular desató las posibilidades de acción de los sectores golpistas de ideología neoliberal, en buena medida entramados con una amplia red de corrupción. Se deshicieron, por lo menos de momento, de la presidente Dilma Roussef en una operación en la que el cambio de persona no es sino pretexto para un viraje radical hacia el neoliberalismo.
En Argentina el auge de precios de los productos primarios, en particular la soya y la carne, sustentó una buena entrada de divisas a pesar de la exclusión del financiamiento externo. La caída de los precios primarios asociada a la sobreproducción mundial (originada en la debilidad de la demanda) dio un duro golpe al que durante una década había sido un modelo económico muy exitoso.
Venezuela obtenía de la venta de petróleo el 96 por ciento de sus ingresos de exportación. Esta riqueza fácil sustentó un modelo importador que puso de rodillas y prácticamente destruyó buena parte de la producción interna.
Estos tres países lograron durante los primeros años de este siglo instrumentar políticas de disminución de la indigencia notablemente exitosas. El eje del mejoramiento de los niveles de vida de sus sectores más vulnerables y marginados fueron políticas redistributivas centradas en programas de transferencia de ingresos, de prestación de servicios públicos, mejoramiento de vivienda y otros.
Con frecuencia la redistribución de ingresos se representa con un pastel del cual se corta una rebanada cada vez más grande para los más pobres. Eso hacen las estrategias redistributivas, aumentar la rebanada de los grupos vulnerables. Cierto que esa es la tendencia de algunos programas públicos aunque en general no han logrado ni en América Latina, en los Estados Unidos (que los tiene muy importantes, como el famoso “food stamps”) o el mundo revertir la tendencia a que todo incremento del tamaño del pastel se lo queden los muy ricos.
Querer darles a los pobres más de un pastel que crece poco provoca la activa oposición de aquellos cuya porción se reduce, por más grande que esta sea. La situación es mucho peor cuando el tamaño del pastel se reduce y entonces la rebatinga es generalizada. Son situaciones en las que los programas de transferencias a los pobres tienden a ser sacrificados por falta de recursos públicos; lo cual agrava para esta población el impacto negativo que de por si recae en toda la economía.
Las estrategias sociales promovidas por la izquierda latinoamericana, sobre todo en Brasil y Venezuela, e incluso las migajas de estrategia social en gobiernos de derecha como el de México, son muy vulnerables al nuevo contexto de la economía mundial. En condiciones de estancamiento económico y caída de precios de las exportaciones, no es factible cargar el mejoramiento de los más pobres en las espaldas de la clase media, y los poderosos no están dispuestos a ceder nada.
Así que habría que repensar en otra opción. Y si existe; se trata de reactivar y promover la actividad productiva de los pobres. A diferencia de aumentar su rebanada del pastel existente la propuesta es apoyarlos para que ellos hagan un segundo pastel; producido y comido por ellos mismos.
Solo que mientras la mera redistribución del ingreso global puede ser perfectamente compatible con un modelo económico neoliberal, lo segundo que ellos produzcan en su microempresas, le resulta repugnante a los sectores globalizados. ¿Por qué?
La redistribución ha sido una estrategia de alivio a la pobreza que al mismo tiempo los integra como consumidores transnacionales. Un ejemplo. El reparto de vales electrónicos de despensa a la tercera edad y muy pobres en la ciudad de México los lleva a consumir en Waltmart y los aleja de los mercados tradicionales. Ayuda a los pobres como consumidores pero deteriora el comercio y la producción popular. A final de cuentas los invalida.
Dejar que los pobres tengan un segundo pastel implica promover el uso y fortalecimiento de sus propias capacidades con las que no pueden competir con las transnacionales ni entrar al comercio masivo. Sin embargo podrían producir para ellos mismos, con tecnologías accesibles reactivables o de baja inversión si es que se les apoya para crear una red de distribución para el intercambio de producción adecuada para aliviar sus carencias. Es aquí donde la solución no gusta. Los sectores globalizados quieren que los pobres consuman su producción y no la que ellos mismos pueden generar.
En México los programas de desarrollo social basados en promover el consumo transnacional terminan siendo muy caros para el gobierno, el país y los mismos pobres. Por otra parte, en cada comunidad campesina, en cada barrio y por todos lados en el país la población, de muy pobres a pequeños y medianos empresarios, podrían producir para el consumo popular, desde alimentos, muebles, enseres domésticos, materiales de construcción y más.
Lo que requieren los excluidos, y al paso que vamos ahí estaremos, es un mecanismo de comercialización para el intercambio entre ellos mismos. La clave del apoyo público es, para empezar, que los vales de consumo que distribuye el gobierno fueran para consumir producción local y regional en la red de intercambio entre productores sociales.
Una estrategia de este tipo permitiría generar niveles escalonados de autosuficiencia. A nivel de comunidad sería posible cierto grado de autoabasto, en el plano regional un mayor grado y así hasta llegar al nivel nacional en el que sería perfectamente posible el autoabasto total de los grupos excluidos de la producción por la actual estrategia.
El incremento en el nivel de vida de los pobres solo es posible mediante el uso útil de su fuerza con mecanismos específicos de intercambio. Hay que construir un sector social de la economía que opere de manera amplia, integral y justa.
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