Gobernar con el pueblo

 

Jorge Faljo

Vayamos a lo básico. La propuesta central de este gobierno es una gran transformación cuyo objetivo último, el planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. Construir un Estado de bienestar no es cosa fácil; se requiere un Estado que sea garante del derecho de la mayoría a una vida digna, sustentada en el trabajo honesto.

Es importante no perder la visión del objetivo para no atorarse en el camino. Las primeras luchas de este gobierno han sido contra la corrupción; sea el huachicol, Odebrecht o la multitud de mecanismos de saqueo heredados. La corrupción parece una hidra de mil cabezas a la que, cuando se le corta una le renacen dos. Es un asunto que demanda atención interminable. Una muestra de las prioridades inmediatas.

Pero la construcción de la gran propuesta por la que votó el pueblo de México requiere más, mucho más. Hay que hacer que el camino no solo vaya en la dirección correcta, sino que sea irreversible.

A dos años de iniciado este gobierno urge que otra de las prioridades planteadas al principio pase a ocupar un lugar central en el diseño de políticas. Hay que echar raíces y afianzar la relación con la población; no desde la figura central, la del presidente, sino desde todas las instituciones, programas y actividades del sector público.

Lo planteó el Plan Nacional: construir una democracia participativa en la que la sociedad incida en las determinaciones cotidianas de su burocracia. Participar en el diseño, el acompañamiento, la vigilancia, la evaluación y la corrección de los programas públicos es un derecho social establecido… en el papel. No se trata solo de las grandes decisiones, sino del compromiso de este gobierno de consultar a las poblaciones en los asuntos de interés regional o local y someter al veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que las afecten.

Este gobierno tiene la gran oportunidad de hacer efectivo el mandato constitucional de organizar un sistema de planeación democrática que, ahora sí, convierta en realidad los mecanismos de participación y consulta popular.

Se trata de cumplir con el compromiso declarado y, al mismo tiempo, mediante la participación popular, hacer irreversibles los avances y asegurar el legado de este gobierno. Es un asunto de sobrevivencia. Y es una tarea totalmente descuidada.

Borrar la separación entre el pueblo y el gobierno debe empezar por lo obvio, por la Contraloría Social que es el mecanismo ya diseñado en nuestras leyes para que los ciudadanos exijan transparencia, rendición de cuentas y, a final de cuentas, cumplimiento de metas.

Es decir que el gran mecanismo de la participación social y la planeación participativa ya está puesto, delineado en sus grandes objetivos. Pero no se cumple porque la burocracia ha “modulado” los mecanismos de participación hasta hacerlos polvo; reducirlos al cumplimiento meramente formal de sus obligaciones legales.

Del gobierno de Peña Nieto heredamos casi 322 mil Comités de Contraloría Social registrados. ¿Es una muestra del buen cumplimiento del mandato legal? Pues no. Todo lo contrario. Lo que hicieron las administraciones pasadas fue atomizar los Comités de Contraloría Social hasta reducir cada uno de ellos a supervisar un micro pedazo de la operación institucional.

Pero la perversión fue mucho más allá. Cada programa público promovió micro comités a modo con los cuales, supuestamente, dialogar, construyendo así un falso entramado de participación y dialogo que se empleó. Las limitaciones a la participación en los Comités de Contraloría Social permitió configurarlos con gente sin experiencia, conocimiento ni capacidad para exigir sus derechos.

Los grandes objetivos y las leyes superiores fueron, fieles a la costumbre, desvirtuadas por reglamentos, normas menores y formatos tramposos que la hicieron inefectiva.

Esta falsa participación construida desde el poder y reproducida por cientos de miles de comités, grupos y contrapartes de los programas funcionó como una manera segura de dividir a las comunidades y en la práctica se contrapuso a las verdaderas representaciones de la voluntad popular en comunidades, barrios y grupos sociales.

De este modo la Contraloría Social no solo no ha operado en la práctica, sino que fue utilizada para fingir un dialogo inexistente y evitar el surgimiento de una verdadera exigencia de rendición de cuentas.

Ahora, en este gobierno de la gran transformación el Plan Nacional de Desarrollo plantea que los gobernantes manden obedeciendo. Pues la manera de hacerlo es barrer el enorme entramado de falsas representaciones de la sociedad, empezando por los cientos de miles de comités de contraloría social; el 80 por ciento de los cuales se reunió una sola vez, al momento de ser creados bajo la vigilancia de un burócrata.

Pero no hay que desechar el agua sucia de la bañera con todo y niño. El marco legal y sus objetivos superiores son rescatables y deben reconstruirse los reglamentos, formatos y mecanismos operativos específicos para que la Contraloría Social empiece por ser una verdadera representación de los intereses de los pueblos, barrios y comunidades, de ahí ascienda a ser un sujeto que pueda dialogar al tú por tú con las entidades y programas públicos.

Solo así puede avanzar la propuesta transformadora de este gobierno. De otro modo, construir sobre falsas representaciones corre el riesgo de que todo se caiga más adelante.