Jorge Faljo
Hubo protestas de todo tipo; plantones, bloqueos, desplegados, declaraciones y críticas en redes sociales para, finalmente, llegar al presupuesto federal definitivo para 2019. El jaloneo de cobijas no fue tan conflictivo en buena medida porque en los asuntos más álgidos se supo negociar y corregir. Se restituyó a las universidades lo que se les había recortado para dejarles un presupuesto similar al del 2018. Si hubo recortes substanciales a organismos autónomos y los mayormente ganadores fueron programas de transferencias sociales a viejos, jóvenes y discapacitados.
También se restituyó buena parte de lo recortado al campo. Lo que en principio es muy positivo, pero al mismo tiempo severamente insuficiente. No me refiero a la cantidad presupuestada, sino a la necesidad de revisar a fondo las orientaciones y procedimientos del gasto agropecuario. Es decir, revisar lo cualitativo.
Durante varios años tuve la suerte de dedicarme a estudiar la operación y resultados de varios programas rurales que apoyaban “proyectos productivos”. Así que vi en persona la manera en que aterrizaban en la practica el grueso de los recursos públicos dedicados al campo. Aclaro que esta experiencia se refiere a los proyectos para los productores marginados, indígenas, ejidatarios, campesinos. Lo que voy a describir sigue siendo lo usual para esos grupos. Desconozco si en los programas destinados a los grandes productores comerciales existan exitosos garbanzos de a libra.
En general los apoyos se destinaban a grupos y no a productores individuales. Un programa de proyectos productivos para cría de ganado impuso a sus beneficiarios la compra comederos y bebederos importados y sumamente caros. Los productores comentaron que ellos acostumbraban ir con el herrero local para cortar un tambo a la mitad al que se le soldaban patas. Otra posibilidad era recortar una llanta grande de tractor a la que también se le fabricaba un soporte metálico. De ese modo tenían comederos y bebederos para ganado hechos con insumos disponibles y mano de obra local y que resultaban muy baratos.
Le comenté lo anterior a la directora general del programa y se molestó; con gran indignación me dijo que el programa era para enseñarles a los productores a usar insumos modernos y no a producir a la antigua. Esta podría decirse que es la filosofía de los apoyos a proyectos productivos.
Los proyectos ganaderos distribuyeron cientos, o miles de termos caros para conservar semen destinado a inseminación artificial. No me tocó ver que fueran utilizados para su propósito, pero sí que se vendieran, malbaratados, a algún ganadero comercial. En los proyectos para fabricación de quesos y derivados lácteos se distribuyeron equipos nuevos, de buena calidad (acero inoxidable), complejos por el número de instrumentos incluidos.
En general la estrategia de proyectos productivos implica la compra centralizada (ahí está el negocio) de insumos productivos.
Un programa distribuyó motores desgranadores de mazorcas o trituradores de caña con funciones estacionales; se usaban unas semanas al año. Pero no quedó claro que debían encenderse por lo menos unos minutos al mes y en la segunda temporada de uso presentaban dificultades. A algunas comunidades les llegaron motores trifásicos y el programa no contemplaba presupuesto para conectarse a una línea lejana.
Pregunté en un ejido el motivo de la colocación de un invernadero fuera de uso. Me explicaron que solo una persona aceptó colocarlo en un terreno baldío de su propiedad. Era uno de los 10 mil invernaderos, pequeños, que se distribuyeron en ese año.
En los proyectos productivos el personal técnico llega a las comunidades y grupos de beneficiarios como una especie particular de agentes de ventas de insumos comerciales gratuitos adquiridos por el programa. Bien recibidos porque, como dice el dicho, dadas hasta patadas.
Son técnicos sumamente ocupados en el papeleo burocrático que implica distribuir estos insumos. Desde ir a organizar un grupo de productores al cual se le elabora el proyecto técnico; presentarlo ante las autoridades competentes; darle seguimiento por si gana en la piñata de distribución de recursos. Entregarlo en las comunidades con los acuses de recibido que atestiguan que no hubo corrupción y, supuestamente, capacitar a los productores en la instrumentación del proyecto productivo.
En lo que me tocó observar señalo tres fallas principales: la capacitación siempre pésima porque a fin de cuentas no es la verdadera función del técnico. Sus tareas son colocar los bienes a distribuir y hacer el papeleo. De este modo se puede cargar al proyecto su costo como gasto de inversión y no como el gasto corriente que no se tiene que hacer en las oficinas. Era además patético observar como al llegar un técnico a una comunidad marginada sus habitantes hacían preguntas técnicas que estaban fuera del rango del proyecto y estos técnicos no sabían o simplemente no tenían tiempo de contestarlas.
Una segunda falla es la de organización. Juntar a los productores y pedir que levanten la mano los que quieren ser parte de un proyecto productivo de los que integran el menú ofrecido (tomates de invernadero, vacas, cabras, zarzamoras, flores, setas, producción de quesos, etc.) no es organizarlos. Al final de cuentas solo uno se quedará con el invernadero, el termo para inseminación, el bebedero japonés, o el motor. Si el donativo es bueno lo que se hizo fue ahondar las diferencias socioeconómicas.
La tercera falla es que estos proyectos productivos no son replicables. No le dejan nada a la comunidad; excepto una visión de modernidad superficial, poco racional e inaccesible.
Opino que el monto del gasto agropecuario es en buena medida irrelevante si no se abordan sus aspectos cualitativos. Por ello lo ideal serían dos cambios fundamentales. Uno es que se incremente la proporción del gasto total en favor de la producción del sector social.
Lo segundo es que esta reorientación tenga nuevas reglas del juego y procedimientos. Para empezar, que si se siguen apoyando proyectos productivos estos tengan que ser diseñados para ser replicados en su medio. Es decir que el proyecto haga el mejor uso posible de los recursos disponibles para el tipo de productor al que está destinado. Implica que sea un proyecto de investigación, capacitación y difusión de tecnología apropiada y de experiencias de su entorno.
No a continuar con la estrategia de proyectos productivos a modo para la colocación de adquisiciones predeterminadas centralmente. Se requiere una autentica planeación participativa.
domingo, 30 de diciembre de 2018
martes, 25 de diciembre de 2018
¿Inversión o salarios?
Jorge Faljo
La bolsa de valores norteamericana tiene en este mes su peor comportamiento desde la Gran Depresión de 1929. Muchos inversionistas venden sus acciones y en consecuencia estas bajan de precio provocando pérdidas que afectan las finanzas y el consumo de incluso buena parte de la clase media. La caída se origina en la incertidumbre generada en varios frentes que abordaré desde lo más coyunturales a los de fondo.
Al momento de leer estas líneas el gobierno norteamericano podría encontrarse en suspensión parcial de actividades debido a un desacuerdo presupuestal. Trump, presionado por la ultraderecha, se ha entercado en que no aprobará el presupuesto si no incluye cinco mil millones de dólares para el muro en la frontera con México. Un paro que dejaría sin salarios a 800 mil trabajadores gubernamentales; lo que según Donaldo podría ser por un tiempo prolongado.
El nuevo control demócrata de la Cámara de representantes reforzaría las 17 investigaciones en marcha sobre Trump, su familia y sus negocios. Eso incrementa las posibilidades de que sea forzado a dimitir; y se dice que hasta podría ir a la cárcel una vez que deje de ser presidente.
Una mayor incertidumbre es el comportamiento futuro de la economía norteamericana. Estos últimos meses de buen crecimiento y generación de empleo tienen un mal final cantado. Se originaron en el efecto temporal de fuertes rebajas de impuestos a las grandes empresas. Lo cual elevó la inversión. Sin embargo, el bajo crecimiento salarial mantiene estancada la demanda.
Tal vez la bolsa cae ante el anuncio de menores expectativas de crecimiento en los Estados Unidos. Los analistas privados más pesimistas señalan que el crecimiento podría reducirse a poco más del uno por ciento anual en 2019.
El último reporte sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, presenta datos contrastantes. Del 2008 al 2017 el salario promedio en los Estados Unidos creció al 0.63 por ciento anual; cercano al promedio mundial de 1.1, pero muy lejano del 8.2 por ciento de incremento anual en China. La cifra correspondiente a México fue negativa; el salario se redujo en menos 1.7 por ciento en promedio anual.
El incremento salarial en los Estados Unidos del 2008 al 2017 acumuló apenas un ocho por ciento. En México se redujo en cerca del 16 por ciento en el mismo período. China contrasta con un incremento de 100 por ciento; duplicó el salario promedio en ese tiempo.
Aquí las preguntas de más importancia son: ¿Por qué los países que menos suben sus salarios son también los que menos crecen? Y viceversa. Dicho de otro modo ¿China pudo duplicar los salarios de sus trabajadores porque fue el país de crecimiento más acelerado en todo el mundo? O, por el contrario, ¿el fuerte incremento salarial ayudó de manera importante al crecimiento económico?
Otra pregunta de gran importancia es ¿cómo es que China pudo elevar tan fuertemente los salarios y mantener una inflación muy baja?
Tal vez lo primero que hay que responder es esto último. La inflación no se genera por un mero incremento de la demanda, sino por que esta se eleve sin un incremento paralelo de la oferta. Si suben los salarios y la demanda de pan, pero al mismo tiempo crece de manera similar la producción de pan, no tiene por qué ocurrir inflación.
La respuesta concreta es que China pudo elevar sus salarios de manera muy rápidamente porque supo generar oferta adecuada en paralelo.
Sobre la relación entre salario y crecimiento lo que hay que recordar es que desde hace años los grandes organismos internacionales (FMI, OIT, CEPAL, OCDE) señalan que la debilidad del poder adquisitivo es un obstáculo al crecimiento. Esto deriva de una mayor productividad y salarios rezagados.
Las cifras muestran que las grandes inversiones no incrementan los salarios y por ello mismo generan una sobreoferta altamente destructiva. Cuando sobra acero, granos o fertilizantes terminan quebrando las empresas menos grandes pero mayormente generadoras de empleo.
El asunto no es retorico sino de la mayor importancia para México en este momento. La debilidad del crecimiento norteamericano nos habrá de impactar negativamente y orientar los recursos a pocas grandes inversiones puede no ser la mejor estrategia.
Pero existe otra posibilidad; en vez de ser cola de león, podríamos ser cabeza de ratón. Al favorecer el incremento salarial, el aumento de la demanda podría llevarse a elevar la oferta interna. No es un absurdo ya que el país presenta una importante subutilización de capacidad instalada sobre todo en empresas medianas y pequeñas y en el sector rural.
Lo que implica que elevar salarios puede incrementar la producción tanto o más que la gran inversión. Para ello habría que promover que la producción baile al ritmo de la demanda para minimizar la inflación.
Hay que reconstruir el mercado interno en sus dos polos; generar demanda y ofrecer lo que necesitamos.
La bolsa de valores norteamericana tiene en este mes su peor comportamiento desde la Gran Depresión de 1929. Muchos inversionistas venden sus acciones y en consecuencia estas bajan de precio provocando pérdidas que afectan las finanzas y el consumo de incluso buena parte de la clase media. La caída se origina en la incertidumbre generada en varios frentes que abordaré desde lo más coyunturales a los de fondo.
Al momento de leer estas líneas el gobierno norteamericano podría encontrarse en suspensión parcial de actividades debido a un desacuerdo presupuestal. Trump, presionado por la ultraderecha, se ha entercado en que no aprobará el presupuesto si no incluye cinco mil millones de dólares para el muro en la frontera con México. Un paro que dejaría sin salarios a 800 mil trabajadores gubernamentales; lo que según Donaldo podría ser por un tiempo prolongado.
El nuevo control demócrata de la Cámara de representantes reforzaría las 17 investigaciones en marcha sobre Trump, su familia y sus negocios. Eso incrementa las posibilidades de que sea forzado a dimitir; y se dice que hasta podría ir a la cárcel una vez que deje de ser presidente.
Una mayor incertidumbre es el comportamiento futuro de la economía norteamericana. Estos últimos meses de buen crecimiento y generación de empleo tienen un mal final cantado. Se originaron en el efecto temporal de fuertes rebajas de impuestos a las grandes empresas. Lo cual elevó la inversión. Sin embargo, el bajo crecimiento salarial mantiene estancada la demanda.
Tal vez la bolsa cae ante el anuncio de menores expectativas de crecimiento en los Estados Unidos. Los analistas privados más pesimistas señalan que el crecimiento podría reducirse a poco más del uno por ciento anual en 2019.
El último reporte sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, presenta datos contrastantes. Del 2008 al 2017 el salario promedio en los Estados Unidos creció al 0.63 por ciento anual; cercano al promedio mundial de 1.1, pero muy lejano del 8.2 por ciento de incremento anual en China. La cifra correspondiente a México fue negativa; el salario se redujo en menos 1.7 por ciento en promedio anual.
El incremento salarial en los Estados Unidos del 2008 al 2017 acumuló apenas un ocho por ciento. En México se redujo en cerca del 16 por ciento en el mismo período. China contrasta con un incremento de 100 por ciento; duplicó el salario promedio en ese tiempo.
Aquí las preguntas de más importancia son: ¿Por qué los países que menos suben sus salarios son también los que menos crecen? Y viceversa. Dicho de otro modo ¿China pudo duplicar los salarios de sus trabajadores porque fue el país de crecimiento más acelerado en todo el mundo? O, por el contrario, ¿el fuerte incremento salarial ayudó de manera importante al crecimiento económico?
Otra pregunta de gran importancia es ¿cómo es que China pudo elevar tan fuertemente los salarios y mantener una inflación muy baja?
Tal vez lo primero que hay que responder es esto último. La inflación no se genera por un mero incremento de la demanda, sino por que esta se eleve sin un incremento paralelo de la oferta. Si suben los salarios y la demanda de pan, pero al mismo tiempo crece de manera similar la producción de pan, no tiene por qué ocurrir inflación.
La respuesta concreta es que China pudo elevar sus salarios de manera muy rápidamente porque supo generar oferta adecuada en paralelo.
Sobre la relación entre salario y crecimiento lo que hay que recordar es que desde hace años los grandes organismos internacionales (FMI, OIT, CEPAL, OCDE) señalan que la debilidad del poder adquisitivo es un obstáculo al crecimiento. Esto deriva de una mayor productividad y salarios rezagados.
Las cifras muestran que las grandes inversiones no incrementan los salarios y por ello mismo generan una sobreoferta altamente destructiva. Cuando sobra acero, granos o fertilizantes terminan quebrando las empresas menos grandes pero mayormente generadoras de empleo.
El asunto no es retorico sino de la mayor importancia para México en este momento. La debilidad del crecimiento norteamericano nos habrá de impactar negativamente y orientar los recursos a pocas grandes inversiones puede no ser la mejor estrategia.
Pero existe otra posibilidad; en vez de ser cola de león, podríamos ser cabeza de ratón. Al favorecer el incremento salarial, el aumento de la demanda podría llevarse a elevar la oferta interna. No es un absurdo ya que el país presenta una importante subutilización de capacidad instalada sobre todo en empresas medianas y pequeñas y en el sector rural.
Lo que implica que elevar salarios puede incrementar la producción tanto o más que la gran inversión. Para ello habría que promover que la producción baile al ritmo de la demanda para minimizar la inflación.
Hay que reconstruir el mercado interno en sus dos polos; generar demanda y ofrecer lo que necesitamos.
domingo, 16 de diciembre de 2018
Reconstruir al sector social: un cambio necesario
Jorge Faljo
Con frecuencia la distribución del ingreso es presentada como un pastel cuyas rebanadas se reparten entre los distintos grupos sociales: trabajadores, campesinos, empresarios, burócratas. Al gobierno le corresponde una porción que le permita ejercer tareas de seguridad, justicia, inversión en infraestructura, servicios de salud y educación. Otra de sus tareas, de la mayor importancia, es la de redistribuir el ingreso cuando el mercado genera extremos de inequidad y exclusión.
Ejemplo de redistribución son la respuesta del gobierno de Francia ante la revuelta reciente de la clase media: suspendió el aumento al precio de la gasolina, elevó el salario mínimo y redujo impuestos a los ingresos inferiores a dos mil euros mensuales. O en el caso de España, el incremento del 22 por ciento al salario mínimo. Son decisiones redistributivas que no ocurren por cálculos meramente técnicos o automáticos, sino a la lucha política de esos pueblos, sea en las calles o en las urnas.
En México las últimas elecciones dieron un mandato redistributivo al nuevo gobierno que se expresa, hasta el momento en el ámbito de la administración y el gasto públicos. Hablo de las reducciones salariales de la alta burocracia y del cambio de prioridades en las grandes inversiones públicas.
Reasignar el gasto público de los altos salarios a transferencias sociales es claramente conflictivo. Incidir más adelante en el reparto del ingreso nacional mediante medidas como subir el salario mínimo, elevar la captación fiscal de los grandes capitales o garantizar la rentabilidad de la pequeña producción rural será aún más conflictivo.
En los últimos 36 años se redistribuyó fuertemente el ingreso: disminuyeron los salarios reales de manera no solo relativa, sino absoluta; se abandonó y disminuyó la rentabilidad del campo al punto de la expulsión de millones; quebró la mayor parte de la mediana y pequeña industria con fuertes repercusiones en el empleo. Era el costo, se dijo, de abandonar el paternalismo e ingresar a la modernidad. Fue muy caro y condujo al modelo neoliberal a un callejón sin salida.
Ir en contra de esas tendencias es la decisión ciudadana y hacerlo demanda una estrategia bien pensada que minimice el conflicto y haga crecer el poder de negociación de las mayorías.
Es más fácil un nuevo reparto del ingreso cuando el pastel crece. El estancamiento crónico de las últimas décadas hizo que el enriquecimiento de la minoría tuviera que ser pagado con empobrecimiento generalizado y la ausencia de un mercado interno que sustentara un crecimiento dinámico.
La redistribución demanda acompañarse de crecimiento. Quedarnos en la mera redistribución justiciera sería no solo un error, sino una estrategia económica y políticamente inviable. Ese fue el gravísimo error de Venezuela.
El neoliberalismo prometió que un crecimiento determinado por el mercado traería bienestar para todos. Estados Unidos, Francia, España y muchos otros países, como el nuestro, prueban lo contrario.
Por otra parte, la vía del crecimiento neoliberal, basado en privilegios al gran capital transnacional e interno, amenaza estrangularse al menor intento de modificar la distribución del ingreso. Un riesgo que la nueva administración trata de manejar con pinzas evitándole pérdidas a los inversionistas de contratos existentes; prometiendo que no habrá nuevos impuestos y limitando el endeudamiento público. Todo lo cual reduce la capacidad rectora del estado que resulta indispensable en esta transición.
Pareciera que estamos en un laberinto sin salida. Afortunadamente no es así. La salida es plantear la justicia en la distribución del ingreso como motor del crecimiento. Que las transferencias sociales operen como demanda efectiva de la producción interna. Pero de nuevo, no cualquier producción, sino la de bienes y servicios de consumo mayoritario.
Tenemos un sector gravemente abandonado y deteriorado, pero con un enorme potencial para operar como un potente motor económico, social y político en favor de la transformación emprendida.
Es un motor que puede reactivarse sin grandes requerimientos de capital porque ya cuenta con las capacidades necesarias; que generaría mucho empleo y los bienes y servicios adecuados al bienestar mayoritario.
Se trata del sector social de la producción. De hecho, un conjunto de sectores y grupos sociales excluidos de la estrategia de crecimiento neoliberal, del mercado globalizado y de los canales de comercialización modernos. Se trata de empresas, ejidos, comunidades, talleres, pequeños productores urbanos y rurales que operan a tan solo una porción de sus capacidades, pero que no han sido destruidos y pueden ser reactivados.
Reactivar al sector social requiere comprenderlo no desde una definición obsoleta basada en la forma de propiedad (ejidos, comunidades, cooperativas) sino, de manera amplia, por su función social (supervivencia de los excluidos), por su potencial y por su orientación productiva.
En el sector social se localiza una enorme riqueza. Para reactivarlo basta reconectarlo a mecanismos de mercado particularmente apropiados. Para que florezca hay que empezar regándolo con demanda efectiva. Y existe una que es altamente modulable; la que generan las transferencias sociales. No se reactiva con capitales, sino con una reorientación de la política social concertada con los productores y consumidores sociales en sus auténticas formas de expresión. No al entramado de organizaciones a modo creadas por funcionarios de escritorio de cada entidad pública.
La ruta más viable para re-partir el pastel económico es reconstruir y aliarse con el sector social de la economía, como lo prevé la Constitución.
Con frecuencia la distribución del ingreso es presentada como un pastel cuyas rebanadas se reparten entre los distintos grupos sociales: trabajadores, campesinos, empresarios, burócratas. Al gobierno le corresponde una porción que le permita ejercer tareas de seguridad, justicia, inversión en infraestructura, servicios de salud y educación. Otra de sus tareas, de la mayor importancia, es la de redistribuir el ingreso cuando el mercado genera extremos de inequidad y exclusión.
Ejemplo de redistribución son la respuesta del gobierno de Francia ante la revuelta reciente de la clase media: suspendió el aumento al precio de la gasolina, elevó el salario mínimo y redujo impuestos a los ingresos inferiores a dos mil euros mensuales. O en el caso de España, el incremento del 22 por ciento al salario mínimo. Son decisiones redistributivas que no ocurren por cálculos meramente técnicos o automáticos, sino a la lucha política de esos pueblos, sea en las calles o en las urnas.
En México las últimas elecciones dieron un mandato redistributivo al nuevo gobierno que se expresa, hasta el momento en el ámbito de la administración y el gasto públicos. Hablo de las reducciones salariales de la alta burocracia y del cambio de prioridades en las grandes inversiones públicas.
