A la basura la reforma administrativa prianista

Jorge Faljo

Víctor Villalobos, propuesto por AMLO para dirigir la SAGARPA, dice que empezará por tirar a la basura las actuales reglas de operación. Esto, se entiende, para crear otras nuevas.

Conviene remontarnos al origen de las actuales normas que rigen la operación, no solo de SAGARPA, sino de plano de toda la administración pública. Para saber qué rumbo tomar, debemos saber de dónde partimos.

Con el cambio de administración de principios de este siglo, panistas y personajes provenientes del sector privado llegaron con la espada desenvainada a la cúpula de cada una de las secretarías, organismos y entidades gubernamentales. Los enemigos eran… sus empleados; su personal medio y operativo al que, velada o abiertamente, acusaban de priistas y corruptos. Los nuevos jefazos no confiaban en su propia estructura burocrática pero tampoco podían simplemente echarla a la calle. Así que había que controlarla.

Es desde esta situación que se instrumenta, a la chita callando, de manera sigilosa y disimulada, una profunda reforma administrativa cuya expresión más dura se dio en las entidades y programas de mayor contacto ciudadano.

¿Cuál fue el sentido de la reforma administrativa foxista? En primer lugar el adelgazamiento del Estado, la centralización de la asignación de recursos por concurso y el cambio normativo sin consulta.

Lo primero fue disminuir al personal. Mediante campañas de “retiro voluntario” se promovieron las renuncias y las vacantes desaparecían, en lugar de recontratar personal. Este esquema levantó protestas de las entidades porque todo dependía de los que decidían renunciar. Lo que llevo a la creación errática y aleatoria de “agujeros” en las estructuras administrativas. Esencialmente se debilitó a la operación institucional. Lo cual en el fondo era coherente con la filosofía de reducir y debilitar al Estado.

En otros casos la reducción de personal llevó a la desaparición completa de áreas y tipos de personal. Por ejemplo, los promotores de programas de desarrollo rural, social y ambiental; es decir los de contacto directo con la población. El extensionismo rural, apoyar con personal en campo el mejoramiento tecnológico y el acceso a servicios, se redujo significativamente.

Uno de los objetivos de la reforma foxista fue impedir que el personal operativo y medio, de contacto directo con grupos, comunidades y organizaciones de la población pudiera determinar el destino de los recursos. Toda forma de organización era vista como priista y todo contacto con ellas era sospechoso de una especie de colusión política o de corrupción.

No diré que se trataba de percepciones totalmente infundadas. Pero sí que el esfuerzo de cortar la comunicación, y la asignación de apoyos y recursos por parte del personal operativo en contacto con grupos sociales, se tradujo en creciente incomunicación. Se tiró al niño junto con el agua de la bañera.

Lo más evidente fue la centralización de la asignación de recursos en los programas de fomento agropecuario, reforestación, ambientales y de desarrollo social. Se pasó a las convocatorias por internet para que las comunidades, grupos y organizaciones presentaran solicitudes y proyectos que serían analizados centralmente. Una estrategia “de poltrona” asociada a minimizar las salidas de campo y los encuentros de personal público con los grupos interesados.

El efecto ha sido hasta la fecha de doble detrimento del dialogo entre gobierno y ciudadanía. Por una parte el personal medio y operativo regional ya no incide en el destino de los recursos a pesar de con frecuencia cuenta con información más relevante que la incluida en los formatos de solicitudes y proyectos.

Pero lo peor ha sido el impacto organizacional. El esquema asegura la generación y recepción de muchos más proyectos y solicitudes de los que busca apoyar. Se arma un concurso para elegir a los “mejores”. La gran mayoría de los proyectos serán rechazados, por diseño institucional. Todos implicaron esfuerzos de organización, costos de diseño y tramitación, y liderazgos comprometidos que, ante el fracaso se desprestigian.

En esta óptica la idea de que un burócrata medio, ubicado en la región y en contacto con la población objetivo de los programas pueda aplicar su criterio en la asignación de recursos es tabú. El concepto mismo se ha convertido en mala palabra; se le llama discrecionalidad y ahora es casi sinónimo de corrupción.

La consigna del cambio fue que la creación de reglas era responsabilidad central y la operación se descentralizaba. Nuevas normas generadas sin consulta alguna con el personal operativo porque su finalidad era controlarlo. El tramite más sencillo se convirtió en una pesadilla.

Los organismos de contraloría de las instituciones se orientaron a la verificación estricta del cumplimiento de cada uno de los pasos establecidos en la nueva y compleja normatividad; sin mayor interés en los impactos socioeconómicos.

Estas orientaciones se han mantenido en lo fundamental a lo largo de tres sexenios de gobiernos prianistas y se tradujeron en un mínimo contacto con la población. Por eso la afirmación de Villalobos parece un buen primer paso.