Jorge Faljo
El próximo será un año de grandes definiciones. Pensar en el que termina es más bien deprimente. Tanto que mejor no pensar, y entonces parece que somos indiferentes a los excesos a los que hemos llegado.
Sin embargo, estamos hartos de que haya nuevos records en las cifras de asesinatos, desapariciones, y criminalidad. Tampoco es aceptable la acumulación de casos de corrupción en los que los desvíos que antes eran de millones ahora lo son de miles de millones. O las promesas incumplidas de crecimiento, empleo y bienestar. O la insuficiencia de los servicios de salud; los hospitales saturados; las citas para dentro de seis meses.
Sin embargo, todavía podemos pensar con esperanza en el año que entra. Un optimismo que no nace de la indiferencia sino, por lo contrario, de la percepción de un creciente reclamo social. Nos tiene hartos el entramado político, económico y mediático que garantiza la impunidad personal y el reciclamiento continuo de una clase política sin raíces en nuestro pueblo y nuestra historia. Y la complicidad de una clase empresarial mezquina que controla los medios de comunicación para impedirles cumplir su función social.
No obstante, repito, existen señales positivas que apuntan a la búsqueda de una dirección contrapuesta a la que nos ha hecho olvidar quienes somos: un pueblo que en el pasado ha superado las mayores dificultades apelando a medidas audaces que han recompuesto los callejones sin salida en que nos han metido las elites. Independencia, reforma, revolución, distribución de la tierra, expropiación de la tierra, fueron todos en su momento cambios supuestamente imposibles.
Ahora uno de los ejes principales del reclamo de transformación es el fortalecimiento de las autonomías; es decir de espacios donde sea posible la participación personal en las decisiones. Dejar de ser manipulados.
Lo cual implica marchar contra la tendencia globalizadora de que las decisiones las toman los conocedores; los técnicos supuestamente despolitizados, aunque siempre al servicio del poder. O la de que la economía, una actividad esencialmente social, sea regida por un mercado caprichoso, pero intocable, que enmascara las decisiones de pocos y no se orienta a satisfacer las necesidades sociales. O el supuesto de que México no tiene más destino que bailar al son que se toca desde el exterior y temblar cada vez que Trump estornuda.
En sentido contrario al sometimiento a un destino tenebroso referiré tres experiencias sociales que desafían al sometimiento.
La primera experiencia se difundió a principios de diciembre. Hubo un encuentro de tres días en la Ciudad de México que conjuntó una docena de experiencias mexicanas de trueque y comercio solidario. Se llamó “1er tejido de monedas comunitarias” donde se intercambiaron experiencias prácticas y reflexiones entre grupos de “prosumidores”. Es decir, productores – consumidores que ya producen satisfactores diversos pero que se encuentran excluidos del mercado. Una exclusión que los daña no solo a ellos, sino a la sociedad y la economía y que podría, consideran, resolverse mediante el intercambio entre productores diversos.
El encuentro incluyó intercambio de vivencias de México, Argentina, España y otros países, combinando teoría y práctica. No faltaron las aportaciones espirituales, éticas, ecológicas y, claro está, económicas. En mi humilde opinión me permití recomendarles hablar de vales o cupones y no de monedas para no entrar en conflicto con Banxico. Además enfaticé la conveniencia de incluir en el reclamo el apoyo del gobierno para el fortalecimiento del sector social de la economía.
El segundo ejemplo surgió después de que un bien documentado artículo del periódico Le Monde me hizo entender mucho mejor la experiencia zapatista en el estado de Chiapas. En un territorio con una extensión cercana a la de Bélgica, entre 100 y 250 mil integrantes de las bases zapatistas llevan a cabo el más amplio y perdurable experimento de construcción de autonomía. Sin el menor apoyo público en ese espacio operan escuelas muy eficientes en la enseñanza de conocimientos prácticos adecuados a las circunstancias locales. También de saberes ciudadanos, es decir políticos, para una eficiente gobernabilidad local. Hay buenos servicios de salud básica con un enfoque preventivo. Lo esencial de la alimentación no falta, ni vivienda, ropa y calzado muy modestos.
El nivel de participación es muy fuerte y el cambio social y político impresionante. Funciona un buen sistema de justicia basado no en el castigo sino en la reparación del daño. El sistema funciona para aportar lo esencial a la vida personal, familiar y para la convivencia social pacífica (haciendo a un lado las agresiones externas). Además, evoluciona y se fortalece con la mayor participación de mujeres y jóvenes. Un ejemplo de cambio relevante fue abatir el alcoholismo.
Espero que el resto de los mexicanos le prestemos mayor atención a la gran experiencia de manejo autonómico que ahí se genera.
Menciono apretadamente un tercer caso que me parece de gran interés. Hablo de los menonitas. Un grupo cultural y religioso particular que destaca en el medio campesino mexicano por su alto nivel de bienestar en condiciones de mercado similares a las de muchos otros en fuertes dificultades. Su “secreto” se asocia a una cultura colectiva de solidaridad, austeridad y autonomía.
La pregunta del título deriva de aquel famoso libro de Schumacher, “Lo Pequeño es Hermoso” donde proponía construir fábricas, comunidades, escuelas, hospitales, todo “a la medida de lo humano”. Es decir que debemos evitar perdernos en el gigantismo que nos masifica, nos vuelve desconocidos unos a los otros, y crea espacios en los que no podemos decidir.
Importa reconocer las experiencias que van en contra del gigantismo globalizador y construyen espacios de autonomía a la medida de lo humano y donde cada uno participe y cuente. Espacios de verdadera convivencia donde el ayudarnos los unos a los otros permitiría combatir a los depredadores sociales.
sábado, 30 de diciembre de 2017
viernes, 29 de diciembre de 2017
Los empujones del estilo imperial
Jorge Faljo
Los republicanos descorchan champaña en la Casa Blanca celebrando el mayor recorte de impuestos de los últimos 34 años en los Estados Unidos. Entretanto los demócratas hablan de un asalto al bolsillo de la mayoría para beneficio de la elite multimillonaria.
La reforma es la culminación de un proceso de mala calidad, según los estándares norteamericanos que fueron arrojados por la borda. No hubo audiencias públicas, consultas a expertos y centros de estudio; ni siquiera hubo información oportuna y dialogo con la oposición demócrata.
Una versión previa fue votada con correcciones escritas a mano, poco legibles, de la que se repartieron fotocopias. Otra versión, supuestamente final, se aprobó el martes y, tras descubrirse un par de errores, se invalidó la votación. Finalmente se aprobó el miércoles, ya sin errores evidentes. Y Trump la firmó el viernes 22.
Buena parte de los senadores republicanos votaron a favor por lealtad partidaria y sin haberla estudiado, ni siquiera leído. A lo que voy es que por las prisas es hasta los próximos días que se irán descubriendo sus detalles; posiblemente haya algunas sorpresas.
Lo que se critica de la reforma es que los pobres, trabajadores y clase media serán beneficiados con algunas migajas a lo largo de varios años. Los multimillonarios y sus grandes empresas se ahorrarán miles de millones de dólares en impuestos de manera permanente.
Entre los beneficiados con millones de dólares al año se encuentran Trump y su familia, la mayor parte de su gabinete y toda la elite política. También se redujo el impuesto a las herencias; ahora estarán exentas las de menos de 22 millones. Así que los herederos de los muy ricos están felices.
Cierto que la mayoría de los ciudadanos pagarán menos impuestos. El problema serán los impactos secundarios. El recorte fiscal obligará a la reducción del gasto en programas de beneficio social. Para muchos, los más viejos y enfermos, subirá el costo de sus seguros médicos. Estados Unidos es el único país industrializado sin seguro médico universal.
Lo más importante en el mediano plazo es que aumenta de manera substancial el déficit fiscal; más adelante será necesario reducir el gasto público. Y los republicanos regresarán a la batalla para decir que los ricos merecen más y los pobres no merecen tanto. Una descarnada lucha de clases; ricos contra pobres.
Para México la situación no pinta bien. Pero es difícil saber de qué tamaño será el impacto negativo. Hay analistas que predicen fuga de capitales volátiles y devaluación, sin que sea claro de qué tamaño. Otros, como de costumbre, se ubican en el “no pasa nada”.
El hecho es que, al mejorar las condiciones de la repatriación de las ganancias acumuladas por empresas norteamericanas en el exterior, se alienta el regreso de sus capitales volátiles. Y al elevar la rentabilidad dentro de los Estados Unidos se desalienta la inversión en exterior.
Sin embargo, para nosotros el verdadero gran tema no es el tamaño de la pedrada, sino la vulnerabilidad de nuestro sapo. Es decir, del modelo económico mexicano que depende de las inversiones externas, se orienta a exportación, y donde la competitividad depende de una mano de obra a la que no se le paga ni lo suficiente para que la familia se alimente bien.
Un riesgo fuerte es el de contaminación fiscal. Hay quienes dicen que para competir tenemos que reducir impuestos a las ganancias y a los grandes capitales y elevar el IVA a los consumidores. Es decir, favorecer más a los ricos y apretar el bolsillo de los ciudadanos de a pie. Seguir apostando a la exportación en un contexto de crisis de la globalización no es muy inteligente que digamos. Apretar el consumo mayoritario no solo es empobrecer y elevar la inequidad, sino renunciar a una vía de desarrollo con un mínimo de autonomía.
Otra idea arriesgada es atacar a la informalidad para hacerla pagar impuestos. Cierto que el profesionista independiente que oculta cuantiosos ingresos debe ser obligado a pagar. Pero el grueso de los informales opera en el micro comercio de chucherías y comida.
Basta salir a la calle y ver donde comen los obreros, los Godínez del sector público y privado, los policías, los estudiantes. Comen vitamina T (tacos, tortas, tamales, tlayudas, tostadas), engordadora y barata. Comen barato gracias a los informales. Atacar fiscalmente a los informales obligaría a subirles salario a los empleados formales. También destruiría los refugios de millones de excluidos que no pueden ser incorporados por la economía formal. La informalidad nos salva; habría que formalizar sin destruir. Así que, si no saben, señores de Hacienda, más vale no exprimir a la verdadera informalidad.
Trump avanza inexorable haciendo gala de desprecio a todo el mundo. Se salió del acuerdo de París sobre cambio climático, contra la opinión de todos sus supuestos aliados. Proclamó a Jerusalén como capital de Israel y así avaló la estrategia de limpieza étnica y apartheid. Luego se enfurece por la votación en la ONU en la que 128 países se opusieron a su política y votaron por la legalidad internacional. Solo nueve estados lo apoyaron: Israel (of course), Togo, Guatemala, Nauru, Palau, Micronesia, las islas Marshall y Honduras. Otros, incluido México, se abstuvieron o tuvieron algo más importante que hacer en ese momento.
Su reforma fiscal no es excepción; la opinión pública estaba claramente en contra y no le importó. En cualquier momento Trump podría declarar su salida del TLCAN; o llevar a la expulsión de cientos de miles de jóvenes “dreamers”, los que entraron siendo niños a los Estados Unidos; o acusar a México de la epidemia de muertes por drogadicción; o cualquier otra ocurrencia.
Tal vez el impacto más inmediato sea que el incremento de la incertidumbre basta para hacer daño. Apena darnos cuenta de esta brutal dependencia del exterior cuando los Estados Unidos entran también en un periodo oscuro.
Aquí corremos el riesgo de una política espejo; de fortalecimiento de una autocracia que se atrinchere en la defensa a ultranza (¿o será ul-transa?) de los privilegiados en sus obligaciones fiscales, a costa del deterioro institucional, la impunidad y el incremento de la violencia.
Más que seguir a los gringos debemos fortalecer el estado de derecho y la equidad, para retomar el control de nuestro destino.
Los republicanos descorchan champaña en la Casa Blanca celebrando el mayor recorte de impuestos de los últimos 34 años en los Estados Unidos. Entretanto los demócratas hablan de un asalto al bolsillo de la mayoría para beneficio de la elite multimillonaria.
La reforma es la culminación de un proceso de mala calidad, según los estándares norteamericanos que fueron arrojados por la borda. No hubo audiencias públicas, consultas a expertos y centros de estudio; ni siquiera hubo información oportuna y dialogo con la oposición demócrata.
Una versión previa fue votada con correcciones escritas a mano, poco legibles, de la que se repartieron fotocopias. Otra versión, supuestamente final, se aprobó el martes y, tras descubrirse un par de errores, se invalidó la votación. Finalmente se aprobó el miércoles, ya sin errores evidentes. Y Trump la firmó el viernes 22.
Buena parte de los senadores republicanos votaron a favor por lealtad partidaria y sin haberla estudiado, ni siquiera leído. A lo que voy es que por las prisas es hasta los próximos días que se irán descubriendo sus detalles; posiblemente haya algunas sorpresas.
Lo que se critica de la reforma es que los pobres, trabajadores y clase media serán beneficiados con algunas migajas a lo largo de varios años. Los multimillonarios y sus grandes empresas se ahorrarán miles de millones de dólares en impuestos de manera permanente.
Entre los beneficiados con millones de dólares al año se encuentran Trump y su familia, la mayor parte de su gabinete y toda la elite política. También se redujo el impuesto a las herencias; ahora estarán exentas las de menos de 22 millones. Así que los herederos de los muy ricos están felices.
Cierto que la mayoría de los ciudadanos pagarán menos impuestos. El problema serán los impactos secundarios. El recorte fiscal obligará a la reducción del gasto en programas de beneficio social. Para muchos, los más viejos y enfermos, subirá el costo de sus seguros médicos. Estados Unidos es el único país industrializado sin seguro médico universal.
Lo más importante en el mediano plazo es que aumenta de manera substancial el déficit fiscal; más adelante será necesario reducir el gasto público. Y los republicanos regresarán a la batalla para decir que los ricos merecen más y los pobres no merecen tanto. Una descarnada lucha de clases; ricos contra pobres.
Para México la situación no pinta bien. Pero es difícil saber de qué tamaño será el impacto negativo. Hay analistas que predicen fuga de capitales volátiles y devaluación, sin que sea claro de qué tamaño. Otros, como de costumbre, se ubican en el “no pasa nada”.
El hecho es que, al mejorar las condiciones de la repatriación de las ganancias acumuladas por empresas norteamericanas en el exterior, se alienta el regreso de sus capitales volátiles. Y al elevar la rentabilidad dentro de los Estados Unidos se desalienta la inversión en exterior.
Sin embargo, para nosotros el verdadero gran tema no es el tamaño de la pedrada, sino la vulnerabilidad de nuestro sapo. Es decir, del modelo económico mexicano que depende de las inversiones externas, se orienta a exportación, y donde la competitividad depende de una mano de obra a la que no se le paga ni lo suficiente para que la familia se alimente bien.
Un riesgo fuerte es el de contaminación fiscal. Hay quienes dicen que para competir tenemos que reducir impuestos a las ganancias y a los grandes capitales y elevar el IVA a los consumidores. Es decir, favorecer más a los ricos y apretar el bolsillo de los ciudadanos de a pie. Seguir apostando a la exportación en un contexto de crisis de la globalización no es muy inteligente que digamos. Apretar el consumo mayoritario no solo es empobrecer y elevar la inequidad, sino renunciar a una vía de desarrollo con un mínimo de autonomía.
Otra idea arriesgada es atacar a la informalidad para hacerla pagar impuestos. Cierto que el profesionista independiente que oculta cuantiosos ingresos debe ser obligado a pagar. Pero el grueso de los informales opera en el micro comercio de chucherías y comida.
Basta salir a la calle y ver donde comen los obreros, los Godínez del sector público y privado, los policías, los estudiantes. Comen vitamina T (tacos, tortas, tamales, tlayudas, tostadas), engordadora y barata. Comen barato gracias a los informales. Atacar fiscalmente a los informales obligaría a subirles salario a los empleados formales. También destruiría los refugios de millones de excluidos que no pueden ser incorporados por la economía formal. La informalidad nos salva; habría que formalizar sin destruir. Así que, si no saben, señores de Hacienda, más vale no exprimir a la verdadera informalidad.
