domingo, 29 de abril de 2012

La Walmarización de México


La Walmarización de México
Jorge Faljo
El pago de sobornos por parte de Wal-Mart, para facilitar su enorme y acelerada expansión, es un escándalo con el tamaño de gran tornado del lado gringo y de apenas una regular lluviecita en el nuestro. Son muchas las ramificaciones de este asunto allá y acá. Revela, entre otras cosas, la magnitud de los privilegios que reciben las empresas preferidas de este régimen y amenaza convertirse en un factor de gran desprestigio para México.
Resulta que un importante periódico norteamericano publicó un reporte de investigación de acuerdo al cual Wal-Mart pagó, entre 2003 y 2006, unos 24 millones de dólares a funcionarios mexicanos con el objeto de obtener o acelerar la obtención de permisos de apertura de nuevas tiendas. Esto implicó cambios zonificación y requisitos ambientales en algunos casos y/o por lo menos una agilidad en el cumplimiento de trámites que le dio una notable ventaja sobre otras cadenas comerciales y el comercio tradicional. Sin esos pagos no habría podido tener la acelerada expansión tiendas, bodegas, restaurantes y otros puntos de negocio que hoy en día le permiten dominar el mercado de ventas al menudeo en nuestro país.  
La caída de la cotización de las acciones de Wal-Mart nos da una primera idea de la dimensión del asunto. Estas redujeron su precio en un 5 por ciento en los Estados Unidos y 12 por ciento en su filial mexicana. Traducido a dinero se trata de un tropezón de pérdida de valor de más de 10 mil millones de dólares ocurrido el lunes pasado; el primer día de sesión de la bolsa de valores después de la revelación.
Es claro que los accionistas no reaccionan de ese modo por consideraciones éticas, sino por temores muy prácticos sobre lo que puede ocurrir más adelante, dados sus delitos ya fuera de duda. Se pagaron sobornos a funcionarios mexicanos, se cucharearon declaraciones presupuestales y fiscales, los directivos de la empresa en los Estados Unidos lo supieron y ocultaron. Cada una de estas acciones empeora la anterior. La verdaderamente imperdonable es la última, el ocultamiento.
La cosa pinta mal para Wal-Mart. Es una empresa muy controvertida con numerosas denuncias de todo tipo en Estados Unidos: explotación laboral, discriminación de género, efectos sociales negativos por la destrucción del pequeño comercio en su entorno y otras. Pero todas ellas caen en lo que podría llamarse el comportamiento de una “empresa cabrona” pero eficiente. Ahora corre el riesgo de caer en la categoría de empresa delincuente, lo que modifica  radicalmente su imagen ante el público norteamericano.