Reasignar el gasto público de los altos salarios a transferencias sociales es claramente conflictivo. Incidir más adelante en el reparto del ingreso nacional mediante medidas como subir el salario mínimo, elevar la captación fiscal de los grandes capitales o garantizar la rentabilidad de la pequeña producción rural será aún más conflictivo.
En los últimos 36 años se redistribuyó fuertemente el ingreso: disminuyeron los salarios reales de manera no solo relativa, sino absoluta; se abandonó y disminuyó la rentabilidad del campo al punto de la expulsión de millones; quebró la mayor parte de la mediana y pequeña industria con fuertes repercusiones en el empleo. Era el costo, se dijo, de abandonar el paternalismo e ingresar a la modernidad. Fue muy caro y condujo al modelo neoliberal a un callejón sin salida.
Ir en contra de esas tendencias es la decisión ciudadana y hacerlo demanda una estrategia bien pensada que minimice el conflicto y haga crecer el poder de negociación de las mayorías.
Es más fácil un nuevo reparto del ingreso cuando el pastel crece. El estancamiento crónico de las últimas décadas hizo que el enriquecimiento de la minoría tuviera que ser pagado con empobrecimiento generalizado y la ausencia de un mercado interno que sustentara un crecimiento dinámico.
La redistribución demanda acompañarse de crecimiento. Quedarnos en la mera redistribución justiciera sería no solo un error, sino una estrategia económica y políticamente inviable. Ese fue el gravísimo error de Venezuela.
El neoliberalismo prometió que un crecimiento determinado por el mercado traería bienestar para todos. Estados Unidos, Francia, España y muchos otros países, como el nuestro, prueban lo contrario.
Por otra parte, la vía del crecimiento neoliberal, basado en privilegios al gran capital transnacional e interno, amenaza estrangularse al menor intento de modificar la distribución del ingreso. Un riesgo que la nueva administración trata de manejar con pinzas evitándole pérdidas a los inversionistas de contratos existentes; prometiendo que no habrá nuevos impuestos y limitando el endeudamiento público. Todo lo cual reduce la capacidad rectora del estado que resulta indispensable en esta transición.
Pareciera que estamos en un laberinto sin salida. Afortunadamente no es así. La salida es plantear la justicia en la distribución del ingreso como motor del crecimiento. Que las transferencias sociales operen como demanda efectiva de la producción interna. Pero de nuevo, no cualquier producción, sino la de bienes y servicios de consumo mayoritario.
Tenemos un sector gravemente abandonado y deteriorado, pero con un enorme potencial para operar como un potente motor económico, social y político en favor de la transformación emprendida.
Es un motor que puede reactivarse sin grandes requerimientos de capital porque ya cuenta con las capacidades necesarias; que generaría mucho empleo y los bienes y servicios adecuados al bienestar mayoritario.
Se trata del sector social de la producción. De hecho, un conjunto de sectores y grupos sociales excluidos de la estrategia de crecimiento neoliberal, del mercado globalizado y de los canales de comercialización modernos. Se trata de empresas, ejidos, comunidades, talleres, pequeños productores urbanos y rurales que operan a tan solo una porción de sus capacidades, pero que no han sido destruidos y pueden ser reactivados.
Reactivar al sector social requiere comprenderlo no desde una definición obsoleta basada en la forma de propiedad (ejidos, comunidades, cooperativas) sino, de manera amplia, por su función social (supervivencia de los excluidos), por su potencial y por su orientación productiva.
En el sector social se localiza una enorme riqueza. Para reactivarlo basta reconectarlo a mecanismos de mercado particularmente apropiados. Para que florezca hay que empezar regándolo con demanda efectiva. Y existe una que es altamente modulable; la que generan las transferencias sociales. No se reactiva con capitales, sino con una reorientación de la política social concertada con los productores y consumidores sociales en sus auténticas formas de expresión. No al entramado de organizaciones a modo creadas por funcionarios de escritorio de cada entidad pública.
La ruta más viable para re-partir el pastel económico es reconstruir y aliarse con el sector social de la economía, como lo prevé la Constitución.
lunes, 10 de diciembre de 2018
Arriba el telón; el gran reto
Jorge Faljo
Recién me preguntaron en una entrevista en Radio Educación (programa Ecosol) la opinión que tenía sobre las medidas del nuevo gobierno de López Obrador. Mi respuesta fue que el aterrizaje de muchas propuestas aún está por definirse. Lo que no le resta importancia a lo difundido ampliamente, que son los grandes objetivos y una forma de hacer política centrada en la participación social.
Entre los objetivos generales los estandartes son acabar con la corrupción; atención prioritaria al bienestar de los más pobres, en particular indígenas, población rural y grupos vulnerables; e impulso a la pequeña producción campesina, del sector social y pesquera.
De lo político pregona la intención de escuchar a la población; un estilo de democracia participativa que ofrece instrumentarse mediante consultas, referéndums y otras formas de dialogo.
La gran consulta será la que se haga en tres años para una posible revocación del mandato. Habrá la posibilidad de pedir la dimisión de AMLO. Proponerla implica un compromiso de enormes consecuencias y en el que la respuesta popular se limitaría a los extremos: aprobación o rechazo.
No se trataría meramente de tener más votos que algún rival, como en una elección normal. Tendrá que refrendar su triunfo electoral con más del 50 por ciento de la votación. Una prueba que no habría superado ninguno de los últimos seis presidentes de la república: un riesgo que nadie antes ha tomado.
Ya no sería una controvertida consulta callejera, con los inevitables defectos de la improvisación y la escasez de recursos para enviar un fuerte mensaje a los poderes fácticos.
Un referéndum de revocación de mandato asociado a las próximas elecciones legislativas implica aparecer entre las boletas electorales para elegir diputados y otros puestos de representación. Sería organizado por el máximo órgano electoral y tendría la mayor formalidad institucional. A prueba de críticas y chanchullos.
Este riesgo solo puede asumirse si AMLO está convencido de que, lejos del deterioro habitual de todo gobierno en funciones, conseguirá incrementar su popularidad. La que ya no se basaría en el rechazo al desastre previo, más esperanzas y expectativas. Ya no se votaría sobre grandes objetivos intachables y el carisma personal del líder - presidente, sino sobre los resultados concretos de su gobierno y su impacto en el bienestar de la población.
La eficacia de las medidas que se tomen será esencial. Algunas, muy importantes, se han enunciado sin mucho detalle. Habrá, por ejemplo, precios de garantía que aseguren la rentabilidad de la micro y pequeña producción de granos básicos. Solo que para ser efectiva requiere una amplia estructura de acopio de granos, de almacenamiento y de distribución. Pero lo más importante será cuidar que la producción adquirida se conecte a la demanda de la población que ahora presenta deficiencias alimentarias. Es decir, toda una red paralela a la comercialización existente que requerirá promover la organización de los consumidores y productores vulnerables.
La clave del éxito de medidas de esta magnitud será que la consulta permanente con la población se instrumente de manera efectiva en la operación de los programas públicos.
Se trata de un cambio revolucionario. Hoy en día las estructuras de los programas públicos operan transmitiendo decisiones y mensajes de arriba hacia abajo; sin que los operadores locales en contacto con la población se atrevan a sugerir nada a sus jefes. En parte porque no consultan con la población y no tienen nada que transmitir a sus jefes.
López mandó un fuerte mensaje a los poderes fácticos privados; en adelante se escuchará a la población. ¿Podrá enviar este mismo mensaje a los jerarcas burocráticos? Difícil, casi imposible, después de décadas de decisiones tomadas de manera unilateral por virreyes que promovían proyectos de zarzamoras, setas o tomates enanos destinados a “nichos de mercado”. Esquemas en los que la transferencia tecnológica era mera estrategia de mercadotecnia al servicio privado; con compras centralizadas de mercancías sobrevaluadas. Así se sembró el campo de elefantes y ratones blancos; de fracasos.
Hay que transformar a los técnicos privados que se emplean en los programas públicos, convertirlos de meros agentes de ventas a “técnicos descalzos”. Sin capacidad para imponer proyectos, pero bien dispuestos a aprender de los campesinos, indígenas y pequeños productores. Es a partir de su comprensión de las realidades locales que podrán acompañar procesos de mejora productiva.
Reubicarlos como verdaderos servidores públicos implica empoderarlos a partir del dialogo y consulta permanente con la población, como lo propone AMLO. Lo que no servirá de nada si la estructura jerárquica no acepta guiarse en función de los intereses y orientaciones que emanen de la población, las comunidades y sus organizaciones.
Política en lugar de tecnocracia; lo que los gobiernos anteriores definieron como corrupto para instrumentar una administración autista, basada en convocatorias en internet y en el concurso de los recursos públicos para que siempre ganaran los productores modernos.
La eficacia no se logra con mera honestidad, si se sigue la misma lógica y operación instrumental. Necesitamos combatir la corrupción barriendo las escaleras también de abajo hacia arriba.
Recién me preguntaron en una entrevista en Radio Educación (programa Ecosol) la opinión que tenía sobre las medidas del nuevo gobierno de López Obrador. Mi respuesta fue que el aterrizaje de muchas propuestas aún está por definirse. Lo que no le resta importancia a lo difundido ampliamente, que son los grandes objetivos y una forma de hacer política centrada en la participación social.
Entre los objetivos generales los estandartes son acabar con la corrupción; atención prioritaria al bienestar de los más pobres, en particular indígenas, población rural y grupos vulnerables; e impulso a la pequeña producción campesina, del sector social y pesquera.
De lo político pregona la intención de escuchar a la población; un estilo de democracia participativa que ofrece instrumentarse mediante consultas, referéndums y otras formas de dialogo.
La gran consulta será la que se haga en tres años para una posible revocación del mandato. Habrá la posibilidad de pedir la dimisión de AMLO. Proponerla implica un compromiso de enormes consecuencias y en el que la respuesta popular se limitaría a los extremos: aprobación o rechazo.
No se trataría meramente de tener más votos que algún rival, como en una elección normal. Tendrá que refrendar su triunfo electoral con más del 50 por ciento de la votación. Una prueba que no habría superado ninguno de los últimos seis presidentes de la república: un riesgo que nadie antes ha tomado.
Ya no sería una controvertida consulta callejera, con los inevitables defectos de la improvisación y la escasez de recursos para enviar un fuerte mensaje a los poderes fácticos.
Un referéndum de revocación de mandato asociado a las próximas elecciones legislativas implica aparecer entre las boletas electorales para elegir diputados y otros puestos de representación. Sería organizado por el máximo órgano electoral y tendría la mayor formalidad institucional. A prueba de críticas y chanchullos.
Este riesgo solo puede asumirse si AMLO está convencido de que, lejos del deterioro habitual de todo gobierno en funciones, conseguirá incrementar su popularidad. La que ya no se basaría en el rechazo al desastre previo, más esperanzas y expectativas. Ya no se votaría sobre grandes objetivos intachables y el carisma personal del líder - presidente, sino sobre los resultados concretos de su gobierno y su impacto en el bienestar de la población.
La eficacia de las medidas que se tomen será esencial. Algunas, muy importantes, se han enunciado sin mucho detalle. Habrá, por ejemplo, precios de garantía que aseguren la rentabilidad de la micro y pequeña producción de granos básicos. Solo que para ser efectiva requiere una amplia estructura de acopio de granos, de almacenamiento y de distribución. Pero lo más importante será cuidar que la producción adquirida se conecte a la demanda de la población que ahora presenta deficiencias alimentarias. Es decir, toda una red paralela a la comercialización existente que requerirá promover la organización de los consumidores y productores vulnerables.
La clave del éxito de medidas de esta magnitud será que la consulta permanente con la población se instrumente de manera efectiva en la operación de los programas públicos.
Se trata de un cambio revolucionario. Hoy en día las estructuras de los programas públicos operan transmitiendo decisiones y mensajes de arriba hacia abajo; sin que los operadores locales en contacto con la población se atrevan a sugerir nada a sus jefes. En parte porque no consultan con la población y no tienen nada que transmitir a sus jefes.
López mandó un fuerte mensaje a los poderes fácticos privados; en adelante se escuchará a la población. ¿Podrá enviar este mismo mensaje a los jerarcas burocráticos? Difícil, casi imposible, después de décadas de decisiones tomadas de manera unilateral por virreyes que promovían proyectos de zarzamoras, setas o tomates enanos destinados a “nichos de mercado”. Esquemas en los que la transferencia tecnológica era mera estrategia de mercadotecnia al servicio privado; con compras centralizadas de mercancías sobrevaluadas. Así se sembró el campo de elefantes y ratones blancos; de fracasos.
Hay que transformar a los técnicos privados que se emplean en los programas públicos, convertirlos de meros agentes de ventas a “técnicos descalzos”. Sin capacidad para imponer proyectos, pero bien dispuestos a aprender de los campesinos, indígenas y pequeños productores. Es a partir de su comprensión de las realidades locales que podrán acompañar procesos de mejora productiva.
Reubicarlos como verdaderos servidores públicos implica empoderarlos a partir del dialogo y consulta permanente con la población, como lo propone AMLO. Lo que no servirá de nada si la estructura jerárquica no acepta guiarse en función de los intereses y orientaciones que emanen de la población, las comunidades y sus organizaciones.
Política en lugar de tecnocracia; lo que los gobiernos anteriores definieron como corrupto para instrumentar una administración autista, basada en convocatorias en internet y en el concurso de los recursos públicos para que siempre ganaran los productores modernos.
La eficacia no se logra con mera honestidad, si se sigue la misma lógica y operación instrumental. Necesitamos combatir la corrupción barriendo las escaleras también de abajo hacia arriba.
sábado, 1 de diciembre de 2018
A Trump no lo calienta ni su gobierno
Jorge Faljo
Con una pedantería sin más sustento que su ignorancia Trump dijo que no cree en la evaluación del clima que acaba de publicar el gobierno que encabeza. Su vientre, afirma, le dice más sobre lo que es correcto y lo que no, que los reportes institucionales. Y lo que le dicen sus intestinos es que si acaso hay un cambio climático este no es causado por las actividades humanas. Cada frente frio en los Estados Unidos prueba, dice, que no hay calentamiento global.
De este modo el presidente norteamericano se alinea con una política respaldada por las grandes corporaciones opuestas a toda regulación ambiental que afecte sus negocios. La base social la aportan las nutridas corrientes cristianas evangélicas que hacen una interpretación literal de la biblia para afirmar que dios les dio a los hombres el planeta tierra para usar a su antojo. Una posición muy distinta a la que pregona el Papa católico que insta a que tratemos el planeta como la gran casa de la humanidad de cuyo cuidado somos responsables.
Ya antes, en 2017, Trump le había dado la espalda a la ciencia al romper con el acuerdo de París contra el cambio climático. En ese momento declaró que el problema del calentamiento global es que era una idea que obligaba a desarrollar tecnologías innecesarias. Los otros 195 países que se mantienen dentro del acuerdo consideran al clima como uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad.
En plano interno Trump coloco al frente de la agencia norteamericana de protección ambiental a un decidido defensor de las empresas más contaminantes que después de un corto periodo se vio obligado a renunciar. No por su posición ideológica, sino por múltiples escándalos de corrupción.
La negativa de Trump y allegados a reconocer el grave problema ambiental mundial suena cada vez más hueca en tanto que la población norteamericana ha sufrido consecuencias devastadoras por varios huracanes que rompen records históricos de capacidad destructiva, por tormentas e inundaciones inusitadas, por el crecimiento de masas de algas y por los más destructivos incendios que se han conocido en California. Todos estos fenómenos han tenido un costo muy elevado en vidas humanas, en destrucción de viviendas e infraestructura y en los posteriores procesos de reparación de daños.
Sin embargo, el gobierno federal norteamericano acaba de publicar su Cuarta Evaluación Nacional del Clima en el que enfatiza que el calentamiento global si existe y que constituye una amenaza a la supervivencia de la humanidad. Si bien esto suena extremo el documento precisa los crecientes retos que habrán de enfrentarse para la salud y seguridad de la población, la calidad de vida y el crecimiento económico.
Que esta evaluación sea tan claridosa se debe a que responde a un mandato legal muy preciso que obliga a realizarla apelando a la comunidad científica y a una sólida metodología. En su elaboración participaron más de trescientos científicos y expertos de todos los niveles de gobierno, las empresas, centros académicos y organizaciones sociales. Se sustenta en más de seis mil fuentes científicas.
Entre las afirmaciones de esta Evaluación es que los impactos sociales y económicos del cambio climático no se repartirán de manera equitativa. Los más pobres, con menores capacidades para prepararse y resistir extremos climáticos serán los que más sufran. Por ello es importante promover y apoyar acciones adaptativas que tomen en consideración las diferencias regionales y sociales.
Se hace un llamado global para una substancial y urgente reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ausencia de esta reducción y de medidas fuertes el incremento de las temperaturas, la elevación del mar y eventos catastróficos afectarían fuertemente a la agricultura, la pesca, el turismo, la infraestructura, los recursos hidráulicos, el transporte, la salud pública, la productividad laboral, la vitalidad social, el comercio internacional y la seguridad nacional. O sea, según el informe del gobierno federal norteamericano, todo nuestro entorno.
Otro riesgo es que el calentamiento global abrirá nuevas regiones a la proliferación de insectos transmisores de enfermedades.
Uno de los más destacados impactos previsibles se refiere a la producción agropecuaria. Mayores temperaturas, cambios en la disponibilidad de agua, la erosión de los suelos y la expansión de plagas influirían en la productividad, el bienestar de la población rural y finalmente en el precio de los alimentos.
La evaluación climática realizada por el gobierno norteamericano se contrapone directamente a la posición de Trump y sus aliados, pero se encuentra en línea con otros reportes recientes como el de la Agencia Ambiental Europea muy enfocado en explicar las oleadas de calor en el norte de ese continente y el de las Naciones Unidas sobre los océanos en los que destaca su acidificación y la elevación del nivel del mar.
La preocupación por el calentamiento global se extiende en los más altos niveles académicos y políticos y se multiplican los llamados a tomar medidas fuertes e inmediatas. Dicho de manera brutal el consenso científico es que la humanidad está destruyendo su propio planeta en un proceso que pronto será irreversible. El líder de la primera potencia mundial no ayuda y todo indica que no somos capaces de detenernos.
Con una pedantería sin más sustento que su ignorancia Trump dijo que no cree en la evaluación del clima que acaba de publicar el gobierno que encabeza. Su vientre, afirma, le dice más sobre lo que es correcto y lo que no, que los reportes institucionales. Y lo que le dicen sus intestinos es que si acaso hay un cambio climático este no es causado por las actividades humanas. Cada frente frio en los Estados Unidos prueba, dice, que no hay calentamiento global.
De este modo el presidente norteamericano se alinea con una política respaldada por las grandes corporaciones opuestas a toda regulación ambiental que afecte sus negocios. La base social la aportan las nutridas corrientes cristianas evangélicas que hacen una interpretación literal de la biblia para afirmar que dios les dio a los hombres el planeta tierra para usar a su antojo. Una posición muy distinta a la que pregona el Papa católico que insta a que tratemos el planeta como la gran casa de la humanidad de cuyo cuidado somos responsables.
Ya antes, en 2017, Trump le había dado la espalda a la ciencia al romper con el acuerdo de París contra el cambio climático. En ese momento declaró que el problema del calentamiento global es que era una idea que obligaba a desarrollar tecnologías innecesarias. Los otros 195 países que se mantienen dentro del acuerdo consideran al clima como uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad.
En plano interno Trump coloco al frente de la agencia norteamericana de protección ambiental a un decidido defensor de las empresas más contaminantes que después de un corto periodo se vio obligado a renunciar. No por su posición ideológica, sino por múltiples escándalos de corrupción.
La negativa de Trump y allegados a reconocer el grave problema ambiental mundial suena cada vez más hueca en tanto que la población norteamericana ha sufrido consecuencias devastadoras por varios huracanes que rompen records históricos de capacidad destructiva, por tormentas e inundaciones inusitadas, por el crecimiento de masas de algas y por los más destructivos incendios que se han conocido en California. Todos estos fenómenos han tenido un costo muy elevado en vidas humanas, en destrucción de viviendas e infraestructura y en los posteriores procesos de reparación de daños.
Sin embargo, el gobierno federal norteamericano acaba de publicar su Cuarta Evaluación Nacional del Clima en el que enfatiza que el calentamiento global si existe y que constituye una amenaza a la supervivencia de la humanidad. Si bien esto suena extremo el documento precisa los crecientes retos que habrán de enfrentarse para la salud y seguridad de la población, la calidad de vida y el crecimiento económico.
Que esta evaluación sea tan claridosa se debe a que responde a un mandato legal muy preciso que obliga a realizarla apelando a la comunidad científica y a una sólida metodología. En su elaboración participaron más de trescientos científicos y expertos de todos los niveles de gobierno, las empresas, centros académicos y organizaciones sociales. Se sustenta en más de seis mil fuentes científicas.
Entre las afirmaciones de esta Evaluación es que los impactos sociales y económicos del cambio climático no se repartirán de manera equitativa. Los más pobres, con menores capacidades para prepararse y resistir extremos climáticos serán los que más sufran. Por ello es importante promover y apoyar acciones adaptativas que tomen en consideración las diferencias regionales y sociales.
Se hace un llamado global para una substancial y urgente reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ausencia de esta reducción y de medidas fuertes el incremento de las temperaturas, la elevación del mar y eventos catastróficos afectarían fuertemente a la agricultura, la pesca, el turismo, la infraestructura, los recursos hidráulicos, el transporte, la salud pública, la productividad laboral, la vitalidad social, el comercio internacional y la seguridad nacional. O sea, según el informe del gobierno federal norteamericano, todo nuestro entorno.
