Jorge Faljo
El lunes pasado el gobierno norteamericano publicó en un documento de 17 páginas sus objetivos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. Es un escrito sin rollo, ni medias tintas; es directo y conciso.
Quien conduce la renegociación del lado mexicano, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, expresó que “la insistencia reiterada sobre este tema de los déficits comerciales sigue siendo preocupante.”
Efectivamente, este documento coloca en primer lugar un objetivo norteamericano largamente anunciado: reducir su déficit comercial. Un objetivo que en la medida que se haga efectivo nos obliga a transformaciones radicales.
No hay en el documento la amenaza de imponer aranceles o barreras a la entrada de productos mexicanos. Pero no podemos ignorar que Wilbur Ross ha dicho que estos mecanismos agresivos están a su disposición si la negociación fracasa.
Lo que piden es que México incremente sus compras de productos norteamericanos; es decir mayor apertura para que ellos puedan exportarnos más hasta igualar el nivel nuestro país les vende.
Esto nos coloca en una difícil disyuntiva. Podemos comprarles más a costa de dejar de producir nosotros; por ejemplo productos agropecuarios, telas y ropa. Sería entrar a otra oleada de destrucción del aparato productivo interno para substituirlo por importaciones. Ya lo vivimos y es una propuesta inaceptable para la sociedad mexicana. Se parecería a lo que recién ocurrió con el azúcar. Se seguirá exportando pero la etapa final de refinación industrial la harán ellos mientras aquí los ingenios se quedan detenidos.
Hay otra alternativa: comprarle más a los Estados Unidos a costa de comprarle menos a otros países; a aquellos con los que tenemos fuertes déficits comerciales. Cambiar las reglas de origen de las exportaciones manufactureras para garantizar mayor contenido de insumos de este hemisferio, y menos insumos orientales, apunta en esta dirección.
Sin embargo para instrumentar esta opción sería necesario imponer aranceles a las importaciones asiáticas. Lo que tiene un riesgo evidente; si los componentes norteamericanos son más caros que los insumos chinos entonces el producto final será más caro y menos competitivo. Esta es sin duda la mejor opción; pero para que resulte viable sería necesario que los Estados Unidos también le den preferencia a las importaciones de México, castigando con aranceles a las importaciones chinas.
Para que funcione la preferencia mutua los tres países (se incluye a Canadá) tienen que adoptar medidas similares; los tres tendrían que imponer aranceles a las importaciones de países que no sean miembros del TLCAN. Tengo la impresión de que es la única manera de responder favorablemente a la demanda norteamericana sin destruir el aparato productivo nacional. Es, en todo caso, el gran reto del último tramo de esta administración: modificar la estrategia económica sin dañar al aparato productivo y a la sociedad mexicana.
Pero no se acaban aquí los problemas. Otros objetivos norteamericanos nos colocan en campo minado.
Uno es su interés en incrementar sus exportaciones agroalimentarias. Al que debe contraponerse el interés nacional por instrumentar la prometida estrategia de desarrollo rural integral. Necesitamos preservar en la negociación un espacio para desarrollar una vida rural digna, que fomente la paz, la cohesión social y la producción campesina y de los pequeños productores.
Un reto interesante es la demanda de que los asuntos laborales ya no sean parte de un anexo, sino componente substancial del nuevo TLCAN. Concretamente los gringos quieren que México adopte en sus leyes y en sus prácticas los estándares laborales básicos reconocidos internacionalmente y expresados por la Organización Internacional del Trabajo. Incluye el reconocimiento efectivo a la sindicalización y a la negociación colectiva. Añade que los países del TLCAN tendrán leyes que establezcan condiciones de trabajo aceptables en relación a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad e higiene en el lugar de trabajo.
Al ser parte integral del nuevo tratado estos acuerdos serían verificables y se sujetarían a los mecanismos de resolución de disputas del resto del tratado. Imaginemos entonces que una empresa canadiense o norteamericana podría demandar al gobierno de México porque permite que sus productores compitan de manera desleal al incumplir los estándares y normas laborales. Un asunto delicado.
El gobierno norteamericano ha puesto sobre la mesa de negociación un sólido documento, producto de una amplia participación, que expresa bien sus intereses.
Urge que México presente su propio documento de objetivos de la renegociación. Y debe también ser resultado de una amplia participación. El sector empresarial exige participar y ya se está moviendo en ese sentido. ¡Qué bueno!
Hay otros que deben participar y hay que apoyarlos. Unos son los campesinos, el sector social de la economía y, en general, los pequeños productores del campo. Su ausencia en la anterior negociación tuvo resultados catastróficos; no debe volver a ocurrir.
Otro grupo muy importante es el de los trabajadores migratorios. Si los gringos meten el tema laboral al tratado, es deber de México introducir los intereses de nuestros compatriotas a la negociación.
Todos debemos estar alertas y expresarnos: universidades, grupos políticos, asociaciones de productores y trabajadores, y demás. La nación mexicana no puede aceptar otra negociación en lo oscurito.
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