La multa que podría imponer la justicia norteamericana llegaría, en caso extremo, al doble de las ganancias indebidas; las que permitieron los sobornos. Calculando las ganancias de centenares de locales de venta durante un par de años los medios norteamericanos hablan de una multa que llegaría a los 13.1 mil millones de dólares.
Ahí no para la investigación y algunos piensan que, ya enfocada Wal-Mart en la mira de la justicia norteamericana, podrían llegar a encontrarse algunos trapitos sucios adicionales.
El crecimiento de Wal-Mart ha sido aún más explosivo del 2006 para acá. De los 783 puntos de venta mencionados pasó a 2,138 hoy en día. Tan solo en el 2011 Wal-Mart tuvo una inauguración al día: 42 bodegas Aurrerá, 60 Mi Bodega Aurrerá, 208 Bodegas Aurrerá Express, 21 Wal-Mart, 16 Sams Club, 13 Superamas, cuatro uburbios y un restaurante Vips. Un total de 365 en un año, y sí, todas son propiedades de Wal-Mart.
Con aquel antecedente ¿creerán los investigadores norteamericanos que este crecimiento del 2006 a la fecha se sustenta tan solo en que es eficiente y le cae bien a nuestras autoridades? También surgen voces que piden investigar el comportamiento corporativo de la empresa en Centroamérica, en China y en otros países tercermundistas.  Así que los accionistas corrieron el lunes pasado no solo por el problema descubierto, sino por el temor a que se descubran otros.
Con esto, se ha abierto la temporada de caza de trapitos sucios del gobierno mexicano en sus distintos niveles. En los medios norteamericanos se discute abiertamente si es posible hacer negocios en México sin pagar sobornos. Aparecen los reportajes sobre los sobornos que tienen que pagar los tianguistas, comerciantes ambulantes y negocios de todo tipo. Diversos analistas le piden abiertamente a los directivos de Wal-Mart que, si es el caso, declare que esa era la única manera posible de operar en México. Esa sería su mejor defensa.
Wal-Mart no ha declarado tal cosa. Sería traicionar a sus amigos. Apenas una semana antes el presidente de Wal-Mart y su plana mayor para México tuvo una reunión con el presidente Calderón, también con su plana mayor, entre ellos el secretario de Economía, Ferrari. En el encuentro Calderón expresó su reconocimiento a Wal-Mart por su confianza en México. (Aquí amigos lectores los insto a derramar una lagrimita emocionada por esta tan desinteresada confianza que nos tiene Wal-Mart). Habría que suponer que, aparte de permisos, concesiones y apoyos (el gobierno mexicano le paga por capacitar a sus proveedores), los aproximadamente 2,000 contratos de proveeduría entre la empresa y el gobierno son una muestra de cariño mutuo.
Si algo está sorprendiendo a los norteamericanos, y nos desprestigia, es precisamente la poca importancia que se le da a este caso en México. Para nuestros primos del norte eso no demuestra sino el grado de negligencia o incluso corrupción de nuestro gobierno en sus distintos niveles. No solo es la empresa sino nuestro país y todos nosotros los que estamos siendo juzgados.
De nuestro lado la reacción inicial de Hacienda y la PGR fue muy tibia: la falta de datos y de jurisdicción parecían justificar la inacción. En una estrategia de poltrona parecían dispuestos a esperar sentaditos a que   les llegaran denuncias con datos y la tarea ya hecha. La Secretaría de Economía dijo que no era su asunto y la Comisión Bancaria y de Valores declaró que Wal-Mart ha cumplido con las leyes del mercado (parece que son las que verdaderamente importan) y señaló que “es una gran compañía”.
Pero el presidente Calderón estuvo en Houston la semana pasada y no pudo evadir el tema. Así que declaró ““no se vale hacer negocios a base de mordidas, me siento muy indignado”. Así que con retraso y a regañadientes la PGR ya anunció que no esperaría a que alguien denunciara los hechos y pediría información a los gringos.
Se marca una notable diferencia de estrategia de uno y otro lado. La justicia norteamericana apunta al cerebro (a los directivos) y al corazón (el dinero) de la empresa misma, con un golpe que puede ser muy fuerte en donde duele y por eso huyen los inversionistas. Aquí las primeras reacciones parecen encaminadas a encontrar a los que recibieron los sobornos sin tocar a la empresa.
Wal-Mart tiene en México una enorme huella destructiva del pequeño comercio, de la producción local y del empleo. Esta debería ser la oportunidad para investigar a fondo la manera en que se apodera del comercio interno y su impacto destructivo en empresas y empleos mexicanos a cambio de ser la principal introductora de importaciones, sobre todo chinas. No es un asunto solo de la PGR. Hacienda debería reaccionar con indignación y tanto la Secretaría de Economía como la Comisión bancaria y de valores deberían revisar la alineación de sus intereses para colocarlos al servicio del pueblo de México.
Por un delito hecho en México es posible que el gobierno norteamericano llegue a embolsarse miles de millones de dólares. Aquí se anuncia que nada cambiará y seguirá su expansión. Debiéramos pensarlo; una acción espejo de México podría ser la base inicial para financiar un sistema comercial alterno comprometido con la producción y el empleo de millones de mexicanos. Por ahí avanzaría un combate efectivo a la pobreza.