Otro riesgo es que el calentamiento global abrirá nuevas regiones a la proliferación de insectos transmisores de enfermedades.
Uno de los más destacados impactos previsibles se refiere a la producción agropecuaria. Mayores temperaturas, cambios en la disponibilidad de agua, la erosión de los suelos y la expansión de plagas influirían en la productividad, el bienestar de la población rural y finalmente en el precio de los alimentos.
La evaluación climática realizada por el gobierno norteamericano se contrapone directamente a la posición de Trump y sus aliados, pero se encuentra en línea con otros reportes recientes como el de la Agencia Ambiental Europea muy enfocado en explicar las oleadas de calor en el norte de ese continente y el de las Naciones Unidas sobre los océanos en los que destaca su acidificación y la elevación del nivel del mar.
La preocupación por el calentamiento global se extiende en los más altos niveles académicos y políticos y se multiplican los llamados a tomar medidas fuertes e inmediatas. Dicho de manera brutal el consenso científico es que la humanidad está destruyendo su propio planeta en un proceso que pronto será irreversible. El líder de la primera potencia mundial no ayuda y todo indica que no somos capaces de detenernos.
martes, 27 de noviembre de 2018
La herencia de Peña
Jorge Faljo
Con brios casi juveniles Peña y su equipazo se lanzaron a gobernar el país con entusiasmo. A la experiencia de gobernar el estado de México, uno de los más industrializados del país, se sumó el saber financiero ubicado en la ortodoxia neoliberal para guiar a un presidente bastante falto de cultura, aunque no de instinto político.
Era a fin de cuentas una experiencia de provincia, sin contrapesos sociales e institucionales locales. Una especie de virreinato facilitado por una herencia familiar bien ubicada en la clase política gobernante. Una formación que mostró ser buena para sortear coyunturas y sobreponerse a los adversarios de la misma clase. Poco útil para entender al país y al mundo; o para saber ajustar el rumbo.
La herencia de Peña, sus fracasos parciales, sumados en un gran fracaso general, no son solo de él, sino de una clase política muy pendiente de sus personales intereses y de grupúsculo; pero no los intereses del país, ni siquiera los de su clase como conjunto. De ser así hubieran procurado una estrategia que derramara algo más que migajas al resto de los mexicanos.
Esta administración no se supo inventar a sí misma. Fue la continuidad por inercia de sus antecesores en un momento en que ya no era posible seguir el mismo camino. Se había agotado un modelo que confiaba demasiado en que la buena marcha de la globalización premiaría a un país ortodoxamente bien portado. Lo demostraría Trump hacia el final del sexenio.
El eje del gran proyecto de reformas estructurales era la privatización energética. Con ella vendrían amplios recursos de capital para la exploración y el descubrimiento de nuevos y enormes yacimientos. El aprovechamiento acelerado de los que ya se conocían, y el descubrimiento de otros, con un precio elevado del petróleo, se traduciría en el gran apoyo colateral para la atracción de capitales y créditos a baja tasa de interés. Un proyecto que además generaría enormes riquezas a la elite. Condiciones ideales en todo sentido.
Pero la globalización estaba en problemas. Había tenido un grave tropiezo durante la Gran Recesión, iniciada en 2008, que le pegó fuerte a la producción, al empleo y a los ingresos en todo el mundo.
En México el PIB cayó en 2009, y ya en el sexenio de Peña vino el remate. En 2014 el exceso de producción generado por las nuevas tecnologías de fracking en los Estados Unidos originaron una fuerte caída mundial de los precios del petróleo. También cayeron los precios de minerales, productos agropecuarios, fertilizantes, acero, carbón, y productos industriales. El planeta volvía a enfrentar lo que para unos eran excesos de oferta y para las grandes organizaciones internacionales, eran señales de la insuficiencia de la demanda, la gente sin recursos suficientes para consumir lo que se produce.
La baja demanda reflejaba el rezago creciente de la masa salarial y los ingresos públicos respecto de los avances tecnológicos y de la producción. Una brecha que se había cubierto con créditos a los consumidores y a los gobiernos, hasta que ambos llegaron a su tope de capacidad de endeudamiento. Y entonces asomaron las crisis.
El caso es que Peña quiso impulsar una estrategia de petrolización de la economía en un mal momento. Sin esa palanca que lo habría facilitado todo, la única posibilidad era gobernar en aguas turbulentas. Y eso requería verdaderas habilidades, conocimiento del país y del mundo, planeación democrática entendida como la capacidad de escuchar a todos y concertar intereses encontrados.
Sin embargo el modelo no permitía gobernar, en el verdadero y profundo sentido de la palabra. Vivimos una lucha enconada entre el capital que se considera con el derecho a determinar las decisiones públicas siempre a favor de la ganancia. Por otra parte se opone ferozmente a que la política, la ciudadanía en forma de gobierno, interfiera en los mercados en busca del beneficio colectivo.
Es el modelo triunfador de las últimas décadas; al punto que una decisión que no guste a los capitales se traduce de inmediato en protestas y desestabilización financiera.
Dejadas las decisiones en manos de los mercados no se consiguió elevar el bienestar de los mexicanos, ni siquiera en mínimos como los de comer bien todos los días, ni generar empleo digno para todos.
La de Peña no fue una administración guiada por los intereses generales del capital; sino mucho menos, un neoliberalismo patito con decisiones favorables a un grupo de cuates.
No por ello se dejó de depender del capital externo para sostener una burbuja de modernidad que requería de una gigantesca válvula de escape: la de millones de mexicanos que votaron en contra del desastre y paradójicamente le han dado oxigeno con los miles de millones de dólares en remesas que envían a sus familiares. El mayor programa de apoyo social existente, financiado por particulares excluidos de la economía nacional.
Se idealizó al consumo importado como prueba de una modernidad en buena parte pagada con retazos de país: petróleo, banca, empresas industriales exportadoras.
Se glorificaron también las obras faraónicas justificadas con el discurso de la generación de empleo moderno. Ni tanto, en virtud de empleos creados han sido muy insuficientes y mal pagados; al tiempo que se reducen rápidamente los empleos que permitían la existencia de una pequeña clase media.
Entretanto se abandonó como mero cascajo a la micro, pequeña y mediana producción, la verdadera generadora de empleo, así sea informal.
El balance que nos dejan Peña y sus antecesores es abismal. Habrá que determinar cómo, entre todos, fortalecer un Estado democrático consciente de sus responsabilidades. Lo que sigue es una ruta necesariamente diferente pero que no se encuentra trazada.
Con brios casi juveniles Peña y su equipazo se lanzaron a gobernar el país con entusiasmo. A la experiencia de gobernar el estado de México, uno de los más industrializados del país, se sumó el saber financiero ubicado en la ortodoxia neoliberal para guiar a un presidente bastante falto de cultura, aunque no de instinto político.
Era a fin de cuentas una experiencia de provincia, sin contrapesos sociales e institucionales locales. Una especie de virreinato facilitado por una herencia familiar bien ubicada en la clase política gobernante. Una formación que mostró ser buena para sortear coyunturas y sobreponerse a los adversarios de la misma clase. Poco útil para entender al país y al mundo; o para saber ajustar el rumbo.
La herencia de Peña, sus fracasos parciales, sumados en un gran fracaso general, no son solo de él, sino de una clase política muy pendiente de sus personales intereses y de grupúsculo; pero no los intereses del país, ni siquiera los de su clase como conjunto. De ser así hubieran procurado una estrategia que derramara algo más que migajas al resto de los mexicanos.
Esta administración no se supo inventar a sí misma. Fue la continuidad por inercia de sus antecesores en un momento en que ya no era posible seguir el mismo camino. Se había agotado un modelo que confiaba demasiado en que la buena marcha de la globalización premiaría a un país ortodoxamente bien portado. Lo demostraría Trump hacia el final del sexenio.
El eje del gran proyecto de reformas estructurales era la privatización energética. Con ella vendrían amplios recursos de capital para la exploración y el descubrimiento de nuevos y enormes yacimientos. El aprovechamiento acelerado de los que ya se conocían, y el descubrimiento de otros, con un precio elevado del petróleo, se traduciría en el gran apoyo colateral para la atracción de capitales y créditos a baja tasa de interés. Un proyecto que además generaría enormes riquezas a la elite. Condiciones ideales en todo sentido.
Pero la globalización estaba en problemas. Había tenido un grave tropiezo durante la Gran Recesión, iniciada en 2008, que le pegó fuerte a la producción, al empleo y a los ingresos en todo el mundo.
En México el PIB cayó en 2009, y ya en el sexenio de Peña vino el remate. En 2014 el exceso de producción generado por las nuevas tecnologías de fracking en los Estados Unidos originaron una fuerte caída mundial de los precios del petróleo. También cayeron los precios de minerales, productos agropecuarios, fertilizantes, acero, carbón, y productos industriales. El planeta volvía a enfrentar lo que para unos eran excesos de oferta y para las grandes organizaciones internacionales, eran señales de la insuficiencia de la demanda, la gente sin recursos suficientes para consumir lo que se produce.
La baja demanda reflejaba el rezago creciente de la masa salarial y los ingresos públicos respecto de los avances tecnológicos y de la producción. Una brecha que se había cubierto con créditos a los consumidores y a los gobiernos, hasta que ambos llegaron a su tope de capacidad de endeudamiento. Y entonces asomaron las crisis.
El caso es que Peña quiso impulsar una estrategia de petrolización de la economía en un mal momento. Sin esa palanca que lo habría facilitado todo, la única posibilidad era gobernar en aguas turbulentas. Y eso requería verdaderas habilidades, conocimiento del país y del mundo, planeación democrática entendida como la capacidad de escuchar a todos y concertar intereses encontrados.
Sin embargo el modelo no permitía gobernar, en el verdadero y profundo sentido de la palabra. Vivimos una lucha enconada entre el capital que se considera con el derecho a determinar las decisiones públicas siempre a favor de la ganancia. Por otra parte se opone ferozmente a que la política, la ciudadanía en forma de gobierno, interfiera en los mercados en busca del beneficio colectivo.
Es el modelo triunfador de las últimas décadas; al punto que una decisión que no guste a los capitales se traduce de inmediato en protestas y desestabilización financiera.
Dejadas las decisiones en manos de los mercados no se consiguió elevar el bienestar de los mexicanos, ni siquiera en mínimos como los de comer bien todos los días, ni generar empleo digno para todos.
La de Peña no fue una administración guiada por los intereses generales del capital; sino mucho menos, un neoliberalismo patito con decisiones favorables a un grupo de cuates.
No por ello se dejó de depender del capital externo para sostener una burbuja de modernidad que requería de una gigantesca válvula de escape: la de millones de mexicanos que votaron en contra del desastre y paradójicamente le han dado oxigeno con los miles de millones de dólares en remesas que envían a sus familiares. El mayor programa de apoyo social existente, financiado por particulares excluidos de la economía nacional.
Se idealizó al consumo importado como prueba de una modernidad en buena parte pagada con retazos de país: petróleo, banca, empresas industriales exportadoras.
Se glorificaron también las obras faraónicas justificadas con el discurso de la generación de empleo moderno. Ni tanto, en virtud de empleos creados han sido muy insuficientes y mal pagados; al tiempo que se reducen rápidamente los empleos que permitían la existencia de una pequeña clase media.
Entretanto se abandonó como mero cascajo a la micro, pequeña y mediana producción, la verdadera generadora de empleo, así sea informal.
El balance que nos dejan Peña y sus antecesores es abismal. Habrá que determinar cómo, entre todos, fortalecer un Estado democrático consciente de sus responsabilidades. Lo que sigue es una ruta necesariamente diferente pero que no se encuentra trazada.
lunes, 12 de noviembre de 2018
La inevitable inestabilidad
Jorge Faljo
Recuerdo una amiga psicoterapeuta a la que invitaron a dar una plática sobre “cómo evitar los conflictos de pareja.” Lo primero que dijo es que estos eran de algún modo naturales en toda relación. Después dio una estupenda charla sobre qué hacer para, sin evitarlos, resolver los problemas de fondo de la mejor manera posible y así superarlos.
Me acordé porque a unos amigos les preocupa la inestabilidad cambiaria y su visión se alinea con la idea de que como es mala hay que evitarla. Estoy convencido de que eso no es posible; lo que hay que hacer es manejar los altibajos del dólar lo mejor posible. Aunque esta es una expresión incorrecta.
Todos los días cambia el valor del peso respecto al dólar, aunque la apariencia es la contraria, cómo que es el dólar el que modifica su precio. Es como la percepción de que el sol sale por la mañana y se oculta por la noche; aunque aprendimos en primaria que en realidad es la tierra la que se mueve.
El caso es que es inevitable que la inestabilidad empeore en los próximos meses. Aparte de lo meramente coyuntural hay dos problemas de fondo que se generaron y afianzaron a lo largo de décadas de neoliberalismo patito.
Lo primero es que nos volvimos importadores extremos. No solo de lo lujoso para el consumo de la minoría rica, sino incluso de lo básico para el consumo mayoritario y de los más pobres. Necesitamos muchos dólares para comprar, además de los iPhones, insumos industriales, gasolina, y también maíz, arroz, carnes, frutas.
La adicción a lo importado va de la mano de la dependencia a los dólares “fáciles”. No los que provienen de ser un país exitosamente exportador, que no lo somos. El déficit comercial es crónico. Solo las maquiladoras extranjeras, e incluyo a las empresas automotrices, nos permiten tener un superávit con los Estados Unidos que cubre a medias nuestros grandes déficits con China y el resto del mundo.
Los dólares fáciles provenían de la venta de petróleo que cuando era caro, era nuestro y teníamos mucho, también llegaron miles de millones de dólares de la venta – país (siderurgia, cerveceras, minería, manufacturas, banca y otras), además del endeudamiento externo. Todos estos ingresos permitieron mantener por décadas un dólar barato (es decir, un peso caro) con una grave consecuencia; el desmantelamiento de la producción interna y mayor adicción a las importaciones.
Pero todo ha cambiado. La venta – país se ha agotado; en sus estertores llevó al remate del subsuelo (petróleo y minería) pero ni así dio mucho.
Del exterior el Fondo Monetario nos advirtió contra la excesiva entrada de capitales volátiles, que terminarían saliendo. Incluso podría, dijeron, hacerse uso de controles al capital. Pero decidimos que lo mejor era atraer capitales especulativos cuya entrada permitió que por una temporada la bolsa de valores de México fuera la de mejor rendimiento del mundo. Y el dólar siguiera barato y las importaciones nos dieran un maquillaje de país moderno y exitoso.
Ahora estamos en los límites de la capacidad de endeudamiento al mismo tiempo que Trump les ofrece a estos capitales una mejor oferta de rentabilidad, que no podemos ni debemos igualar.
El precario equilibrio en que se encuentra el país hace que unos cuantos grandes empresarios puedan jugar a la confianza o desconfianza y con sus movimientos de capital incidir en la paridad cambiaria.
Ante esta situación la disyuntiva es dramática. O se sigue haciendo todo lo posible por ganarse todos los días la confianza de los capitales, apuntalando los negocios y ganancias de pocos. En donde atraer y mantener la rentabilidad de esos capitales ha sido la manera de prevenir la inestabilidad en las últimas décadas. Pero el costo para la sociedad en términos de producción y empleo ha sido demasiado fuerte. Contra eso es que votó la mayoría en julio pasado.
La otra posibilidad es iniciar una desintoxicación llena de nauseas, sudores y escalofríos. Recuperar gradualmente la capacidad de producir internamente el grueso del consumo y ya no promover la atracción de dólares fáciles. En pocas palabras es aceptar, aunque suene paradójico, una inestabilidad controlada; mantenida dentro de ciertos límites.
La prevención de la inestabilidad debe ser una negociación que nos conduzca a otra estrategia económica. En la que puedan crecer a un mayor ritmo la producción, el empleo y el mercado interno. Solo es posible si en lugar de vender al país tratamos de exportar y de substituir importaciones. Esto último es la clave y requiere contar con una paridad competitiva.
La devaluación nos daña en lo inmediato, como daña al adicto dejar la droga. Pero solo hay dos maneras de competir globalmente. Con moneda barata o con salarios miserables. Elegimos el mal camino, el de salarios miserables. China es exitosa porque desde hace décadas eligió mantener a su moneda barata.
Si cambiamos de carril la posibilidad inmediata es reactivar, con políticas adecuadas, muchas de las enormes capacidades que se han visto parcialmente inutilizadas en las últimas décadas, en el campo y la ciudad.
Creo que más que temer a la inevitable inestabilidad lo que nos debe preocupar es como resolverla a fondo, sin aspavientos pero con una dirección clara. Lo preocupante es no saber actuar.
Recuerdo una amiga psicoterapeuta a la que invitaron a dar una plática sobre “cómo evitar los conflictos de pareja.” Lo primero que dijo es que estos eran de algún modo naturales en toda relación. Después dio una estupenda charla sobre qué hacer para, sin evitarlos, resolver los problemas de fondo de la mejor manera posible y así superarlos.
Me acordé porque a unos amigos les preocupa la inestabilidad cambiaria y su visión se alinea con la idea de que como es mala hay que evitarla. Estoy convencido de que eso no es posible; lo que hay que hacer es manejar los altibajos del dólar lo mejor posible. Aunque esta es una expresión incorrecta.
Todos los días cambia el valor del peso respecto al dólar, aunque la apariencia es la contraria, cómo que es el dólar el que modifica su precio. Es como la percepción de que el sol sale por la mañana y se oculta por la noche; aunque aprendimos en primaria que en realidad es la tierra la que se mueve.
El caso es que es inevitable que la inestabilidad empeore en los próximos meses. Aparte de lo meramente coyuntural hay dos problemas de fondo que se generaron y afianzaron a lo largo de décadas de neoliberalismo patito.
Lo primero es que nos volvimos importadores extremos. No solo de lo lujoso para el consumo de la minoría rica, sino incluso de lo básico para el consumo mayoritario y de los más pobres. Necesitamos muchos dólares para comprar, además de los iPhones, insumos industriales, gasolina, y también maíz, arroz, carnes, frutas.
La adicción a lo importado va de la mano de la dependencia a los dólares “fáciles”. No los que provienen de ser un país exitosamente exportador, que no lo somos. El déficit comercial es crónico. Solo las maquiladoras extranjeras, e incluyo a las empresas automotrices, nos permiten tener un superávit con los Estados Unidos que cubre a medias nuestros grandes déficits con China y el resto del mundo.
Los dólares fáciles provenían de la venta de petróleo que cuando era caro, era nuestro y teníamos mucho, también llegaron miles de millones de dólares de la venta – país (siderurgia, cerveceras, minería, manufacturas, banca y otras), además del endeudamiento externo. Todos estos ingresos permitieron mantener por décadas un dólar barato (es decir, un peso caro) con una grave consecuencia; el desmantelamiento de la producción interna y mayor adicción a las importaciones.
Pero todo ha cambiado. La venta – país se ha agotado; en sus estertores llevó al remate del subsuelo (petróleo y minería) pero ni así dio mucho.
Del exterior el Fondo Monetario nos advirtió contra la excesiva entrada de capitales volátiles, que terminarían saliendo. Incluso podría, dijeron, hacerse uso de controles al capital. Pero decidimos que lo mejor era atraer capitales especulativos cuya entrada permitió que por una temporada la bolsa de valores de México fuera la de mejor rendimiento del mundo. Y el dólar siguiera barato y las importaciones nos dieran un maquillaje de país moderno y exitoso.
Ahora estamos en los límites de la capacidad de endeudamiento al mismo tiempo que Trump les ofrece a estos capitales una mejor oferta de rentabilidad, que no podemos ni debemos igualar.
El precario equilibrio en que se encuentra el país hace que unos cuantos grandes empresarios puedan jugar a la confianza o desconfianza y con sus movimientos de capital incidir en la paridad cambiaria.
Ante esta situación la disyuntiva es dramática. O se sigue haciendo todo lo posible por ganarse todos los días la confianza de los capitales, apuntalando los negocios y ganancias de pocos. En donde atraer y mantener la rentabilidad de esos capitales ha sido la manera de prevenir la inestabilidad en las últimas décadas. Pero el costo para la sociedad en términos de producción y empleo ha sido demasiado fuerte. Contra eso es que votó la mayoría en julio pasado.
La otra posibilidad es iniciar una desintoxicación llena de nauseas, sudores y escalofríos. Recuperar gradualmente la capacidad de producir internamente el grueso del consumo y ya no promover la atracción de dólares fáciles. En pocas palabras es aceptar, aunque suene paradójico, una inestabilidad controlada; mantenida dentro de ciertos límites.
La prevención de la inestabilidad debe ser una negociación que nos conduzca a otra estrategia económica. En la que puedan crecer a un mayor ritmo la producción, el empleo y el mercado interno. Solo es posible si en lugar de vender al país tratamos de exportar y de substituir importaciones. Esto último es la clave y requiere contar con una paridad competitiva.
La devaluación nos daña en lo inmediato, como daña al adicto dejar la droga. Pero solo hay dos maneras de competir globalmente. Con moneda barata o con salarios miserables. Elegimos el mal camino, el de salarios miserables. China es exitosa porque desde hace décadas eligió mantener a su moneda barata.
Si cambiamos de carril la posibilidad inmediata es reactivar, con políticas adecuadas, muchas de las enormes capacidades que se han visto parcialmente inutilizadas en las últimas décadas, en el campo y la ciudad.