Trump avanza inexorable haciendo gala de desprecio a todo el mundo. Se salió del acuerdo de París sobre cambio climático, contra la opinión de todos sus supuestos aliados. Proclamó a Jerusalén como capital de Israel y así avaló la estrategia de limpieza étnica y apartheid. Luego se enfurece por la votación en la ONU en la que 128 países se opusieron a su política y votaron por la legalidad internacional. Solo nueve estados lo apoyaron: Israel (of course), Togo, Guatemala, Nauru, Palau, Micronesia, las islas Marshall y Honduras. Otros, incluido México, se abstuvieron o tuvieron algo más importante que hacer en ese momento.
Su reforma fiscal no es excepción; la opinión pública estaba claramente en contra y no le importó. En cualquier momento Trump podría declarar su salida del TLCAN; o llevar a la expulsión de cientos de miles de jóvenes “dreamers”, los que entraron siendo niños a los Estados Unidos; o acusar a México de la epidemia de muertes por drogadicción; o cualquier otra ocurrencia.
Tal vez el impacto más inmediato sea que el incremento de la incertidumbre basta para hacer daño. Apena darnos cuenta de esta brutal dependencia del exterior cuando los Estados Unidos entran también en un periodo oscuro.
Aquí corremos el riesgo de una política espejo; de fortalecimiento de una autocracia que se atrinchere en la defensa a ultranza (¿o será ul-transa?) de los privilegiados en sus obligaciones fiscales, a costa del deterioro institucional, la impunidad y el incremento de la violencia.
Más que seguir a los gringos debemos fortalecer el estado de derecho y la equidad, para retomar el control de nuestro destino.
lunes, 18 de diciembre de 2017
¿Quién da más?
Jorge Faljo
Me dio verdadero gusto el arranque de precampaña del candidato arropado por el PRI, José Antonio Meade. No porque haya descalificado la idea de un ingreso ciudadano universal; es decir la propuesta central de la coalición “Por México al Frente” y su candidato Ricardo Anaya. También tundió las propuestas sociales del candidato de Morena, López Obrador. Antes de ser malinterpretado me apresuro a explicar el motivo de mi satisfacción.
Durante años se ha criticado que nuestras campañas electorales parecen concursos de personalidad, incluso de mera apariencia, y no ejercicios de reflexión nacional sobre los temas de importancia para el país.
En este caso es afortunado que Meade, al intentar descalificarlos, haya logrado lo contrario: subrayar cuales son los temas centrales de la contienda electoral. Hacerlos a un lado no será tan sencillo. López Obrador logró llevar a la práctica una política social de apoyo a la tercera edad, por ejemplo, que después tuvo que ser imitada en todo el país. Y lo propuesto por el Frente, el ingreso básico ciudadano, es hoy en día no solo una bandera social, sino una propuesta con fuerte sustento económico; más allá de lo corto de miras de la inercia financiera.
En opinión de Meade la propuesta de Anaya “refleja una falta brutal de comprensión de las finanzas públicas, o… es un intento real de engañar”. Tal critica se ubica en una perspectiva de estricta continuidad en el rumbo de las finanzas públicas. Aquí, o no quiere abordar o demuestra desconocimiento sobre un plano superior que se encuentra en crisis: el de una economía enfrentada al final de la globalización y una sociedad traumatizada por el empobrecimiento, la inequidad y la violencia salvaje.
Cabe recomendarle a Meade empaparse del tema. Y nada mejor que leer lo presentado en el seminario sobre ingreso básico ciudadano que organizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, aquí en México, en marzo pasado. En particular la presentación de Alicia Bárcena; la estupenda mexicana que dirige esa organización internacional.
Bárcena habló sobre todo de la historia del ingreso básico ciudadano. Sorprende saber que uno de sus primeros antecedentes fue una propuesta de Richard Nixon que en 1969 abogó por garantizar un ingreso incondicional a las familias pobres por un monto anual equivalente a unos 10 mil dólares actuales. Un año antes más de mil economistas norteamericanos habían suscrito un manifiesto publicado en la portada del New York Times pidiendo asegurar un ingreso no menor a la definición oficial de pobreza para todos. Entre ellos economistas que todavía son leídos y estudiados. Incluso en el ITAM.
Entre otros antecedentes interesantes se encuentra uno proveniente del PRI. Bárcena nos recuerda que en 2011 el entonces precandidato presidencial, Manlio Fabio Beltrones, propuso el establecimiento en México de un ingreso mínimo universal.
Más recientemente, en la propuesta original del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para la Constitución de la Ciudad de México se establecía que “toda persona desde su nacimiento tiene derecho a un ingreso básico universal y la ciudad garantizará su cumplimiento de manera progresiva”. Obtuvo un 56 por ciento de votos a favor, pero no los dos tercios necesarios para aprobarla. Finalmente quedó una versión más ligera que apunta claramente en la misma dirección.
Para la CEPAL la gran recesión del 2008 marca un fuerte incremento del interés internacional en esta propuesta. No se la puede ignorar en todo debate sobre equidad y reducción de la pobreza. Tareas estas lamentablemente desatendidas en México debido sobre todo a la ortodoxia financiera.
Incluso el Fondo Monetario Internacional se ha sumado a los llamados al gobierno de México para avanzar en favor de una mayor equidad y del reforzamiento en honestidad y cobertura de los programas sociales. Para hacerlo se requiere solucionar otra deficiencia señalada por el Fondo y la CEPAL: la muy baja recaudación fiscal de México.
Pensar como economistas con visión de país abriría las puertas a resolver el tema del financiamiento del ingreso básico universal. México tiene una captación fiscal de alrededor de 11 puntos porcentuales del PIB; menos de la tercera parte de la media de países de la OCDE que asciende a 34 por ciento. Lo que ocurre, según el Fondo, es que muchas empresas simplemente no pagan impuestos.
Si se resuelve ese asunto y se aumentara la recaudación al 21 por ciento del PIB, aún por debajo del promedio mencionado, habría recursos para garantizar a cada mexicano un ingreso de mil 200 pesos mensuales.
No obstante, sería una solución a medias. El mero incremento del consumo sería inflacionario e incrementaría el déficit comercial. Lo importante es asociar el incremento gradual del consumo al aumento de la producción en condiciones de muy baja inversión pública y privada. La salida es crear las condiciones en que la inversión histórica ya existente, a la que le dimos la espalda en los últimos treinta años, se encargue de generar el grueso del incremento del consumo popular.
Para que los pobres incrementen su consumo se requiere que los pobres eleven su producción. Poner en juego lo que la gente sabe y puede hacer con los equipos, herramientas y capacidades que ya tiene. La clave es la demanda; si la demanda se orienta en favor de estos productores, ellos responderán.
Pasar del pensamiento financiero centrado en el sector público, para repensar al país es urgente. La discusión apenas ha empezado; ojalá y se profundice desde todas las propuestas electorales.
En todo caso a Meade le conviene actualizarse; entender las nuevas corrientes del pensamiento económico y social para competir con Anaya y López que ya ofrecen mucho más.
¿Quién da más?
Me dio verdadero gusto el arranque de precampaña del candidato arropado por el PRI, José Antonio Meade. No porque haya descalificado la idea de un ingreso ciudadano universal; es decir la propuesta central de la coalición “Por México al Frente” y su candidato Ricardo Anaya. También tundió las propuestas sociales del candidato de Morena, López Obrador. Antes de ser malinterpretado me apresuro a explicar el motivo de mi satisfacción.
Durante años se ha criticado que nuestras campañas electorales parecen concursos de personalidad, incluso de mera apariencia, y no ejercicios de reflexión nacional sobre los temas de importancia para el país.
En este caso es afortunado que Meade, al intentar descalificarlos, haya logrado lo contrario: subrayar cuales son los temas centrales de la contienda electoral. Hacerlos a un lado no será tan sencillo. López Obrador logró llevar a la práctica una política social de apoyo a la tercera edad, por ejemplo, que después tuvo que ser imitada en todo el país. Y lo propuesto por el Frente, el ingreso básico ciudadano, es hoy en día no solo una bandera social, sino una propuesta con fuerte sustento económico; más allá de lo corto de miras de la inercia financiera.
En opinión de Meade la propuesta de Anaya “refleja una falta brutal de comprensión de las finanzas públicas, o… es un intento real de engañar”. Tal critica se ubica en una perspectiva de estricta continuidad en el rumbo de las finanzas públicas. Aquí, o no quiere abordar o demuestra desconocimiento sobre un plano superior que se encuentra en crisis: el de una economía enfrentada al final de la globalización y una sociedad traumatizada por el empobrecimiento, la inequidad y la violencia salvaje.
Cabe recomendarle a Meade empaparse del tema. Y nada mejor que leer lo presentado en el seminario sobre ingreso básico ciudadano que organizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, aquí en México, en marzo pasado. En particular la presentación de Alicia Bárcena; la estupenda mexicana que dirige esa organización internacional.
Bárcena habló sobre todo de la historia del ingreso básico ciudadano. Sorprende saber que uno de sus primeros antecedentes fue una propuesta de Richard Nixon que en 1969 abogó por garantizar un ingreso incondicional a las familias pobres por un monto anual equivalente a unos 10 mil dólares actuales. Un año antes más de mil economistas norteamericanos habían suscrito un manifiesto publicado en la portada del New York Times pidiendo asegurar un ingreso no menor a la definición oficial de pobreza para todos. Entre ellos economistas que todavía son leídos y estudiados. Incluso en el ITAM.
Entre otros antecedentes interesantes se encuentra uno proveniente del PRI. Bárcena nos recuerda que en 2011 el entonces precandidato presidencial, Manlio Fabio Beltrones, propuso el establecimiento en México de un ingreso mínimo universal.
Más recientemente, en la propuesta original del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para la Constitución de la Ciudad de México se establecía que “toda persona desde su nacimiento tiene derecho a un ingreso básico universal y la ciudad garantizará su cumplimiento de manera progresiva”. Obtuvo un 56 por ciento de votos a favor, pero no los dos tercios necesarios para aprobarla. Finalmente quedó una versión más ligera que apunta claramente en la misma dirección.
Para la CEPAL la gran recesión del 2008 marca un fuerte incremento del interés internacional en esta propuesta. No se la puede ignorar en todo debate sobre equidad y reducción de la pobreza. Tareas estas lamentablemente desatendidas en México debido sobre todo a la ortodoxia financiera.
Incluso el Fondo Monetario Internacional se ha sumado a los llamados al gobierno de México para avanzar en favor de una mayor equidad y del reforzamiento en honestidad y cobertura de los programas sociales. Para hacerlo se requiere solucionar otra deficiencia señalada por el Fondo y la CEPAL: la muy baja recaudación fiscal de México.
Pensar como economistas con visión de país abriría las puertas a resolver el tema del financiamiento del ingreso básico universal. México tiene una captación fiscal de alrededor de 11 puntos porcentuales del PIB; menos de la tercera parte de la media de países de la OCDE que asciende a 34 por ciento. Lo que ocurre, según el Fondo, es que muchas empresas simplemente no pagan impuestos.
Si se resuelve ese asunto y se aumentara la recaudación al 21 por ciento del PIB, aún por debajo del promedio mencionado, habría recursos para garantizar a cada mexicano un ingreso de mil 200 pesos mensuales.
No obstante, sería una solución a medias. El mero incremento del consumo sería inflacionario e incrementaría el déficit comercial. Lo importante es asociar el incremento gradual del consumo al aumento de la producción en condiciones de muy baja inversión pública y privada. La salida es crear las condiciones en que la inversión histórica ya existente, a la que le dimos la espalda en los últimos treinta años, se encargue de generar el grueso del incremento del consumo popular.
Para que los pobres incrementen su consumo se requiere que los pobres eleven su producción. Poner en juego lo que la gente sabe y puede hacer con los equipos, herramientas y capacidades que ya tiene. La clave es la demanda; si la demanda se orienta en favor de estos productores, ellos responderán.
Pasar del pensamiento financiero centrado en el sector público, para repensar al país es urgente. La discusión apenas ha empezado; ojalá y se profundice desde todas las propuestas electorales.
En todo caso a Meade le conviene actualizarse; entender las nuevas corrientes del pensamiento económico y social para competir con Anaya y López que ya ofrecen mucho más.
¿Quién da más?
domingo, 3 de diciembre de 2017
El gran reto electoral
Jorge Faljo
Hay veces que las campañas electorales se han parecido demasiado a concursos de apariencias; tener una cara agradable, dientes refulgentes, juventud y buen porte parecen contribuir a obtener votos. Eso sin menospreciar la compra de votos; es decir la distribución de despensas, tinacos, laminas, televisores y más recientemente, tarjetas electrónicas precargadas de algunos pesos o que constituyen una promesa de que si gana X candidato tendrán un depósito electrónico.
El campo de lucha en los medios tradicionales, televisión y radio, sigue siendo importante, aunque en declive. Aquí cuenta la propaganda que no se avergüenza de su nombre y, tanto o más, la información supuestamente neutra y objetiva de noticieros y espacios de análisis. También cuentan las toneladas de plástico y, en el caso de candidatos más ecológicos, de cartón, con la efigie y los colores del partido correspondiente.
Existe otra arena de batalla que emerge con tremenda importancia. Los millones de mensajes que se emiten y retrasmiten en las redes sociales, wasap, twitter, facebook y similares, y que dan la apariencia de que son generados por gente como uno. Frente al desprestigio de los medios tradicionales tendemos a atribuirles una confianza totalmente inmerecida y la prueba es que con gran facilidad los retrasmitimos a parientes, amigos y conocidos. Son un espacio en que predominan las “fake news”, la información falsa o desvirtuada. Aquí se habrá de librar una brutal contienda electoral fuertemente influenciada, sin dar la cara, por un nuevo tipo de expertos y estrategas de la desinformación.
Y, ¿en dónde queda el debate racional, informado y factual, sobre asuntos de fondo? Este prácticamente no ha existido en el pasado. Lo que constituye un grave riesgo. Cualquiera que rememore las pasadas elecciones presidenciales encontrará que el candidato ganador, Peña Nieto, nunca nos reveló sus verdaderos planes de fondo. No mencionó las reformas estructurales: la privatización del subsuelo, la reforma educativa, las estrategias contra la inseguridad y la corrupción, la continuidad de la contención salarial y demás. En lugar de comunicar los hechos, los planes y estrategias que tenían en mente, se hicieron promesas: crecimiento acelerado, empleo y bienestar, honestidad y seguridad pública.
Otra cosa hubiera sido conocer el sustento y los detalles de esas promesas que ahora sabemos incumplidas. Por eso es de la mayor importancia exigir que en este nuevo magno ciclo electoral, en el que se ponen en juego no solo la presidencia sino gubernaturas estatales y municipales y la composición del Congreso, seamos tratados como adultos pensantes. Es un derecho ciudadano.
Rechacemos las promesas que no van acompañadas del conocimiento factual de nuestras realidades y de estrategias creíbles. Tenemos la oportunidad de que ahora las elecciones no sean concursos de belleza sino de inteligencias, en las que dejemos de ser meros espectadores para exigir interlocución efectiva entre ciudadanos y candidatos.
Quienquiera que gane la elección más importante, la presidencial, recibirá un país en graves problemas. Apostamos a la globalización extrema y nos hemos quedado colgados de la brocha. Despreciamos el mercado interno y seguimos una estrategia de exclusión económica y social que requirió la expulsión de millones de mexicanos que en su propio país no tenían oportunidades de empleo y vida digna. Confiamos en las transnacionales y vendimos activos estratégicos del patrimonio nacional.