lunes, 23 de abril de 2012

Argentina, la expropiación petrolera


Argentina, la expropiación petrolera
Jorge Faljo

Cristina Fernández, la presidente de la Republica Argentina, acaba de enviar al Congreso de su país una propuesta de decreto de expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, la principal empresa petrolera del país, hasta ahora en manos de la transnacional española Repsol. Se espera que este decreto sea aprobado incluso con el voto favorable de los principales partidos de oposición.
Ha sido una medida esperada desde hace semanas y que cuenta con un amplio apoyo popular interno. Por lo contrario, ha sido muy controvertida en el medio internacional. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, interpretó la medida como un acto hostil ante el que tomará medidas “claras y contundentes”. En general la clase política española consideró que era una medida arbitraria y dañina. Un ministro español dijo que Argentina se había disparado en el pie. Se arrepintió rápidamente cuando le recordaron que el que se acababa de disparar en el pie era un sobrino, de 13 años de edad, del rey de España.
Nuestro presidente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, no se quedó atrás en la defensa de la transnacional Repsol, que tantos privilegios ha recibido por parte de su gobierno. En un lenguaje nada diplomático señaló que la expropiación era “muy poco responsable y muy poco racional”. Se sumó al coro de los que le predicen muy malas consecuencias para ese país del sur y confió en que Cristina Fernández rectifique esa “lamentable medida”. 
Los españoles encontraron muy fría la reacción norteamericana que, en boca de Hilary Clinton, se limitó a decir que  "un mercado abierto de energía y productos es el mejor modelo de competencia" y que "las decisiones deben tener su justificación, se debe convivir dentro de esos patrones".
Así que el punto es si la medida tomada por la República Argentina es o no racional, es decir, si está justificada y cuáles serán sus posibles consecuencias.
Argentina es el país con el mayor ritmo de crecimiento económico de América Latina; superior al 8 por ciento anual en los últimos dos años. Ha tomado decididamente el rumbo de la reindustrialización del país como base del crecimiento del empleo, los salarios y el mercado interno. Sus necesidades energéticas crecen a más de un 5 por ciento anual.
Pero el desempeño de la producción interna de petróleo y gas,  así como de la refinación, quedaba muy atrás. La producción de petróleo cayó en un 43 por ciento de 1998 a 2011; la de gas bajó en un 37 por ciento de 2004 a 2011 y la refinación de crudo cayó un 19 por ciento del 2007 al 2011. Entretanto las ganancias de Repsol se incrementaban continuamente.
El problema es que la brecha entre las necesidades energéticas de su modelo industrializador de rápido crecimiento y la producción de crudo se ampliaba fuertemente. En el 2011 Argentina se vio obligada a importar más de 9 mil millones de dólares de hidrocarburos. Eso en un país con gran potencial productivo.
Los reclamos del gobierno argentino a Repsol se acrecentaron a lo largo de los últimos años. La empresa enviaba a su matriz en España arriba del 80 por ciento de sus ganancias en detrimento de la inversión necesaria en exploración y apertura de nuevos pozos. Hay que recordar que Repsol y otro importante grupo accionista pudieron comprar la empresa endeudándose fuertemente; hablamos de miles de millones de dólares. Préstamos que deben ser refinanciados regularmente en un contexto crecientemente difícil sobre todo por la crisis española y europea que todos los días sube de tono. Así que el interés de los inversionistas era la mayor obtención de ganancias inmediatas para liberarse de sus deudas y para… invertir en Libia.
La situación se complicó de una manera afortunada cuando hace apenas unos meses Repsol anunció el mayor descubrimiento petrolero de su historia, el mega yacimiento de Vaca Muerta. Un yacimiento que por sí solo tiene el potencial de eliminar el déficit petrolero argentino. Solo que tiene un problemita: aprovecharlo implica perforar por lo menos 2,000 pozos de petróleo y otros 1,000 de gas. Eso cuando Repsol en los últimos años tenía capacidad para perforar 8 nuevos pozos al año.
En el sistema jurídico argentino son los gobiernos provinciales los que otorgan concesiones de exploración y explotación territorial. Fueron estos los que iniciaron una ofensiva por la vía de exigirle a Repsol el cumplimiento de las clausulas de inversión en nuevos pozos y, ante la incapacidad de la empresa, a retirarle las concesiones. Otra fuente de incumplimiento importante ha sido la de limpiar los residuos y contaminaciones accidentales de una industria caracterizada por su alto riesgo ambiental. Esta ofensiva redujo las ya escasas posibilidades de Repsol de incrementar fuertemente su deuda acumulada y enfrentar sus compromisos de inversión y ambientales.
Ahora se sabe que Repsol, incapacitada para realizar las inversiones exigidas por el gobierno, estaba negociando secretamente su venta a Sinopec, una empresa petrolera china. No logró concretarla pero ahora pretende emplear esas pláticas como una base para reclamar un alto precio por sus acciones expropiadas.
Desde la perspectiva de la presidente Fernández la situación anterior llevaba a que Argentina se hubiese convertido en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos. Recordemos que desde su crisis del 2002, cuando renegoció su endeudamiento con una quita de 70 por ciento del capital, es un país que no tiene acceso a los mercados financieros internacionales. Así que los dólares que tiene provienen de sus exportaciones y los tiene que manejar con cuidado. El gasto en importar petróleo limitaba severamente la posibilidad de otras importaciones para su crecimiento industrial y se convertía en un serio obstáculo a la continuación de su modelo productivo con inclusión social.
Cierto que ahora Argentina va a enfrentar demandas internacionales y posibles represalias comerciales por parte de Europa, más las que ha promovido Estados Unidos y a las que se suma México.
Pero Argentina ya ha soportado ese tipo de presiones en el pasado y marcha viento en popa. Tiene una gran ventaja real y otras dos a medias. La primera es su autosuficiencia alimentaria, por ahí no la van a ahorcar. Lo segundo es que instrumenta una política de mercado interno e industrialización sin financiamiento especulativo, lo que la hace cada vez inmune a las presiones externas. Lo tercero es que ahora está en camino de la soberanía y la autosuficiencia energética. Hay mucho que aprenderle.
¡Viva Argentina!