Creo que más que temer a la inevitable inestabilidad lo que nos debe preocupar es como resolverla a fondo, sin aspavientos pero con una dirección clara. Lo preocupante es no saber actuar.
sábado, 3 de noviembre de 2018
Definir lo importante
Jorge Faljo
Cada quien define lo que es importante desde su propia perspectiva, sus intereses personales o los del grupo con el que se identifica. En estos días el país vive una lucha por definir lo importante; y habrá de durar bastante.
Me lanzo a proponer como algo importante a la Cruzada Nacional contra el Hambre que, supuestamente, instrumentó la administración saliente.
Fue parte de los compromisos establecidos en el Pacto por México con el que el gobierno de Peña Nieto consiguió el aval de todos los partidos para empezar bajo la ficción de un amplio consenso social. Todos de acuerdo en lo importante, incluyendo algunas demandas progresistas a cambio de lo que más tarde se revelaría como aval a las transformaciones estructurales. Las que realmente interesaban al nuevo régimen.
La principal oferta a la izquierda partidaria fue el compromiso de combatir la pobreza, evitando el asistencialismo y garantizando en primer lugar el derecho a la alimentación. Un año antes se había incluido en la Constitución que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; “el Estado lo garantizará”.
El Pacto estableció el compromiso de aterrizar el mandato constitucional en forma de programas específicos. Que los programas no fueran asistenciales era una definición substancial. No se trataría de un mero reparto de alimentos para una población pasiva; sino de construir capacidades permanentes.
Por eso los objetivos de la Cruzada incluían aumentar la producción de alimentos y los ingresos de los campesinos y pequeños productores; minimizar pérdidas pos-cosecha en el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; promover el empleo y el desarrollo económico en las zonas de mayor carencia alimentaria. y el empleo de las zonas de mayor concentración de carencias alimentarias. Y algo esencial, la participación comunitaria.
Ese compromiso, un México sin hambre, se reafirmó en el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña. Con sentidas palabras se describió la mala situación existente. Además prometió que al final de su administración el país tendría seguridad alimentaria definida como la producción interna de al menos el 75 por ciento de los seis principales granos básicos.
Se sabía que cumplir requeriría una nueva estrategia de desarrollo agropecuario que incluyera desde estructuras de acopio y almacenamiento, apoyos a la adquisición de insumos, garantizar la rentabilidad de la producción, todo con una estrategia que si fuera adecuada para los campesinos, indígenas y pequeños propietarios en general.
Ya el lector imagina lo ocurrido, un fracaso total. No el derivado de un verdadero esfuerzo fallido; sino el del cinismo y la ineptitud.
Elementos esenciales como la participación comunitaria y la consulta a expertos nunca se instrumentaron. Según el reporte que sobre la Cruzada contra el Hambre acaba de publicar la Auditoría Superior de la Federación el Consejo de Expertos sesionó tres veces en 2014, y nada más. Entre 2013 y 2015 se declararon instalados comités comunitarios en 1,012 municipios. Una mera formalidad porque nunca se concertó con ellos la identificación de necesidades y el diseño de estrategias locales. Para 2016 ya no estaban en operación.
Si algo marcó a este gobierno fue el abandono generalizado de toda forma de participación social efectiva; aunque la farsa se llevó hasta el registro meramente formal de cientos de miles de comités de contraloría social.
En cambio doña Rosario Robles integró a la cruzada a los grandes monopolios de la alimentación como Pepsico, Nestle, Waltmart, Maseca, Bachoco, Tyson, Alpura y similares. Tal vez a Peña no le dio tiempo de explicarle bien de que se trataba.
La Auditoría Superior tiende a distinguir dos tipos de problema, sin negar que la mayoría de las veces van pegados. Uno es la franca corrupción y otro la ineficacia. Sabemos por auditorías anteriores que los programas de SEDESOL y SEDATU son los más manchados por la llamada estafa maestra. Pero hagamos eso a un lado de momento.
¿Cuáles fueron las características administrativas de la Cruzada?
Se planteó como un mero esquema de coordinación de programas ya existentes que en la práctica siguieron en su funcionamiento de costumbre, sin destinar presupuestos y estrategias específicas al objetivo de erradicar el hambre. La cruzada fue como adornar con un moñito de color a lo que ya existía. Hubo algo de presupuesto añadido que se fue básicamente a pagar propaganda.
La Auditoría Superior señala la ausencia de coordinación entre programas y entidades participantes. Esto ha sido típico del sector público mexicano. Cada alto funcionario es virrey de su propio espacio y no acceden a coordinarse con los demás excepto para pintar su raya: tú no te metas en mi espacio y yo no me meto en el tuyo. Esa es la clave de la coordinación institucional.
La Auditoría Superior es contundente y propone que la Cruzada se corrija, modifique o suspenda. No solo fue un fracaso, fue una vacilada.
Combatir el hambre es importante; también la salud, la seguridad, la educación, la cohesión interna frente a los riesgos del exterior. Las pasadas elecciones señalaron la voluntad mayoritaria de repensar al país y sus prioridades.
Frente a eso surgen las voces que sostienen que lo importante es un aeropuerto. Que eso es lo que define el tipo de país que queremos ser; que construirlo aquí, o allá, o no construirlo, como ocurrió después de la consulta a toletazos y violaciones del 2002, es lo más importante del momento. Ridículo.
El aeropuerto es un escalón de abajo en la escala de lo importante.
Cada quien define lo que es importante desde su propia perspectiva, sus intereses personales o los del grupo con el que se identifica. En estos días el país vive una lucha por definir lo importante; y habrá de durar bastante.
Me lanzo a proponer como algo importante a la Cruzada Nacional contra el Hambre que, supuestamente, instrumentó la administración saliente.
Fue parte de los compromisos establecidos en el Pacto por México con el que el gobierno de Peña Nieto consiguió el aval de todos los partidos para empezar bajo la ficción de un amplio consenso social. Todos de acuerdo en lo importante, incluyendo algunas demandas progresistas a cambio de lo que más tarde se revelaría como aval a las transformaciones estructurales. Las que realmente interesaban al nuevo régimen.
La principal oferta a la izquierda partidaria fue el compromiso de combatir la pobreza, evitando el asistencialismo y garantizando en primer lugar el derecho a la alimentación. Un año antes se había incluido en la Constitución que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; “el Estado lo garantizará”.
El Pacto estableció el compromiso de aterrizar el mandato constitucional en forma de programas específicos. Que los programas no fueran asistenciales era una definición substancial. No se trataría de un mero reparto de alimentos para una población pasiva; sino de construir capacidades permanentes.
Por eso los objetivos de la Cruzada incluían aumentar la producción de alimentos y los ingresos de los campesinos y pequeños productores; minimizar pérdidas pos-cosecha en el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; promover el empleo y el desarrollo económico en las zonas de mayor carencia alimentaria. y el empleo de las zonas de mayor concentración de carencias alimentarias. Y algo esencial, la participación comunitaria.
Ese compromiso, un México sin hambre, se reafirmó en el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña. Con sentidas palabras se describió la mala situación existente. Además prometió que al final de su administración el país tendría seguridad alimentaria definida como la producción interna de al menos el 75 por ciento de los seis principales granos básicos.
Se sabía que cumplir requeriría una nueva estrategia de desarrollo agropecuario que incluyera desde estructuras de acopio y almacenamiento, apoyos a la adquisición de insumos, garantizar la rentabilidad de la producción, todo con una estrategia que si fuera adecuada para los campesinos, indígenas y pequeños propietarios en general.
Ya el lector imagina lo ocurrido, un fracaso total. No el derivado de un verdadero esfuerzo fallido; sino el del cinismo y la ineptitud.
Elementos esenciales como la participación comunitaria y la consulta a expertos nunca se instrumentaron. Según el reporte que sobre la Cruzada contra el Hambre acaba de publicar la Auditoría Superior de la Federación el Consejo de Expertos sesionó tres veces en 2014, y nada más. Entre 2013 y 2015 se declararon instalados comités comunitarios en 1,012 municipios. Una mera formalidad porque nunca se concertó con ellos la identificación de necesidades y el diseño de estrategias locales. Para 2016 ya no estaban en operación.
Si algo marcó a este gobierno fue el abandono generalizado de toda forma de participación social efectiva; aunque la farsa se llevó hasta el registro meramente formal de cientos de miles de comités de contraloría social.
En cambio doña Rosario Robles integró a la cruzada a los grandes monopolios de la alimentación como Pepsico, Nestle, Waltmart, Maseca, Bachoco, Tyson, Alpura y similares. Tal vez a Peña no le dio tiempo de explicarle bien de que se trataba.
La Auditoría Superior tiende a distinguir dos tipos de problema, sin negar que la mayoría de las veces van pegados. Uno es la franca corrupción y otro la ineficacia. Sabemos por auditorías anteriores que los programas de SEDESOL y SEDATU son los más manchados por la llamada estafa maestra. Pero hagamos eso a un lado de momento.
¿Cuáles fueron las características administrativas de la Cruzada?
Se planteó como un mero esquema de coordinación de programas ya existentes que en la práctica siguieron en su funcionamiento de costumbre, sin destinar presupuestos y estrategias específicas al objetivo de erradicar el hambre. La cruzada fue como adornar con un moñito de color a lo que ya existía. Hubo algo de presupuesto añadido que se fue básicamente a pagar propaganda.
La Auditoría Superior señala la ausencia de coordinación entre programas y entidades participantes. Esto ha sido típico del sector público mexicano. Cada alto funcionario es virrey de su propio espacio y no acceden a coordinarse con los demás excepto para pintar su raya: tú no te metas en mi espacio y yo no me meto en el tuyo. Esa es la clave de la coordinación institucional.
La Auditoría Superior es contundente y propone que la Cruzada se corrija, modifique o suspenda. No solo fue un fracaso, fue una vacilada.
Combatir el hambre es importante; también la salud, la seguridad, la educación, la cohesión interna frente a los riesgos del exterior. Las pasadas elecciones señalaron la voluntad mayoritaria de repensar al país y sus prioridades.
Frente a eso surgen las voces que sostienen que lo importante es un aeropuerto. Que eso es lo que define el tipo de país que queremos ser; que construirlo aquí, o allá, o no construirlo, como ocurrió después de la consulta a toletazos y violaciones del 2002, es lo más importante del momento. Ridículo.
El aeropuerto es un escalón de abajo en la escala de lo importante.
domingo, 28 de octubre de 2018
Caravanas
Jorge Faljo
Más de nueve mil mujeres, hombres y, entre ellos unos 2,300 niños, caminan bajo un sol abrasador, con los pies llagados, sedientos, hambrientos y dependientes de la ayuda que de buena voluntad les presta la población y las organizaciones sociales.
Hay dos versiones. La de Trump que afirma, más bien supone sin pruebas, que se trata de una horda peligrosa dentro de la que se ocultan terroristas del medio oriente y todo tipo de malandrines. La otra es la que surge del trabajo periodístico en contacto directo con este grupo y que refleja la desesperación con la que huyen de la violencia, la extorsión de grupos criminales, la imposibilidad de trabajar y sobrevivir en sus países de origen. Sobre todo, Honduras, en este caso.
Lo novedoso, lo impactante, es que lo que antes era goteo continuo de pequeños grupos que se ocultaban y buscaban no hacer ruido se ha convertido en estruendoso relámpago. Tal vez no lo saben, pero ya han obtenido una importante victoria. Se han hecho visibles.
Hasta ahora podíamos, más o menos, ignorarlos y dejarlos a su suerte. A la buena suerte de que a lo largo de su marcha se les arrojaran botellas de agua y tortas al pasar trepados sobre trenes, o de encontrar algún refugio temporal a lo largo del camino y de recibir algunas monedas a su paso por nuestras ciudades. O a la mala suerte de ser secuestrados por pandillas criminales, en ocasiones coludidas con autoridades, para extorsionar a sus familiares, para esclavizarlos, prostituirlos, terminar asesinados o a no sobrevivir el paso por el desierto.
Ya no se les puede ignorar. Hemos entrado a otra fase del problema; ahora son visibles y habrá que decidir, México, Estados Unidos y el mundo que hacer al respecto.
No me refiero a los miles que integran esta caravana, y las que seguirán, porque no son en realidad una gran carga. Son muy pocos, sobre todo comparados con los muchos millones de mexicanos que también se han visto obligados a desarraigarse para sobrevivir. También comparados con los miles que ya recorrieron el mismo camino a escondidas y apoyados por la población mexicana. Ahora que son foco de atención cabe esperar que se encuentre una manera más institucional, con ayuda internacional, para atenderlos.
Encontrar soluciones de fondo será más difícil. Se requiere un nuevo diagnóstico del origen del problema; tomar la caravana como la señal de un modelo económico, político y militar fracasado.
Las raíces de esta caravana se remontan al 2009. En ese año el presidente de Honduras, Manuel Zelaya sufrió un golpe de estado y fue expulsado del país por las fuerzas militares que obedecieron una orden de la Corte Suprema controlada por la oligarquía local. La condena internacional fue unánime y la Organización de Estados Americanos –OEA-, exigió su regreso. Hillary Clinton, entonces secretaría de Estado norteamericana se negó a apoyar esa declaración. El líder del golpe fue un general graduado de los programas de formación militar norteamericanos.
Zelaya llegó a la presidencia en 2006 y lo primero que hizo fue aprobar una ley de participación ciudadana que permitía realizar consultas populares sobre asuntos nacionales. Incrementó de manera notable el salario mínimo de su país, 11 por ciento en 2007 y al final de 2008 en otro 40 por ciento. La mejoría para la población fue notoria debido a nuevos programas sociales e inversiones en salud y educación. Con Zelaya hubo programas de desayunos escolares gratuitos, leche para niños pequeños, pensiones para adultos mayores, becas escolares, nuevas escuelas, subsidios al transporte y así por el estilo.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina en esos años Honduras fue la nación de mayor crecimiento económico en la región. Entre 2006 y 2008 el PIB de Honduras creció al 5.7 por ciento anual; después del golpe de estado el ritmo se redujo notablemente.
Pero las cifras no reflejan la magnitud del desastre. Miles de dirigentes indígenas, campesinos, sindicales, ambientalistas, jueces, políticos de oposición, activistas en derechos humanos fueron asesinados tras el golpe de estado.
La destrucción de las organizaciones de base se asoció a la retracción del estado y eso dejó el campo libre a las organizaciones criminales. Estas últimas se nutren de la deportación de pandilleros repatriados tras cumplir sus sentencias en los Estados Unidos. Regresan a su país entrenados en las luchas callejeras de ciudades como Los Ángeles y Chicago y organizados en sus cárceles.
Trump amenaza con suspender lo que llama generosa ayuda a los países centroamericanos si no logran detener la emigración. En 2017 la ayuda a Honduras fue de 149.5 millones de dólares, en buena medida militar y para el funcionamiento del gobierno. Recordemos que Estados Unidos había apoyado con más de 7 mil millones de dólares la guerra contra la guerrilla salvadoreña a lo largo de diez años.
Honduras tiene ahora un presidente, graduado del liceo militar como subteniente de infantería, abogado y empresario. Se reeligió en un proceso en que supuestamente ganó por 50 mil votos y que la OEA calificó como plagado de irregularidades y errores por lo que recomendó hacer nuevas elecciones. Las evidencias de fraude generaron fuertes protestas duramente reprimidas con muertes que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos definió como ejecuciones extrajudiciales.
Hay que voltear la mirada al problema de fondo en Honduras: la ausencia de democracia, la represión de las organizaciones de base, el control oligárquico de la riqueza. Sin resolver esto no cabe esperar sino un éxodo continuo de aquellos que prefieren afrontar un terrible camino, muchas veces mortal, y un destino incierto.
Más de nueve mil mujeres, hombres y, entre ellos unos 2,300 niños, caminan bajo un sol abrasador, con los pies llagados, sedientos, hambrientos y dependientes de la ayuda que de buena voluntad les presta la población y las organizaciones sociales.
Hay dos versiones. La de Trump que afirma, más bien supone sin pruebas, que se trata de una horda peligrosa dentro de la que se ocultan terroristas del medio oriente y todo tipo de malandrines. La otra es la que surge del trabajo periodístico en contacto directo con este grupo y que refleja la desesperación con la que huyen de la violencia, la extorsión de grupos criminales, la imposibilidad de trabajar y sobrevivir en sus países de origen. Sobre todo, Honduras, en este caso.
Lo novedoso, lo impactante, es que lo que antes era goteo continuo de pequeños grupos que se ocultaban y buscaban no hacer ruido se ha convertido en estruendoso relámpago. Tal vez no lo saben, pero ya han obtenido una importante victoria. Se han hecho visibles.
Hasta ahora podíamos, más o menos, ignorarlos y dejarlos a su suerte. A la buena suerte de que a lo largo de su marcha se les arrojaran botellas de agua y tortas al pasar trepados sobre trenes, o de encontrar algún refugio temporal a lo largo del camino y de recibir algunas monedas a su paso por nuestras ciudades. O a la mala suerte de ser secuestrados por pandillas criminales, en ocasiones coludidas con autoridades, para extorsionar a sus familiares, para esclavizarlos, prostituirlos, terminar asesinados o a no sobrevivir el paso por el desierto.
Ya no se les puede ignorar. Hemos entrado a otra fase del problema; ahora son visibles y habrá que decidir, México, Estados Unidos y el mundo que hacer al respecto.
No me refiero a los miles que integran esta caravana, y las que seguirán, porque no son en realidad una gran carga. Son muy pocos, sobre todo comparados con los muchos millones de mexicanos que también se han visto obligados a desarraigarse para sobrevivir. También comparados con los miles que ya recorrieron el mismo camino a escondidas y apoyados por la población mexicana. Ahora que son foco de atención cabe esperar que se encuentre una manera más institucional, con ayuda internacional, para atenderlos.
Encontrar soluciones de fondo será más difícil. Se requiere un nuevo diagnóstico del origen del problema; tomar la caravana como la señal de un modelo económico, político y militar fracasado.
Las raíces de esta caravana se remontan al 2009. En ese año el presidente de Honduras, Manuel Zelaya sufrió un golpe de estado y fue expulsado del país por las fuerzas militares que obedecieron una orden de la Corte Suprema controlada por la oligarquía local. La condena internacional fue unánime y la Organización de Estados Americanos –OEA-, exigió su regreso. Hillary Clinton, entonces secretaría de Estado norteamericana se negó a apoyar esa declaración. El líder del golpe fue un general graduado de los programas de formación militar norteamericanos.
Zelaya llegó a la presidencia en 2006 y lo primero que hizo fue aprobar una ley de participación ciudadana que permitía realizar consultas populares sobre asuntos nacionales. Incrementó de manera notable el salario mínimo de su país, 11 por ciento en 2007 y al final de 2008 en otro 40 por ciento. La mejoría para la población fue notoria debido a nuevos programas sociales e inversiones en salud y educación. Con Zelaya hubo programas de desayunos escolares gratuitos, leche para niños pequeños, pensiones para adultos mayores, becas escolares, nuevas escuelas, subsidios al transporte y así por el estilo.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina en esos años Honduras fue la nación de mayor crecimiento económico en la región. Entre 2006 y 2008 el PIB de Honduras creció al 5.7 por ciento anual; después del golpe de estado el ritmo se redujo notablemente.
Pero las cifras no reflejan la magnitud del desastre. Miles de dirigentes indígenas, campesinos, sindicales, ambientalistas, jueces, políticos de oposición, activistas en derechos humanos fueron asesinados tras el golpe de estado.
La destrucción de las organizaciones de base se asoció a la retracción del estado y eso dejó el campo libre a las organizaciones criminales. Estas últimas se nutren de la deportación de pandilleros repatriados tras cumplir sus sentencias en los Estados Unidos. Regresan a su país entrenados en las luchas callejeras de ciudades como Los Ángeles y Chicago y organizados en sus cárceles.
Trump amenaza con suspender lo que llama generosa ayuda a los países centroamericanos si no logran detener la emigración. En 2017 la ayuda a Honduras fue de 149.5 millones de dólares, en buena medida militar y para el funcionamiento del gobierno. Recordemos que Estados Unidos había apoyado con más de 7 mil millones de dólares la guerra contra la guerrilla salvadoreña a lo largo de diez años.
Honduras tiene ahora un presidente, graduado del liceo militar como subteniente de infantería, abogado y empresario. Se reeligió en un proceso en que supuestamente ganó por 50 mil votos y que la OEA calificó como plagado de irregularidades y errores por lo que recomendó hacer nuevas elecciones. Las evidencias de fraude generaron fuertes protestas duramente reprimidas con muertes que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos definió como ejecuciones extrajudiciales.
Hay que voltear la mirada al problema de fondo en Honduras: la ausencia de democracia, la represión de las organizaciones de base, el control oligárquico de la riqueza. Sin resolver esto no cabe esperar sino un éxodo continuo de aquellos que prefieren afrontar un terrible camino, muchas veces mortal, y un destino incierto.
miércoles, 24 de octubre de 2018
Tercera llamada
Jorge Faljo
AMLO y Morena triunfaron con un nivel de apoyo popular que no imaginaban ni sus más entusiastas seguidores. No se dudaba sobre su triunfo en las urnas, pero si sobre que su superioridad fuera suficiente para contrarrestar y superar la compra de votos, la contabilidad amañada y otra posible caída del sistema. Estaba viva la memoria de las contiendas de 1988, con Cárdenas y del 2006 con el mismo López.
La estrategia económica que ha enriquecido a pocos a extremos faraónicos, y que le ha arrebatado a la mayoría la posibilidad de un trabajo digno dentro del país, provocó esta insurgencia civilizada de la población. Ya se había probado suerte con los que predicaban la honestidad, y luego volvieron los que supuestamente si sabían gobernar y hacer crecer al país. Ambos, honestos y tecnócratas, fallaron en lo que se pregonaban como más conocedores, más capaces.