Ahora resulta que la globalización sufre de sobreproducción o, vista desde el otro lado de la misma moneda, de insuficiencia de la demanda. El mismo Fondo Monetario Internacional cuestiona en sus publicaciones los excesos del neoliberalismo conducentes a la inequidad extrema. Una desembocadura muy distinta a lo prometido que en lo económico se ha convertido en el principal obstáculo al crecimiento y en lo político está colocando al mundo de cabeza. Esto incluye a las democracias industriales amenazadas por una rabia ciudadana que no encuentra, o no la dejan encontrar, cauces racionales a su profundo descontento.
La última evaluación de la economía mexicana hecha por el Fondo Monetario Internacional señala textualmente que las reformas estructurales no se han traducido en algún incremento significativo al crecimiento económico. De hecho la economía crecerá en 2017 menos que el año anterior y esta caída seguirá en 2018.
El Fondo dice que lo que se requiere para que las reformas bandera de este régimen tengan un efecto positivo son avances efectivos en cuatro vertientes: combate a la corrupción, seguridad pública, equidad e inclusión y eficiencia administrativa. Son vertientes en las que este sexenio ha fracasado.
Será prácticamente imposible corregir el rumbo en esas cuatro vertientes sin un notorio fortalecimiento de las capacidades de acción gubernamental. Un punto en el que el Fondo Monetario apunta que tenemos la recaudación fiscal más baja entre los países de la OCDE y una de las menores de América Latina. Y aquí esta institución no se muerde la lengua al decir que esto se debe, en parte, a que “muchas empresas no pagan impuestos”.
Imposible no correlacionar la baja sostenida del ritmo de crecimiento de 2015 a 2018 sin considerar la fuerte caída en la inversión pública que se redujo en 11.8 por ciento en 2015 respecto al año anterior. Con otra baja de 9 por ciento en 2016 y otra de 12.2 en 2017. En lugar de invertir el régimen se aprieta el cinturón, y el de los mexicanos, para incrementar su solvencia ante los acreedores. Un rumbo autodestructivo del que solo podemos escapar dejando de ser un paraíso fiscal.
Hay veces que las campañas electorales se han parecido demasiado a concursos de apariencias; tener una cara agradable, dientes refulgentes, juventud y buen porte parecen contribuir a obtener votos. Eso sin menospreciar la compra de votos; es decir la distribución de despensas, tinacos, laminas, televisores y más recientemente, tarjetas electrónicas precargadas de algunos pesos o que constituyen una promesa de que si gana X candidato tendrán un depósito electrónico.
El campo de lucha en los medios tradicionales, televisión y radio, sigue siendo importante, aunque en declive. Aquí cuenta la propaganda que no se avergüenza de su nombre y, tanto o más, la información supuestamente neutra y objetiva de noticieros y espacios de análisis. También cuentan las toneladas de plástico y, en el caso de candidatos más ecológicos, de cartón, con la efigie y los colores del partido correspondiente.
Existe otra arena de batalla que emerge con tremenda importancia. Los millones de mensajes que se emiten y retrasmiten en las redes sociales, wasap, twitter, facebook y similares, y que dan la apariencia de que son generados por gente como uno. Frente al desprestigio de los medios tradicionales tendemos a atribuirles una confianza totalmente inmerecida y la prueba es que con gran facilidad los retrasmitimos a parientes, amigos y conocidos. Son un espacio en que predominan las “fake news”, la información falsa o desvirtuada. Aquí se habrá de librar una brutal contienda electoral fuertemente influenciada, sin dar la cara, por un nuevo tipo de expertos y estrategas de la desinformación.
Y, ¿en dónde queda el debate racional, informado y factual, sobre asuntos de fondo? Este prácticamente no ha existido en el pasado. Lo que constituye un grave riesgo. Cualquiera que rememore las pasadas elecciones presidenciales encontrará que el candidato ganador, Peña Nieto, nunca nos reveló sus verdaderos planes de fondo. No mencionó las reformas estructurales: la privatización del subsuelo, la reforma educativa, las estrategias contra la inseguridad y la corrupción, la continuidad de la contención salarial y demás. En lugar de comunicar los hechos, los planes y estrategias que tenían en mente, se hicieron promesas: crecimiento acelerado, empleo y bienestar, honestidad y seguridad pública.
Otra cosa hubiera sido conocer el sustento y los detalles de esas promesas que ahora sabemos incumplidas. Por eso es de la mayor importancia exigir que en este nuevo magno ciclo electoral, en el que se ponen en juego no solo la presidencia sino gubernaturas estatales y municipales y la composición del Congreso, seamos tratados como adultos pensantes. Es un derecho ciudadano.
Rechacemos las promesas que no van acompañadas del conocimiento factual de nuestras realidades y de estrategias creíbles. Tenemos la oportunidad de que ahora las elecciones no sean concursos de belleza sino de inteligencias, en las que dejemos de ser meros espectadores para exigir interlocución efectiva entre ciudadanos y candidatos.
Quienquiera que gane la elección más importante, la presidencial, recibirá un país en graves problemas. Apostamos a la globalización extrema y nos hemos quedado colgados de la brocha. Despreciamos el mercado interno y seguimos una estrategia de exclusión económica y social que requirió la expulsión de millones de mexicanos que en su propio país no tenían oportunidades de empleo y vida digna. Confiamos en las transnacionales y vendimos activos estratégicos del patrimonio nacional.
Ahora resulta que la globalización sufre de sobreproducción o, vista desde el otro lado de la misma moneda, de insuficiencia de la demanda. El mismo Fondo Monetario Internacional cuestiona en sus publicaciones los excesos del neoliberalismo conducentes a la inequidad extrema. Una desembocadura muy distinta a lo prometido que en lo económico se ha convertido en el principal obstáculo al crecimiento y en lo político está colocando al mundo de cabeza. Esto incluye a las democracias industriales amenazadas por una rabia ciudadana que no encuentra, o no la dejan encontrar, cauces racionales a su profundo descontento.
La última evaluación de la economía mexicana hecha por el Fondo Monetario Internacional señala textualmente que las reformas estructurales no se han traducido en algún incremento significativo al crecimiento económico. De hecho la economía crecerá en 2017 menos que el año anterior y esta caída seguirá en 2018.
El Fondo dice que lo que se requiere para que las reformas bandera de este régimen tengan un efecto positivo son avances efectivos en cuatro vertientes: combate a la corrupción, seguridad pública, equidad e inclusión y eficiencia administrativa. Son vertientes en las que este sexenio ha fracasado.
Será prácticamente imposible corregir el rumbo en esas cuatro vertientes sin un notorio fortalecimiento de las capacidades de acción gubernamental. Un punto en el que el Fondo Monetario apunta que tenemos la recaudación fiscal más baja entre los países de la OCDE y una de las menores de América Latina. Y aquí esta institución no se muerde la lengua al decir que esto se debe, en parte, a que “muchas empresas no pagan impuestos”.
Imposible no correlacionar la baja sostenida del ritmo de crecimiento de 2015 a 2018 sin considerar la fuerte caída en la inversión pública que se redujo en 11.8 por ciento en 2015 respecto al año anterior. Con otra baja de 9 por ciento en 2016 y otra de 12.2 en 2017. En lugar de invertir el régimen se aprieta el cinturón, y el de los mexicanos, para incrementar su solvencia ante los acreedores. Un rumbo autodestructivo del que solo podemos escapar dejando de ser un paraíso fiscal.
sábado, 25 de noviembre de 2017
Renta universal; propuesta toral
Jorge Faljo
Me sorprendió con mucho agrado que, en la presentación de la plataforma electoral del Frente Ciudadano, la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, uno de sus tres ejes fuera crear una renta ciudadana universal. Los otros dos pilares de su programa son seguridad pública y combate a la corrupción.
La idea de que contar con lo mínimo para vivir con dignidad no debe ser un privilegio o fruto de la suerte, sino un derecho humano esencial es algo que ya se reflexiona desde hace décadas. Se sustenta, sobre todo, en la certeza de que la humanidad ha alcanzado un nivel de capacidades productivas que le debe permitir, si se lo propone, garantizar alimentos, vestido, vivienda, movilidad e información adecuados a la vida de una sociedad civilizada.
En Estados Unidos lo propuso, y no digo que fue el primero, Martin Luther King en 1967. Más recientemente Hillary Clinton en su libro de memorias de su campaña presidencial dice, para sorpresa de muchos, que propuso y discutió con su equipo de campaña la posibilidad de un ingreso básico universal financiado con impuestos a la emisión de carbono y a las transacciones financieras. Se inspiró en que el estado de Alaska le emite un cheque anual a cada residente sustentado en sus ingresos petroleros. Ella y su equipo decidieron que el país no estaba preparado para esa propuesta.
Aquí en México se exploró esa posibilidad a finales de los setentas; en la época de la administración de la abundancia petrolera. Más recientemente desde las filas de Morena se propuso como un derecho consagrado en la nueva constitución de la Ciudad de México.
Los derechos se conquistan poco a poco, hasta que logran afianzarse en el imaginario colectivo y ser exigencia general. A eso va a contribuir de manera notable la propuesta que el Frente Ciudadano califica como eje central de su propuesta social. Cabe esperar que como sociedad avancemos en la dirección en que apuesta esta nueva coalición; decidir el voto ciudadano a partir del análisis del programa de cada partido o coalición, y no de la imagen bonita de los candidatos.
Si consideramos que la propuesta también la respalda Morena (espero que lo reafirme de manera contundente), estaríamos en una situación en la que más de la mitad del peso electoral de los contendientes presidenciales se encontraría a favor.
¿Qué dirá el PRI al respecto? Tenemos como antecedente que terminó por aceptar una propuesta similar, proveniente de la izquierda y que ahora es irrebatible: los apoyos a los ciudadanos de la tercera edad.
La principal critica a una propuesta de este tipo es siempre la de que no hay dinero. Un asunto que depende en mucho de la gradualidad con que se vaya instrumentando. La meta debe ser ambiciosa, pero el pragmatismo indica que se llegará a ella no de inmediato, sino en varios pasos.
De cualquier modo, subsiste el problema del financiamiento. En la propuesta planteada por el Frente Ciudadano este ingreso universal provendría de una modificación, más que de un incremento, en el uso de los recursos públicos. Se trata de quitarle los recursos a los programas de desarrollo social, que han demostrado su inutilidad en buena medida porque están de arriba abajo, plagados de corrupción. Proporcionar un ingreso básico universal simplificaría el aparato burocrático al nivel casi invisible del que hoy se requiere para distribuir los apoyos a la tercera edad.
No está mal la propuesta, aunque para muchos se queda corta para un país en el que no solo es necesaria, sino que cuenta con elementos para llevarla mucho más lejos.
Una propuesta eleva la demanda popular y eso genera inquietud porque pueda ser inflacionaria. Pero la inflación surge cuando se eleva la demanda sin una pronta respuesta de la oferta y en este caso elevar la demanda popular puede ser ampliamente correspondido por un rápido incremento de la oferta de una canasta de consumo de producción popular.
Para lograrlo se requiere que la demanda generada por un ingreso universal se amarre al consumo de productos nacionales, regionales y locales. Bastaría que ese ingreso se proporcione en forma de cupones para demandar en un sistema distributivo apropiado, no necesariamente público, pero si social.
Lo que planteo es que la renta básica no debe derivar a incrementar las importaciones y, por el contrario, puede ser un eficaz “despertador” de capacidades productivas adormiladas.
Otra vía de fortalecimiento adicional es dejar de ser un paraíso fiscal y conseguir que las grandes riquezas improductivas aporten lo que en cualquier otro país les corresponde pagar al fisco. Aquí los ingresos del gobierno son menos de la mitad del promedio de los 34 países de la OCDE.
Una función básica de un estado social, sin abandonar el sistema de libre empresa, es la de transferir ingresos en favor de la equidad. No es una propuesta radical sino una función básica de todo estado moderno; incluso en los Estados Unidos: recordemos los cupones de comida que les permiten nutrirse a 45 millones de norteamericanos.
Una renta ciudadana universal en México es posible y financieramente viable. Nos permitiría escapar de las tendencias al empobrecimiento y hacer efectivo el derecho humano a la alimentación. Nos reubicaría como un estado que atiende el tema social, desalienta la violencia, abre compuertas a potencialidades productivas que lo único que requieren es mercado popular. Al generar ingreso se crea empleo.
El asunto me recuerda la evaluación de la economía mexicana que recién hizo el Fondo Monetario Internacional y que comenté la semana pasada. Sus propuestas centrales fueron combatir la corrupción y la inseguridad; elevar la eficiencia de la administración y procurar la inclusión. No importa quien levante la bandera del ingreso universal, por ahí marcha la solución.
Me sorprendió con mucho agrado que, en la presentación de la plataforma electoral del Frente Ciudadano, la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, uno de sus tres ejes fuera crear una renta ciudadana universal. Los otros dos pilares de su programa son seguridad pública y combate a la corrupción.
La idea de que contar con lo mínimo para vivir con dignidad no debe ser un privilegio o fruto de la suerte, sino un derecho humano esencial es algo que ya se reflexiona desde hace décadas. Se sustenta, sobre todo, en la certeza de que la humanidad ha alcanzado un nivel de capacidades productivas que le debe permitir, si se lo propone, garantizar alimentos, vestido, vivienda, movilidad e información adecuados a la vida de una sociedad civilizada.
En Estados Unidos lo propuso, y no digo que fue el primero, Martin Luther King en 1967. Más recientemente Hillary Clinton en su libro de memorias de su campaña presidencial dice, para sorpresa de muchos, que propuso y discutió con su equipo de campaña la posibilidad de un ingreso básico universal financiado con impuestos a la emisión de carbono y a las transacciones financieras. Se inspiró en que el estado de Alaska le emite un cheque anual a cada residente sustentado en sus ingresos petroleros. Ella y su equipo decidieron que el país no estaba preparado para esa propuesta.
Aquí en México se exploró esa posibilidad a finales de los setentas; en la época de la administración de la abundancia petrolera. Más recientemente desde las filas de Morena se propuso como un derecho consagrado en la nueva constitución de la Ciudad de México.
Los derechos se conquistan poco a poco, hasta que logran afianzarse en el imaginario colectivo y ser exigencia general. A eso va a contribuir de manera notable la propuesta que el Frente Ciudadano califica como eje central de su propuesta social. Cabe esperar que como sociedad avancemos en la dirección en que apuesta esta nueva coalición; decidir el voto ciudadano a partir del análisis del programa de cada partido o coalición, y no de la imagen bonita de los candidatos.
Si consideramos que la propuesta también la respalda Morena (espero que lo reafirme de manera contundente), estaríamos en una situación en la que más de la mitad del peso electoral de los contendientes presidenciales se encontraría a favor.
¿Qué dirá el PRI al respecto? Tenemos como antecedente que terminó por aceptar una propuesta similar, proveniente de la izquierda y que ahora es irrebatible: los apoyos a los ciudadanos de la tercera edad.
La principal critica a una propuesta de este tipo es siempre la de que no hay dinero. Un asunto que depende en mucho de la gradualidad con que se vaya instrumentando. La meta debe ser ambiciosa, pero el pragmatismo indica que se llegará a ella no de inmediato, sino en varios pasos.
De cualquier modo, subsiste el problema del financiamiento. En la propuesta planteada por el Frente Ciudadano este ingreso universal provendría de una modificación, más que de un incremento, en el uso de los recursos públicos. Se trata de quitarle los recursos a los programas de desarrollo social, que han demostrado su inutilidad en buena medida porque están de arriba abajo, plagados de corrupción. Proporcionar un ingreso básico universal simplificaría el aparato burocrático al nivel casi invisible del que hoy se requiere para distribuir los apoyos a la tercera edad.
No está mal la propuesta, aunque para muchos se queda corta para un país en el que no solo es necesaria, sino que cuenta con elementos para llevarla mucho más lejos.
Una propuesta eleva la demanda popular y eso genera inquietud porque pueda ser inflacionaria. Pero la inflación surge cuando se eleva la demanda sin una pronta respuesta de la oferta y en este caso elevar la demanda popular puede ser ampliamente correspondido por un rápido incremento de la oferta de una canasta de consumo de producción popular.