lunes, 16 de abril de 2012

Mercado interno

Mercado interno
Jorge Faljo
Todos y cada uno de los cuatro candidatos a la presidencia de la república han expresado la necesidad, o la propuesta, de fortalecer el mercado interno. Por lo general lo asocian a otros elementos positivos como, por ejemplo, mayor crecimiento económico, generación de empleos y equidad social. De este modo recogen lo que es una demanda generalizada en los foros y liderazgo empresariales. Ha sido también una idea continuamente expresada, desde hace décadas, en el medio académico y desde los movimientos sociales críticos al actual y nefasto modelo de desarrollo.
Pareciera haberse creado cierto consenso en cuanto a la conveniencia de fortalecer el mercado interno. Sin embargo esto podría ser una mera apariencia en tanto que, ni en el medio empresarial ni en el político se adentran en el diagnóstico que lo hace necesario, en los instrumentos concretos para lograrlo y en sus implicaciones.  Saben que es necesario pero ni empresarios ni políticos se atreven a mencionar los detalles del cambio.
La estrategia económica mexicana se planteó, desde hace tres décadas, el crecimiento de un sector moderno de la economía orientado hacia afuera. Este sector estaría  configurado por empresas con tecnología de punta integradas a procesos productivos internacionales. Ejemplo de ello sería una industria automovilística que ensamblaría piezas provenientes de todo el mundo para construir vehículos de exportación.
Los fundamentos de la competitividad internacional de México serían su ubicación geográfica, al lado de la primera potencia mundial, mano de obra barata y políticas altamente favorables al gran capital. Nuestros estados y ciudades compitieron por atraer inversiones modernas ofreciéndoles condiciones favorables, incluyendo infraestructura, condonaciones de impuestos y control laboral a las ensambladoras, maquiladoras y, en general, a todo el sector empresarial productivo. También para la inversión meramente financiera se creó un contexto de privilegio.
El costo fue enorme. La apertura del mercado interno se tradujo en una destrucción masiva del viejo aparato productivo. Tanto la agricultura tradicional como la industria convencional, construida sobre todo desde la nacionalización del petróleo (que le abarató sustancialmente el costo energético), fueron sacrificadas en aras de esta peculiar idea de modernización empobrecedora.
Sacrificar el  empleo fue posible gracias a la gran válvula de escape que constituía la emigración a los Estados Unidos. Reducir a polvo el salario, a una tercera parte de lo que los trabajadores ganaban en 1978, fue posible porque no eran un mercado que interesara a los sectores globalizados modernos. Ellos producían para exportar. Por otro lado los bajos salarios constituían una fuente de ganancias que, supuestamente, permitiría los altos niveles de inversión que requería la modernización exportadora.
La estrategia fue cruel. Empobreció a la mayoría, destruyó millones de familias en las que los padres, o los hijos, tuvieron que emigrar, rompió con los viejos valores de solidaridad familiar y comunitaria, e incluso con los ideales del trabajo honesto como vía de superación. Pero aún así parecía funcionar, era viable. Ya no.
El mundo se ha puesto de cabeza. Cuando la globalización es brava hasta a los de la casa muerde. Ahora se cierran las empresas y las fuentes de empleo en los Estados Unidos y Europa, no crecen o incluso entran en recesión, sus gobiernos abandonan sus responsabilidades en materia de educación, salud y protección social, se empobrece su población.
México, que se había enganchado como furgón de cola a la locomotora norteamericana, se encuentra con que ésta ya no jala. Crecíamos, aunque muy poco, para un comercio internacional en expansión, pero ahora este decrece. Y no se ve un horizonte de recuperación mundial, todo lo contrario.
Así que en adelante, si vamos a crecer, generar empleos, vivir más o menos bien y en paz, solo será posible enfocándonos en el mercado interno. Un cambio que tiene que ser gradual pero que al mismo tiempo deberá ser lo más acelerado posible. Se trata de acrecentar lo que producimos para nosotros mismos y, al mismo tiempo, elevar el porcentaje de productos nacionales dentro de nuestro consumo.
El empresariado propone que el gobierno reoriente sus compras a favor de las empresas nacionales. Tan solo este cambio requiere importantes modificaciones normativas porque hoy en día todo burócrata está obligado a comprar lo más barato y no lo que genera empleos y bienestar en el país. Pero este no es sino un punto menor, apenas una manera de empezar.
Lo que realmente importa y urge es la recuperación salarial masiva. Tan solo alcanzar el nivel salarial de 1976 – 1980 tendría un impacto substancial en la mejora de los niveles de vida de la población; siempre y cuando esa elevación del consumo se oriente a reactivar, también masivamente, las capacidades productivas actualmente subutilizadas y a generar otras nuevas. Porque elevar los ingresos y que estos se vayan a la compra de importaciones no generaría una dinámica de crecimiento y bienestar autosostenido.
De 1980 para acá se han elevado substancialmente los niveles de productividad de la industria, la agricultura, el comercio, la actividad bancaria. El problema ha sido precisamente que las empresas más modernas son mucho más productivas pero, como pagan menos, no generan capacidad de compra en el mercado. Tenemos millones de desempleados con ganas de trabajar, hay incluso enormes potenciales de aprovechamiento de capacidades subutilizadas, de reactivación de todo tipo de pequeñas y medianas empresas, talleres e industrias. Lo que falta es dinero en el bolsillo de los mexicanos.
Sin embargo para que las empresas paguen más y no quiebren, requieren protección de la competencia externa. No podríamos, por ejemplo, reabrir centenares de pequeñas empresas productoras industriales de tornillos, o miles  de talleres familiares de calzado, si siguen expuestos a la competencia externa que los destruyó. Crecer y mejorar los niveles de vida demanda una estrategia de reindustrialización que solo es posible en el contexto de un comercio exterior administrado a nuestra conveniencia. Ya basta de servirles de tapete a los demás.
Fortalecer el mercado interno no es aislarnos del mundo pero si es recuperar la capacidad de controlar nuestro destino, de tomar decisiones favorables a la población y no meramente seguir recetas y catecismos que en todo el planeta conducen a la humanidad al abismo. Gane el que gane las próximas elecciones espero que tenga muy clara la necesidad de modificar el rumbo y que se tome en serio su compromiso de fortalecer el mercado interno.

sábado, 7 de abril de 2012

Elecciones gringas. Lo que está en juego.