Pero el triunfo en las urnas ha dado paso a una transición complicada, llena de controversias por resolver. Nada de que Morena ganó y lo que sigue es un camino ya hecho.
Los que perdieron se aprestan a defender sus privilegios y el embate, sobre todo mediático, será fuerte. Siembran entre la población los criterios de evaluación de siempre: las buenas ganancias en la bolsa de valores, la fortaleza del peso, seguir con la construcción de un aeropuerto, respetar los negocios y privilegios adquiridos. Los compromisos y las trampas tendidas son fuertes y los tropiezos inevitables.
Desde las elites se impone en los medios que el asunto del aeropuerto internacional es el gran tema definitorio del futuro respeto a sus patrióticos negocios. Es inevitable que tanto si continúa su construcción como si se cambia el proyecto en marcha será un error de AMLO. Quedará mal con unos o con otros. Por eso su mejor salida es la consulta. No faltemos.
Entiendo que si el aeropuerto está saturado hay que hacer otro. Pero mi clínica del servicio médico al que pertenezco está saturada, y esto es la regla general en el país; los doctores están agobiados, falta de todo, la mitad de los baños no funcionan, las filas para hacer una cita o tramitar unos análisis duran horas. El sistema de atención a la salud falla parejito. Esa debiera ser la discusión en los medios; son los pacientes y el personal médico al que debieran entrevistar. Es lo que verdaderamente importa.
Hay trampas más grandes. El Fondo Monetario Internacional anuncia la perspectiva de que estos buenos tiempos (¿Cuáles preguntan mis cuates?) se acaben pronto. Los riesgos son altos y crecientes. Uno de los riesgos que menciona Lagarde, su directora ejecutiva, se origina en que hoy en día el nivel de deuda global es 40% más alto que en 2007, eso incluye a los gobiernos, las empresas y los consumidores.
Se ha regresado a la estrategia básica de la globalización en la que en lugar de pagar impuestos y salarios adecuados, estos se substituyen por préstamos. El esquema ha demostrado ser eficaz para elevar el consumo, durante un tiempo. Luego el endeudamiento deja de elevar el consumo y la austeridad se impone. Se entra en recesión.
Es posible que esto vuelva a ocurrir. Recesión con impacto devaluatorio y en la bolsa de valores. Y esto mostraría una vez más el fracaso del modelo neoliberal que de seguro será tergiversado para señalarlo como fracaso del proyecto de Morena. Nada peor para Morena que ser evaluado por procesos que otros controlan.
Son muchas las trampas sembradas. Ya ocurre el absurdo de que se le reclaman resultados a un gobierno que no ha empezado; después serán peores los reclamos. De un lado los impacientes por los resultados prometidos, del otro los resentidos por ver afectados sus intereses.
Además, al otro lado de la cerca se encuentra Trump el inestable. Faltan dos semanas para las elecciones intermedias en los Estados Unidos y sin duda ese señor empezará a atacar a México con cualquier pretexto. Digamos la caravana de migrantes. Lo hará porque es su manera de encender a sus partidarios y movilizarlos para votar.
Los partidarios de Morena son una coalición amplia que va de franciscanos a oportunistas. Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, señaló que se registró una afiliación masiva a su partido después de ganar la elección presidencial. AMLO sigue siendo la figura aglutinadora; pero si imagináramos su ausencia es evidente que la coalición se desintegraría.
El problema es que una cosa es que la mayoría este en contra de lo evidentemente nefasto. Otra es que se pongan de acuerdo en lo prioritario y como alcanzarlo. En democracia siempre habrá diferencia de opiniones. Pero es evidente que dentro de Morena habrá que construir una mayor cohesión ideológica.
Morena ha dicho que creará un instituto de formación política y dedicará la mitad de su financiamiento público a la formación de cuadros. Al parecer no solo ofrecerá cursos de capacitación para militantes, sino que aplicará exámenes y filtros a los que aspiren a un cargo político.
Aquí el riesgo es caer en un adoctrinamiento superficial que genere una frágil fachada de uniformidad. Hablar de formación política para sus cuadros puede ser muy limitado; en dos sentidos. Los cuadros de Morena tienen ahora la oportunidad de ocupar posiciones en las que requieren conocimientos administrativos y legales, entre otros más. Y esto no puede ser solo una responsabilidad partidaria. La nueva administración deberá formar sus cuadros, sean o no morenos e incluya o no aspectos políticos. Estas vertientes formativas son las que habrán de consolidar la posibilidad de resistir las embestidas mediáticas futuras.
De momento, como en el teatro, esperemos a ver el primer acto.
AMLO y Morena triunfaron con un nivel de apoyo popular que no imaginaban ni sus más entusiastas seguidores. No se dudaba sobre su triunfo en las urnas, pero si sobre que su superioridad fuera suficiente para contrarrestar y superar la compra de votos, la contabilidad amañada y otra posible caída del sistema. Estaba viva la memoria de las contiendas de 1988, con Cárdenas y del 2006 con el mismo López.
La estrategia económica que ha enriquecido a pocos a extremos faraónicos, y que le ha arrebatado a la mayoría la posibilidad de un trabajo digno dentro del país, provocó esta insurgencia civilizada de la población. Ya se había probado suerte con los que predicaban la honestidad, y luego volvieron los que supuestamente si sabían gobernar y hacer crecer al país. Ambos, honestos y tecnócratas, fallaron en lo que se pregonaban como más conocedores, más capaces.
Pero el triunfo en las urnas ha dado paso a una transición complicada, llena de controversias por resolver. Nada de que Morena ganó y lo que sigue es un camino ya hecho.
Los que perdieron se aprestan a defender sus privilegios y el embate, sobre todo mediático, será fuerte. Siembran entre la población los criterios de evaluación de siempre: las buenas ganancias en la bolsa de valores, la fortaleza del peso, seguir con la construcción de un aeropuerto, respetar los negocios y privilegios adquiridos. Los compromisos y las trampas tendidas son fuertes y los tropiezos inevitables.
Desde las elites se impone en los medios que el asunto del aeropuerto internacional es el gran tema definitorio del futuro respeto a sus patrióticos negocios. Es inevitable que tanto si continúa su construcción como si se cambia el proyecto en marcha será un error de AMLO. Quedará mal con unos o con otros. Por eso su mejor salida es la consulta. No faltemos.
Entiendo que si el aeropuerto está saturado hay que hacer otro. Pero mi clínica del servicio médico al que pertenezco está saturada, y esto es la regla general en el país; los doctores están agobiados, falta de todo, la mitad de los baños no funcionan, las filas para hacer una cita o tramitar unos análisis duran horas. El sistema de atención a la salud falla parejito. Esa debiera ser la discusión en los medios; son los pacientes y el personal médico al que debieran entrevistar. Es lo que verdaderamente importa.
Hay trampas más grandes. El Fondo Monetario Internacional anuncia la perspectiva de que estos buenos tiempos (¿Cuáles preguntan mis cuates?) se acaben pronto. Los riesgos son altos y crecientes. Uno de los riesgos que menciona Lagarde, su directora ejecutiva, se origina en que hoy en día el nivel de deuda global es 40% más alto que en 2007, eso incluye a los gobiernos, las empresas y los consumidores.
Se ha regresado a la estrategia básica de la globalización en la que en lugar de pagar impuestos y salarios adecuados, estos se substituyen por préstamos. El esquema ha demostrado ser eficaz para elevar el consumo, durante un tiempo. Luego el endeudamiento deja de elevar el consumo y la austeridad se impone. Se entra en recesión.
Es posible que esto vuelva a ocurrir. Recesión con impacto devaluatorio y en la bolsa de valores. Y esto mostraría una vez más el fracaso del modelo neoliberal que de seguro será tergiversado para señalarlo como fracaso del proyecto de Morena. Nada peor para Morena que ser evaluado por procesos que otros controlan.
Son muchas las trampas sembradas. Ya ocurre el absurdo de que se le reclaman resultados a un gobierno que no ha empezado; después serán peores los reclamos. De un lado los impacientes por los resultados prometidos, del otro los resentidos por ver afectados sus intereses.
Además, al otro lado de la cerca se encuentra Trump el inestable. Faltan dos semanas para las elecciones intermedias en los Estados Unidos y sin duda ese señor empezará a atacar a México con cualquier pretexto. Digamos la caravana de migrantes. Lo hará porque es su manera de encender a sus partidarios y movilizarlos para votar.
Los partidarios de Morena son una coalición amplia que va de franciscanos a oportunistas. Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, señaló que se registró una afiliación masiva a su partido después de ganar la elección presidencial. AMLO sigue siendo la figura aglutinadora; pero si imagináramos su ausencia es evidente que la coalición se desintegraría.
El problema es que una cosa es que la mayoría este en contra de lo evidentemente nefasto. Otra es que se pongan de acuerdo en lo prioritario y como alcanzarlo. En democracia siempre habrá diferencia de opiniones. Pero es evidente que dentro de Morena habrá que construir una mayor cohesión ideológica.
Morena ha dicho que creará un instituto de formación política y dedicará la mitad de su financiamiento público a la formación de cuadros. Al parecer no solo ofrecerá cursos de capacitación para militantes, sino que aplicará exámenes y filtros a los que aspiren a un cargo político.
Aquí el riesgo es caer en un adoctrinamiento superficial que genere una frágil fachada de uniformidad. Hablar de formación política para sus cuadros puede ser muy limitado; en dos sentidos. Los cuadros de Morena tienen ahora la oportunidad de ocupar posiciones en las que requieren conocimientos administrativos y legales, entre otros más. Y esto no puede ser solo una responsabilidad partidaria. La nueva administración deberá formar sus cuadros, sean o no morenos e incluya o no aspectos políticos. Estas vertientes formativas son las que habrán de consolidar la posibilidad de resistir las embestidas mediáticas futuras.
De momento, como en el teatro, esperemos a ver el primer acto.
sábado, 13 de octubre de 2018
La economía mundial; fiesta que va a terminar.
Jorge Faljo
En estos días se lleva a cabo el encuentro anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la isla de Bali, Indonesia. Es un encuentro internacional que incluye a los ministros de finanzas y desarrollo de muchos países, altos dirigentes de empresas privadas y organizaciones sociales. Ahí se discuten los grandes asuntos globales, que van de la perspectiva económica, la estabilidad financiera y, desde hace relativamente poco, lo que antes no les preocupaba mucho y ahora les prendió focos de alerta: pobreza, empleos y equidad.
Me cae bien la Sra. Lagarde, la directora ejecutiva del Fondo Monetario. Tuvo, como otras veces una manera diplomática, sencilla y graciosa de describir cómo observa la situación económica mundial. Y hay que decir que su palabra cuenta mucho. Lo hizo contestando varias preguntas de una manera dual.
Dijo ¿Esta fuerte la economía mundial? Sí, de momento se encuentra fuerte. Pero la verdadera pregunta es, ¿está lo suficientemente fuerte? Pues entonces la respuesta es que no.
Siguió en ese estilo al afirmar que la economía mundial es hoy en día más segura que hace diez años, cuando ocurrió la Gran Recesión. Pero ¿es suficientemente segura? Pues tampoco. Dijo que estamos ante el más grande endeudamiento histórico y cualquier pequeña brisa podría provocar movimientos especulativos del capital financiero y desestabilizar a los mercados.
Recordemos que como respuesta a la crisis de 2008 – 2010 Estados Unidos, Japón y Europa crearon grandes cantidades de dinero y bajaron las tasas de interés cercanas a cero, o incluso tasas negativas. Ello facilitó y abarato los préstamos, entre otros a los países periféricos. En aquel entonces el FMI recomendó a los países de América Latina evitar esas entradas de capital incluso imponiendo controles de capital.
La elite gobernante de México decidió hacer justo lo contrario, endeudar al país alegremente y con esas entradas provocar grandes ganancias en la bolsa de valores y volver a crear la ilusión de que todo marchaba bien.
Pero volvamos a Lagarde. Lo tercero que dijo es que los beneficios del crecimiento no son compartidos de manera suficiente para que la economía crezca de manera sostenible. Compartir esos beneficios significa incrementar los salarios reales, los ingresos de los agricultores y los de toda la población en la medida en que crece la producción. Eso no ocurre; los súper ricos se quedan con la parte del león, y la leona, elevando a niveles estratosféricos su riqueza financiera. El problema es que los más ricos no consumen lo suficiente. Podrán, como Bailleres, el empresario mexicano, tener yates de 10 o más millones de dólares, pero en general su consumo no impulsa la producción.
Elevar la productividad a ritmos record históricos, como ocurre desde hace veinte años debido a la digitalización de la información y la robotización de la producción, sin elevar salarios, ha generado un fuerte desbalance entre sobreoferta y subdemanda. Esto, remarca Lagarde no permite un crecimiento sustentable.
Sin embargo, estamos en el momento de más alto crecimiento después de la Gran Recesión (2008 – 2010). Eso se origina sobre todo en el cambio de la política fiscal norteamericana. Bajaron los impuestos a las empresas y por un par de años toda la inversión puede descontarse como gasto corriente.
De ese modo se ha generado un crecimiento importante y Estados Unidos se encuentra en lo que Lagarde llamó desempleo “extremadamente bajo”. Es decir peligroso. Porque cuando el desempleo es muy bajo los salarios tienden a aumentar y eso no les gusta, lo llaman inflacionario. Lo que lleva a que los bancos centrales suban sus tasas de interés para “enfriar” la inversión y el consumo. Eso es lo que sigue haciendo el banco central norteamericano.
El caso es que se prevé que este momento de relativo buen crecimiento se acabe dentro de un año, dos a lo mucho. O a lo mejor ya está terminando y eso provocó la caída fuerte en las bolsas de valores del mundo en esta semana pasada.
Pero si no se genera suficiente demanda sólida mediante mejores salarios e ingresos de la población, entonces, ¿Por qué crece la demanda?
La Sra. Lagarde nos da la respuesta. Tras una década de crédito fácil y barato la deuda pública y privada del mundo ha alcanzado el nivel record histórico de 164 billones (“trillions” en inglés) de dólares. Eso es, nos dice, un 40 por ciento más alta que la existía en 2007, cuando inicia la Gran Recesión. Su disparador fue que millones de endeudados en los Estados Unidos no pudieron seguir pagando las hipotecas de sus casas, y la perdieron.
Ha sido típico de la estrategia de globalización reducir los salarios reales y los ingresos de las clases medias. Pero lo substituyó con otro mecanismo de generación de demanda: los préstamos a los gobiernos, los consumidores y los países periféricos. Así logró durante largo tiempo crear demanda amarrada a la producción global al tiempo que lograba destruir a las empresas y talleres tecnológicamente rezagados.
México se endeudó y encaminó la demanda pública y de sus consumidores a la gran empresa y la producción global. Un ejemplito son las transferencias para adultos mayores diseñadas para comprar en Waltmart pero no en el mercado del barrio. Eso es lo que pasa en la economía global, mandan al rincón a los no poderosos.
El gobierno norteamericano y sus ciudadanos, estudiantes, consumidores y demás se encuentran en niveles record de endeudamiento. Como el gobierno de México. Se ha generado demanda endeudando, pero no pagando lo justo.
Y el Fondo Monetario advierte que esa fiesta, ni siquiera muy alegre, se va a terminar en cualquier momento.
lunes, 8 de octubre de 2018
Ineficaz, ¿de caro a barato?
Jorge Faljo
Los mexicanos votaron entusiasmados por la esperanza de una transformación a fondo. Un mensaje que de manera persistente sembró y pasó a representar AMLO y que se nutrió del profundo descontento del pueblo mexicano con la conducción del país de las últimas décadas.
El problema de fondo aflora de múltiples maneras: corrupción, inequidad, inseguridad, contubernio de la clase política con la criminalidad y un profundo desprecio de las elites hacia el pueblo. También se ha expresado como una profunda torpeza de nuestros gobernantes disimulada con un discurso mentiroso.
Ineficacia no parece un calificativo suficientemente radical para expresar lo que ha pasado; pero sostengo que esta perspectiva es de la mayor importancia. Veamos.
Durante la vigencia del TLCAN, que recién cambio de nombre para que Trump pudiera adjudicarse un gran mérito, México ocupó el lugar 15, entre 20 países en cuanto al crecimiento del Producto per cápita. El promedio de crecimiento de este indicador fue de 1 por ciento, mientras que en el resto de América Latina creció al 1.4 por ciento.
La tasa de pobreza de México es hoy en día mayor que la que existía cuando se firmó el tratado. Los millones de mexicanos que se vieron obligados a emigrar a los Estados Unidos para sobrevivir ellos y la familia que dejaron atrás, marcan un hecho inaudito en nuestra historia y en la de Latinoamérica.
Son señales de la ineficacia más general. Las hay también mucho más precisas.
El régimen que fenece prometió que para este año produciríamos por lo menos el 75 por ciento de los seis principales granos básicos que consumimos los mexicanos. No cumplió.
El combate a la pobreza y la indigencia en México ha sido notorio fracaso, sobre todo en comparación con lo logrado en Argentina (con Cristina Fernández), en Brasil (con Lula y Dilma) y en Bolivia. Esta ha sido una de nuestras más torpes estrategias. También han fracasado la reforestación y la protección ambiental. Retrocesos que se asocian al ataque a las organizaciones, las representaciones populares y toda forma de gobernanza rural cercana a la población.
Estoy convencido de que la eficacia debe, pronto, pasar a ser un eje central de las propuestas de cambio de Morena y su gobierno. Para ello es urgente deslindar conceptos.
Cierto que hay que acabar con la corrupción, pero no basta. Conseguiríamos una especie de neoliberalismo honesto, donde las grandes decisiones las sigue tomando “el mercado” y continuaría el problema de fondo.
Tampoco basta acabar con el dispendio. Correríamos el riesgo de transitar de un gobierno ineficaz y caro a otro ineficaz y barato. Tampoco ganaríamos mucho.
No confundamos. Dispendio no es corrupción y ambos no son en sí mismos ineficacia. Queremos un gobierno austero y honesto, ¡qué bueno!, y también que de resultados. Y este es el tercer vector que merece mucha atención particular y sin embargo parece estar faltando en el pensamiento y los planes de algunos, o muchos de los equipos que se preparan para ejercer funciones de gobierno.
La austeridad es fácil; luchar contra la corrupción bastante más difícil. Pero construir eficacia es otro cantar; verdaderamente un salto noble, valeroso, galáctico.
El primer paso será seguir en serio el ejemplo de López Obrador. El recorrió el país una y otra vez escuchando y aprendiendo para convencer. Ya presidente electo nos sorprende con otra gira de agradecimiento y más baños de pueblo.
Esos baños son la esencia que debe practicar su equipo, toda la estructura burocrática: salir a escuchar, dialogar, aprender y con esa base rediseñar la operación gubernamental.
Los últimos gobiernos neoliberales también fueron austeros, a su modo. No se contrataba personal de campo y no había presupuesto para gasolina y viáticos. La burocracia estaba atrincherada en sus oficinas emitiendo convocatorias en internet. Una estrategia de poltrona en la que los ciudadanos tenían que trasladarse a la ciudad, llenar formularios, concursar por los recursos y en la mayoría de los casos perder.
El ideal es que disminuyan sensiblemente las demandas que le hacen los ciudadanos, grupos, organizaciones, comunidades, pueblos indígenas a López Obrador. No porque dejen de existir, sino porque esas demandas se resuelvan eficazmente por una burocracia que se mezcla con el pueblo y resuelve en esa cercanía.
Cuando las estructuras intermedias no funcionan todo cae en las espaldas del solo hombre que ganó por estar en contacto con la población.
Los mexicanos votaron entusiasmados por la esperanza de una transformación a fondo. Un mensaje que de manera persistente sembró y pasó a representar AMLO y que se nutrió del profundo descontento del pueblo mexicano con la conducción del país de las últimas décadas.
El problema de fondo aflora de múltiples maneras: corrupción, inequidad, inseguridad, contubernio de la clase política con la criminalidad y un profundo desprecio de las elites hacia el pueblo. También se ha expresado como una profunda torpeza de nuestros gobernantes disimulada con un discurso mentiroso.
Ineficacia no parece un calificativo suficientemente radical para expresar lo que ha pasado; pero sostengo que esta perspectiva es de la mayor importancia. Veamos.
Durante la vigencia del TLCAN, que recién cambio de nombre para que Trump pudiera adjudicarse un gran mérito, México ocupó el lugar 15, entre 20 países en cuanto al crecimiento del Producto per cápita. El promedio de crecimiento de este indicador fue de 1 por ciento, mientras que en el resto de América Latina creció al 1.4 por ciento.
La tasa de pobreza de México es hoy en día mayor que la que existía cuando se firmó el tratado. Los millones de mexicanos que se vieron obligados a emigrar a los Estados Unidos para sobrevivir ellos y la familia que dejaron atrás, marcan un hecho inaudito en nuestra historia y en la de Latinoamérica.
Son señales de la ineficacia más general. Las hay también mucho más precisas.
El régimen que fenece prometió que para este año produciríamos por lo menos el 75 por ciento de los seis principales granos básicos que consumimos los mexicanos. No cumplió.
El combate a la pobreza y la indigencia en México ha sido notorio fracaso, sobre todo en comparación con lo logrado en Argentina (con Cristina Fernández), en Brasil (con Lula y Dilma) y en Bolivia. Esta ha sido una de nuestras más torpes estrategias. También han fracasado la reforestación y la protección ambiental. Retrocesos que se asocian al ataque a las organizaciones, las representaciones populares y toda forma de gobernanza rural cercana a la población.