Para lograrlo se requiere que la demanda generada por un ingreso universal se amarre al consumo de productos nacionales, regionales y locales. Bastaría que ese ingreso se proporcione en forma de cupones para demandar en un sistema distributivo apropiado, no necesariamente público, pero si social.
Lo que planteo es que la renta básica no debe derivar a incrementar las importaciones y, por el contrario, puede ser un eficaz “despertador” de capacidades productivas adormiladas.
Otra vía de fortalecimiento adicional es dejar de ser un paraíso fiscal y conseguir que las grandes riquezas improductivas aporten lo que en cualquier otro país les corresponde pagar al fisco. Aquí los ingresos del gobierno son menos de la mitad del promedio de los 34 países de la OCDE.
Una función básica de un estado social, sin abandonar el sistema de libre empresa, es la de transferir ingresos en favor de la equidad. No es una propuesta radical sino una función básica de todo estado moderno; incluso en los Estados Unidos: recordemos los cupones de comida que les permiten nutrirse a 45 millones de norteamericanos.
Una renta ciudadana universal en México es posible y financieramente viable. Nos permitiría escapar de las tendencias al empobrecimiento y hacer efectivo el derecho humano a la alimentación. Nos reubicaría como un estado que atiende el tema social, desalienta la violencia, abre compuertas a potencialidades productivas que lo único que requieren es mercado popular. Al generar ingreso se crea empleo.
El asunto me recuerda la evaluación de la economía mexicana que recién hizo el Fondo Monetario Internacional y que comenté la semana pasada. Sus propuestas centrales fueron combatir la corrupción y la inseguridad; elevar la eficiencia de la administración y procurar la inclusión. No importa quien levante la bandera del ingreso universal, por ahí marcha la solución.
domingo, 19 de noviembre de 2017
Fondo Monetario; un espaldarazo inexistente
Jorge Faljo
Algunos documentos son muy difíciles de descifrar. Digamos los manuscritos del mar muerto, que son las versiones más antiguas de la biblia escritas en versiones ancestrales de hebreo, arameo y griego. Escritos sobre pergaminos, es decir pieles de animales muy jóvenes cuidadosamente limpiadas, estiradas y secadas, se guardaron enrollados en grandes jarras, en cuevas de ambiente muy seco. Por eso se conservaron durante un par de milenios.
Una vez descubiertos, a partir de 1946, fue cuando sufrieron sus mayores daños porque fueron destrozados para venderlos en pedacería y ganarles más. Ahora son objeto de estudio de numerosos especialistas empeñados en descifrarlos y aprender sobre su contexto histórico y de creencias religiosas.
Interpretar lo escrito en otra lengua es labor de traductores que enfrentan siempre algún grado de dificultad. Lo más probable es que incluso dos buenos traductores puedan interpretar el mismo documento con algunas diferencias de matiz. Eso me pasa con un reciente rollo, en este caso no por su forma, como los del mar muerto, sino por su contenido, en el que Hacienda y Banxico interpretan el último reporte del Fondo Monetario Internacional –FMI-, sobre la situación de México.
Hay que señalar primero que no están de acuerdo en un punto controvertido; el FMI prevé que en 2018 la economía del país crecerá tan solo al 1.9 por ciento; es decir un par de décimas menos que el 2.1 por ciento calculado para este 2017. Es decir que lo hará al ritmo de tortuga, que para la mayoría de los mexicanos es más bien de cangrejo, al que nos han acostumbrado décadas de neoliberalismo. Como es seguro no al ritmo prometido al principio de esta administración.
Esta y otras diferencias se reflejan en el comunicado con el que Hacienda y Banxico dan a conocer los resultados de la evaluación que el FMI hizo de la economía mexicana mediante una interpretación francamente sesgada.
Aquí me propongo hacer una comparación y una interpretación alternativa de los puntos más relevantes.
La versión mexicana señala que el FMI “Reconoció que las reformas estructurales han contribuido al aumento de la actividad económica al impulsar la inversión, reducir los precios y generar una mayor provisión de servicios.” Un reconocimiento que, si fuera enteramente cierto, sería un importante espaldarazo a la actual administración.
Sin embargo, lo que yo encuentro en la versión en inglés, de la que hago mi propia traducción, es que “aun cuando algunas de las reformas estructurales muestran las primeras señales de éxito, todavía no han resultado en un aporte significativo al crecimiento. Además, la percepción de una alta corrupción y la débil aplicación de la ley siguen restringiendo la perspectiva de crecimiento”.
Con una inflación superior al seis por ciento anual ¿a que puede referirse la afirmación de que los precios han bajado? Se refieren a dos sectores muy específicos que “parecen” contribuir al crecimiento: telecomunicaciones y electricidad. Más allá de estos dos casos, es evidente que los precios no han bajado.
Según el lado mexicano el FMI dijo que las reformas multiplicarán el impacto positivo en el crecimiento y en la reducción de la pobreza. Tal vez, en el futuro. Porque de momento lo que el FMI dice es que la pobreza y la inequidad siguen siendo altas y que el índice de pobreza ha continuado incrementándose en los años recientes. Es decir, en esta administración.
El FMI no duda en señalar que la mortalidad infantil en México es superior al promedio de Latino América y que nos encontramos rezagados en algunos aspectos de los servicios de salud, educación y básicos en general. También dice que la tasa de homicidios es el triple de la mundial. Que solo la tercera parte de los mayores de 25 años han completado la secundaria y que cerca del 20 por ciento de los jóvenes están excluidos de la educación, la capacitación y el empleo.
Cierto que, como apunta el lado mexicano, el FMI dice que continuar con las reformas estructurales puede contribuir al crecimiento y la disminución de la pobreza. Pero, y aquí pongo un “pero” gigantesco, ¿de cuáles reformas habla? Para el FMI la prioridad está en reformas que ataquen la corrupción, que fortalezcan el cumplimiento de la ley, que reduzcan la informalidad y que incrementen la seguridad. Aquí se encuentran importantes obstáculos a la inversión y el crecimiento. Son debilidades que, para esa institución, pueden y van a impedir que las otras reformas, las que más pregona esta administración, tengan el impacto esperado en la economía.
También se expresa en la evaluación que los ingresos fiscales en México son muy bajos. Es conocido que somos un paraíso fiscal, así que el FMI propone elevar algunos impuestos, eliminar exenciones y combatir la evasión.
Aquí me viene a la mente el dato proporcionado por la Auditoría Superior de la Federación de que entre 2013 y 2016 el Sistema de Administración Tributaria logró cobrar 2.8 mil millones de pesos, el 3.8 por ciento de un total de 74.5 mil millones de pesos de créditos fiscales controvertidos que ya tenían sentencia favorable al SAT. La enorme mayoría no se pudo cobrar por dos motivos; la lentitud de los procedimientos y que las empresas reducen operaciones y bienes, incluso desaparecen, para no pagar. Y así por el estilo. Algo habría que hacer al respecto.
Una recomendación general es mejorar la efectividad de la administración pública y la eficiencia del gasto en educación y en salud, y consolidar los programas de asistencia social.
Concluyo que no es lo mismo leer la interpretación “rollo” de Hacienda y Banxico que el documento original, en inglés. Lejos de lo que el lado mexicano quiere presentar como un espaldarazo a esta administración la evaluación del FMI es despiadada en señalar la ineficacia del sector público; los, hasta el momento, bajos resultados de las reformas; el rezago de México respecto a Latino América en bienestar social.
Lo importante y positivo es la claridad de la propuesta central: que se reforme el combate a la corrupción y a la inseguridad, se fortalezca el estado de derecho y se promueva la inclusión económica y social.
Para entender esto no era necesario leer en arameo.
Algunos documentos son muy difíciles de descifrar. Digamos los manuscritos del mar muerto, que son las versiones más antiguas de la biblia escritas en versiones ancestrales de hebreo, arameo y griego. Escritos sobre pergaminos, es decir pieles de animales muy jóvenes cuidadosamente limpiadas, estiradas y secadas, se guardaron enrollados en grandes jarras, en cuevas de ambiente muy seco. Por eso se conservaron durante un par de milenios.
Una vez descubiertos, a partir de 1946, fue cuando sufrieron sus mayores daños porque fueron destrozados para venderlos en pedacería y ganarles más. Ahora son objeto de estudio de numerosos especialistas empeñados en descifrarlos y aprender sobre su contexto histórico y de creencias religiosas.
Interpretar lo escrito en otra lengua es labor de traductores que enfrentan siempre algún grado de dificultad. Lo más probable es que incluso dos buenos traductores puedan interpretar el mismo documento con algunas diferencias de matiz. Eso me pasa con un reciente rollo, en este caso no por su forma, como los del mar muerto, sino por su contenido, en el que Hacienda y Banxico interpretan el último reporte del Fondo Monetario Internacional –FMI-, sobre la situación de México.
Hay que señalar primero que no están de acuerdo en un punto controvertido; el FMI prevé que en 2018 la economía del país crecerá tan solo al 1.9 por ciento; es decir un par de décimas menos que el 2.1 por ciento calculado para este 2017. Es decir que lo hará al ritmo de tortuga, que para la mayoría de los mexicanos es más bien de cangrejo, al que nos han acostumbrado décadas de neoliberalismo. Como es seguro no al ritmo prometido al principio de esta administración.
Esta y otras diferencias se reflejan en el comunicado con el que Hacienda y Banxico dan a conocer los resultados de la evaluación que el FMI hizo de la economía mexicana mediante una interpretación francamente sesgada.
Aquí me propongo hacer una comparación y una interpretación alternativa de los puntos más relevantes.
La versión mexicana señala que el FMI “Reconoció que las reformas estructurales han contribuido al aumento de la actividad económica al impulsar la inversión, reducir los precios y generar una mayor provisión de servicios.” Un reconocimiento que, si fuera enteramente cierto, sería un importante espaldarazo a la actual administración.
Sin embargo, lo que yo encuentro en la versión en inglés, de la que hago mi propia traducción, es que “aun cuando algunas de las reformas estructurales muestran las primeras señales de éxito, todavía no han resultado en un aporte significativo al crecimiento. Además, la percepción de una alta corrupción y la débil aplicación de la ley siguen restringiendo la perspectiva de crecimiento”.
Con una inflación superior al seis por ciento anual ¿a que puede referirse la afirmación de que los precios han bajado? Se refieren a dos sectores muy específicos que “parecen” contribuir al crecimiento: telecomunicaciones y electricidad. Más allá de estos dos casos, es evidente que los precios no han bajado.
Según el lado mexicano el FMI dijo que las reformas multiplicarán el impacto positivo en el crecimiento y en la reducción de la pobreza. Tal vez, en el futuro. Porque de momento lo que el FMI dice es que la pobreza y la inequidad siguen siendo altas y que el índice de pobreza ha continuado incrementándose en los años recientes. Es decir, en esta administración.
El FMI no duda en señalar que la mortalidad infantil en México es superior al promedio de Latino América y que nos encontramos rezagados en algunos aspectos de los servicios de salud, educación y básicos en general. También dice que la tasa de homicidios es el triple de la mundial. Que solo la tercera parte de los mayores de 25 años han completado la secundaria y que cerca del 20 por ciento de los jóvenes están excluidos de la educación, la capacitación y el empleo.
Cierto que, como apunta el lado mexicano, el FMI dice que continuar con las reformas estructurales puede contribuir al crecimiento y la disminución de la pobreza. Pero, y aquí pongo un “pero” gigantesco, ¿de cuáles reformas habla? Para el FMI la prioridad está en reformas que ataquen la corrupción, que fortalezcan el cumplimiento de la ley, que reduzcan la informalidad y que incrementen la seguridad. Aquí se encuentran importantes obstáculos a la inversión y el crecimiento. Son debilidades que, para esa institución, pueden y van a impedir que las otras reformas, las que más pregona esta administración, tengan el impacto esperado en la economía.
También se expresa en la evaluación que los ingresos fiscales en México son muy bajos. Es conocido que somos un paraíso fiscal, así que el FMI propone elevar algunos impuestos, eliminar exenciones y combatir la evasión.
Aquí me viene a la mente el dato proporcionado por la Auditoría Superior de la Federación de que entre 2013 y 2016 el Sistema de Administración Tributaria logró cobrar 2.8 mil millones de pesos, el 3.8 por ciento de un total de 74.5 mil millones de pesos de créditos fiscales controvertidos que ya tenían sentencia favorable al SAT. La enorme mayoría no se pudo cobrar por dos motivos; la lentitud de los procedimientos y que las empresas reducen operaciones y bienes, incluso desaparecen, para no pagar. Y así por el estilo. Algo habría que hacer al respecto.
Una recomendación general es mejorar la efectividad de la administración pública y la eficiencia del gasto en educación y en salud, y consolidar los programas de asistencia social.
Concluyo que no es lo mismo leer la interpretación “rollo” de Hacienda y Banxico que el documento original, en inglés. Lejos de lo que el lado mexicano quiere presentar como un espaldarazo a esta administración la evaluación del FMI es despiadada en señalar la ineficacia del sector público; los, hasta el momento, bajos resultados de las reformas; el rezago de México respecto a Latino América en bienestar social.
Lo importante y positivo es la claridad de la propuesta central: que se reforme el combate a la corrupción y a la inseguridad, se fortalezca el estado de derecho y se promueva la inclusión económica y social.
Para entender esto no era necesario leer en arameo.
domingo, 12 de noviembre de 2017
Paraísos en competencia
Jorge Faljo
La reforma fiscal que se discute en los Estados Unidos apunta a bajar los impuestos sobre todo de los muy ricos. Por ejemplo, reducir y luego eliminar el impuesto a las herencias que exceden los 5.5 millones de dólares beneficia tan solo al 0.2 por ciento de los norteamericanos. Otras reducciones se centran también en las grandes empresas y los muy ricos.
Bernie Sanders, muy conocido por haber competido por la candidatura demócrata a la presidencia norteamericana afirma que la reducción propuesta por los republicanos reduciría en 52 mil millones de dólares que paga la familia norteamericana más rica. Se trata de los Walton, dueños de Walt Mart, Los segundos más ricos, los hermanos Koch pagarían 38 mil millones de dólares menos.
Esto en un país en el que la inequidad se acrecienta, en donde una fracción mucho menor aún al uno por ciento de las personas más ricas de Estados Unidos ya tiene tanta riqueza como el 90 por ciento más pobre.
La teoría detrás de esta infame reforma se basa en restarle servicios de salud y educación a los más necesitados porque supone que son los ricos los que crean la riqueza. Es decir que concentrada en sus manos se invertirá de manera productiva y creará empleo y un bienestar que se desparramará de arriba hacia abajo. Un absurdo histórico continuamente desmentido por los hechos.
Se podría pensar que es asunto de ellos. Pero el caso es que esa reforma fiscal, si se aprueba, tiene dos cambios relevantes que pueden pegarnos muy duro.
Un es la reducción del impuesto a las grandes corporaciones que bajaría del 35 al 20 por ciento. Lo segundo es que hasta ahora las empresas norteamericanas en el extranjero solo pagaban el impuesto corporativo al repatriar sus ganancias. Ahora se les ofrece no solo la reducción del impuesto corporativo, sino que si regresan capitales y ganancias recibirían un fuerte descuento de impuestos por única vez.
De este modo se alienta la repatriación de capitales volátiles y se eleva substancialmente el margen de ganancias de producir dentro de Estados Unidos. Lo que desincentiva la inversión en el exterior. Es decir que México puede ver reducido el ingreso de dinero y la instalación de empresas. Lo cual, además de pegarle a la paridad cambiaria, debilita un modelo de crecimiento basado en la inversión externa para modernizar la producción y aumentar las exportaciones.
Con esos argumentos los medios empresariales mexicanos están proponiendo y presionando para que también en México ocurra una notable reducción de impuestos que, eso dicen, nos haga competitivos en la atracción de capitales externos.