Elecciones gringas. Lo que está en juego.
Jorge Faljo
La contienda electoral de nuestros vecinos del norte plantea discusiones reales, de fondo, sobre su política económica y el gasto gubernamental y sus impactos en la vida de sus ciudadanos. Hasta ahora la selección del candidato republicano a la presidencia acaparó la atención como un proceso intrapartidista en el que los aspirantes competían ubicándose lo más posible en contra del gasto público y de su financiamiento deficitario o mediante impuestos a los ricos. Se perfila ya el triunfo de uno de ellos, Mitt Romney.
Mitt profesa la religión mormona y es multimillonario en serio. Se desempeño como asesor financiero de manera muy exitosa y después como político destacado en el control del gasto público para reducir déficits. Su fortuna personal, y de su esposa, colocados en fondos de inversión, se calcula en más de 200 millones de dólares con otros 80 millones a nombre de sus hijos y nietos. Esto les dio, a él y su esposa, ingresos por unos 21 millones de dólares en el 2011, de los que pagaron unos 3 millones en impuestos y donaron otros 3.5 millones, sobre todo a su iglesia.
Barack Obama es afroamericano, de madre blanca y familia multirracial. Habla indonesio. Educado en escuelas públicas destacó como promotor del desarrollo comunitario y sobre la base del propio esfuerzo se formó como abogado en Harvard. Ha escrito y hablado sobre su consumo de mariguana, cocaína y (¡horror!) alcohol, durante su adolescencia. En Harvard ganó el concurso para dirigir la revista jurídica universitaria; lo hizo de manera destacada, coordinando a 80 personas y sin recibir paga. Obtuvo otra beca para escribir un libro y se fue a Bali para terminarlo sin distracciones; dirigió organizaciones no lucrativas y llegó a ser senador en 1996. Se opuso a la invasión a Irak. En 2007 sus ahorros familiares (su esposa también es abogada) ascendían a 1.3 millones de dólares. En 2009 sus ingresos fueron superiores a cinco millones, provenientes de la venta de sus libros más que de sus ingresos como presidente.
Es muy probable que estos sean los dos candidatos a enfrentarse en las próximas elecciones norteamericanas y difícilmente podían ser más contrastantes en lo personal y en sus ideas políticas y económicas.
Hace tan solo seis años era impensable que alguien como Obama fuera candidato y ganara la presidencia norteamericana. Recibió la presidencia norteamericana el 20 de enero de 2009 impulsado por la grave crisis que inclinó al pueblo norteamericano a aceptar su perfil, en todos sentidos. La crisis no ha terminado de resolverse pero eso no implica que Obama tenga su reelección segura pues las interpretaciones sobre la misma y sobre el resultado de sus medidas es motivo de fuerte controversia.
Si algo caracteriza la administración de Obama es su estrategia anticrisis y en particular el programa de recuperación y reinversión –ARRA, en inglés-, aprobado, tras duras negociaciones, a menos de un mes de su llegada a la presidencia. Se trató de un paquete de estímulos económicos, desde reducción de impuestos, hasta gastos sociales y ayudas a poblaciones vulnerables, por un monto de 800 mil millones de dólares. Se incluyó una clausula “Buy American” que establecía que en cualquier construcción con financiamiento gubernamental solo se podrían emplear acero, hierro y productos manufacturados en los Estados Unidos. Canadá protestó por la exclusión y sus productos fueron incluidos.