Estoy convencido de que la eficacia debe, pronto, pasar a ser un eje central de las propuestas de cambio de Morena y su gobierno. Para ello es urgente deslindar conceptos.
Cierto que hay que acabar con la corrupción, pero no basta. Conseguiríamos una especie de neoliberalismo honesto, donde las grandes decisiones las sigue tomando “el mercado” y continuaría el problema de fondo.
Tampoco basta acabar con el dispendio. Correríamos el riesgo de transitar de un gobierno ineficaz y caro a otro ineficaz y barato. Tampoco ganaríamos mucho.
No confundamos. Dispendio no es corrupción y ambos no son en sí mismos ineficacia. Queremos un gobierno austero y honesto, ¡qué bueno!, y también que de resultados. Y este es el tercer vector que merece mucha atención particular y sin embargo parece estar faltando en el pensamiento y los planes de algunos, o muchos de los equipos que se preparan para ejercer funciones de gobierno.
La austeridad es fácil; luchar contra la corrupción bastante más difícil. Pero construir eficacia es otro cantar; verdaderamente un salto noble, valeroso, galáctico.
El primer paso será seguir en serio el ejemplo de López Obrador. El recorrió el país una y otra vez escuchando y aprendiendo para convencer. Ya presidente electo nos sorprende con otra gira de agradecimiento y más baños de pueblo.
Esos baños son la esencia que debe practicar su equipo, toda la estructura burocrática: salir a escuchar, dialogar, aprender y con esa base rediseñar la operación gubernamental.
Los últimos gobiernos neoliberales también fueron austeros, a su modo. No se contrataba personal de campo y no había presupuesto para gasolina y viáticos. La burocracia estaba atrincherada en sus oficinas emitiendo convocatorias en internet. Una estrategia de poltrona en la que los ciudadanos tenían que trasladarse a la ciudad, llenar formularios, concursar por los recursos y en la mayoría de los casos perder.
El ideal es que disminuyan sensiblemente las demandas que le hacen los ciudadanos, grupos, organizaciones, comunidades, pueblos indígenas a López Obrador. No porque dejen de existir, sino porque esas demandas se resuelvan eficazmente por una burocracia que se mezcla con el pueblo y resuelve en esa cercanía.
Cuando las estructuras intermedias no funcionan todo cae en las espaldas del solo hombre que ganó por estar en contacto con la población.
domingo, 30 de septiembre de 2018
Echar Raíces
Jorge Faljo
Hacía muchos años que no acudía a una manifestación. Son cosas de jóvenes entusiastas y en general en buena condición física, y ya no estoy para esos trotes. El caso es que fui a la marcha para acompañar a las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el cuarto aniversario de su desaparición forzada.
Resultó fascinante observar cómo poco a poco y con una puntualidad razonable, se iban formando grupitos alrededor del monumento a la independencia, lugar usual de celebraciones futbolísticas. Salían las pancartas convocando, por ejemplo, a los estudiantes de diversas escuelas normalistas; o de facultades de la UNAM o del Polí. Y entre el desorden se iban juntando y organizando multitud de grupos pequeños y medianos.
Otros, la mayoría, llegaron ya como contingentes formados que se habían convocado para encontrarse en otros sitios. Una banda ambulante tocaba con alegría y cuando ya inició la marcha me di cuenta que acompañaba a un grupo de muchachas que, con el traje adecuado, bailaban la zandunga.
No eran solo jóvenes. Estaban los de Atenco, con sus machetes, indumentaria campesina y paliacates al cuello. Y grupos que se identificaban como electricistas, damnificados de los sismos, maestros y diversos movimientos sociales.
El cielo se oscurecía y era evidente que venía un aguacero. Los plásticos con capucha de diez pesos y los paraguas de cincuenta pesos (¡baratos!) eran mucho más demandados que las capas impermeables de 100 pesos. También se vendían o distribuían banderas, estandartes, camisetas, escudos, todos con múltiples inscripciones.
Vino el aguacero y lo sorprendente es que la gran mayoría aguantó vara. La mayoría parecía más o menos cubierta, pero muchos no. Entre los últimos me llamaron la atención los normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes de hoy en día, en perfecta formación, sin ninguna protección contra el agua y con enorme gallardía.
A cuatro años de distancia la marcha fue, de los muchos miles que ahí se congregaron, como un homenaje solidario a la persistencia de esas madres y padres que exigen esclarecimiento y justicia. AMLO los recibió más tarde, en una actitud que contrastó con la del todavía, aunque ya muy disminuido presidente. Los padres agradecieron lo que para ellos es una primera muestra de verdadero compromiso por resolver el crimen.
Hay en México cientos de miles de madres, padres, hermanas y hermanos de desaparecidos y victimas del crimen. Pero estos, los de Ayotzinapa, son particularmente importantes no solo por su entereza, sino porque para todos los mexicanos es fundamental saber sí se trató de un crimen de estado. Un asesinato masivo que mostraría el contubernio entre organizaciones criminales con autoridades públicas. Una sospecha se extiende a muchos otros casos ocurridos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Luchar contra la corrupción es un compromiso mayúsculo de López Obrador; los asesinatos de candidatos en las pasadas elecciones serían otra señal que identifica el peor de los campos de batalla del futuro próximo: el de las relaciones entre autoridades locales y organizaciones criminales.
No creo que esta marcha por los estudiantes normalistas desaparecidos haya sido una de las últimas de este sexenio. Fue más bien una de las primeras del gobierno de López Obrador. Y lejos de pensar que será un sexenio de calma después de un triunfo ciudadano, la marcha es señal de la conjunción solidaria de demandas hasta ahora más o menos dispersas: jóvenes que quieren seguridad, pueblos que piden respeto a sus tierras y culturas, maestros en defensa de derechos laborales y otros.
Muchos verán en las promesas y actitud del gobierno entrante la oportunidad de expresarse y pedir lo que los últimos gobiernos les han negado; incluyendo en primer lugar la libertad para expresarse. Este será un gran reto para el futuro gobierno. Pronto deberá atender una marea de exigencias que lo pondrá a prueba y le obligará a definiciones más puntuales.
Un reciente artículo de José Woldenberg pone el dedo en la llaga. El enojo popular mostrado en las pasadas elecciones ¿empuja hacia un Estado mínimo, austero en extremo, bajo el pretexto de atacar una burocracia corrupta y abusiva? Lo que deja de lado la critica a la operación del mercado como verdadera fuente de la inequidad. Casi nada le faltó a Woldenberg para decir con todas sus letras que muchos entusiastas de la administración que viene tienen una visión profundamente neoliberal.
La opción es lo contrario, un esfuerzo de fortalecimiento del estado y sus instituciones que debería reflejarse en reconstituir los mecanismos de contacto con la población que fueron privatizados en los últimos sexenios. No se puede hacer verdadera política social sin contar con muchos servidores públicos que salgan al encuentro de los pueblos, ejidos, comunidades y barrios. Esa tarea que se le dejó al internet y a agentes privados y que se disimuló como gasto de inversión.
Para volver a echar raíces se requerirá abandonar el temor al gasto corriente y contar con funcionarios que sepan de sociología, antropología, economistas sociales y personal con verdadera vocación.
Hacía muchos años que no acudía a una manifestación. Son cosas de jóvenes entusiastas y en general en buena condición física, y ya no estoy para esos trotes. El caso es que fui a la marcha para acompañar a las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el cuarto aniversario de su desaparición forzada.
Resultó fascinante observar cómo poco a poco y con una puntualidad razonable, se iban formando grupitos alrededor del monumento a la independencia, lugar usual de celebraciones futbolísticas. Salían las pancartas convocando, por ejemplo, a los estudiantes de diversas escuelas normalistas; o de facultades de la UNAM o del Polí. Y entre el desorden se iban juntando y organizando multitud de grupos pequeños y medianos.
Otros, la mayoría, llegaron ya como contingentes formados que se habían convocado para encontrarse en otros sitios. Una banda ambulante tocaba con alegría y cuando ya inició la marcha me di cuenta que acompañaba a un grupo de muchachas que, con el traje adecuado, bailaban la zandunga.
No eran solo jóvenes. Estaban los de Atenco, con sus machetes, indumentaria campesina y paliacates al cuello. Y grupos que se identificaban como electricistas, damnificados de los sismos, maestros y diversos movimientos sociales.
El cielo se oscurecía y era evidente que venía un aguacero. Los plásticos con capucha de diez pesos y los paraguas de cincuenta pesos (¡baratos!) eran mucho más demandados que las capas impermeables de 100 pesos. También se vendían o distribuían banderas, estandartes, camisetas, escudos, todos con múltiples inscripciones.
Vino el aguacero y lo sorprendente es que la gran mayoría aguantó vara. La mayoría parecía más o menos cubierta, pero muchos no. Entre los últimos me llamaron la atención los normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes de hoy en día, en perfecta formación, sin ninguna protección contra el agua y con enorme gallardía.
A cuatro años de distancia la marcha fue, de los muchos miles que ahí se congregaron, como un homenaje solidario a la persistencia de esas madres y padres que exigen esclarecimiento y justicia. AMLO los recibió más tarde, en una actitud que contrastó con la del todavía, aunque ya muy disminuido presidente. Los padres agradecieron lo que para ellos es una primera muestra de verdadero compromiso por resolver el crimen.
Hay en México cientos de miles de madres, padres, hermanas y hermanos de desaparecidos y victimas del crimen. Pero estos, los de Ayotzinapa, son particularmente importantes no solo por su entereza, sino porque para todos los mexicanos es fundamental saber sí se trató de un crimen de estado. Un asesinato masivo que mostraría el contubernio entre organizaciones criminales con autoridades públicas. Una sospecha se extiende a muchos otros casos ocurridos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Luchar contra la corrupción es un compromiso mayúsculo de López Obrador; los asesinatos de candidatos en las pasadas elecciones serían otra señal que identifica el peor de los campos de batalla del futuro próximo: el de las relaciones entre autoridades locales y organizaciones criminales.
No creo que esta marcha por los estudiantes normalistas desaparecidos haya sido una de las últimas de este sexenio. Fue más bien una de las primeras del gobierno de López Obrador. Y lejos de pensar que será un sexenio de calma después de un triunfo ciudadano, la marcha es señal de la conjunción solidaria de demandas hasta ahora más o menos dispersas: jóvenes que quieren seguridad, pueblos que piden respeto a sus tierras y culturas, maestros en defensa de derechos laborales y otros.
Muchos verán en las promesas y actitud del gobierno entrante la oportunidad de expresarse y pedir lo que los últimos gobiernos les han negado; incluyendo en primer lugar la libertad para expresarse. Este será un gran reto para el futuro gobierno. Pronto deberá atender una marea de exigencias que lo pondrá a prueba y le obligará a definiciones más puntuales.
Un reciente artículo de José Woldenberg pone el dedo en la llaga. El enojo popular mostrado en las pasadas elecciones ¿empuja hacia un Estado mínimo, austero en extremo, bajo el pretexto de atacar una burocracia corrupta y abusiva? Lo que deja de lado la critica a la operación del mercado como verdadera fuente de la inequidad. Casi nada le faltó a Woldenberg para decir con todas sus letras que muchos entusiastas de la administración que viene tienen una visión profundamente neoliberal.
La opción es lo contrario, un esfuerzo de fortalecimiento del estado y sus instituciones que debería reflejarse en reconstituir los mecanismos de contacto con la población que fueron privatizados en los últimos sexenios. No se puede hacer verdadera política social sin contar con muchos servidores públicos que salgan al encuentro de los pueblos, ejidos, comunidades y barrios. Esa tarea que se le dejó al internet y a agentes privados y que se disimuló como gasto de inversión.
Para volver a echar raíces se requerirá abandonar el temor al gasto corriente y contar con funcionarios que sepan de sociología, antropología, economistas sociales y personal con verdadera vocación.
sábado, 29 de septiembre de 2018
Echar Raíces
Jorge Faljo
Hacía muchos años que no acudía a una manifestación. Son cosas de jóvenes entusiastas y en general en buena condición física, y ya no estoy para esos trotes. El caso es que fui a la marcha para acompañar a las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el cuarto aniversario de su desaparición forzada.
Resultó fascinante observar cómo poco a poco y con una puntualidad razonable, se iban formando grupitos alrededor del monumento a la independencia, lugar usual de celebraciones futbolísticas. Salían las pancartas convocando, por ejemplo, a los estudiantes de diversas escuelas normalistas; o de facultades de la UNAM o del Polí. Y entre el desorden se iban juntando y organizando multitud de grupos pequeños y medianos.
Otros, la mayoría, llegaron ya como contingentes formados que se habían convocado para encontrarse en otros sitios. Una banda ambulante tocaba con alegría y cuando ya inició la marcha me di cuenta que acompañaba a un grupo de muchachas que, con el traje adecuado, bailaban la zandunga.
No eran solo jóvenes. Estaban los de Atenco, con sus machetes, indumentaria campesina y paliacates al cuello. Y grupos que se identificaban como electricistas, damnificados de los sismos, maestros y diversos movimientos sociales.
El cielo se oscurecía y era evidente que venía un aguacero. Los plásticos con capucha de diez pesos y los paraguas de cincuenta pesos (¡baratos!) eran mucho más demandados que las capas impermeables de 100 pesos. También se vendían o distribuían banderas, estandartes, camisetas, escudos, todos con múltiples inscripciones.
Vino el aguacero y lo sorprendente es que la gran mayoría aguantó vara. La mayoría parecía más o menos cubierta, pero muchos no. Entre los últimos me llamaron la atención los normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes de hoy en día, en perfecta formación, sin ninguna protección contra el agua y con enorme gallardía.
A cuatro años de distancia la marcha fue, de los muchos miles que ahí se congregaron, como un homenaje solidario a la persistencia de esas madres y padres que exigen esclarecimiento y justicia. AMLO los recibió más tarde, en una actitud que contrastó con la del todavía, aunque ya muy disminuido presidente. Los padres agradecieron lo que para ellos es una primera muestra de verdadero compromiso por resolver el crimen.
Hay en México cientos de miles de madres, padres, hermanas y hermanos de desaparecidos y victimas del crimen. Pero estos, los de Ayotzinapa, son particularmente importantes no solo por su entereza, sino porque para todos los mexicanos es fundamental saber sí se trató de un crimen de estado. Un asesinato masivo que mostraría el contubernio entre organizaciones criminales con autoridades públicas. Una sospecha se extiende a muchos otros casos ocurridos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Luchar contra la corrupción es un compromiso mayúsculo de López Obrador; los asesinatos de candidatos en las pasadas elecciones serían otra señal que identifica el peor de los campos de batalla del futuro próximo: el de las relaciones entre autoridades locales y organizaciones criminales.
No creo que esta marcha por los estudiantes normalistas desaparecidos haya sido una de las últimas de este sexenio. Fue más bien una de las primeras del gobierno de López Obrador. Y lejos de pensar que será un sexenio de calma después de un triunfo ciudadano, la marcha es señal de la conjunción solidaria de demandas hasta ahora más o menos dispersas: jóvenes que quieren seguridad, pueblos que piden respeto a sus tierras y culturas, maestros en defensa de derechos laborales y otros.
Muchos verán en las promesas y actitud del gobierno entrante la oportunidad de expresarse y pedir lo que los últimos gobiernos les han negado; incluyendo en primer lugar la libertad para expresarse. Este será un gran reto para el futuro gobierno. Pronto deberá atender una marea de exigencias que lo pondrá a prueba y le obligará a definiciones más puntuales.
Un reciente artículo de José Woldenberg pone el dedo en la llaga. El enojo popular mostrado en las pasadas elecciones ¿empuja hacia un Estado mínimo, austero en extremo, bajo el pretexto de atacar una burocracia corrupta y abusiva? Lo que deja de lado la critica a la operación del mercado como verdadera fuente de la inequidad. Casi nada le faltó a Woldenberg para decir con todas sus letras que la administración que viene tiene una visión profundamente neoliberal.
La opción es lo contrario, un esfuerzo de fortalecimiento del estado y sus instituciones que debería reflejarse en reconstituir los mecanismos de contacto con la población que fueron privatizados en los últimos sexenios. No se puede hacer verdadera política social sin contar con muchos servidores públicos que salgan al encuentro de los pueblos, ejidos, comunidades y barrios. Esa tarea que se le dejó al internet y a agentes privados y que se disimuló como gasto de inversión.
Para volver a echar raíces se requerirá abandonar el temor al gasto corriente y contar con funcionarios que sepan de sociología, antropología, economistas sociales y personal con verdadera vocación.
Hacía muchos años que no acudía a una manifestación. Son cosas de jóvenes entusiastas y en general en buena condición física, y ya no estoy para esos trotes. El caso es que fui a la marcha para acompañar a las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el cuarto aniversario de su desaparición forzada.
Resultó fascinante observar cómo poco a poco y con una puntualidad razonable, se iban formando grupitos alrededor del monumento a la independencia, lugar usual de celebraciones futbolísticas. Salían las pancartas convocando, por ejemplo, a los estudiantes de diversas escuelas normalistas; o de facultades de la UNAM o del Polí. Y entre el desorden se iban juntando y organizando multitud de grupos pequeños y medianos.
Otros, la mayoría, llegaron ya como contingentes formados que se habían convocado para encontrarse en otros sitios. Una banda ambulante tocaba con alegría y cuando ya inició la marcha me di cuenta que acompañaba a un grupo de muchachas que, con el traje adecuado, bailaban la zandunga.
No eran solo jóvenes. Estaban los de Atenco, con sus machetes, indumentaria campesina y paliacates al cuello. Y grupos que se identificaban como electricistas, damnificados de los sismos, maestros y diversos movimientos sociales.
El cielo se oscurecía y era evidente que venía un aguacero. Los plásticos con capucha de diez pesos y los paraguas de cincuenta pesos (¡baratos!) eran mucho más demandados que las capas impermeables de 100 pesos. También se vendían o distribuían banderas, estandartes, camisetas, escudos, todos con múltiples inscripciones.
Vino el aguacero y lo sorprendente es que la gran mayoría aguantó vara. La mayoría parecía más o menos cubierta, pero muchos no. Entre los últimos me llamaron la atención los normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes de hoy en día, en perfecta formación, sin ninguna protección contra el agua y con enorme gallardía.
A cuatro años de distancia la marcha fue, de los muchos miles que ahí se congregaron, como un homenaje solidario a la persistencia de esas madres y padres que exigen esclarecimiento y justicia. AMLO los recibió más tarde, en una actitud que contrastó con la del todavía, aunque ya muy disminuido presidente. Los padres agradecieron lo que para ellos es una primera muestra de verdadero compromiso por resolver el crimen.
Hay en México cientos de miles de madres, padres, hermanas y hermanos de desaparecidos y victimas del crimen. Pero estos, los de Ayotzinapa, son particularmente importantes no solo por su entereza, sino porque para todos los mexicanos es fundamental saber sí se trató de un crimen de estado. Un asesinato masivo que mostraría el contubernio entre organizaciones criminales con autoridades públicas. Una sospecha se extiende a muchos otros casos ocurridos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Luchar contra la corrupción es un compromiso mayúsculo de López Obrador; los asesinatos de candidatos en las pasadas elecciones serían otra señal que identifica el peor de los campos de batalla del futuro próximo: el de las relaciones entre autoridades locales y organizaciones criminales.
No creo que esta marcha por los estudiantes normalistas desaparecidos haya sido una de las últimas de este sexenio. Fue más bien una de las primeras del gobierno de López Obrador. Y lejos de pensar que será un sexenio de calma después de un triunfo ciudadano, la marcha es señal de la conjunción solidaria de demandas hasta ahora más o menos dispersas: jóvenes que quieren seguridad, pueblos que piden respeto a sus tierras y culturas, maestros en defensa de derechos laborales y otros.
Muchos verán en las promesas y actitud del gobierno entrante la oportunidad de expresarse y pedir lo que los últimos gobiernos les han negado; incluyendo en primer lugar la libertad para expresarse. Este será un gran reto para el futuro gobierno. Pronto deberá atender una marea de exigencias que lo pondrá a prueba y le obligará a definiciones más puntuales.
Un reciente artículo de José Woldenberg pone el dedo en la llaga. El enojo popular mostrado en las pasadas elecciones ¿empuja hacia un Estado mínimo, austero en extremo, bajo el pretexto de atacar una burocracia corrupta y abusiva? Lo que deja de lado la critica a la operación del mercado como verdadera fuente de la inequidad. Casi nada le faltó a Woldenberg para decir con todas sus letras que la administración que viene tiene una visión profundamente neoliberal.
La opción es lo contrario, un esfuerzo de fortalecimiento del estado y sus instituciones que debería reflejarse en reconstituir los mecanismos de contacto con la población que fueron privatizados en los últimos sexenios. No se puede hacer verdadera política social sin contar con muchos servidores públicos que salgan al encuentro de los pueblos, ejidos, comunidades y barrios. Esa tarea que se le dejó al internet y a agentes privados y que se disimuló como gasto de inversión.
Para volver a echar raíces se requerirá abandonar el temor al gasto corriente y contar con funcionarios que sepan de sociología, antropología, economistas sociales y personal con verdadera vocación.
lunes, 24 de septiembre de 2018
1994
Jorge Faljo
Recordar es vivir.
“El crecimiento económico de México se traducirá hasta el largo plazo en un mayor bienestar y desarrollo social, reconoció hoy aquí Michel Camdessus, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) (…) agregó que ‘después de haber avanza¬do de manera muy profunda en el ajuste económico y su rees-tructuración industrial, México tiene enfrente, particularmente con la apertura que se han atrevido a hacer, una perspectiva de crecimiento fuerte y sin inflación’.”