Se trata de la lógica de la carrera hacia el abismo. Los gringos reducen impuestos y por eso mismo también debemos hacerlo. Pero no olvidemos que México es ya un paraíso fiscal. Ingresa menos de la mitad del promedio de recaudación de los países de la OCDE. Tenemos un gobierno que en una comparación internacional resulta ser un enano y por eso mismo es incapaz de garantizarle a su población sistemas de salud, educación y seguridad social decentes.
La propuesta empresarial plantea un diagnóstico equivocado. Los primeros dos años de este sexenio sufrimos una economía particularmente decaída precisamente por la reducción del gasto público. Ahora la situación post sísmica exige incremento del gasto público para superar el golpe a la economía y bienestar de las familias. No se trata de subir el endeudamiento, sino de evitarlo mediante el sencillo remedio de que el estrato de población que atesora sin producir pague una porción más justa de impuestos.
Es ridículo plantear la reducción de impuestos cuando recién nos estamos enterando de que también nuestros muy ricos esconden grandes capitales en paraísos fiscales. Son fortunas que buscan ocultarse por sus orígenes tenebrosos y para no pagar, o pagar muy bajos impuestos. Ellos, los ultra ricos, pagan mucho menos de lo que se le exige al común de los trabajadores.
Desde hace varios años el diagnóstico de los centros del pensamiento financiero internacional, sea el Fondo Monetario, la OCDE, la Organización Mundial del Trabajo, o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe entre otros ha planteado que el gran problema de la economía mundial es la insuficiencia de demanda originada en el rezago salarial. La productividad se ha multiplicado mientras que los salarios renquean.
La pretensión de competir con la baja de impuestos en Estados Unidos o, sería el colmo, con los paraisitos fiscales donde de plano las empresas y los muy ricos no pagan impuestos es absurda. Se alinea con un modelo de crecimiento fracasado y empobrecedor. Los gringos amenazan dejarnos colgados de la brocha, ¡qué bueno!
Lo que hay que hacer ahora no es voltear hacia Sudamérica, China u otros países. Sino retomar la senda del crecimiento acelerado mediante la prioridad a la producción y el empleo internos sobre las importaciones. El primer paso es fortalecer el mercado interno mediante incrementos salariales que eleven la capacidad de compra de la mayoría; lo segundo y más importante es asegurar que esa demanda, la privada y la pública, se enfoque en la compra de producción nacional.
Este es el esquema que, primero, elevaría el aprovechamiento de las grandes capacidades existentes y, segundo, incentivaría la inversión en miles de empresas pequeñas y medianas para responder al incremento de la demanda.
No podemos seguir a los gringos en su camino hacia la mayor inequidad y el empobrecimiento de las mayorías. Tenemos que salir adelante mediante el trabajo honesto de todos; y para eso requerimos un gobierno justiciero y democrático. Con unos centímetros de frente.
La reforma fiscal que se discute en los Estados Unidos apunta a bajar los impuestos sobre todo de los muy ricos. Por ejemplo, reducir y luego eliminar el impuesto a las herencias que exceden los 5.5 millones de dólares beneficia tan solo al 0.2 por ciento de los norteamericanos. Otras reducciones se centran también en las grandes empresas y los muy ricos.
Bernie Sanders, muy conocido por haber competido por la candidatura demócrata a la presidencia norteamericana afirma que la reducción propuesta por los republicanos reduciría en 52 mil millones de dólares que paga la familia norteamericana más rica. Se trata de los Walton, dueños de Walt Mart, Los segundos más ricos, los hermanos Koch pagarían 38 mil millones de dólares menos.
Esto en un país en el que la inequidad se acrecienta, en donde una fracción mucho menor aún al uno por ciento de las personas más ricas de Estados Unidos ya tiene tanta riqueza como el 90 por ciento más pobre.
La teoría detrás de esta infame reforma se basa en restarle servicios de salud y educación a los más necesitados porque supone que son los ricos los que crean la riqueza. Es decir que concentrada en sus manos se invertirá de manera productiva y creará empleo y un bienestar que se desparramará de arriba hacia abajo. Un absurdo histórico continuamente desmentido por los hechos.
Se podría pensar que es asunto de ellos. Pero el caso es que esa reforma fiscal, si se aprueba, tiene dos cambios relevantes que pueden pegarnos muy duro.
Un es la reducción del impuesto a las grandes corporaciones que bajaría del 35 al 20 por ciento. Lo segundo es que hasta ahora las empresas norteamericanas en el extranjero solo pagaban el impuesto corporativo al repatriar sus ganancias. Ahora se les ofrece no solo la reducción del impuesto corporativo, sino que si regresan capitales y ganancias recibirían un fuerte descuento de impuestos por única vez.
De este modo se alienta la repatriación de capitales volátiles y se eleva substancialmente el margen de ganancias de producir dentro de Estados Unidos. Lo que desincentiva la inversión en el exterior. Es decir que México puede ver reducido el ingreso de dinero y la instalación de empresas. Lo cual, además de pegarle a la paridad cambiaria, debilita un modelo de crecimiento basado en la inversión externa para modernizar la producción y aumentar las exportaciones.
Con esos argumentos los medios empresariales mexicanos están proponiendo y presionando para que también en México ocurra una notable reducción de impuestos que, eso dicen, nos haga competitivos en la atracción de capitales externos.
Se trata de la lógica de la carrera hacia el abismo. Los gringos reducen impuestos y por eso mismo también debemos hacerlo. Pero no olvidemos que México es ya un paraíso fiscal. Ingresa menos de la mitad del promedio de recaudación de los países de la OCDE. Tenemos un gobierno que en una comparación internacional resulta ser un enano y por eso mismo es incapaz de garantizarle a su población sistemas de salud, educación y seguridad social decentes.
La propuesta empresarial plantea un diagnóstico equivocado. Los primeros dos años de este sexenio sufrimos una economía particularmente decaída precisamente por la reducción del gasto público. Ahora la situación post sísmica exige incremento del gasto público para superar el golpe a la economía y bienestar de las familias. No se trata de subir el endeudamiento, sino de evitarlo mediante el sencillo remedio de que el estrato de población que atesora sin producir pague una porción más justa de impuestos.
Es ridículo plantear la reducción de impuestos cuando recién nos estamos enterando de que también nuestros muy ricos esconden grandes capitales en paraísos fiscales. Son fortunas que buscan ocultarse por sus orígenes tenebrosos y para no pagar, o pagar muy bajos impuestos. Ellos, los ultra ricos, pagan mucho menos de lo que se le exige al común de los trabajadores.
Desde hace varios años el diagnóstico de los centros del pensamiento financiero internacional, sea el Fondo Monetario, la OCDE, la Organización Mundial del Trabajo, o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe entre otros ha planteado que el gran problema de la economía mundial es la insuficiencia de demanda originada en el rezago salarial. La productividad se ha multiplicado mientras que los salarios renquean.
La pretensión de competir con la baja de impuestos en Estados Unidos o, sería el colmo, con los paraisitos fiscales donde de plano las empresas y los muy ricos no pagan impuestos es absurda. Se alinea con un modelo de crecimiento fracasado y empobrecedor. Los gringos amenazan dejarnos colgados de la brocha, ¡qué bueno!
Lo que hay que hacer ahora no es voltear hacia Sudamérica, China u otros países. Sino retomar la senda del crecimiento acelerado mediante la prioridad a la producción y el empleo internos sobre las importaciones. El primer paso es fortalecer el mercado interno mediante incrementos salariales que eleven la capacidad de compra de la mayoría; lo segundo y más importante es asegurar que esa demanda, la privada y la pública, se enfoque en la compra de producción nacional.
Este es el esquema que, primero, elevaría el aprovechamiento de las grandes capacidades existentes y, segundo, incentivaría la inversión en miles de empresas pequeñas y medianas para responder al incremento de la demanda.
No podemos seguir a los gringos en su camino hacia la mayor inequidad y el empobrecimiento de las mayorías. Tenemos que salir adelante mediante el trabajo honesto de todos; y para eso requerimos un gobierno justiciero y democrático. Con unos centímetros de frente.
domingo, 5 de noviembre de 2017
Ataque ruso y fragmentación cultural
Jorge Faljo
Cuando niño, en una ciudad pequeña, había solamente dos cines que cambiaban su programación cada quince días. Siempre ofrecían dos películas relacionadas. Aunque mi memoria convierte los recuerdos en caricatura, esos pares eran algo así como “el enmascarado de plata” y, a continuación, “el regreso del enmascarado de plata”. Lo mismo con las películas de Capulina, o las rancheras. Un grupito salíamos corriendo de la secundaria para llegar a la casa más cercana a oír “Kaaaliman, el hombre increíble”.
Podíamos elegir entre no muchas opciones; había, por ejemplo, solo tres canales de televisión. Todo lo que podría llamarse “cultura cotidiana” fluía de arriba hacia abajo y provenía de difusores identificables institucionalizados: estaciones de radio y televisión, escuelas, revistas y periódicos, libros y demás. Relativamente muy pocas fuentes de información alimentaban las ideas de millones.
En unas cuantas décadas la situación se ha volteado de cabeza, no necesariamente para mal y con algunas ventajas, pero en todo caso de una manera que no hemos aprendido a manejar y que plantea riesgos.
Hoy en día los jóvenes tienen acceso a la música y películas acumuladas en las últimas décadas y en todo el mundo. Pueden explorar una enorme oferta de entretenimiento, cultura e información, verdadera o falsa. Y cada uno puede “descubrir” algo a su gusto y sobre lo que puede encontrar material abundante.
Nos movemos hacia una situación en la que cada quien elige su cultura cotidiana. Esta es la parte menor del cambio.
Lo profundamente revolucionario es que ahora todos somos emisores en las redes sociales como Wasap, Twitter, YouTube, Facebook y muchas otras. Somos micro difusores, sea porque creamos material o porque elegimos que cosas reenviar, mensajes, chistes, videos y de manera asociada inevitablemente transmitimos formas de ver la vida, publicidad abierta o disfrazada, e ideas políticas.
Esta cultura cotidiana ya no fluye de arriba hacia abajo; sino que es crecientemente horizontal. Cada uno es editor, publicista, locutor y programa (pensándolo mucho, poquito o nada), el material que difunde a los parientes, amigos, colegas, extraños. Y ellos a su vez reprograman y reenvían creando “cadenas de información” horizontales que tienden a uniformarse a su interior en cuanto a intereses, posiciones, enfoques políticos y demás.
Ya no operamos al interior de una ancha corriente cultural dentro de la cual habría diferencias menores. Vamos hacia arroyos culturales diferenciados y distantes entre unos y otros.
Este nuevo contexto abrió el camino hacia una nueva forma de interferencia internacional; lo que las agencias de investigación y el congreso norteamericano consideran una agresión mediática rusa. Este es un hecho probado, no así, hasta el momento, la colusión con la campaña presidencial de Trump.
Llama la atención el contenido de los mensajes presentados como ejemplos en las sesiones del Congreso norteamericano.
Un anuncio en Facebook decía que Hillary Clinton se había opuesto a enviar ayuda a un grupo de marines en peligro en una misión en Libia, que no reconocía los problemas que enfrentan los veteranos de guerra y los despreciaba. Por ello un 69 por ciento de los veteranos de guerra se oponía a la candidata. El mensaje, muy patriótico estaba firmado por la organización de veteranos “Corazón de Texas”. Recordemos que en general los veteranos son considerados héroes de guerra.
Otro anuncio de la organización “Siendo patriotas” hablaba de múltiples concentraciones de trabajadores mineros en apoyo a Trump. Muestras de apoyo que en realidad no existieron.
Un anuncio invitaba a los norteamericanos de origen indio (de la India) a votar por correo electrónico en una página de apariencia oficial y proporcionando sus datos electorales. Estaba ilustrado con la imagen sonriente de un comediante del mismo origen muy popular entre esa población.
Se trató en todos los casos de información falsa o sesgada, anti Hillary o a favor de Trump, firmada por organizaciones inexistentes. Lo más notorio por evidente es que los anuncios fueron colocados desde Rusia y pagados en rublos.
La campaña es vista ahora como ejemplo de alta eficacia a un muy bajo costo. Exigió un excelente conocimiento de los grupos sociales y políticos norteamericanos, de sus intereses y opiniones. Hubo miles de anuncios de este tipo y un gran número de ellos prendieron como pólvora en las redes sociales. Si llegaron a, se calcula, por lo menos 150 millones de norteamericanos es que estos anuncios estaban bien diseñados para ser reenviados de manera voluntaria por millones de norteamericanos.
Un buen chiste o video en Wasap puede llegar a millones porque muchos lo reenvian. Pero igual circula información falsa, sesgada, tendenciosa. Los anunciantes rusos le dieron al clavo a lo que sentían muchos grupos y alentaron la diferenciación cultural; les dieron por su lado a blancos supremacistas, igual que a negros, chicanos, cubanos, trabajadores manuales, mujeres, y un largo etcétera.
Hace unos días me llegó por Wasap un video de Ricardo Anaya, el dirigente del PAN, hablando en inglés y pidiendo a Trump que construya su muro porque les conviene a los dos países. Era un video falseado; como falsas son muchos mensajes, supuestamente del Papa, la madre Teresa o cualquier otro personaje político, artístico o académico.
De este modo se crean y afinan cadenas de información sesgada que circulan entre grupos que las reproducen porque responden a sus sentimientos e instintos y constituyen corrientes “culturales” alternativas.
Es muy fácil que cualquiera pueda ahora hacer, por ejemplo, un mensaje a favor o en contra de, digamos, la separación de Cataluña en España. Puede pagarlo en pesos y dirigirlo expresamente a usuarios españoles y catalanes. Y si está bien hecho puede “prender” entre los usuarios ibéricos.
La situación está preparada para que eso ocurra en México el año que entra; provenga o no del extranjero. ¿Qué podemos aprender de lo ocurrido en los Estados Unidos? Porque ya se difunde en México información distorsionada de impacto en el sentir social.
Cuando niño, en una ciudad pequeña, había solamente dos cines que cambiaban su programación cada quince días. Siempre ofrecían dos películas relacionadas. Aunque mi memoria convierte los recuerdos en caricatura, esos pares eran algo así como “el enmascarado de plata” y, a continuación, “el regreso del enmascarado de plata”. Lo mismo con las películas de Capulina, o las rancheras. Un grupito salíamos corriendo de la secundaria para llegar a la casa más cercana a oír “Kaaaliman, el hombre increíble”.
Podíamos elegir entre no muchas opciones; había, por ejemplo, solo tres canales de televisión. Todo lo que podría llamarse “cultura cotidiana” fluía de arriba hacia abajo y provenía de difusores identificables institucionalizados: estaciones de radio y televisión, escuelas, revistas y periódicos, libros y demás. Relativamente muy pocas fuentes de información alimentaban las ideas de millones.
En unas cuantas décadas la situación se ha volteado de cabeza, no necesariamente para mal y con algunas ventajas, pero en todo caso de una manera que no hemos aprendido a manejar y que plantea riesgos.
Hoy en día los jóvenes tienen acceso a la música y películas acumuladas en las últimas décadas y en todo el mundo. Pueden explorar una enorme oferta de entretenimiento, cultura e información, verdadera o falsa. Y cada uno puede “descubrir” algo a su gusto y sobre lo que puede encontrar material abundante.
Nos movemos hacia una situación en la que cada quien elige su cultura cotidiana. Esta es la parte menor del cambio.
Lo profundamente revolucionario es que ahora todos somos emisores en las redes sociales como Wasap, Twitter, YouTube, Facebook y muchas otras. Somos micro difusores, sea porque creamos material o porque elegimos que cosas reenviar, mensajes, chistes, videos y de manera asociada inevitablemente transmitimos formas de ver la vida, publicidad abierta o disfrazada, e ideas políticas.