ARRA se inspiró en la propuesta de Keynes de que una caída del gasto privado debía ser compensada con mayor gasto público para atemperar la pérdida de empleos y el deterioro económico. De cualquier manera 2008 se perdieron 2.6 millones de empleos norteamericanos y en el primer año de la presidencia de Obama otros 650 mil. A pesar de ello se calcula que el programa evitó la pérdida de millones de empleos, entre entre1.6 y 3.5 millones según distintos cálculos.
No obstante la controversia en torno al gasto público va a recrudecerse en el proceso electoral. Los republicanos han obstruido el incremento del gasto público financiado con impuestos a los ricos y endeudamiento. Piden en cambio menor gasto social al mismo tiempo que acusan a Obama de promover el exceso de gobierno. Del lado contrario ARRA fue criticado por los premios nobel de economía Krugman y Stiglitz por ser notoriamente insuficiente ante el tamaño del problema. Ahora la lucha electoral norteamericana se perfila como una fuerte disputa en torno al papel económico del gobierno.
Veamos el contexto histórico. El trabajador promedio norteamericano gana hoy en día un poco menos de lo que ganaba su padre hace treinta años. Para la gran mayoría, en particular los cercanos al salario mínimo, los operarios de servicios de alimentación y los obreros industriales, la caída ha sido brutal. Las estadísticas norteamericanas son engañosas. Nos hablan de ligeros incrementos del ingreso de los hogares; pero ellos se deben al incremento del trabajo de las mujeres y adolescentes. Está demostrado que hoy en día la familia media que tiene dos ingresos vive menos bien y con mucho mayores riesgos económicos (por enfermedad o por pérdida de empleo) que la familia de hace treinta que tenía un solo proveedor.
Los norteamericanos vieron reducir su ingreso por igual tiempo de trabajo en un periodo en que la economía ha dado uno de los mayores saltos de productividad en su historia, originado en notables avances tecnológicos, en particular de la electrónica, la digitalización de la información y la eficiencia energética. Pero los beneficios del avance en productividad se los apropió el 1 por ciento más rico de las familias que se enriquecieron enormemente. No gracias a su trabajo, sino a las ganancias de sus inversiones financieras.
Tal tendencia metió a la economía norteamericana en un grave problema. ¿Quién compra su mayor producción cuando la mayoría gana menos? Para solucionarlo emplearon dos estrategias. La primera fue exigir apertura comercial y conquistar los mercados del resto del planeta; lo que llevó a la destrucción de las empresas periféricas. El segundo remedo de solución fue prestar abundantemente a su propio gobierno y gobierno, así como a los gobiernos y consumidores de otros países.
Pero esos dos remedos de solución se han agotado. China les gana la partida de la producción y otros países (Argentina, Brasil y más) se defienden de la invasión de sus mercancías. También se está llegando y en muchos casos se sobrepasó el límite de endeudamiento posible (y pagable) de los gobiernos y consumidores.
Es el agotamiento de las soluciones endebles y no sustentables, lo que originó la gran recesión norteamericana. Solo tienen, en el largo plazo, dos vías por delante. Una sociedad crecientemente inequitativa, donde la mayoría se empobrece y millones no encuentran empleo mientras que se cierran millares de fábricas. O una sociedad que da un salto a la equidad demandando que los beneficios del enorme salto en productividad de los últimos treinta años se reparta equitativamente. La próxima elección norteamericana no decidirá el rumbo, a lo más apuntará  tímidamente a favor de una u otra dirección. Nos ayudaría mucho que el pueblo norteamericano se libre de las telarañas que le imponen los medios y los evangelistas y tome la decisión correcta.