“Banco de México manifestó que el cambio de administración de ninguna manera provocará riesgos cambiarios, por fuga de capitales o por otros aspectos, porque la situación es de calma en los mercados financieros. (…) En consecuencia, dijo, la tran¬sición no provocará presiones de ningún tipo a las finanzas ni a la política cambiaria, y sí por el contrario se siente una mayor confianza en el futuro del país.”
La primera de las dos citas anteriores pretendía tener resonancia internacional y era un claro espaldarazo a la política económica seguida por el régimen que estaba a punto de terminar. Se publicó en el 7 de octubre de 1994. La segunda apareció unas siete semanas más tarde, el 30 de noviembre del mismo.
Toda una avalancha de optimismo compartido por los expertos financieros.
El presidente de la bolsa mexicana de valores descartó una fuga de capitales “ya que los inversionistas tienen un análisis muy sólido sobre el riesgo país (27 de octubre de 1994). El vicepresidente de Citibank destacó que las crisis del año fueron controladas por el gobierno salinista (11 de noviembre). Un estudio de Salomon Brothers (28 de octubre) afirmaba que el mercado de valores crecería en las próximas semanas.
Es difícil saber si los declarantes simplemente se equivocaron en su diagnóstico, o si, a pesar de sus dudas intentaban construir una realidad alterna más acorde a sus intereses. En todo caso consiguieron algo importante: que la amenaza de devaluación no se hiciera realidad dentro del gobierno del presidente Salinas, al que estaban todos asociados.
La estrategia defensiva era convencer a los inversionistas financieros que todo marchaba bien. Y lo lograron… a medias. Convencieron a los inversionistas externos, mucho más creyentes en las declaraciones oficiales. Pero los inversionistas internos, nuestra elite, se mostró mucho más desconfiada. Algo que nos ocurre con frecuencia a los mexicanos; entre más nos dicen los medios que la sandía es verde, más pensamos que por dentro es roja. ¿A poco no?
Un par de años más tarde, al analizar lo ocurrido, un par de economistas norteamericanos escribirían que los inversionistas mexicanos fueron los primeros en correr en la crisis de diciembre de 1994, tal vez debido a una asimetría informativa. Lo que se puede interpretar de dos maneras; una es que sabían más que los de afuera y previeron lo inevitable. La segunda posibilidad es que la devaluación ocurrió no porque fuera inevitable, sino debido a que al actuar como lo hicieron ellos mismos la provocaron.
Algo hubo de ambas vertientes. Pero lo principal es que la estrategia del salinismo dependía de su capacidad para atraer capital externo. De 1990 a 1994 las exportaciones crecieron notablemente; pero las importaciones crecieron aún más y eso generaba una creciente necesidad de atraer capitales externos, fuera inversión productiva o meramente financiera.
La inversión extranjera directa, productiva, creció de 2.6 mil millones de dólares en 1990 a 4.4 mil millones en 1993. La atraía la oleada de privatizaciones de empresas estatales y la promesa de un mayor comercio con los Estados Unidos.
La imagen de éxito vendía bien, sin embargo el grueso del capital atraído era meramente financiero, especulativo. En 1990 entraron de estos últimos 3.4 mil millones de dólares y para 1993 crecieron a 29 mil millones. El deterioro de imagen que implicaron el levantamiento zapatista y el asesinato del candidato presidencial del PRI hizo que el flujo se redujera a solo 8 mil millones en 1994.
El caso es que la estrategia requería del capital especulativo para parchar un estilo de modernización de fachada que elevaba el déficit comercial con el exterior y que al interior destruía sin piedad las estructuras de producción agrícola e industrial construidas en las décadas anteriores.
El Plan Nacional de Desarrollo de Zedillo, al analizar lo ocurrido hizo dos claras afirmaciones: la modernización salinista lo que hizo fue substituir una forma de producción por otra, con muy bajo crecimiento real; y los enormes montos de capital atraídos no participaron en el fortalecimiento de la producción.
La crisis de 1994 ocurrió a pesar de que el nuevo gobierno era del mismo partido político y prometía continuidad de la política económica. Pero el gobierno de Salinas había nacido con tufo a fraude electoral y su estrategia de apertura comercial con peso fuerte arrasó con la pequeña y mediana empresa orientada al mercado interno. El levantamiento indígena le hizo ver al mundo que debajo del tapete se escondía un importante problema social.
Afortunadamente la crisis de 1994 tuvo un doble efecto paradójico. Aunque ocurrió a los pocos días de iniciado el sexenio de Zedillo, para la población fue muy claro que la raíz del problema se encontraba en la estrategia salinista. Esto le permitió gobernar al siguiente presidente sin cargar con una culpa que habría sido políticamente imposible de manejar.
La segunda paradoja fue que este grave tropiezo de la estrategia económica permitió un paréntesis de crecimiento entre décadas de estancamiento. De 1994 a 1996 la exportación de manufacturas creció en un 80 por ciento; el peso débil impulsó la producción de exportación y también aquella orientada a substituir importaciones que se habían vuelto muy caras.
Este fuerte crecimiento ocurrió en las condiciones más precarias: sin crédito a las empresas y al consumo; sin inversión notable, y con las cadenas de producción dislocadas. Banco de México lo explicaría en su informe de 1995: las empresas hicieron uso de capacidades instaladas ya existentes pero subutilizadas.
Estas capacidades dormidas fueron la gran fuente de riqueza que se reactivó en 1995 y que en lo económico le permitieron salir adelante al régimen de Zedillo. Eso a pesar de que los recursos públicos se dirigieron a rescatar a las elites financieras. La revaluación del peso acabó con el periodo de buen crecimiento hacia el final de ese sexenio.
Recordar es vivir.
“El crecimiento económico de México se traducirá hasta el largo plazo en un mayor bienestar y desarrollo social, reconoció hoy aquí Michel Camdessus, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) (…) agregó que ‘después de haber avanza¬do de manera muy profunda en el ajuste económico y su rees-tructuración industrial, México tiene enfrente, particularmente con la apertura que se han atrevido a hacer, una perspectiva de crecimiento fuerte y sin inflación’.”
“Banco de México manifestó que el cambio de administración de ninguna manera provocará riesgos cambiarios, por fuga de capitales o por otros aspectos, porque la situación es de calma en los mercados financieros. (…) En consecuencia, dijo, la tran¬sición no provocará presiones de ningún tipo a las finanzas ni a la política cambiaria, y sí por el contrario se siente una mayor confianza en el futuro del país.”
La primera de las dos citas anteriores pretendía tener resonancia internacional y era un claro espaldarazo a la política económica seguida por el régimen que estaba a punto de terminar. Se publicó en el 7 de octubre de 1994. La segunda apareció unas siete semanas más tarde, el 30 de noviembre del mismo.
Toda una avalancha de optimismo compartido por los expertos financieros.
El presidente de la bolsa mexicana de valores descartó una fuga de capitales “ya que los inversionistas tienen un análisis muy sólido sobre el riesgo país (27 de octubre de 1994). El vicepresidente de Citibank destacó que las crisis del año fueron controladas por el gobierno salinista (11 de noviembre). Un estudio de Salomon Brothers (28 de octubre) afirmaba que el mercado de valores crecería en las próximas semanas.
Es difícil saber si los declarantes simplemente se equivocaron en su diagnóstico, o si, a pesar de sus dudas intentaban construir una realidad alterna más acorde a sus intereses. En todo caso consiguieron algo importante: que la amenaza de devaluación no se hiciera realidad dentro del gobierno del presidente Salinas, al que estaban todos asociados.
La estrategia defensiva era convencer a los inversionistas financieros que todo marchaba bien. Y lo lograron… a medias. Convencieron a los inversionistas externos, mucho más creyentes en las declaraciones oficiales. Pero los inversionistas internos, nuestra elite, se mostró mucho más desconfiada. Algo que nos ocurre con frecuencia a los mexicanos; entre más nos dicen los medios que la sandía es verde, más pensamos que por dentro es roja. ¿A poco no?
Un par de años más tarde, al analizar lo ocurrido, un par de economistas norteamericanos escribirían que los inversionistas mexicanos fueron los primeros en correr en la crisis de diciembre de 1994, tal vez debido a una asimetría informativa. Lo que se puede interpretar de dos maneras; una es que sabían más que los de afuera y previeron lo inevitable. La segunda posibilidad es que la devaluación ocurrió no porque fuera inevitable, sino debido a que al actuar como lo hicieron ellos mismos la provocaron.
Algo hubo de ambas vertientes. Pero lo principal es que la estrategia del salinismo dependía de su capacidad para atraer capital externo. De 1990 a 1994 las exportaciones crecieron notablemente; pero las importaciones crecieron aún más y eso generaba una creciente necesidad de atraer capitales externos, fuera inversión productiva o meramente financiera.
La inversión extranjera directa, productiva, creció de 2.6 mil millones de dólares en 1990 a 4.4 mil millones en 1993. La atraía la oleada de privatizaciones de empresas estatales y la promesa de un mayor comercio con los Estados Unidos.
La imagen de éxito vendía bien, sin embargo el grueso del capital atraído era meramente financiero, especulativo. En 1990 entraron de estos últimos 3.4 mil millones de dólares y para 1993 crecieron a 29 mil millones. El deterioro de imagen que implicaron el levantamiento zapatista y el asesinato del candidato presidencial del PRI hizo que el flujo se redujera a solo 8 mil millones en 1994.
El caso es que la estrategia requería del capital especulativo para parchar un estilo de modernización de fachada que elevaba el déficit comercial con el exterior y que al interior destruía sin piedad las estructuras de producción agrícola e industrial construidas en las décadas anteriores.
El Plan Nacional de Desarrollo de Zedillo, al analizar lo ocurrido hizo dos claras afirmaciones: la modernización salinista lo que hizo fue substituir una forma de producción por otra, con muy bajo crecimiento real; y los enormes montos de capital atraídos no participaron en el fortalecimiento de la producción.
La crisis de 1994 ocurrió a pesar de que el nuevo gobierno era del mismo partido político y prometía continuidad de la política económica. Pero el gobierno de Salinas había nacido con tufo a fraude electoral y su estrategia de apertura comercial con peso fuerte arrasó con la pequeña y mediana empresa orientada al mercado interno. El levantamiento indígena le hizo ver al mundo que debajo del tapete se escondía un importante problema social.
Afortunadamente la crisis de 1994 tuvo un doble efecto paradójico. Aunque ocurrió a los pocos días de iniciado el sexenio de Zedillo, para la población fue muy claro que la raíz del problema se encontraba en la estrategia salinista. Esto le permitió gobernar al siguiente presidente sin cargar con una culpa que habría sido políticamente imposible de manejar.
La segunda paradoja fue que este grave tropiezo de la estrategia económica permitió un paréntesis de crecimiento entre décadas de estancamiento. De 1994 a 1996 la exportación de manufacturas creció en un 80 por ciento; el peso débil impulsó la producción de exportación y también aquella orientada a substituir importaciones que se habían vuelto muy caras.
Este fuerte crecimiento ocurrió en las condiciones más precarias: sin crédito a las empresas y al consumo; sin inversión notable, y con las cadenas de producción dislocadas. Banco de México lo explicaría en su informe de 1995: las empresas hicieron uso de capacidades instaladas ya existentes pero subutilizadas.
Estas capacidades dormidas fueron la gran fuente de riqueza que se reactivó en 1995 y que en lo económico le permitieron salir adelante al régimen de Zedillo. Eso a pesar de que los recursos públicos se dirigieron a rescatar a las elites financieras. La revaluación del peso acabó con el periodo de buen crecimiento hacia el final de ese sexenio.
lunes, 17 de septiembre de 2018
Mira como andas… según la OCDE
Jorge Faljo
En mayo de 1994 México ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- Era la primera nación en desarrollo admitida y esto era una especie de reconocimiento a las transformaciones de la administración de Carlos Salinas de Gortari. Las principales habían sido la privatización de empresas públicas y abrir espacio a la conducción de la economía nacional por la vía del mercado. En lo externo destacaba la negociación del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte y otros similares.
La OCDE no intenta incluir a muchos países. Le interesa cierta afinidad en el nivel de desarrollo, pero aún más importante es la homogeneidad de objetivos e instrumentos de política.
Así México entró al grupo de las mayores economías, las más industrializadas y, sobre todo con baja intervención del estado en la economía y abiertas al libre comercio internacional. Estar en ese club de ricos es comprometerse a ser evaluados y, en alguna medida a instrumentar medidas afines.
La OCDE publicó en mayo pasado el documento “Hacerlo bien” (Getting it right) en el que expone su diagnóstico y prioridades estratégicas para México. En adelante expongo su mensaje fundamental.
La introducción señala que la mayor parte de la población mexicana sigue viviendo en pobreza y vulnerabilidad, con niveles de inequidad sumamente altos tanto en ingresos como en oportunidades. El Estado de derecho es sumamente débil y la mayoría de la población percibe que la corrupción gubernamental es rampante. Por ello no se extraña, dice, que México tenga los niveles de productividad más bajos de la OCDE y un ritmo de crecimiento lento.
En este mensaje se encuentra una indudable adecuación del discurso a la nueva realidad de un planeta en ebullición social, donde ya se percibe el fracaso de una globalización excluyente. El documento habla de un posible retroceso de la globalización. Es en este contexto que los viejos campeones del neoliberalismo ahora muestran una preocupación por lo social.
Lo primero que lanza la OCDE como elemento de diagnóstico es que la recaudación tributaria de México sigue siendo insuficiente respecto de las necesidades de inversión en infraestructura, educación, salud, reducción de la pobreza, apoyo familiar y protección social. Sostiene que es posible elevarla sobre todo porque se encuentra muy por abajo del promedio de captación fiscal de la OCDE y de América Latina.
La inversión gubernamental fue de apenas el 1.8 por ciento del PIB en 2016 y el gasto social se encuentra los más bajos de los países de la OCDE.
Para fomentar el desarrollo y la mejora del bienestar es necesario aumentar la recaudación tributaria. Entre otros consejos la OCDE propone gravar los ingresos de capital que, dice, benefician de manera desproporcionada a los ingresos más altos, así como introducir un impuesto a la herencia.
La reducción de los niveles de confianza de los ciudadanos en el gobierno se acentuó en el último lustro. Ello se origina en la desaceleración económica, los escándalos de corrupción, el deterioro de la seguridad y un entorno mundial difícil para una economía tan abierta como la mexicana. Urge elevar el nivel de confianza de la población mediante instituciones legales y judiciales fuertes e independientes, el combate a la corrupción y una estrategia de seguridad y justicia coherente.
La siguiente vertiente de diagnóstico señala que hay que promover un crecimiento urbano más ordenado y reducir los impactos ambientales y sociales de la distancia entre el lugar de trabajo y de residencia de los trabajadores. Se debe respaldar un desarrollo regional más equilibrado y acorde a una política de inclusión socioeconómica.
El desempeño del mercado laboral no debe juzgarse exclusivamente por el número de empleos disponibles sino, también, por la calidad del empleo. En México el mercado laboral presenta una alta informalidad, empleos formales de baja calidad y mínima seguridad laboral. La participación total de la fuerza laboral en México es la segunda más baja de la OCDE, solo después de Turquía. El crecimiento económico no ha sido incluyente.
La tasa de mortalidad infantil es la más alta entre los países de la OCDE. Destaca la muy alta mortalidad de los pacientes ya ingresados en hospitales por enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular isquémico, e infartos al miocardio. La mayoría de los hospitales no están equipados para tratar estos casos.
Aun cuando el nivel educativo de las mujeres se equipara con el de los hombres su participación en el mercado laboral es baja. En todos los grupos de edad las madres mexicanas tienen menos probabilidades de conseguir trabajo que en otros países de la OCDE. La tasa de embarazo adolecente es elevada y el porcentaje de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan es casi cuatro veces mayor que el de los varones jóvenes.
No puedo reproducir todos los elementos de diagnóstico de tan extenso documento. Pero si puedo afirmar que su franqueza lo hace más valioso que la mayoría de los documentos que emanan de esta administración; incluido el reciente sexto informe presidencial.
Tal vez su publicación en mayo pasado respondió a un intento de advertirle a esta administración moribunda que se requerían cambios de fondo. Haya sido o no esa intención, es muy atendible por la futura administración. Sobre todo en cuanto al diagnóstico, aunque algunas de sus recetas resulten controvertidas.
El caso es que sea recurriendo a la alopatía, la homeopatía, la medicina china o la herbolaria mexicana, este país necesita aliviar muchos males.
En mayo de 1994 México ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- Era la primera nación en desarrollo admitida y esto era una especie de reconocimiento a las transformaciones de la administración de Carlos Salinas de Gortari. Las principales habían sido la privatización de empresas públicas y abrir espacio a la conducción de la economía nacional por la vía del mercado. En lo externo destacaba la negociación del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte y otros similares.
La OCDE no intenta incluir a muchos países. Le interesa cierta afinidad en el nivel de desarrollo, pero aún más importante es la homogeneidad de objetivos e instrumentos de política.
Así México entró al grupo de las mayores economías, las más industrializadas y, sobre todo con baja intervención del estado en la economía y abiertas al libre comercio internacional. Estar en ese club de ricos es comprometerse a ser evaluados y, en alguna medida a instrumentar medidas afines.
La OCDE publicó en mayo pasado el documento “Hacerlo bien” (Getting it right) en el que expone su diagnóstico y prioridades estratégicas para México. En adelante expongo su mensaje fundamental.
La introducción señala que la mayor parte de la población mexicana sigue viviendo en pobreza y vulnerabilidad, con niveles de inequidad sumamente altos tanto en ingresos como en oportunidades. El Estado de derecho es sumamente débil y la mayoría de la población percibe que la corrupción gubernamental es rampante. Por ello no se extraña, dice, que México tenga los niveles de productividad más bajos de la OCDE y un ritmo de crecimiento lento.
En este mensaje se encuentra una indudable adecuación del discurso a la nueva realidad de un planeta en ebullición social, donde ya se percibe el fracaso de una globalización excluyente. El documento habla de un posible retroceso de la globalización. Es en este contexto que los viejos campeones del neoliberalismo ahora muestran una preocupación por lo social.
Lo primero que lanza la OCDE como elemento de diagnóstico es que la recaudación tributaria de México sigue siendo insuficiente respecto de las necesidades de inversión en infraestructura, educación, salud, reducción de la pobreza, apoyo familiar y protección social. Sostiene que es posible elevarla sobre todo porque se encuentra muy por abajo del promedio de captación fiscal de la OCDE y de América Latina.
La inversión gubernamental fue de apenas el 1.8 por ciento del PIB en 2016 y el gasto social se encuentra los más bajos de los países de la OCDE.
Para fomentar el desarrollo y la mejora del bienestar es necesario aumentar la recaudación tributaria. Entre otros consejos la OCDE propone gravar los ingresos de capital que, dice, benefician de manera desproporcionada a los ingresos más altos, así como introducir un impuesto a la herencia.
La reducción de los niveles de confianza de los ciudadanos en el gobierno se acentuó en el último lustro. Ello se origina en la desaceleración económica, los escándalos de corrupción, el deterioro de la seguridad y un entorno mundial difícil para una economía tan abierta como la mexicana. Urge elevar el nivel de confianza de la población mediante instituciones legales y judiciales fuertes e independientes, el combate a la corrupción y una estrategia de seguridad y justicia coherente.
La siguiente vertiente de diagnóstico señala que hay que promover un crecimiento urbano más ordenado y reducir los impactos ambientales y sociales de la distancia entre el lugar de trabajo y de residencia de los trabajadores. Se debe respaldar un desarrollo regional más equilibrado y acorde a una política de inclusión socioeconómica.
El desempeño del mercado laboral no debe juzgarse exclusivamente por el número de empleos disponibles sino, también, por la calidad del empleo. En México el mercado laboral presenta una alta informalidad, empleos formales de baja calidad y mínima seguridad laboral. La participación total de la fuerza laboral en México es la segunda más baja de la OCDE, solo después de Turquía. El crecimiento económico no ha sido incluyente.
La tasa de mortalidad infantil es la más alta entre los países de la OCDE. Destaca la muy alta mortalidad de los pacientes ya ingresados en hospitales por enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular isquémico, e infartos al miocardio. La mayoría de los hospitales no están equipados para tratar estos casos.
Aun cuando el nivel educativo de las mujeres se equipara con el de los hombres su participación en el mercado laboral es baja. En todos los grupos de edad las madres mexicanas tienen menos probabilidades de conseguir trabajo que en otros países de la OCDE. La tasa de embarazo adolecente es elevada y el porcentaje de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan es casi cuatro veces mayor que el de los varones jóvenes.
No puedo reproducir todos los elementos de diagnóstico de tan extenso documento. Pero si puedo afirmar que su franqueza lo hace más valioso que la mayoría de los documentos que emanan de esta administración; incluido el reciente sexto informe presidencial.
Tal vez su publicación en mayo pasado respondió a un intento de advertirle a esta administración moribunda que se requerían cambios de fondo. Haya sido o no esa intención, es muy atendible por la futura administración. Sobre todo en cuanto al diagnóstico, aunque algunas de sus recetas resulten controvertidas.
El caso es que sea recurriendo a la alopatía, la homeopatía, la medicina china o la herbolaria mexicana, este país necesita aliviar muchos males.
domingo, 9 de septiembre de 2018
Argentina; la bien portada
Jorge Faljo
Argentina se encuentra en crisis. Es una historia que de alguna manera se repite.