Esta cultura cotidiana ya no fluye de arriba hacia abajo; sino que es crecientemente horizontal. Cada uno es editor, publicista, locutor y programa (pensándolo mucho, poquito o nada), el material que difunde a los parientes, amigos, colegas, extraños. Y ellos a su vez reprograman y reenvían creando “cadenas de información” horizontales que tienden a uniformarse a su interior en cuanto a intereses, posiciones, enfoques políticos y demás.
Ya no operamos al interior de una ancha corriente cultural dentro de la cual habría diferencias menores. Vamos hacia arroyos culturales diferenciados y distantes entre unos y otros.
Este nuevo contexto abrió el camino hacia una nueva forma de interferencia internacional; lo que las agencias de investigación y el congreso norteamericano consideran una agresión mediática rusa. Este es un hecho probado, no así, hasta el momento, la colusión con la campaña presidencial de Trump.
Llama la atención el contenido de los mensajes presentados como ejemplos en las sesiones del Congreso norteamericano.
Un anuncio en Facebook decía que Hillary Clinton se había opuesto a enviar ayuda a un grupo de marines en peligro en una misión en Libia, que no reconocía los problemas que enfrentan los veteranos de guerra y los despreciaba. Por ello un 69 por ciento de los veteranos de guerra se oponía a la candidata. El mensaje, muy patriótico estaba firmado por la organización de veteranos “Corazón de Texas”. Recordemos que en general los veteranos son considerados héroes de guerra.
Otro anuncio de la organización “Siendo patriotas” hablaba de múltiples concentraciones de trabajadores mineros en apoyo a Trump. Muestras de apoyo que en realidad no existieron.
Un anuncio invitaba a los norteamericanos de origen indio (de la India) a votar por correo electrónico en una página de apariencia oficial y proporcionando sus datos electorales. Estaba ilustrado con la imagen sonriente de un comediante del mismo origen muy popular entre esa población.
Se trató en todos los casos de información falsa o sesgada, anti Hillary o a favor de Trump, firmada por organizaciones inexistentes. Lo más notorio por evidente es que los anuncios fueron colocados desde Rusia y pagados en rublos.
La campaña es vista ahora como ejemplo de alta eficacia a un muy bajo costo. Exigió un excelente conocimiento de los grupos sociales y políticos norteamericanos, de sus intereses y opiniones. Hubo miles de anuncios de este tipo y un gran número de ellos prendieron como pólvora en las redes sociales. Si llegaron a, se calcula, por lo menos 150 millones de norteamericanos es que estos anuncios estaban bien diseñados para ser reenviados de manera voluntaria por millones de norteamericanos.
Un buen chiste o video en Wasap puede llegar a millones porque muchos lo reenvian. Pero igual circula información falsa, sesgada, tendenciosa. Los anunciantes rusos le dieron al clavo a lo que sentían muchos grupos y alentaron la diferenciación cultural; les dieron por su lado a blancos supremacistas, igual que a negros, chicanos, cubanos, trabajadores manuales, mujeres, y un largo etcétera.
Hace unos días me llegó por Wasap un video de Ricardo Anaya, el dirigente del PAN, hablando en inglés y pidiendo a Trump que construya su muro porque les conviene a los dos países. Era un video falseado; como falsas son muchos mensajes, supuestamente del Papa, la madre Teresa o cualquier otro personaje político, artístico o académico.
De este modo se crean y afinan cadenas de información sesgada que circulan entre grupos que las reproducen porque responden a sus sentimientos e instintos y constituyen corrientes “culturales” alternativas.
Es muy fácil que cualquiera pueda ahora hacer, por ejemplo, un mensaje a favor o en contra de, digamos, la separación de Cataluña en España. Puede pagarlo en pesos y dirigirlo expresamente a usuarios españoles y catalanes. Y si está bien hecho puede “prender” entre los usuarios ibéricos.
La situación está preparada para que eso ocurra en México el año que entra; provenga o no del extranjero. ¿Qué podemos aprender de lo ocurrido en los Estados Unidos? Porque ya se difunde en México información distorsionada de impacto en el sentir social.
domingo, 29 de octubre de 2017
Sismos; las otras replicas
Jorge Faljo
Los sismos causaron, además de muertes y traumatismos físicos y emocionales, daños a más de 150 mil viviendas, la tercera parte como destrucción total. Algunos cálculos oficiales acercan el número de gentes con daños a su vivienda al millón de personas, de las que más de 250 mil se quedaron sin casa. Son, en la mayoría de los casos, familias de clase media cuya pérdida las reduce a una situación de pobreza patrimonial.
Además, ocurrieron daños a la infraestructura pública, desde escuelas hasta las redes de distribución de agua y el alcantarillado. Daños que se concentran en zonas que ya se caracterizaban por su vulnerabilidad económica: Oaxaca, Chiapas, Morelos, y barrios de la ciudad de México.
Tras los sismos de septiembre ocurrieron miles de réplicas. Movimientos telúricos adicionales que han mantenido en vilo a la población del sureste.
Ahora, tras de los impactos más traumáticos, empiezan a ocurrir otro tipo de réplicas. Las que se asocian al sanamiento social y económico, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad y distribución de recursos para el apoyo a damnificados y la reconstrucción en general.
Una primera reacción, prácticamente instintiva en esta administración, fue convocar a los cuates, a las grandes empresas constructoras, a hacerse cargo de la reconstrucción en una estrategia de desarrollos habitacionales estandarizados. La firme negativa social obligó a un giro fundamental; pasar a una estrategia de autoconstrucción con apoyo económico, asistencia técnica y acceso a materiales a costos accesibles. Bien llevada esta nueva línea significaría que la reconstrucción ya no estaría abierta al gran negocio privado, con tajada burocrática, sino al verdadero apoyo a la población.
Pero no todo está resuelto, ni mucho menos.
Se detuvo, por homicidio doloso, al responsable de obra y copropietario de la empresa que construyó uno de los edificios derrumbados en la ciudad de México. En la revisión de escombros se pudo comprobar que la construcción no fue realizada conforme a lo reportado oficialmente, además de otras irregularidades.
Esta detención marca el inicio de una investigación más general sobre otros derrumbes. No es un asunto sencillo. La procuraduría de justicia capitalina informó que las delegaciones han incumplido con la entrega de planos estructurales de 162 inmuebles. Aquí hay mucho que escarbar y transparentar.
No habría que detenerse en los edificios dañados; la población necesita, para su tranquilidad, conocer que vive en un lugar seguro, incluso si no se dañó. Será una tarea prolongada.
Mucho de lo dañado son construcciones públicas; escuelas, hospitales, infraestructura en general. Aquí la revisión debe ser particularmente exhaustiva; por seguridad y para saber si la corrupción fue un factor importante del daño a la nación, porque a final de cuentas todas esas inversiones salieron de nuestros bolsillos.
El sistema de justicia será puesto a prueba en los próximos meses, tal vez años. Su lentitud, ineficacia y falta de transparencia habituales debe ser corregida.
En otro plano el alcalde de Nezahualcóyotl, municipio declarado zona de desastre, consideró una burla del gobierno federal que se le hayan asignado 700 mil pesos del Fondo Nacional de Desastres para las necesarias reparaciones a la red hidráulica. Dijo que se requieren por lo menos 380 millones para esas y otras reparaciones y aprovechó para exigir que se transparente el monto y distribución de los donativos internacionales y empresariales recibidos.
Por su parte la Ciudad de México reclamó que el criterio de atención preferente a la población más pobre no toma en consideración que aquellos que perdieron su patrimonio quedaron en situación de pobreza y deben ser incluidos entre la población que debe ser apoyada.
Sn ejemplos del jaloneo de cobijas entre municipios, estados y federación por la distribución de los recursos ya asignados, y todo apunta a que estos no serán suficientes.
Desde la Cámara de Diputados un órgano técnico, la Unidad de Evaluación y Control –UEC-, propone que los ingresos por aprovechamientos que resulten adicionales a lo ya previsto en el presupuesto de ingresos de la federación, se destinen a fortalecer los apoyos a los damnificados y la reconstrucción.
No es un asunto menor. Estos ingresos que superan las previsiones presentadas a la Cámara por la Secretaría de Hacienda ascenderán este año a unos 38 mil millones de pesos, según el cálculo de la UEC. El año que entra serán de un monto similar.
Anteriormente la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el uso de estos recursos es discrecional y no transparente por parte de Hacienda. Así que si el Congreso les asigna un destino se elevaría la transparencia y habría una fuente adicional, muy substancial, de recursos para el creciente jaloneo de cobijas en torno a la reconstrucción.
En un artículo anterior, “tarda en doler”, dije que el impacto de los sismos se prolongaría por años. Apenas estamos empezando a ver cuáles son sus réplicas sociales, legales, económicas. De su adecuado manejo dependerá en buena medida la percepción sobre la honestidad y eficacia de un gobierno que no tiene buena calificación popular y quién sabe si alcance a dar otra imagen más favorable.
Los sismos causaron, además de muertes y traumatismos físicos y emocionales, daños a más de 150 mil viviendas, la tercera parte como destrucción total. Algunos cálculos oficiales acercan el número de gentes con daños a su vivienda al millón de personas, de las que más de 250 mil se quedaron sin casa. Son, en la mayoría de los casos, familias de clase media cuya pérdida las reduce a una situación de pobreza patrimonial.
Además, ocurrieron daños a la infraestructura pública, desde escuelas hasta las redes de distribución de agua y el alcantarillado. Daños que se concentran en zonas que ya se caracterizaban por su vulnerabilidad económica: Oaxaca, Chiapas, Morelos, y barrios de la ciudad de México.
Tras los sismos de septiembre ocurrieron miles de réplicas. Movimientos telúricos adicionales que han mantenido en vilo a la población del sureste.
Ahora, tras de los impactos más traumáticos, empiezan a ocurrir otro tipo de réplicas. Las que se asocian al sanamiento social y económico, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad y distribución de recursos para el apoyo a damnificados y la reconstrucción en general.
Una primera reacción, prácticamente instintiva en esta administración, fue convocar a los cuates, a las grandes empresas constructoras, a hacerse cargo de la reconstrucción en una estrategia de desarrollos habitacionales estandarizados. La firme negativa social obligó a un giro fundamental; pasar a una estrategia de autoconstrucción con apoyo económico, asistencia técnica y acceso a materiales a costos accesibles. Bien llevada esta nueva línea significaría que la reconstrucción ya no estaría abierta al gran negocio privado, con tajada burocrática, sino al verdadero apoyo a la población.
Pero no todo está resuelto, ni mucho menos.
Se detuvo, por homicidio doloso, al responsable de obra y copropietario de la empresa que construyó uno de los edificios derrumbados en la ciudad de México. En la revisión de escombros se pudo comprobar que la construcción no fue realizada conforme a lo reportado oficialmente, además de otras irregularidades.
Esta detención marca el inicio de una investigación más general sobre otros derrumbes. No es un asunto sencillo. La procuraduría de justicia capitalina informó que las delegaciones han incumplido con la entrega de planos estructurales de 162 inmuebles. Aquí hay mucho que escarbar y transparentar.
No habría que detenerse en los edificios dañados; la población necesita, para su tranquilidad, conocer que vive en un lugar seguro, incluso si no se dañó. Será una tarea prolongada.
Mucho de lo dañado son construcciones públicas; escuelas, hospitales, infraestructura en general. Aquí la revisión debe ser particularmente exhaustiva; por seguridad y para saber si la corrupción fue un factor importante del daño a la nación, porque a final de cuentas todas esas inversiones salieron de nuestros bolsillos.
El sistema de justicia será puesto a prueba en los próximos meses, tal vez años. Su lentitud, ineficacia y falta de transparencia habituales debe ser corregida.
En otro plano el alcalde de Nezahualcóyotl, municipio declarado zona de desastre, consideró una burla del gobierno federal que se le hayan asignado 700 mil pesos del Fondo Nacional de Desastres para las necesarias reparaciones a la red hidráulica. Dijo que se requieren por lo menos 380 millones para esas y otras reparaciones y aprovechó para exigir que se transparente el monto y distribución de los donativos internacionales y empresariales recibidos.
Por su parte la Ciudad de México reclamó que el criterio de atención preferente a la población más pobre no toma en consideración que aquellos que perdieron su patrimonio quedaron en situación de pobreza y deben ser incluidos entre la población que debe ser apoyada.
Sn ejemplos del jaloneo de cobijas entre municipios, estados y federación por la distribución de los recursos ya asignados, y todo apunta a que estos no serán suficientes.
Desde la Cámara de Diputados un órgano técnico, la Unidad de Evaluación y Control –UEC-, propone que los ingresos por aprovechamientos que resulten adicionales a lo ya previsto en el presupuesto de ingresos de la federación, se destinen a fortalecer los apoyos a los damnificados y la reconstrucción.
No es un asunto menor. Estos ingresos que superan las previsiones presentadas a la Cámara por la Secretaría de Hacienda ascenderán este año a unos 38 mil millones de pesos, según el cálculo de la UEC. El año que entra serán de un monto similar.
Anteriormente la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el uso de estos recursos es discrecional y no transparente por parte de Hacienda. Así que si el Congreso les asigna un destino se elevaría la transparencia y habría una fuente adicional, muy substancial, de recursos para el creciente jaloneo de cobijas en torno a la reconstrucción.
En un artículo anterior, “tarda en doler”, dije que el impacto de los sismos se prolongaría por años. Apenas estamos empezando a ver cuáles son sus réplicas sociales, legales, económicas. De su adecuado manejo dependerá en buena medida la percepción sobre la honestidad y eficacia de un gobierno que no tiene buena calificación popular y quién sabe si alcance a dar otra imagen más favorable.
domingo, 22 de octubre de 2017
Hablando de peligros
Jorge Faljo
Ayer en la noche me tomé unas cubitas con unos amigos. Como es habitual la conversación se centró en dos temas. Uno la inseguridad. La hija del amigo que nos invitó a su departamento, una niña, comentó que al prefecto de su escuela primaria recién lo habían matado. Iba en un transporte público y unos asaltantes pretendieron, además de robarlos, llevarse a su esposa. Él se opuso y lo asesinaron. No se llevaron a la señora.
Que lamentable que ese sea el tipo de historias que hoy en día impactan a los niños de primaria. Es un claro deterioro de nuestras condiciones de vida.
Lo segundo de que hablamos fue la vieja historia, que revive en cada elección, acerca de que los candidatos de izquierda son un peligro para México y provocarían una crisis económica.
Es un asunto que genera reacciones contradictorias en particular para mis amigos de anoche, militantes de varias opciones políticas. Concuerdan en que es necesario un cambio de modelo económico, por uno en que sea posible crecer, generar empleos, elevar salarios y en el que un gobierno eficaz y honesto sea garante del bienestar de todos. Pero les preocupa, y eso es muy razonable, una posible crisis generada por el triunfo de un candidato de verdadera oposición.
Sobre este punto quiero ordenar mis ideas en este artículo. Lo primero que me viene a la mente es que en la campaña electoral de 1994 los medios machacaron la idea de que el triunfo del candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, provocaría una grave crisis; huida de capitales, devaluación del peso.
La modernización de utilería y la venta – gobierno, es decir de las empresas que eran del Estado, durante el salinato, enriquecieron a la nueva elite. A cambio se empequeñeció al gobierno y se destruyó buena parte de las empresas, fábricas y talleres medianos y pequeños de un empresariado nacional inerme, que era despreciado y combatido por los neoliberales. La continuación de ese esquema solo era posible vendiendo todavía más. La venta de la tierra, propuesta como inversión privada en el campo, había fracasado. La venta de la riqueza petrolera todavía no era políticamente viable.
En 1994 el Fondo Monetario Internacional respaldaba la política económica nacional y declaraba que la ruta del gobierno era la correcta y que no habría sobresaltos. Ese discurso era ampliamente repetido dentro y fuera de México; tal vez porque se daban cuenta del riesgo y procuraban taparlo.