martes, 3 de abril de 2012

Un sano proteccionismo

Un sano proteccionismo
Jorge Faljo
México y Brasil acaban de pasar por difíciles negociaciones originadas en profundas discrepancias en cuanto al pacto de comercio automotriz que firmaron  en el 2003. Bajo los términos de ese acuerdo Brasil obtuvo un superávit comercial de 21,500 millones de dólares entre 2003 y 2010. Sin embargo en el 2011 se modificó la ecuación y México obtuvo por vez primera un superávit de 330 millones de dólares en su intercambio bilateral. Lo que ya no le gustó a Brasil.
Para nuestros amigos del sur el problema se originó en una apreciación de su moneda que le provocó todo tipo de importaciones abaratadas. Así que ni tardo ni perezosos impusieron un arancel de 30 por ciento a las importaciones de automóviles asiáticos. Sin embargo, como en nuestro caso no podían imponer ese arancel propusieron modificar el pacto bajo la amenaza de que en caso contrario lo darían por terminado.
No le gustó el asunto a Patricia Espinoza, secretaria de relaciones exteriores de México, y aprovechó un foro internacional en Uruguay para señalar que México tiene una posición firme contra el proteccionismo ya que mina la competitividad, obstaculiza la inversión,  contribuye a la actual incertidumbre mundial y reduce el crecimiento económico.
El caso es que a Bruno Ferrari, nuestro secretario de Economía, tampoco le gustó la posición brasileña pero, forzado, terminó por aceptarla. El resultado es que las exportaciones de automóviles mexicanos a Brasil, que alcanzaron los 2,100 millones de dólares en el 2011, no podrán superar los 1,450 millones en lo que queda del 2012 y luego podrán subir paulatinamente a 1,560 y 1,640 millones de dólares en los años siguientes. Después de tres años se regresaría a una situación de libre comercio automotriz pero con la condición brasileña de que el contenido de piezas regionales de los automóviles suba del actual 30 al 35 por ciento en un año y luego en varios años hasta el 40 por ciento. Lo que obligaría a México a una política de elevación del contenido de partes nacionales.
La situación constituye un tropiezo a la campaña de la secretaría de economía por convencer al empresariado mexicano de aceptar un amplio tratado de libre comercio con Brasil. Esto era ya un foco de conflicto con los representantes empresariales mexicanos del más alto nivel que, tratando de no pelearse abiertamente, tampoco aceptaban declararse a favor. Ahora declaran muerta la posibilidad de TLC con Brasil e incluso los que se perfilaban con Corea y Japón. Este es un revés para la secretaria de economía que mide su eficiencia por los tratados de libre comercio que firma.
Hasta aquí habría podido darse por terminado el asunto. Pero Argentina entró en escena señalando que también se ve afectada por el incremento de las exportaciones mexicanas de automóviles.  Concretamente la ministra de industria, Debora Giorgi, anunció que le planteará al gobierno mexicano la necesidad de discutir la política automotriz bilateral y es que, en su perspectiva, es imprescindible equilibrar la balanza del sector. Tal y como está el acuerdo, abundó, no resulta beneficioso para Argentina.
Argentina tuvo un déficit con México de 380 millones de dólares en 2010, que ascendió a 995 millones en el 2011. Giorgi defendió, ante ministros de industria de los gobiernos provinciales y representantes de la micro, pequeña y mediana industria, la necesidad de un conjunto de políticas para preservar el crecimiento industrial, un mercado interno pujante y un comercio administrado para no poner en riesgo un solo puesto de trabajo argentino.
Recordemos que Argentina está considerada el país más proteccionista del mundo y que su presidenta, al reelegirse por votación abrumadora, prometió continuar con el proteccionismo. Pero, además, Argentina no recurre al  endeudamiento para incrementar sus importaciones. Solo importa con los dólares que consigue mediante sus exportaciones; así que no puede permitirse el déficit comercial.
Bruno Ferrari afirmó que el gobierno mexicano no está abierto a negociar con Argentina para modificar el pacto automotriz y que de ser necesario acudirá ante la Organización Internacional del Comercio para denunciar prácticas desleales. Entre ellas el hecho de que el país del sur solicita a grandes compañías de diferentes países que le exportan el comprar productos argentinos para equilibrar su balanza comercial. Ferrari aconsejó a Argentina no cerrarse a las importaciones porque, en su opinión, eso la llevaría a perder.
Tal vez su posición pueda explicarse porque México es una de las economías más abiertas a las importaciones del mundo entero. Nuestro país no solo emplea los dólares del petróleo, de las remesas, del endeudamiento e incluso de la venta de empresas (banca, cerveceras, cadenas comerciales, industrias) para importar mucho más de lo que exporta. Estamos acostumbrados y contentos con el déficit comercial y sus estragos, así que lo recomendamos a todo el mundo.  
Lo que puede observarse es mucho más que un enfrentamiento comercial entre México por un lado y Argentina y Brasil por el otro. Es un choque frontal entre dos filosofías económicas y del comercio.
Nuestros representantes se quejan, dolidos, de que mientras México fue deficitario, es decir que compraba en exceso, nunca planteó modificar las reglas del juego. Para Ferrari y Espinosa el comercio internacional justo es el que se apega a las reglas que marcan que el más competitivo podrá vender más y destruir a los menos competitivos. Eso lo creen incluso con más firmeza que su misal y lo aplican a pie juntillas incluso si los destruidos son los productores mexicanos. Tan es así que México tiene lo que sí es un enorme déficit comercial de 41 mil millones de dólares anuales con China y nunca se les ocurriría pronunciarse a favor de equilibrar el comercio.
Del lado Brasileño y Argentino la posición es muy distinta. Para ellos las reglas deben conducir al intercambio equilibrado para provecho de ambas partes. No están dispuestos, en nombre del libre comercio, a sacrificar un puesto de trabajo nacional. Es más, al contrario de México que se encuentra en plena desindustrialización, para ellos el objetivo de su política económica, incluyendo el comercio exterior, es fortalecer su industria.
¿Quién tiene la razón? Para decidir es bueno recordar algunas cifras duras, presentadas por el Banco Mundial para los tres países. Del 2003 al 2010 la economía mexicana, campeona del libre comercio, de la desnacionalización y del incremento de la pobreza, creció en un 18.6 por ciento; la de Brasil creció en 36.8 por ciento y la de Argentina en 79.7 por ciento. Así que ¿queremos darles lecciones de economía?
El mundo está cambiando rápidamente. Los dogmas neoliberales se han derrumbado. En vez de ir a la zaga debiéramos aprender de los países del sur lo que es un sano proteccionismo. 

