¡Ché…qué mal tango!

Faljoritmo

Jorge Faljo

Durante los últimos años del siglo pasado Argentina mantuvo a toda costa una paridad cambiaria demasiado alta para su moneda. Lo logró atrayendo capitales externos, vendiendo sus empresas y endeudándose. Era como estar en el primer mundo. Los argentinos disfrutaban de dólares baratos que les permitían viajar a sus clases medias por todo el planeta y comprar todo tipo de productos importados. Mientras tanto su propio aparato productivo se deterioraba.

En el esfuerzo de mantener alto el valor de su moneda establecieron una paridad cambiaria de uno a uno con el dólar y le dieron el rango de ley constitucional. De ese modo, creyeron, el tipo de cambio sería inmodificable y resistiría todo tipo de presiones. Pero no fue así.

La necesidad de hacer pagos en dólares por sus importaciones, por la repatriación de ganancias de las empresas extranjeras, por los intereses de sus deudas y porque el capital es esencialmente volátil superó la entrada de dólares. Ley o no ley no había dólares suficientes y hubo que devaluar. Les pasó lo que a México a fin de 1994. Era una de las crisis comunes de los países periféricos; en su caso el efecto tango, para México los países ricos le llamaron el efecto tequila; en Brasil el efecto samba.

Argentina quedó con una economía maltrecha y sin posibilidades de pagar sus adeudos externos. La crisis financiera del 2001 llevó a la cesación de pagos por alrededor de 95 mil millones de dólares. De ese modo se inició un largo proceso legal y de negociaciones con sus acreedores. El país quedó excluido del financiamiento internacional.

Sin embargo el problema de su deuda externa seguía inconcluso. En 2005 y 2010 ofreció a sus acreedores externos una reestructuración de la deuda. Se trataba de canjear los bonos de deuda anteriores por otros nuevos con una fuerte quita de capital. Ofreció pagar solo el 30 por ciento de la deuda original y a plazos. Alrededor del 93 por ciento de los inversionistas aceptaron, así fuera de mala gana.

La transición política fue accidentada; llegó a tener cinco presidentes en dos años. Pero finalmente definió una política nacionalista y desafiante del modelo globalizador mundial y de la sumisión al capital financiero. La suspensión de pagos primero y la reducción de la deuda le permitieron a Argentina, ya con una moneda barata, retomar el camino del crecimiento sobre la base del fortalecimiento de su mercado interno.

Los argentinos tuvieron que vacacionar dentro del país y consumir productos nacionales dado que los externos se encarecieron fuertemente. Pero este consumo de lo nacional permitió la reactivación de la economía y el empleo y el mejoramiento salarial. Esto se tradujo en una década de muy alto crecimiento.

Sin embargo el pleito con la minoría de inversionistas que no aceptaron la reestructuración siguió un camino rudo. La señora presidente Cristina Fernández de Kirchner no puede viajar fuera del país en su avión presidencial porque corre el riesgo de que se lo embarguen.

Ahora acaba de agravarse el asunto. Hace unos meses un juez norteamericano, Thomas Griesa, decretó que el gobierno argentino no podría pagar al 93 por ciento de los acreedores que aceptaron renegociar a menos que antes pague a la minoría que demanda el pago total del monto original.

Argentina recurrió a la Suprema Corte de Justicia norteamericana pidiéndole que revisara el caso. El año pasado Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional anunció que su organización interpondría un recurso ante la Suprema Corte en apoyo de la posición de Argentina. Pocos días se retractó debido a la oposición norteamericana.

Ahora la Suprema Corte norteamericana acaba de negarse a revisar el asunto y la orden del juez Griesa se mantiene en vigor. Pero si Argentina paga los 1,330 millones de dólares que reclaman los fondos buitre el resto de los inversionistas no reestructurados se sumarán a la demanda y eso elevaría el pago a unos 15 mil millones de dólares. No para ahí la cosa. También vendrían las demandas de los reestructurados cuyos contratos indican que si otros acreedores reciben un trato más favorable ellos tienen derecho al mismo trato. Y eso dispara la deuda fuera de cualquier posibilidad de pago.

El problema se origina en que el endeudamiento internacional incluye clausulas “de cajón” en las que el país acepta dirimir estas controversias en tribunales norteamericanos. Endeudarse implica en los hechos abandonar la calidad de país soberano para convertirse en un particular sujeto a las disposiciones de jueces menores dentro de los Estados Unidos.

Lo más interesante son las razones por las que el FMI está muy preocupado. Las consecuencias de esa orden judicial pueden destruir todas las reestructuraciones de deuda que se han llevado a cabo en los últimos años y las que se necesitarán en adelante.

Las deudas soberanas que genera este modelo económico mundial son impagables. Muchas ya han explotado, como en el caso de Chipre, Grecia e Irlanda. Otros países tendrán que renegociar con sus acreedores en los próximos años. Esto significa llegar a acuerdos colectivos sobre quitas de deuda, menor pago de intereses y extensión del periodo de pago. Pero siempre habrá quienes se nieguen a renegociar y ahora se ven fortalecidos por la decisión norteamericana. Y si con pocos no es posible negociar puede ocurrir que toda la reestructuración sea imposible.

La orden del juez Griesa afecta no solo la reestructuración de deuda negociada por Argentina sino las hechas en Chipre, Grecia, Irlanda y otros casos. Impedir esas reestructuraciones lleva a situaciones extremas. Argentina no puede pagar sin reestructuración; intentarlo sería a costa de sus posibilidades de crecimiento y hundiría a su población en la pobreza. De esa magnitud es la disyuntiva para buena parte de la humanidad.

Argentina quiere pagar al 93 por ciento que reestructuró pero no se sabe cómo. Si manda fondos a Estados Unidos estos serán embargados. Intenta diseñar apresuradamente un nuevo canje de deuda por nuevos bonos de deuda no sujetos a la ley norteamericana; pero no parece haber tiempo suficiente antes de su próxima obligación de pago y se desconoce la respuesta de sus acreedores.

Lo que ocurra con este problema tendrá un enorme impacto en el sistema financiero mundial. Si los países altamente endeudados no pueden renegociar sus deudas bajo el sistema legal imperante; si se exigen sacrificios brutales a pueblos enteros, el resultado será necesariamente extremoso. La renegociación permitía encontrar caminos intermedios; ahora puede ser que la justicia norteamericana lo haya hecho imposible.