Hacia fines del siglo pasado le apostó a un modelo de atracción de capital externo para que invirtiera y creara empleos. Para darle seguridad a esos inversionistas hizo algo inusitado: amarró su moneda a una paridad fija con el dólar. Estableció por ley la imposibilidad de devaluar. Pero su apuesta falló.
La atracción de capital externo implicó en unos casos la venta de empresas y en otros la destrucción de las que, en un modelo de libre comercio y moneda fuerte, ya no pudieron sobrevivir.
Pero atraer capitales es endeudarse y comprometerse al pago de intereses o a la repatriación de ganancias y se convierte en un camino que requirió cada vez más capitales externos para mantener la apariencia de desarrollo. Se convirtió en una nación importadora que destruyó su industria, generando desempleo y empobrecimiento.
Hasta que tronó el modelo por la insuficiencia en la entrada de dólares y la duda creciente sobre la viabilidad de una moneda fuerte solo por decreto. En 2002 Argentina debía 100 mil millones de dólares por los que pagaba altas tasas de interés para que los inversionistas asumieran el riesgo de prestarle. La situación empeoraba y era contenida con saliva; con discursos en el que las elites financieras de adentro y afuera insistían en que la situación estaba controlada.
Lo que me recuerda el discurso oficial mexicano, respaldado en el exterior, que hacia fines de 1994 insistía en que todo marchaba de perlas.
El caso es que la estrategia financiera del país del sur tronó y llegó a la imposibilidad de pagar. Tras muy duras negociaciones consiguió una quita del 70 por ciento de la deuda, lo que implicó una fuerte pérdida para los inversionistas externos.
Ya que la disyuntiva para el país era la de que su población pudiera comer o bien que los inversionistas obtuvieran las ganancias esperadas, por las que habían arriesgado su dinero. El 92 por ciento de los inversionistas aceptaron el trato. El 8 por ciento restante vendió su deuda en alrededor del 40 por ciento, algo más de lo que les ofrecía el gobierno argentino. La vendieron a fondos especializados en comprar deuda barata para luego demandar su pago total en tribunales norteamericanos. Esas empresas son conocidas como fondos buitres.
Argentina se vio aislada de los mercados financieros internacionales de manera tajante y bajo la constante amenaza de que sus activos gubernamentales podían ser embargados. La situación llegó a extremos en que un buque escuela de su marina que atracó en un puerto africano fue embargado; el avión presidencial no podía volar al exterior porque lo podrían embargar.
Tal situación de aislamiento financiero extremo se mantuvo hasta el 2016. Argentina tuvo que racionar sus dólares. En algún momento rompió un convenio de comercio de automóviles con México porque le implicaba un déficit de mil millones de dólares anuales. De este lado, acostumbrados a déficits enormes, como el de 65 mil millones de dólares que tenemos con China, no vimos nada bien esa decisión.
Pero Argentina tenía que cuidar cada centavo de dólar y estableció medidas de control de cambios que les dificultaban a sus ciudadanos la compra de dólares.
¿Sufrieron mucho los argentinos con el aislamiento? De 2003 a 2013 la indigencia se redujo de 21.1 a 5.5 por ciento y la pobreza de 58.2 a 27.5 por ciento. Fue un incremento notable en los niveles de vida que se tradujo en un importante apoyo popular al gobierno de Cristina Fernández.
Pero en 2014 los precios de los principales productos de exportación de Argentina cayeron en el mercado global, ya no vendía igual y eso impactó en los ingresos públicos y en los niveles de vida. Una parte importante del ingreso público eran los impuestos a la exportación, llamados retenciones. El caso es que el combate a la pobreza se debilitó y en 2014 y 2015 esta volvió a incrementarse, aunque muy lejos de llegar a los niveles de años anteriores.
En este contexto la oposición de derecha logró llevar a la presidencia a uno de los más ricos empresarios del país, Mauricio Macri, que ofreció volver a colocar a Argentina en el mapa mundial. Es decir, a su reinserción en la globalización financiera.
Para volver a ganar la confianza del capital financiero renegoció la deuda externa en sentido contrario; les dio lo que pedían. Así que volvió a endeudar a su país. A cambio obtuvo la entrada de grandes montos de financiamiento externo atraídos por tasas de interés atractivas. Sin embargo, era capital especulativo que más adelante, es decir ahora, haría su “toma de ganancias” y se iría. Lo hace en estos días que en Estados Unidos sube la tasa de interés y bajan los impuestos.
La entrada de financiamiento externo y la apertura al libre comercio se traduce en incremento de las importaciones y en un nuevo tsunami que destruye a la pequeña y mediana industria y crea desempleo.
Macri como parte de sus compromisos con el poderoso sector agroexportador redujo los impuestos a la exportación. Compensó multiplicando las tarifas de electricidad y gas. Para colmo la eliminación del impuesto a la exportación de trigo, sumada a la devaluación se tradujo en fuertes incrementos de la harina y el pan.
En cierta perspectiva Argentina se volvió a portar bien. Se hizo neoliberal, pagó sus viejas deudas, se abrió al libre comercio, atrajo capitales en abundancia. Ahora sufre las consecuencias.
La moneda se ha devaluado a la mitad en lo que va del año. La deuda externa es impagable y tendrá que ser reestructurada; es decir cambiar sus plazos y renegociar tasas de interés. Es posible que incluso se tenga que plantear una quita de capital; con lo que perderían los inversionistas menos avispados que no supieron salirse a tiempo.
Y Macri ha reinstalado las retenciones a las exportaciones. Declara que esos impuestos son malísimos; pero que no tiene otro remedio. Ahora pagarán todos los exportadores, incluso los de manufacturas. Son, por otro lado, los beneficiados por la devaluación.
Macri, el gran empresario, ha hundido a su población a cambio de beneficios para su clase social que difícilmente serán refrendados por el pueblo argentino en las próximas elecciones de octubre de 2019. Así las cosas.
Argentina se encuentra en crisis. Es una historia que de alguna manera se repite.
Hacia fines del siglo pasado le apostó a un modelo de atracción de capital externo para que invirtiera y creara empleos. Para darle seguridad a esos inversionistas hizo algo inusitado: amarró su moneda a una paridad fija con el dólar. Estableció por ley la imposibilidad de devaluar. Pero su apuesta falló.
La atracción de capital externo implicó en unos casos la venta de empresas y en otros la destrucción de las que, en un modelo de libre comercio y moneda fuerte, ya no pudieron sobrevivir.
Pero atraer capitales es endeudarse y comprometerse al pago de intereses o a la repatriación de ganancias y se convierte en un camino que requirió cada vez más capitales externos para mantener la apariencia de desarrollo. Se convirtió en una nación importadora que destruyó su industria, generando desempleo y empobrecimiento.
Hasta que tronó el modelo por la insuficiencia en la entrada de dólares y la duda creciente sobre la viabilidad de una moneda fuerte solo por decreto. En 2002 Argentina debía 100 mil millones de dólares por los que pagaba altas tasas de interés para que los inversionistas asumieran el riesgo de prestarle. La situación empeoraba y era contenida con saliva; con discursos en el que las elites financieras de adentro y afuera insistían en que la situación estaba controlada.
Lo que me recuerda el discurso oficial mexicano, respaldado en el exterior, que hacia fines de 1994 insistía en que todo marchaba de perlas.
El caso es que la estrategia financiera del país del sur tronó y llegó a la imposibilidad de pagar. Tras muy duras negociaciones consiguió una quita del 70 por ciento de la deuda, lo que implicó una fuerte pérdida para los inversionistas externos.
Ya que la disyuntiva para el país era la de que su población pudiera comer o bien que los inversionistas obtuvieran las ganancias esperadas, por las que habían arriesgado su dinero. El 92 por ciento de los inversionistas aceptaron el trato. El 8 por ciento restante vendió su deuda en alrededor del 40 por ciento, algo más de lo que les ofrecía el gobierno argentino. La vendieron a fondos especializados en comprar deuda barata para luego demandar su pago total en tribunales norteamericanos. Esas empresas son conocidas como fondos buitres.
Argentina se vio aislada de los mercados financieros internacionales de manera tajante y bajo la constante amenaza de que sus activos gubernamentales podían ser embargados. La situación llegó a extremos en que un buque escuela de su marina que atracó en un puerto africano fue embargado; el avión presidencial no podía volar al exterior porque lo podrían embargar.
Tal situación de aislamiento financiero extremo se mantuvo hasta el 2016. Argentina tuvo que racionar sus dólares. En algún momento rompió un convenio de comercio de automóviles con México porque le implicaba un déficit de mil millones de dólares anuales. De este lado, acostumbrados a déficits enormes, como el de 65 mil millones de dólares que tenemos con China, no vimos nada bien esa decisión.
Pero Argentina tenía que cuidar cada centavo de dólar y estableció medidas de control de cambios que les dificultaban a sus ciudadanos la compra de dólares.
¿Sufrieron mucho los argentinos con el aislamiento? De 2003 a 2013 la indigencia se redujo de 21.1 a 5.5 por ciento y la pobreza de 58.2 a 27.5 por ciento. Fue un incremento notable en los niveles de vida que se tradujo en un importante apoyo popular al gobierno de Cristina Fernández.
Pero en 2014 los precios de los principales productos de exportación de Argentina cayeron en el mercado global, ya no vendía igual y eso impactó en los ingresos públicos y en los niveles de vida. Una parte importante del ingreso público eran los impuestos a la exportación, llamados retenciones. El caso es que el combate a la pobreza se debilitó y en 2014 y 2015 esta volvió a incrementarse, aunque muy lejos de llegar a los niveles de años anteriores.
En este contexto la oposición de derecha logró llevar a la presidencia a uno de los más ricos empresarios del país, Mauricio Macri, que ofreció volver a colocar a Argentina en el mapa mundial. Es decir, a su reinserción en la globalización financiera.
Para volver a ganar la confianza del capital financiero renegoció la deuda externa en sentido contrario; les dio lo que pedían. Así que volvió a endeudar a su país. A cambio obtuvo la entrada de grandes montos de financiamiento externo atraídos por tasas de interés atractivas. Sin embargo, era capital especulativo que más adelante, es decir ahora, haría su “toma de ganancias” y se iría. Lo hace en estos días que en Estados Unidos sube la tasa de interés y bajan los impuestos.
La entrada de financiamiento externo y la apertura al libre comercio se traduce en incremento de las importaciones y en un nuevo tsunami que destruye a la pequeña y mediana industria y crea desempleo.
Macri como parte de sus compromisos con el poderoso sector agroexportador redujo los impuestos a la exportación. Compensó multiplicando las tarifas de electricidad y gas. Para colmo la eliminación del impuesto a la exportación de trigo, sumada a la devaluación se tradujo en fuertes incrementos de la harina y el pan.
En cierta perspectiva Argentina se volvió a portar bien. Se hizo neoliberal, pagó sus viejas deudas, se abrió al libre comercio, atrajo capitales en abundancia. Ahora sufre las consecuencias.
La moneda se ha devaluado a la mitad en lo que va del año. La deuda externa es impagable y tendrá que ser reestructurada; es decir cambiar sus plazos y renegociar tasas de interés. Es posible que incluso se tenga que plantear una quita de capital; con lo que perderían los inversionistas menos avispados que no supieron salirse a tiempo.
Y Macri ha reinstalado las retenciones a las exportaciones. Declara que esos impuestos son malísimos; pero que no tiene otro remedio. Ahora pagarán todos los exportadores, incluso los de manufacturas. Son, por otro lado, los beneficiados por la devaluación.
Macri, el gran empresario, ha hundido a su población a cambio de beneficios para su clase social que difícilmente serán refrendados por el pueblo argentino en las próximas elecciones de octubre de 2019. Así las cosas.
domingo, 2 de septiembre de 2018
Descrecimiento
Jorge Faljo
Esto del descrecimiento suena extraño. Sin embargo es la bandera de un movimiento social que se propaga de manera notable, sobre todo en países industrializados como Francia o los Estados Unidos. Se trata de algo muy serio, con fuerte sustento intelectual y raíces históricas que provienen tanto de países del norte como del sur, México incluido.
Esta próxima semana, del 3 al 7 de septiembre, se celebrará en la Ciudad de México, la primera semana sobre descrecimiento. Tiene un abultado programa de conferencias, encuentros, brindis y eventos culturales que atrae a personajes de todo el mundo. Es fácil encontrar información sobre este evento en internet. Y existe la oportunidad de escuchar sus planteamientos en boca de sus mejores representantes.
Vienen al evento intelectuales y activistas de todo el mundo; entre ellos representantes de universidades, fundaciones y centros de reflexión muy prestigiados.
Pero, ¿Qué propone el descrecimiento?
Su objetivo central es la sobrevivencia de la humanidad y su planteamiento es que la ideología del crecimiento y su aplicación práctica nos está llevando al abismo. El crecimiento desbocado y prácticamente forzoso, el que se le impone a los pueblos del planeta es esencialmente violento: destruye especies y ataca al medio ambiente; contamina el mar de plástico y el aire de gases que no debiéramos respirar; agota aceleradamente los recursos naturales; destruye la protección que nos brinda la atmosfera contra los rayos solares; no logra manejar los desechos nucleares y filtra radioactividad en la biosfera; introduce modificaciones genéticas sin control y de alto riesgo; nos coloca al borde de la extinción inmediata en caso de guerra nuclear, al tiempo…….el caos.
El planteamiento es que, a cambio de baratijas, plástico, autos y manufacturas diseñadas para servir por poco tiempo (para que compremos de nuevo), sacrificamos lo esencial: ambiente limpio, tiempo libre y posibilidades de convivencia.
Los ricos viven una especie de borrachera; gastan y malgastan para disfrutar el momento sin preocuparse por el futuro ni por lo que su despilfarro le cuesta a los demás, al tercer mundo, a los pobres. Estos últimos ni siquiera disfrutan la borrachera.
A los pobres y a países del sur les toca el saqueo de sus recursos, la destrucción de sus modos de vida tradicionales y el trabajo duro para malvivir entre los desechos del crecimiento. Sobre todo se les engaña con el espejismo de que el crecimiento hará que algún día puedan dejar de ser pobres. Pero ya es muy claro que el consumo de los ricos no se puede expandir; se basa en un derroche de recursos naturales (energéticos, por ejemplo) y contaminación que ha llegado a su límite.
Hace ya treinta años que la mayoría de los norteamericanos, al igual que los mexicanos se empobrecen. El anzuelo del fin de la pobreza ha servido para distraernos del problema de fondo, la glorificación del consumo ilimitado y el derroche absurdo de los pocos.
Betsy De Vos, secretaria de educación de los Estados Unidos, tiene un yate con valor de 40 millones de dólares. Su familia tiene otros nueve yates similares. En general los dueños de yates de millones de dólares en ese país, para no pagar impuestos, los registran bajo bandera de otros países aunque los tienen atracados en sus puertos.
Así como es cada vez más evidente la necesidad de garantizar un ingreso mínimo de sobrevivencia para todos ahora surge otro movimiento que pide que también haya un límite máximo de ingresos. Es difícil de decir cual deba ser, pero combatir el derroche es esencial. Digamos que nadie debería ganar más de medio millón de dólares al año.
Un factor de derroche es el absurdo de una globalización que pasea los componentes de todo tipo de bienes por todo el planeta y requiere enormes cantidades de combustible. En México traemos arroz de Filipinas, kiwis de Nueva Zelanda, piñas enlatadas de indonesia, galletas de Grecia, atún para gatos de los Estados Unidos. Esto cuando en realidad todo lo que necesitamos para vivir bien podría ser producido localmente.
Cada día hay más pobres. No son, por desgracia, aquellos pobres dignos, trabajadores, autosuficientes que salían en las películas de los años cuarenta. Aquellos que el cristianismo pregonaba como los que ganarían el cielo mientras que a los ricos no se les permitiría la entrada y desde entonces y hasta ahora la realidad es que eso, a los que tienen billetes, ni en cuenta...
Los nuevos pobres, son en realidad miserables y dependientes. Muchos de ellos tienen empleos formales pero no ganan lo suficiente para vivir. Incluso en Estados Unidos es la situación de miles de empleados de Waltmart y cadenas de comida rápida que reciben ayuda nutricional del gobierno. Y además se les acusa de ser ellos los despilfarradores.
Proponer el descrecimiento significa abandonar los imperativos del mercado y el crecimiento del Producto, incluido el producto basura, para buscar una vida de calidad sustentada en la frugalidad, la producción local, la cooperación y la solidaridad.
Ojalá y que el abandono de la ruta de la inequidad y la corrupción que recién ha exigido el pueblo de México abra vías a nuevas ideas sobre la manera en que queremos vivir y convivir como sociedad. El evento sobre descrecimiento apunta a esa nueva reflexión.
Esto del descrecimiento suena extraño. Sin embargo es la bandera de un movimiento social que se propaga de manera notable, sobre todo en países industrializados como Francia o los Estados Unidos. Se trata de algo muy serio, con fuerte sustento intelectual y raíces históricas que provienen tanto de países del norte como del sur, México incluido.
Esta próxima semana, del 3 al 7 de septiembre, se celebrará en la Ciudad de México, la primera semana sobre descrecimiento. Tiene un abultado programa de conferencias, encuentros, brindis y eventos culturales que atrae a personajes de todo el mundo. Es fácil encontrar información sobre este evento en internet. Y existe la oportunidad de escuchar sus planteamientos en boca de sus mejores representantes.
Vienen al evento intelectuales y activistas de todo el mundo; entre ellos representantes de universidades, fundaciones y centros de reflexión muy prestigiados.
Pero, ¿Qué propone el descrecimiento?
Su objetivo central es la sobrevivencia de la humanidad y su planteamiento es que la ideología del crecimiento y su aplicación práctica nos está llevando al abismo. El crecimiento desbocado y prácticamente forzoso, el que se le impone a los pueblos del planeta es esencialmente violento: destruye especies y ataca al medio ambiente; contamina el mar de plástico y el aire de gases que no debiéramos respirar; agota aceleradamente los recursos naturales; destruye la protección que nos brinda la atmosfera contra los rayos solares; no logra manejar los desechos nucleares y filtra radioactividad en la biosfera; introduce modificaciones genéticas sin control y de alto riesgo; nos coloca al borde de la extinción inmediata en caso de guerra nuclear, al tiempo…….el caos.
El planteamiento es que, a cambio de baratijas, plástico, autos y manufacturas diseñadas para servir por poco tiempo (para que compremos de nuevo), sacrificamos lo esencial: ambiente limpio, tiempo libre y posibilidades de convivencia.
Los ricos viven una especie de borrachera; gastan y malgastan para disfrutar el momento sin preocuparse por el futuro ni por lo que su despilfarro le cuesta a los demás, al tercer mundo, a los pobres. Estos últimos ni siquiera disfrutan la borrachera.
A los pobres y a países del sur les toca el saqueo de sus recursos, la destrucción de sus modos de vida tradicionales y el trabajo duro para malvivir entre los desechos del crecimiento. Sobre todo se les engaña con el espejismo de que el crecimiento hará que algún día puedan dejar de ser pobres. Pero ya es muy claro que el consumo de los ricos no se puede expandir; se basa en un derroche de recursos naturales (energéticos, por ejemplo) y contaminación que ha llegado a su límite.
Hace ya treinta años que la mayoría de los norteamericanos, al igual que los mexicanos se empobrecen. El anzuelo del fin de la pobreza ha servido para distraernos del problema de fondo, la glorificación del consumo ilimitado y el derroche absurdo de los pocos.
Betsy De Vos, secretaria de educación de los Estados Unidos, tiene un yate con valor de 40 millones de dólares. Su familia tiene otros nueve yates similares. En general los dueños de yates de millones de dólares en ese país, para no pagar impuestos, los registran bajo bandera de otros países aunque los tienen atracados en sus puertos.
Así como es cada vez más evidente la necesidad de garantizar un ingreso mínimo de sobrevivencia para todos ahora surge otro movimiento que pide que también haya un límite máximo de ingresos. Es difícil de decir cual deba ser, pero combatir el derroche es esencial. Digamos que nadie debería ganar más de medio millón de dólares al año.
Un factor de derroche es el absurdo de una globalización que pasea los componentes de todo tipo de bienes por todo el planeta y requiere enormes cantidades de combustible. En México traemos arroz de Filipinas, kiwis de Nueva Zelanda, piñas enlatadas de indonesia, galletas de Grecia, atún para gatos de los Estados Unidos. Esto cuando en realidad todo lo que necesitamos para vivir bien podría ser producido localmente.
Cada día hay más pobres. No son, por desgracia, aquellos pobres dignos, trabajadores, autosuficientes que salían en las películas de los años cuarenta. Aquellos que el cristianismo pregonaba como los que ganarían el cielo mientras que a los ricos no se les permitiría la entrada y desde entonces y hasta ahora la realidad es que eso, a los que tienen billetes, ni en cuenta...
Los nuevos pobres, son en realidad miserables y dependientes. Muchos de ellos tienen empleos formales pero no ganan lo suficiente para vivir. Incluso en Estados Unidos es la situación de miles de empleados de Waltmart y cadenas de comida rápida que reciben ayuda nutricional del gobierno. Y además se les acusa de ser ellos los despilfarradores.
Proponer el descrecimiento significa abandonar los imperativos del mercado y el crecimiento del Producto, incluido el producto basura, para buscar una vida de calidad sustentada en la frugalidad, la producción local, la cooperación y la solidaridad.
Ojalá y que el abandono de la ruta de la inequidad y la corrupción que recién ha exigido el pueblo de México abra vías a nuevas ideas sobre la manera en que queremos vivir y convivir como sociedad. El evento sobre descrecimiento apunta a esa nueva reflexión.
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