La mota; un camino largo y le falta

 

Jorge Faljo

Desde 1976 Holanda despenalizó la venta y uso de marihuana y hachís y hoy en día reporta niveles de consumo por debajo de la media europea. En 2005 tuve la oportunidad de ver, en Amsterdam, a un grupo de holandeses jóvenes, bien vestidos, saludables, pacíficos, conversando animadamente mientras fumaban sus cigarritos en un café de marihuana. Una escena que iba en contra del imaginario de los que fumaban mota en México. Y es que lo que en los pobres es borrachera en los ricos es sana diversión.

La mota era cosa de malandrines sin oficio ni beneficio; el cannabis de güeritos serios con buenos empleos. Nos hemos tardado mucho, demasiado, en recorrer el camino de la mota al cannabis; de la discriminación a la aceptación.

En 2002 Portugal despenalizó todas, todas, las drogas, para pasar a tratar los problemas de drogadicción no como delito sino como enfermedad. Desde ofrecer jeringas esterilizadas para evitar la transmisión de enfermedades de acompañamiento, como el sida, a ofrecer servicios de rehabilitación.

El dos de enero de 2014 miles de personas hicieron filas de horas, bajo un intenso frio, para ser de los primeros en comprar mariguana en Colorado, Estados Unidos. Podían por vez primera hacerlo de manera legal y para uso recreativo. El precio de la yerba era muy alto, cerca de 20 dólares el gramo.

Un año más tarde, en 2015, el mercado norteamericano de la marihuana legal superaba los dos mil millones de dólares anuales con una cada vez mayor variedad de subproductos, cremas, galletas, dulces, y demás tanto de productos psicoactivos, como de otros simplemente relajantes. Eso sin considerar sus muchas propiedades medicinales.  

La criminalización de la marihuana en los Estados Unidos fue una estrategia de represión racista. Más tarde llegó otra droga, mucho más dañina, el fentanilo, que ocasionó la muerte de 72 mil norteamericanos en 2019. Siendo una droga de gente blanca, de clase media, promovida por una gran empresa farmacéutica e inducida por el establecimiento médico, prontamente se le trató como un problema de salud y no de criminalidad. Esto influyó en reconsiderar el trato a la marihuana, una droga reconocidamente menos peligrosa que el alcohol.

En México llegamos tarde, pero al fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, es decir legalizado, el derecho al uso lúdico, recreativo, por mero placer, de la marihuana. Lo hizo en paso pequeños, poco a poco, al conceder amparos a personas que de manera individual reclamaron su derecho humano al libre desarrollo de su personalidad, un concepto algo curioso, y por ende a fumar marihuana.

El proceso fue largo pues partió de solicitudes ante jueces menores y lentamente, durante años fue ascendiendo hasta llegar a la Suprema Corte. Una parte central del alegato de los demandantes fue que la prohibición de consumir marihuana se basaba en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, revelando que el Estado no ha actuado con neutralidad ética.

Poco a poco estos tardados y pequeños triunfos legales, los amparos, se acumularon hasta ser más de cinco en el mismo sentido y sentar jurisprudencia.

Usando un vocabulario no legal, podría decirse que la Suprema Corte se cansó de que le llegaran solicitud tras solicitud de amparo y decidió ordenarle al Congreso, es decir a la cámara de senadores y a la de diputados, que regularan el uso lúdico de la marihuana. No que la legalizaran, porque a fin de cuentas los amparos concedidos habían establecido el derecho a ese uso.

Así que el Senado ha acordado una propuesta de regulación que ahora deberá revisar la cámara de diputados y acordar algo antes del 15 de diciembre, o pedir una prórroga.

En la propuesta del Senado se establece que el uso del cannabis fomentará el desarrollo sostenible y contribuirán a la disminución o erradicación de la pobreza y del hambre, a la mejora de la seguridad alimentaria, la nutrición, la agricultura sostenible y la reducción de las desigualdades. Con tal fin el Estado deberá otorgar preferencias, asesoría y facilidades a pueblos y comunidades indígenas, campesinas o ejidatarias, comunidades marginadas para que puedan ser titulares de las licencias que les permitan ejercer alguna de las nuevas actividades licitas.

Una preferencia que no les otorga exclusividad y cuyo ejercicio real dependerá en mucho de la operación del nuevo Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como encargado de otorgar las diversas licencias para, por ejemplo, cultivar, transformar y comercializar.

Este Instituto tendrá un papel decisivo en la determinación de la política y su ejercicio real. Coordinará a las otras dependencias y entidades en la materia. Podrá otorgar, modificar o suspender las licencias y establecer los procedimientos para ello. Implementará las medidas en favor de la incorporación de pueblos y comunidades al mercado del cannabis. Será encargado de monitorear, vigilar, evaluar y fiscalizar el cumplimiento de la ley. Y múltiples atribuciones más.

Se crea así una nueva entidad con un gran poder para regir lo que rápidamente puede ser un nuevo mercado de enorme valor. Este es el punto clave, el eje de la futura evolución de la marihuana recreativa en México. El nuevo zar de la mota, el director general del Instituto será nombrado y removido libremente por el titular de la Secretaría de Salud.

Habrá, en el Instituto, un Consejo Directivo como máxima autoridad, responsable de establecer los lineamientos y directrices generales, así como aprobar sus planes anuales de trabajo. Este estará integrado por los secretarios de salud, gobernación, hacienda, relaciones exteriores, educación pública, agricultura y desarrollo rural y medio ambiente y recursos naturales. Todas gentes muy ocupadas y con poco tiempo para tareas fuera de las que directamente les corresponden.

Ahora que el Consejo Directivo podrá auxiliarse de expertos en salud pública y organizaciones sociales vinculadas al combate a las adicciones. ¿Falta algo?

Bueno, seguramente esta ley tendrá que aterrizar en un reglamento interior detallado de la operación del Instituto.

Pero si, falta algo. Si la ley se propone favorecer la equidad, a los pueblos y comunidades indígenas, campesinos y del sector social, estos deberían tener formas de representación en el propio consejo directivo para, en particular, participar en el diseño, acompañar y supervisar la operación del Instituto y evaluar los avances en el cumplimiento de los objetivos sociales. Sin ese pequeño y esencial detalle de la participación social, va a estar difícil que las buenas intenciones se hagan realidad.