Lo que piensan los economistas
Jorge Faljo
El Colegio Nacional de Economistas llevó a cabo su XIX Congreso Nacional y con ese motivo presentaron un documento de discusión llamado “Un Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo”. Se trata de una publicación bien presentada, extensa y rica en información y reflexiones.
El documento refleja contradicciones; pero recordemos que la economía no es un asunto de matemáticas, sino de intereses en conflicto, tal y como es nuestra sociedad. Así que conviene distinguir tres partes: la presentación y análisis del Colegio mismo, lo elaborado por una comisión con fuerte influencia institucional y las aportaciones de numerosos economistas en diez foros previos. A continuación van algunos de los elementos más importantes de la presentación.
Nadie puede estar satisfecho con la situación que vive el país. Hay desorden en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay desorden en la economía, en lo social, en la justicia y en la política. La economía no logra crecer ni genera los empleos necesarios, los que requieren el casi millón de jóvenes que año con año se incorporan a la fuerza de trabajo; el sistema económica actual tampoco es capaz de producir los bienes y servicios suficientes que permitan a todos los mexicanos un nivel de vida digno.
De los casi 50 millones de mexicanas y mexicanos que tienen la capacidad y la disposición de aportar su esfuerzo al desarrollo nacional y la legítima aspiración a una vida digna, sólo alrededor de 15 millones de personas lo logra. Más de la mitad de la población depende de la economía informal. Ello constituye un grave problema social y señala una inequívoca de enfermedad de la economía nacional.
De los 112 millones de personas que conforman la población nacional únicamente unos 21 millones tienen ingresos suficientes y un empleo de calidad que les permita acceder a un nivel de bienestar satisfactorio. Una quinta parte de la población ni siquiera tiene ingresos para comer lo suficiente; otros 32 millones no tienen acceso a la salud, la seguridad social o vivienda.
La estrategia económica seguida en los últimos años no sólo no ha logrado más inversión, ni mejor funcionamiento de los mercados, ni ha resuelto el problema de la pobreza, sino que ha producido más desigualdad. En nuestro país, las desigualdades son brutales. Si a esto aunamos la incapacidad de la acción pública para corregir o minimizar los efectos de la desigualdad mediante tributaciones y transferencias económicas, el problema es todavía mayor.
Las diversas formas de desigualdad y exclusión están en la raíz del desaliento, frustración y miedo que hoy priva en el ánimo social. Están también en el origen de la inseguridad y la violencia. La probabilidad de ser asesinado se ha multiplicado por cinco en los últimos cuatro años y la de ser secuestrado por tres. El porcentaje de delitos no denunciados se estima en más de 90 por ciento. Ello habla de una impunidad casi absoluta.
El debilitamiento del Estado alcanza niveles de extrema gravedad en algunas regiones del país, donde se le está substituyendo en dos funciones centrales: la de recaudar impuestos y la de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. Estamos ante el riesgo de la creación de un Estado paralelo y de una sociedad de desplazados.
Esta situación no puede seguir mucho tiempo, en condiciones de pobreza la democracia se degrada. Urge recuperar la capacidad de crecer y generar los empleos requeridos. La actual crisis, que no puede ser explicada por el exterior, nos obliga a actuar, a innovar.
La actual estrategia de desarrollo ha privilegiado la estabilidad macroeconómica. Los resultados son desalentadores. Hoy tenemos más pobreza, más desigualdad y seguimos siendo vulnerables. En la crisis financiera internacional del 2009 la mexicana fue de las economías que más se contrajo.
El Colegio Nacional de Economistas está convencido de que mejoras marginales a la actual estrategia de desarrollo no bastan. La magnitud de los rezagos y retos que enfrentamos es colosal. La historia y la experiencia internacional muestran que el actual esquema de desarrollo se ha agotado. Por ello propone adoptar un nuevo modelo de desarrollo cuyo objetivo central sea: crecimiento con igualdad y estabilidad como base para una vida y segura para todos, para disminuir radicalmente la pobreza y erradicar el hambre.
De acuerdo al Colegio urge potenciar el mercado interno como palanca de desarrollo; diversificar nuestras relaciones económicas externas y usar la capacidad de compra de las empresas públicas y del gobierno como impulso para el avance de la planta nacional. Propone construir un nuevo equilibrio entre el Estado, el mercado y la economía en el que el primero será rector y promotor del desarrollo, así como equilibrador social.
No es aceptable la visión de que la estabilidad macroeconómica hará que los mercados generen suficiente crecimiento y bienestar para todos. Tenemos una política social solitaria y subordinada y, por otro lado, una política económica con una insensibilidad social total. La política social no debe estar desvinculada ni subordinada a la económica. La solución a la pobreza es un asunto de incorporación de la población a la vida económica.
La crisis ha mostrado que los mercados fallan y que los costos de sus fallas usualmente recaen sobre todos los causantes fiscales. Esto es terrible, pues implica que el mercado, dejado a su libre juego, como es el caso de los grandes bancos, produce ganancias privadas y perdidas sociales. La experiencia muestra que el Estado también puede fallar. Debido a ello, se requiere que haya mecanismos legales para una mayor y mejor participación social, pues es la sociedad quien puede frenar los abusos tanto del Estado como de los mercados.
Han existido dos modelos de banca central; uno, que dominó hasta 1970, y se caracterizó por políticas que promovieron altas tasas de crecimiento y por fideicomisos de fomento que apoyaron el desarrollo de las actividades productivas. El segundo modelo, el actual, ha privilegiado la estabilidad de precios, limitando así su capacidad de proteger la economía nacional ante las presiones recesivas del exterior. Es necesario ampliar las responsabilidades del Banco de México hacia objetivos de crecimiento, empleo, orientación de la banca comercial y (junto con la Secretaría de Hacienda) supervisión de la salud del sistema financiero.
Poner orden en la economía requiere revisar el proceso institucional para diseñar, instrumentar y evaluar las políticas económicas. Debe haber mayor análisis y reflexión que evite que sean secuestradas y encapsuladas por los técnicos del Estado. En el nuevo esquema los responsables de la planeación deberán someterse a una real rendición de cuentas amplia, suficiente y transparente.
Hasta aquí de lo que presenta el Colegio Nacional de Economistas, la verdad que estoy de acuerdo.
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