Precios de garantía; lo que ofreció AMLO

Jorge Faljo

En febrero pasado 26 agricultores fueron detenidos en una caseta de peaje de Chihuahua por intentar vender su producción de frijol a los automovilistas. En ese mismo estado un grupo de productores de leche bloquearon durante varios días las vías del ferrocarril de Delicias para demandar que Liconsa les compre a 8 pesos el litro. Los productores de frijol piden que el gobierno les compre su producción a 17 pesos el kilo. Y los maiceros se quejan de que los intermediarios les ofrecen apenas tres mil pesos por tonelada.

Los tres grupos, productores de frijol, maíz y leche, dicen que el pago que reciben no cubre sus costos de producción. También señalan que las importaciones los dañan. O sea que están ahorcados.

Miguel Ángel Colunga, presidente del Sistema Producto Frijol y líder del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, señaló el pasado mes de marzo que el TLCAN ha desmantelado la capacidad productiva del campo. Beneficia a los exportadores de aguacate y tomate, pero perjudica a los productores de granos y semillas.

En el otro extremo del país, Ariosto Ramírez Gómez, presidente de la Unión de Ejidos del municipio de Villaflores, Chiapas, señaló que además de frenar la importación de maíz, este sector requiere establecer un precio de garantía. Quieren un precio justo y estable, y que las autoridades no permitan la entrada de grano de otro lado hasta que se consuma lo que ellos producen.

No es de extrañar entonces que, en abril pasado, en su gira proselitista un grupo de productores de frijol del norte de Nayarit le solicitaron a Andrés Manuel López Obrador detenerse en la carretera entre Tepic y Mazatlán para exponerle su situación. Aseguraron que solo les pagan ocho pesos por kilo del frijol que producen, el que llega al consumidor final hasta a 40 pesos.

En ese encuentro el ahora futuro presidente de México se comprometió a rescatar al campo y señaló que hoy en día “los productores tienen que vender barato todo lo que producen y comprar caro todo lo que necesitan”. Por ello, dijo, se van a fijar precios de garantía que lleguen directamente a los productores y se va a lograr la autosuficiencia en maíz y frijol.

Ahora este compromiso de López Obrador es un campo de batalla ideológica y política. Por un lado, los productores piden estabilidad y la seguridad de un precio mínimo para una producción plagada de incertidumbres naturales. Pero además enfrentan estructuras de intermediación y comercialización poderosas ante las que tienen poca capacidad de negociación.

Lo que ofreció el entonces candidato se enmarca en este contexto preciso y en la función histórica de los precios de garantía. Su objetivo ha sido el de regular y acotar el margen de intermediación para elevar la parte que recibe el productor.

Ejemplifiquemos dando por ciertos los datos de los productores de Nayarit. Si ellos tienen que vender a 8 pesos el kilo un producto que puede alcanzar los, digamos, 32 a 40 pesos, quiere decir que reciben entre el 20 y el 25 por ciento del precio al consumidor. Entre tanto los intermediarios y el valor añadido (limpieza, transporte, empaque) se quedan con el 75 a 80 por ciento.

El problema es que este reparto no depende de un “cálculo justiciero” en términos de esfuerzo de cada parte. Tiene que ver más bien con una correlación de fuerzas en las que un lado tiene los medios de transporte, los centros de acopio, el acceso a las cadenas y puntos de comercialización. En muchos casos, sobre todo en zonas campesinas, los intermediarios son también dueños de las tiendas locales, pueden facilitar créditos a la palabra en situaciones de emergencia y dominan el poder político local.

Si el gobierno interviene, como piden los productores, para comprar a 17 pesos el kilo, lo que hace en la práctica es ofrecer un canal de comercialización adicional que obliga a los compradores a ofrecer un precio similar. Entonces en lugar de pagar 8 pesos el kilo tendrá que pagar los mismos 17, o tal vez 16 o 15, si ofrece un mejor servicio que el del gobierno, por ejemplo, ir a orilla de la parcela. En ese caso el productor en lugar del 25 por ciento del precio al consumidor podría recibir, digamos, el 50 por ciento.

Establecer un precio de garantía no significa que el gobierno compra toda la producción. Conasupo tenía una participación histórica de tan solo un 10 por ciento de la comercialización del trigo; pero con esa intervención lograba el objetivo de que los molineros del norte dieran un mejor pago a los productores.

Pero el grado de intervención necesario depende del tipo de productor, el producto y la región. En el caso de los productores más pequeños, campesinos, la presencia del programa público tiene que ser más cercana, con puntos de acopio más cercanos y disposición a comprar en cantidades menores. Conasupo llegó a comprar por sacos de maíz, es decir kilos y no toneladas.

Elevar el nivel de vida rural, acabar con la emigración forzada, elevar la producción interna y conseguir la autosuficiencia alimentaria, requiere que los productores agropecuarios eleven su capacidad de negociación y la parte que reciben del precio al consumidor. Para ello lo ideal sería la configuración de asociaciones de productores con capacidades de acopio y distribución para conseguir mejores precios en la venta y en la compra. Tal es el esquema de organización en otros países.

En México se requiere partir de la intervención reguladora del Estado, aliada a los productores, para procurar que sus ventas cubran costos, una mejora del nivel de vida y un margen de rentabilidad que permita invertir en el avance tecnológico y la mejora de la productividad.

Solo con un campo fortalecido podremos abatir las carencias alimentarias de 20 millones de mexicanos, evitar la emigración forzada y la destrucción de las familias. También implica que, en un mundo complejo, sujeto a imprevistos, en el que la globalización es substituida por guerras comerciales, México cuente con un abasto seguro pagadero en moneda nacional y no en dólares.

Es un asunto que toca temas de seguridad nacional, de ejercicio real del derecho humano a la alimentación, de fortalecimiento del mercado interno, de cohesión familiar y social, e incluso de abatimiento