El caso es que en 1994 no ganó el candidato de izquierda; triunfó Zedillo, el candidato del régimen, y le estalló la crisis. Con esto lo que quiero decir es que una fuerte crisis económica se origina en las debilidades de fondo de la estructura económica y no en las características personales de un candidato.
Sin embargo, es muy importante poner la atención en que una crisis económica de la magnitud de la ocurrida en 1994 – 1995 pudo haber generado otra grave crisis, en este caso de ingobernabilidad. Simplemente imaginemos como podría haber gobernado Zedillo si la población y los medios lo hubieran culpado de la devaluación. ¿Habría podido gobernar?
Afortunadamente no hubo un colapso de gobernabilidad porque la población sabía que las condiciones propicias a la crisis se habían generado en los años anteriores.
¿Qué lecciones para el presente nos deja esa experiencia?
No cabe duda de que, de nueva cuenta, los candidatos de izquierda serán demonizados como los causantes seguros de una futura catástrofe económica. Lo más grave de esta situación, gane quien gane, es que las condiciones están dadas para una crisis más o menos similar a la de 1994.
En este sexenio se realizó el sueño neoliberal de vender la mayor de nuestras joyas; el subsuelo, con sus riquezas en petróleo y minerales. La venta –país permitió renovar una imagen de modernidad similar a la del salinismo. Solo que esta vez como mera caricatura, aunque, con el tiempo podremos apreciar que es más dañina.
Tenemos enfrente un problema que rebasa lo nacional; la globalización se desmorona en Estados Unidos, país que nos compra el 81 por ciento de las exportaciones nacionales y que en la renegociación del TLCAN exige reducir el superávit mexicano. Que es la entrada de dólares que nos permite comprarle a China las partes de los automóviles y otras manufacturas de exportación.
Así que en la venta – país ya se vendió lo principal; la nueva posición norteamericana amenaza las principales exportaciones de manufacturas e incluso algunas agrícolas; ese mismo cambia desalienta la inversión transnacional en México y no hemos construido un mercado interno que le otorgue solidez a la producción para nosotros mismos.
Cualquiera que gane deberá afrontar un cambio de rumbo de una economía que estará sedienta de dólares; en la que las importaciones serán más caras y en la que deberá transitarse por el camino de la substitución acelerada de importaciones. Eso ocurrió entre 1999 y el año 2000 que fueron años de buen crecimiento debido sobre todo a la competitividad derivada de una moneda devaluada y gracias al aprovechamiento de capacidades instaladas.
Este efecto positivo de una devaluación no podrá ser tan importante en esta ocasión debido a que el planeta sufre de sobreproducción generalizada; más empobrecimiento en las economías más ricas, los Estados Unidos en primer lugar.
Así que el futuro presidente debería ir pensando en un plan anticrisis económica. En lo político un presidente de derecha podrá siempre echarle la culpa de la crisis al exterior, a Trump, a la mala suerte o al actual presidente. Y en esa dirección contará con todo el apoyo de los medios, radio, televisión y periódicos.
Pero un presidente de izquierda enfrentaría una situación mucho más difícil. Cargaría con toda la responsabilidad de la crisis económica. Los medios se le echarían encima y lejos de hablar de la mala suerte, del presidente anterior o del mundo, lo culparían insistentemente de una crisis que a estas alturas es inevitable.
Ayer en la noche me tomé unas cubitas con unos amigos. Como es habitual la conversación se centró en dos temas. Uno la inseguridad. La hija del amigo que nos invitó a su departamento, una niña, comentó que al prefecto de su escuela primaria recién lo habían matado. Iba en un transporte público y unos asaltantes pretendieron, además de robarlos, llevarse a su esposa. Él se opuso y lo asesinaron. No se llevaron a la señora.
Que lamentable que ese sea el tipo de historias que hoy en día impactan a los niños de primaria. Es un claro deterioro de nuestras condiciones de vida.
Lo segundo de que hablamos fue la vieja historia, que revive en cada elección, acerca de que los candidatos de izquierda son un peligro para México y provocarían una crisis económica.
Es un asunto que genera reacciones contradictorias en particular para mis amigos de anoche, militantes de varias opciones políticas. Concuerdan en que es necesario un cambio de modelo económico, por uno en que sea posible crecer, generar empleos, elevar salarios y en el que un gobierno eficaz y honesto sea garante del bienestar de todos. Pero les preocupa, y eso es muy razonable, una posible crisis generada por el triunfo de un candidato de verdadera oposición.
Sobre este punto quiero ordenar mis ideas en este artículo. Lo primero que me viene a la mente es que en la campaña electoral de 1994 los medios machacaron la idea de que el triunfo del candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, provocaría una grave crisis; huida de capitales, devaluación del peso.
La modernización de utilería y la venta – gobierno, es decir de las empresas que eran del Estado, durante el salinato, enriquecieron a la nueva elite. A cambio se empequeñeció al gobierno y se destruyó buena parte de las empresas, fábricas y talleres medianos y pequeños de un empresariado nacional inerme, que era despreciado y combatido por los neoliberales. La continuación de ese esquema solo era posible vendiendo todavía más. La venta de la tierra, propuesta como inversión privada en el campo, había fracasado. La venta de la riqueza petrolera todavía no era políticamente viable.
En 1994 el Fondo Monetario Internacional respaldaba la política económica nacional y declaraba que la ruta del gobierno era la correcta y que no habría sobresaltos. Ese discurso era ampliamente repetido dentro y fuera de México; tal vez porque se daban cuenta del riesgo y procuraban taparlo.
El caso es que en 1994 no ganó el candidato de izquierda; triunfó Zedillo, el candidato del régimen, y le estalló la crisis. Con esto lo que quiero decir es que una fuerte crisis económica se origina en las debilidades de fondo de la estructura económica y no en las características personales de un candidato.
Sin embargo, es muy importante poner la atención en que una crisis económica de la magnitud de la ocurrida en 1994 – 1995 pudo haber generado otra grave crisis, en este caso de ingobernabilidad. Simplemente imaginemos como podría haber gobernado Zedillo si la población y los medios lo hubieran culpado de la devaluación. ¿Habría podido gobernar?
Afortunadamente no hubo un colapso de gobernabilidad porque la población sabía que las condiciones propicias a la crisis se habían generado en los años anteriores.
¿Qué lecciones para el presente nos deja esa experiencia?
No cabe duda de que, de nueva cuenta, los candidatos de izquierda serán demonizados como los causantes seguros de una futura catástrofe económica. Lo más grave de esta situación, gane quien gane, es que las condiciones están dadas para una crisis más o menos similar a la de 1994.
En este sexenio se realizó el sueño neoliberal de vender la mayor de nuestras joyas; el subsuelo, con sus riquezas en petróleo y minerales. La venta –país permitió renovar una imagen de modernidad similar a la del salinismo. Solo que esta vez como mera caricatura, aunque, con el tiempo podremos apreciar que es más dañina.
Tenemos enfrente un problema que rebasa lo nacional; la globalización se desmorona en Estados Unidos, país que nos compra el 81 por ciento de las exportaciones nacionales y que en la renegociación del TLCAN exige reducir el superávit mexicano. Que es la entrada de dólares que nos permite comprarle a China las partes de los automóviles y otras manufacturas de exportación.
Así que en la venta – país ya se vendió lo principal; la nueva posición norteamericana amenaza las principales exportaciones de manufacturas e incluso algunas agrícolas; ese mismo cambia desalienta la inversión transnacional en México y no hemos construido un mercado interno que le otorgue solidez a la producción para nosotros mismos.
Cualquiera que gane deberá afrontar un cambio de rumbo de una economía que estará sedienta de dólares; en la que las importaciones serán más caras y en la que deberá transitarse por el camino de la substitución acelerada de importaciones. Eso ocurrió entre 1999 y el año 2000 que fueron años de buen crecimiento debido sobre todo a la competitividad derivada de una moneda devaluada y gracias al aprovechamiento de capacidades instaladas.
Este efecto positivo de una devaluación no podrá ser tan importante en esta ocasión debido a que el planeta sufre de sobreproducción generalizada; más empobrecimiento en las economías más ricas, los Estados Unidos en primer lugar.
Así que el futuro presidente debería ir pensando en un plan anticrisis económica. En lo político un presidente de derecha podrá siempre echarle la culpa de la crisis al exterior, a Trump, a la mala suerte o al actual presidente. Y en esa dirección contará con todo el apoyo de los medios, radio, televisión y periódicos.
Pero un presidente de izquierda enfrentaría una situación mucho más difícil. Cargaría con toda la responsabilidad de la crisis económica. Los medios se le echarían encima y lejos de hablar de la mala suerte, del presidente anterior o del mundo, lo culparían insistentemente de una crisis que a estas alturas es inevitable.
sábado, 14 de octubre de 2017
Colgados de la brocha
Jorge Faljo
Hasta hace unas semanas el discurso oficial era que el TLCAN avanzaba por una negociación con algunos puntos difíciles pero que en su conjunto no se tambaleaba. Ahora el mensaje es que hay vida después del Tratado, que México es mucho más grande que cualquier tratado. Desde las cúpulas empresariales el mensaje es que es buena la modernización del Tratado, pero no a cualquier costo.
Es decir que ya se prepara a la opinión pública para una previsible ruptura de las negociaciones, a la que seguiría, posiblemente, la salida de los Estados Unidos del acuerdo tripartita.
Desde hace meses en esta columna señalaba los grandes escollos a la negociación. Uno de los principales es la acusación de que los bajos salarios en México equivalen a un dumping laboral. Entre los quejosos se encuentran, por ejemplo, los productores norteamericanos de fresas, zarzamoras, arándanos, y moras, un tipo de producción que requiere una mano de obra cuidadosa en la recolección, selección y empaque. Allá pagan un salario diez veces mayor al mexicano.
Entre los cambios que propone Estados Unidos se encuentra facilitar que sus productores puedan acusar de dumping o competencia desleal a sus competidores. Lo que podría afectar mucho más que la exportación de frutillas y pegarle a las manufacturas.
Pero el tema salarial es al que con más vehemencia se ha opuesto el sector empresarial mexicanos. Sobre todo, si se le añade la exigencia de democracia sindical, prohibición del trabajo infantil, mejores condiciones de salud, higiene y condiciones laborales en general.
No es el único gran escollo. En Estados Unidos demandan mayor apertura a sus exportaciones agropecuarias. Lo que es enfrentado por los productores mexicanos que, en sentido contrario, piden que el maíz y otros granos básicos sean excluidos del tratado para elevar la producción interna y mejorar el empleo y el ingreso rural.
Otro gran asunto es la demanda norteamericana de reducir su déficit comercial haciendo que México adquiera mayor producción norteamericana. Piden que en la exportación de automóviles se eleve el contenido específicamente norteamericano a un mínimo de 50 por ciento y el contenido tri-nacional suba del 62.5 por ciento al 85 por ciento. Esto en la práctica significa reducir a menos de la mitad las importaciones de piezas chinas y del sureste asiático para substituirlas por componentes norteamericanos.
Lo que solo sería viable si México y los Estados Unidos imponen, en paralelo, aranceles a las importaciones de fuera del TLCAN. Solo así pueden incrementar su comercio comprándose el uno al otro productos más caros que los que vienen de China. Lo que va en contra del interés de los consumidores, pero en favor de los productores de ambos países.
Pero ahora los gringos añaden nuevas exigencias; como que el nuevo Tratado tenga que ser confirmado, y renegociado, cada cinco años.
Tal vez exista una razón política de más fondo en el endurecimiento de la posición norteamericana. Hace unas semanas el precandidato de la ultraderecha norteamericana a un puesto en el senado le ganó al precandidato que apoyaba Trump. Fue una señal de que la ultraderecha desbocada podría empezar a ganar posiciones por fuera del control de Trump.
Lo cual estaría empujando al presidente norteamericano a reforzar sus compromisos ideológicos con ese sector, para que no se le salga del huacal, y explicaría que esta semana le haya quitado fondos al sistema de salud, el obamacare que tanto odia; que acuse a Irán por un falso incumplimiento del acuerdo antinuclear; que suba sus amenazas a Norcorea y, posiblemente, que próximamente rompa negociaciones con México. Trump no actúa con racionalidad de estadista, sino que estrecha lazos con la más obtusa ultraderecha norteamericana.
Debemos prepararnos para cerrar el triste capitulo neoliberal de nuestra historia. Seguir enganchados a una estrategia obsoleta tendría un costo social altísimo en el que ya ni migajas habría para la mayoría.
No se trata de la simple ruptura de un tratado comercial; Estados Unidos seguirá en sus mismas exigencias, con mayor rudeza. Podrá unilateralmente facilitar las acusaciones de dumping laboral y bloquear importaciones, como lo ha hecho en el pasado, con el atún, por ejemplo. Podrá también seguir exigiendo un mayor contenido de insumos norteamericanos, en lugar de chinos, en la producción de automóviles. Insistirá en reducir su déficit y en que le compremos más.
¿Quién dice que lo que Estados Unidos exige en la renegociación del Tratado, lo va a dejar de exigir cuando este deje de existir?
Uno de los posibles efectos de la ruptura del TLCAN es que perdamos puntos como plataforma de exportación a los Estados Unidos. Sin esta bandera, y ante una creciente inquietud social y política interna, podría reducirse la inversión externa que nos ha llevado a ser grandes consumidores de importaciones en detrimento de la producción interna.
Menos entrada de dólares implica que todo lo importado suba de precio. No habría peor error que otro apretón de cinturón para las mayorías. La salida debe ser otra; una estrategia de substitución acelerada de importaciones. Mucho de lo que importamos se puede producir internamente. Tendrá que ser así si las importaciones suben de precio.
Requerimos una estrategia de fortalecimiento interno y proteccionismo para defendernos ante un mundo que se vuelve agresivo e inseguro. Hay que generar empleo, digno y productivo, para todos los mexicanos; crear condiciones para que las fábricas, talleres y parcelas produzcan a toda su capacidad.
Necesitamos reintegrar un mercado nacional que genere condiciones para el empleo y la producción; en vez de quedar colgados de la brocha.
Hasta hace unas semanas el discurso oficial era que el TLCAN avanzaba por una negociación con algunos puntos difíciles pero que en su conjunto no se tambaleaba. Ahora el mensaje es que hay vida después del Tratado, que México es mucho más grande que cualquier tratado. Desde las cúpulas empresariales el mensaje es que es buena la modernización del Tratado, pero no a cualquier costo.
Es decir que ya se prepara a la opinión pública para una previsible ruptura de las negociaciones, a la que seguiría, posiblemente, la salida de los Estados Unidos del acuerdo tripartita.
Desde hace meses en esta columna señalaba los grandes escollos a la negociación. Uno de los principales es la acusación de que los bajos salarios en México equivalen a un dumping laboral. Entre los quejosos se encuentran, por ejemplo, los productores norteamericanos de fresas, zarzamoras, arándanos, y moras, un tipo de producción que requiere una mano de obra cuidadosa en la recolección, selección y empaque. Allá pagan un salario diez veces mayor al mexicano.
Entre los cambios que propone Estados Unidos se encuentra facilitar que sus productores puedan acusar de dumping o competencia desleal a sus competidores. Lo que podría afectar mucho más que la exportación de frutillas y pegarle a las manufacturas.
Pero el tema salarial es al que con más vehemencia se ha opuesto el sector empresarial mexicanos. Sobre todo, si se le añade la exigencia de democracia sindical, prohibición del trabajo infantil, mejores condiciones de salud, higiene y condiciones laborales en general.
No es el único gran escollo. En Estados Unidos demandan mayor apertura a sus exportaciones agropecuarias. Lo que es enfrentado por los productores mexicanos que, en sentido contrario, piden que el maíz y otros granos básicos sean excluidos del tratado para elevar la producción interna y mejorar el empleo y el ingreso rural.