Lo que piensan los economistas

Lo que piensan los economistas
Jorge Faljo
El Colegio Nacional de Economistas llevó a cabo su XIX Congreso Nacional y con ese motivo presentaron un documento de discusión llamado “Un Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo”. Se trata de una publicación bien presentada, extensa y rica en información y reflexiones.
El documento refleja contradicciones; pero recordemos que la economía no es un asunto de matemáticas, sino de intereses en conflicto, tal y como es nuestra sociedad. Así que conviene distinguir tres partes: la presentación y análisis del Colegio mismo, lo elaborado por una comisión con fuerte influencia institucional y las aportaciones de numerosos economistas en diez foros previos. A continuación van algunos de los elementos más importantes de la presentación.
Nadie puede estar satisfecho con la situación que vive el país. Hay desorden en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay desorden en la economía, en lo social, en la justicia y en la política. La economía no logra crecer ni genera los empleos necesarios, los que requieren el casi millón de jóvenes que año con año se incorporan a la fuerza de trabajo; el sistema económica actual tampoco es capaz de producir los bienes y servicios suficientes que permitan a todos los mexicanos un nivel de vida digno.
De los casi 50 millones de mexicanas y mexicanos que tienen la capacidad y la disposición de aportar su esfuerzo al desarrollo nacional y la legítima aspiración a una vida digna, sólo alrededor de 15 millones de personas lo logra. Más de la mitad de la población depende de la economía informal. Ello constituye un grave problema social y señala una inequívoca de enfermedad de la economía nacional.
De los 112 millones de personas que conforman la población nacional únicamente unos 21 millones tienen ingresos suficientes y un empleo de calidad que les permita acceder a un nivel de bienestar satisfactorio. Una quinta parte de la población ni siquiera tiene ingresos para comer lo suficiente; otros 32 millones no tienen acceso a la salud, la seguridad social o vivienda.
La estrategia económica seguida en los últimos años no sólo no ha logrado más inversión, ni mejor funcionamiento de los mercados, ni ha resuelto el problema de la pobreza, sino que ha producido más desigualdad. En nuestro país, las desigualdades son brutales. Si a esto aunamos la incapacidad de la acción pública para corregir o minimizar los efectos de la desigualdad mediante tributaciones y transferencias económicas, el problema es todavía mayor.
Las diversas formas de desigualdad y exclusión están en la raíz del desaliento, frustración y miedo que hoy priva en el ánimo social. Están también en el origen de la inseguridad y la violencia. La probabilidad de ser asesinado se ha multiplicado por cinco en los últimos cuatro años y la de ser secuestrado por tres. El porcentaje de delitos no denunciados se estima en más de 90 por ciento. Ello habla de una impunidad casi  absoluta.
El debilitamiento del Estado alcanza niveles de extrema gravedad en algunas regiones del país, donde se le está substituyendo en dos funciones centrales: la de recaudar impuestos y la de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. Estamos ante el riesgo de la creación de un Estado paralelo y de una sociedad de desplazados.
Esta situación no puede seguir mucho tiempo, en condiciones de pobreza la democracia se degrada. Urge recuperar la capacidad de crecer y generar los empleos requeridos. La actual crisis, que no puede ser explicada por el exterior,  nos obliga a actuar, a innovar.
La actual estrategia de desarrollo ha privilegiado la estabilidad macroeconómica. Los resultados son desalentadores. Hoy tenemos más pobreza, más desigualdad y seguimos siendo vulnerables. En la crisis financiera internacional del 2009 la mexicana fue de las economías que más se contrajo.
El Colegio Nacional de Economistas está convencido de que mejoras marginales a la actual estrategia de desarrollo no bastan. La magnitud de los rezagos y retos que enfrentamos es colosal. La historia y la experiencia internacional muestran que el actual esquema de desarrollo se ha agotado. Por ello propone adoptar un nuevo modelo de desarrollo cuyo objetivo central sea: crecimiento con igualdad y estabilidad como base para una vida y segura para todos, para disminuir radicalmente la pobreza y erradicar el hambre.
De acuerdo al Colegio urge potenciar el mercado interno como palanca de desarrollo; diversificar nuestras relaciones económicas externas y usar la capacidad de compra de las empresas públicas y del gobierno como impulso para el avance de la planta nacional. Propone construir un nuevo equilibrio entre el Estado, el mercado y la economía en el que el primero será rector y promotor del desarrollo, así como equilibrador social.
No es aceptable la visión de que la estabilidad macroeconómica hará que los mercados generen suficiente crecimiento y bienestar para todos. Tenemos una política social solitaria y subordinada y, por otro lado, una política económica con una insensibilidad social total. La política social no debe estar desvinculada ni subordinada a la económica. La solución a la pobreza es un asunto de incorporación de la población a la vida económica.
La crisis ha mostrado que los mercados fallan y que los costos de sus fallas usualmente recaen sobre todos los causantes fiscales. Esto es terrible, pues implica que el mercado, dejado a su libre juego, como es el caso de los grandes bancos, produce ganancias privadas y perdidas sociales. La experiencia muestra que el Estado también puede fallar. Debido a ello, se requiere que haya mecanismos legales para una mayor y mejor participación social, pues es la sociedad quien puede frenar los abusos tanto del Estado como de los mercados.
Han existido dos modelos de banca central; uno, que dominó hasta 1970, y se caracterizó por políticas que promovieron altas tasas de crecimiento y por fideicomisos de fomento que apoyaron el desarrollo de las actividades productivas. El segundo modelo, el actual, ha privilegiado la estabilidad de precios, limitando así su capacidad de proteger la economía nacional ante las presiones recesivas del exterior. Es necesario ampliar las responsabilidades del Banco de México hacia objetivos de crecimiento, empleo, orientación de la banca comercial y (junto con la Secretaría de Hacienda) supervisión de la salud del sistema financiero.
Poner orden en la economía requiere revisar el proceso institucional para diseñar, instrumentar y evaluar las políticas económicas. Debe haber mayor análisis y reflexión que evite que sean secuestradas y encapsuladas por los técnicos del Estado. En el nuevo esquema los responsables de la planeación deberán someterse a una real rendición de cuentas amplia, suficiente y transparente.
Hasta aquí de lo que presenta el Colegio Nacional de Economistas, la verdad que estoy de acuerdo.