Fast Track

Faljoritmo

Jorge Faljo

El senado norteamericano aprobó la solicitud del presidente Obama para negociar por vía rápida, “fast track” un nuevo tratado comercial; la Asociación Trans - Pacifico, TPP por sus siglas en inglés. La votación fue de 62 votos a favor y 38 en contra, con los republicanos a favor y buena parte de los demócratas, incluidos sus dirigentes más destacados, en contra.

Este tratado empezó a ser negociado desde el 2005 y participan trece países: México, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Nótese la ausencia de China.

Lo más notable y criticado es que las negociaciones son muy, muy, secretas. El documento es “top secret” en los Estados Unidos y cualquiera que revele algo del mismo puede ir a la cárcel.

A los congresistas, también bajo amenaza, se les invita a reuniones a puertas cerradas donde escuchan descripciones verbales del tratado y se les responde a preguntas. No pueden entrar con asesores, celulares, cámaras, grabadoras ni aparato alguno. De ese modo no podrán alegar que fueron engañados o demandar a sus informantes.

Si insisten en ver el borrador del documento van a un bunker donde pueden leer sección por sección y bajo la mirada de un vigilante. No pueden salir con apuntes, fotos o grabaciones de ningún tipo. Algunos que lo han leído se declaran en contra pero no pueden decir porqué. Al mismo tiempo se dice que cabilderos de poderosas transnacionales si lo conocen y participan en su diseño.

En abril pasado el presidente Obama se molestó con los que critican al tratado sin conocerlo y de manera genérica. La acusación incluiría a personajes como Joseph Stiglitz que ha declarado que se trata de “una bomba nuclear” hecha con un procedimiento antidemocrático en el que los parlamentarios y congresistas de los países incluidos desconocen su contenido. Señaló que tendrá efectos muy negativos por sobreprotección de derechos intelectuales que, por ejemplo, encarecerán medicinas y protegerán marcas, películas y más. Afortunadamente dijo Stiglitz, algo se puede saber gracias a wikileaks.

No se da a conocer, dicen los negociadores, para no debilitar la posición norteamericana en las negociaciones bilaterales. No les conviene, por ejemplo, que Vietnam se entere de las “concesiones” que obtiene Brunei. Un propósito del secreto es impedir que los países periféricos se pongan de acuerdo en posiciones compartidas.

Otro connotado economista, Paul Krugman, también premio Nobel, afirma que no es un tratado comercial puesto que los Estados Unidos y otros países ya no pueden reducir más sus aranceles y abrir más sus fronteras.

De lo que se trata es de modificar las leyes que protegen a las transnacionales y sentar a los gobiernos a negociar directamente con ellas, con sus abogados y expertos, en mecanismos de arbitraje privados. Las empresas tendrían el derecho de demandar a los gobiernos por utilidades cesantes o no realizadas. Ya hay ejemplos. El gobierno de Uruguay tiene una demanda multimillonaria por la tabacalera Phillip Morris debido a su campaña antitabaco. Esto es posible por un tratado internacional que firmó ese país.

Una mayor protección “intelectual” ampliaría en muchos años la exclusividad de las patentes e impediría que los países puedan recurrir a medicamentos genéricos. Sobre todo, de manera general, impediría que cualquier país pueda hacer nuevas leyes, así sean favorables a la salud, o al medio ambiente, o simplemente por decisión democrática de su población, si es que afectan las ganancias empresariales.

La gran pregunta es: ¿Porque el Congreso norteamericano acepta no ser consultado y aprueba el fast track? La respuesta es sencilla; prefieren no saber y no quieren la responsabilidad de aprobar un tratado que podría ser bastante malo para sus representados. Aprobar la vía rápida y secreta es una manera de apoyar el nuevo tratado comprometiéndose lo menos posible. En lugar de discutirlo el secreto es casi casi patriótico. Más adelante podrá ser aprobado por la mitad de los votos más uno; en lugar de las dos terceras partes que marca su constitución para tratados internacionales.

Lo anterior es cierto no solo para los congresistas norteamericanos, sino para los de todos los países. Hacen a un lado sus responsabilidades sobre asuntos verdaderamente importantes y distraen a la opinión pública discutiendo asuntos menores. Hemos llegado al punto en que los representantes elegidos democráticamente en una docena de países prefieren, en los hechos, el autoritarismo.

Se acercan cambios incluso de mayor importancia que la firma del TLC. Paradójicamente un tratado internacional puede ser trabajado con mayor secrecía y posteriormente ser aprobado sin tanto problema que una reforma constitucional. Pero su fuerza no es menor; es incluso superior en la medida en que su instrumentación es vigilada por otros gobiernos, incluso el norteamericano y en que su incumplimiento puede dar pie a sanciones monetarias decididas en instancias privadas a las que aceptamos someternos.

México está negociando el mismo tratado; y nuestros diputados y senadores también aceptan ser hechos a un lado. Así no se responsabilizarán de sus consecuencias, entre ellas una fuerte pérdida de soberanía.