Otro gran asunto es la demanda norteamericana de reducir su déficit comercial haciendo que México adquiera mayor producción norteamericana. Piden que en la exportación de automóviles se eleve el contenido específicamente norteamericano a un mínimo de 50 por ciento y el contenido tri-nacional suba del 62.5 por ciento al 85 por ciento. Esto en la práctica significa reducir a menos de la mitad las importaciones de piezas chinas y del sureste asiático para substituirlas por componentes norteamericanos.
Lo que solo sería viable si México y los Estados Unidos imponen, en paralelo, aranceles a las importaciones de fuera del TLCAN. Solo así pueden incrementar su comercio comprándose el uno al otro productos más caros que los que vienen de China. Lo que va en contra del interés de los consumidores, pero en favor de los productores de ambos países.
Pero ahora los gringos añaden nuevas exigencias; como que el nuevo Tratado tenga que ser confirmado, y renegociado, cada cinco años.
Tal vez exista una razón política de más fondo en el endurecimiento de la posición norteamericana. Hace unas semanas el precandidato de la ultraderecha norteamericana a un puesto en el senado le ganó al precandidato que apoyaba Trump. Fue una señal de que la ultraderecha desbocada podría empezar a ganar posiciones por fuera del control de Trump.
Lo cual estaría empujando al presidente norteamericano a reforzar sus compromisos ideológicos con ese sector, para que no se le salga del huacal, y explicaría que esta semana le haya quitado fondos al sistema de salud, el obamacare que tanto odia; que acuse a Irán por un falso incumplimiento del acuerdo antinuclear; que suba sus amenazas a Norcorea y, posiblemente, que próximamente rompa negociaciones con México. Trump no actúa con racionalidad de estadista, sino que estrecha lazos con la más obtusa ultraderecha norteamericana.
Debemos prepararnos para cerrar el triste capitulo neoliberal de nuestra historia. Seguir enganchados a una estrategia obsoleta tendría un costo social altísimo en el que ya ni migajas habría para la mayoría.
No se trata de la simple ruptura de un tratado comercial; Estados Unidos seguirá en sus mismas exigencias, con mayor rudeza. Podrá unilateralmente facilitar las acusaciones de dumping laboral y bloquear importaciones, como lo ha hecho en el pasado, con el atún, por ejemplo. Podrá también seguir exigiendo un mayor contenido de insumos norteamericanos, en lugar de chinos, en la producción de automóviles. Insistirá en reducir su déficit y en que le compremos más.
¿Quién dice que lo que Estados Unidos exige en la renegociación del Tratado, lo va a dejar de exigir cuando este deje de existir?
Uno de los posibles efectos de la ruptura del TLCAN es que perdamos puntos como plataforma de exportación a los Estados Unidos. Sin esta bandera, y ante una creciente inquietud social y política interna, podría reducirse la inversión externa que nos ha llevado a ser grandes consumidores de importaciones en detrimento de la producción interna.
Menos entrada de dólares implica que todo lo importado suba de precio. No habría peor error que otro apretón de cinturón para las mayorías. La salida debe ser otra; una estrategia de substitución acelerada de importaciones. Mucho de lo que importamos se puede producir internamente. Tendrá que ser así si las importaciones suben de precio.
Requerimos una estrategia de fortalecimiento interno y proteccionismo para defendernos ante un mundo que se vuelve agresivo e inseguro. Hay que generar empleo, digno y productivo, para todos los mexicanos; crear condiciones para que las fábricas, talleres y parcelas produzcan a toda su capacidad.
Necesitamos reintegrar un mercado nacional que genere condiciones para el empleo y la producción; en vez de quedar colgados de la brocha.
sábado, 7 de octubre de 2017
Francotiradores
Jorge Faljo
Hace unos quince años, más o menos, porque mi memoria no es exacta, ocurrió la única experiencia cercana que he tenido con un francotirador, aunque de poca monta. Resulta que desde un edificio de la calle Moras, en la Colonia del Valle, alguien empezó a disparar con un rifle de “pellets” a los perros y gatos que pasaban por ahí. Este tipo de rifle es algo más potente que uno de municiones y el proyectil es también más grande.
Al principio lo que ocurría en la calle era un misterio, pero resulta que unos días más tarde empezó a dispararle a las personas; yo me enteré de por lo menos dos casos. Uno fue el de la hija adolescente de una vecina en la que el pellet se le enterró en el pie. Acudió a una clínica donde tras examinar las radiografías concluyeron que extraerlo era una operación con mayor riesgo de hacerle un daño permanente que dejarlo donde estaba. Le dieron un certificado médico con el diagnóstico para efectos legales por si decidiera denunciar. No lo hizo.
El segundo caso fue el de una señora que manejaba un auto con la ventana abierta y el pellet le entró por la clavícula izquierda. No la conocía, pero los vecinos nos enteramos porque acudieron un par de patrullas frente al edificio desde donde evidentemente se disparaba y estuvieron un rato en el lugar. Los agentes no entraron al edificio.
El asunto era un problema. Lo que yo hacía era circular por la misma banqueta del edificio y nunca por la de enfrente. Hasta que se me ocurrió informar a los vecinos del edificio en cuestión. Hice una carta diciendo que en ese edificio había un francotirador y anexé el diagnóstico de la niña adolescente, le saqué copias y, metidas en sobres, coloque una para cada uno de los departamentos de ese edificio.
El problema se acabó, no sé si por mis cartas o por el rato que estuvieron ahí las patrullas. Lo que siempre pensé es que seguramente se trataba de un chamaco al que sus papás le habían regalado un rifle de aire a presión para disparar pellets. Tal vez los papás se enteraron del asunto y le quitaron el rifle; ojalá y hayan hecho algo más, como darse de coscorrones por estúpidos.
Me acordé del asunto porque circuló un video en wasap donde un chamaquito gringo de trece años, actor incipiente contratado para hacer el documental, intenta comprar cerveza, cigarros, revistas pornográficas y billetes de lotería y en todos esos casos lo rechazan por su edad. A continuación entra a una exposición de armas y compra un rifle sin ningún problema.
Desconfió mucho de las falsas noticias que circulan en los medios sociales. Son más para diversión que para informarnos. Pero en este caso busque el video en YouTube y encontré que era verdadero; lo había patrocinado y llevado al aire por la cadena norteamericana CNN.
Estando en eso encontré videos sorprendentes de padres en tiendas de armas comprándoles armas reales a sus niños en el día de su cumpleaños. Hablo de niños que cumplían siete años y en un caso, cinco años. Claro que planeaban llevarlos a un campo de tiro familiar, que abundan, para que ahí recibieran clases sobre el manejo correcto del rifle y se divirtieran disparando. Si esos padres les hubieran dado una cerveza, cigarros o pornografía podrían perder la patria potestad. Darles un rifle es enteramente legal y parte de una cultura muy expandida.
La misma cultura que permitió que un tipo llamado Paddock pudiera llevar a cabo la mayor matanza sin sentido en la historia de los Estados Unidos. Asesinó a 59 personas e hirió a otras 527 disparando con una docena de armas de alto poder hacia la multitud que se encontraba en un concierto de música country al aire libre.
En los videos de la masacre se escuchan disparos en largas series, como si se tratara de ametralladoras. Es que modificó sus armas con un aditamento que permite oprimir el gatillo a la mayor velocidad posible sin que se trate legalmente de una ametralladora. También intentó comprar balas trazadoras, es decir visibles, que le permitieran dirigir mejor sus disparos. Solo que ese día se habían agotado.
La tragedia hizo que el congreso norteamericano pospusiera, tal vez por solo unas semanas, la legalización de la venta de silenciadores para el tipo de armas que uso Paddock. Si ya fueran legales, y hubiera comprado balas trazadoras, Paddock habría sido más mortífero.
Resulta extraordinaria la respuesta de los republicanos y la cadena Fox diciendo que no es el momento de “politizar” la tragedia discutiendo restricciones a la venta de armas. Lo que ahora existe es prácticamente venta irrestricta. Se calcula que los norteamericanos tienen 112 armas de fuego por cada 100 habitantes. Más que en ningún otro lugar del mundo.
No faltará los que señalen que en la mayor parte de los Estados Unidos no se permite que los vendedores registrados con autorización federal vendan pistolas a menores de 21 años, ni rifles a menores de 18. Sí, es más fácil comprar un rifle. También deben hacer un chequeo de datos del comprador con el FBI y esperar 72 horas. Pero si el FBI no responde en 72 horas, como ha ocurrido en el caso de varios francotiradores, entonces se asume que no hubo una negativa y se puede vender.
Pero esos son límites para los vendedores registrados con un local oficial. Las ventas, o regalos, entre particulares no tienen restricciones. Por eso un padre puede comprarle un rifle a su hijo de siete años. Por eso un vendedor en una exposición temporal puede operar como particular en un tianguis y venderle a un chamaco de trece años, o a cualquiera con dinero, sin cumplir mínimos de verificación.
En todo caso Paddock, un hombre blanco, millonario, sin antecedentes criminales, sin tendencias ideológicas conocidas, sin rasgos de inestabilidad mental, habría pasado casi cualquier tipo de chequeo oficial. ¿Por qué disparó a los fans de la música country? ¿Por qué tenía 20 kilos de explosivos en la cajuela de su auto? No se sabe; no hay indicios sobre sus motivaciones.
La venta irrestricta de armas cada vez más poderosas en los Estados Unidos es un problema importante para México. En las últimas semanas nuestro gobierno no tuvo empacho en sumarse a la injerencia y amenazas norteamericanas a Venezuela. Sería el momento de equilibrar la balanza, mostrar un poquitín de gallardía y abiertamente llamar a la cordura al gobierno norteamericano solicitándole que en defensa de su población, y la nuestra, prohíba la posesión de armas automáticas y de alto poder en manos de civiles.
Hace unos quince años, más o menos, porque mi memoria no es exacta, ocurrió la única experiencia cercana que he tenido con un francotirador, aunque de poca monta. Resulta que desde un edificio de la calle Moras, en la Colonia del Valle, alguien empezó a disparar con un rifle de “pellets” a los perros y gatos que pasaban por ahí. Este tipo de rifle es algo más potente que uno de municiones y el proyectil es también más grande.
Al principio lo que ocurría en la calle era un misterio, pero resulta que unos días más tarde empezó a dispararle a las personas; yo me enteré de por lo menos dos casos. Uno fue el de la hija adolescente de una vecina en la que el pellet se le enterró en el pie. Acudió a una clínica donde tras examinar las radiografías concluyeron que extraerlo era una operación con mayor riesgo de hacerle un daño permanente que dejarlo donde estaba. Le dieron un certificado médico con el diagnóstico para efectos legales por si decidiera denunciar. No lo hizo.
El segundo caso fue el de una señora que manejaba un auto con la ventana abierta y el pellet le entró por la clavícula izquierda. No la conocía, pero los vecinos nos enteramos porque acudieron un par de patrullas frente al edificio desde donde evidentemente se disparaba y estuvieron un rato en el lugar. Los agentes no entraron al edificio.
El asunto era un problema. Lo que yo hacía era circular por la misma banqueta del edificio y nunca por la de enfrente. Hasta que se me ocurrió informar a los vecinos del edificio en cuestión. Hice una carta diciendo que en ese edificio había un francotirador y anexé el diagnóstico de la niña adolescente, le saqué copias y, metidas en sobres, coloque una para cada uno de los departamentos de ese edificio.
El problema se acabó, no sé si por mis cartas o por el rato que estuvieron ahí las patrullas. Lo que siempre pensé es que seguramente se trataba de un chamaco al que sus papás le habían regalado un rifle de aire a presión para disparar pellets. Tal vez los papás se enteraron del asunto y le quitaron el rifle; ojalá y hayan hecho algo más, como darse de coscorrones por estúpidos.
Me acordé del asunto porque circuló un video en wasap donde un chamaquito gringo de trece años, actor incipiente contratado para hacer el documental, intenta comprar cerveza, cigarros, revistas pornográficas y billetes de lotería y en todos esos casos lo rechazan por su edad. A continuación entra a una exposición de armas y compra un rifle sin ningún problema.
Desconfió mucho de las falsas noticias que circulan en los medios sociales. Son más para diversión que para informarnos. Pero en este caso busque el video en YouTube y encontré que era verdadero; lo había patrocinado y llevado al aire por la cadena norteamericana CNN.
Estando en eso encontré videos sorprendentes de padres en tiendas de armas comprándoles armas reales a sus niños en el día de su cumpleaños. Hablo de niños que cumplían siete años y en un caso, cinco años. Claro que planeaban llevarlos a un campo de tiro familiar, que abundan, para que ahí recibieran clases sobre el manejo correcto del rifle y se divirtieran disparando. Si esos padres les hubieran dado una cerveza, cigarros o pornografía podrían perder la patria potestad. Darles un rifle es enteramente legal y parte de una cultura muy expandida.
La misma cultura que permitió que un tipo llamado Paddock pudiera llevar a cabo la mayor matanza sin sentido en la historia de los Estados Unidos. Asesinó a 59 personas e hirió a otras 527 disparando con una docena de armas de alto poder hacia la multitud que se encontraba en un concierto de música country al aire libre.
En los videos de la masacre se escuchan disparos en largas series, como si se tratara de ametralladoras. Es que modificó sus armas con un aditamento que permite oprimir el gatillo a la mayor velocidad posible sin que se trate legalmente de una ametralladora. También intentó comprar balas trazadoras, es decir visibles, que le permitieran dirigir mejor sus disparos. Solo que ese día se habían agotado.
La tragedia hizo que el congreso norteamericano pospusiera, tal vez por solo unas semanas, la legalización de la venta de silenciadores para el tipo de armas que uso Paddock. Si ya fueran legales, y hubiera comprado balas trazadoras, Paddock habría sido más mortífero.
Resulta extraordinaria la respuesta de los republicanos y la cadena Fox diciendo que no es el momento de “politizar” la tragedia discutiendo restricciones a la venta de armas. Lo que ahora existe es prácticamente venta irrestricta. Se calcula que los norteamericanos tienen 112 armas de fuego por cada 100 habitantes. Más que en ningún otro lugar del mundo.
No faltará los que señalen que en la mayor parte de los Estados Unidos no se permite que los vendedores registrados con autorización federal vendan pistolas a menores de 21 años, ni rifles a menores de 18. Sí, es más fácil comprar un rifle. También deben hacer un chequeo de datos del comprador con el FBI y esperar 72 horas. Pero si el FBI no responde en 72 horas, como ha ocurrido en el caso de varios francotiradores, entonces se asume que no hubo una negativa y se puede vender.
Pero esos son límites para los vendedores registrados con un local oficial. Las ventas, o regalos, entre particulares no tienen restricciones. Por eso un padre puede comprarle un rifle a su hijo de siete años. Por eso un vendedor en una exposición temporal puede operar como particular en un tianguis y venderle a un chamaco de trece años, o a cualquiera con dinero, sin cumplir mínimos de verificación.
En todo caso Paddock, un hombre blanco, millonario, sin antecedentes criminales, sin tendencias ideológicas conocidas, sin rasgos de inestabilidad mental, habría pasado casi cualquier tipo de chequeo oficial. ¿Por qué disparó a los fans de la música country? ¿Por qué tenía 20 kilos de explosivos en la cajuela de su auto? No se sabe; no hay indicios sobre sus motivaciones.
La venta irrestricta de armas cada vez más poderosas en los Estados Unidos es un problema importante para México. En las últimas semanas nuestro gobierno no tuvo empacho en sumarse a la injerencia y amenazas norteamericanas a Venezuela. Sería el momento de equilibrar la balanza, mostrar un poquitín de gallardía y abiertamente llamar a la cordura al gobierno norteamericano solicitándole que en defensa de su población, y la nuestra, prohíba la posesión de armas automáticas y de alto poder en manos de civiles.
sábado, 30 de septiembre de 2017
Adobe o concreto
Jorge Faljo
Sigue siendo insuficiente la ayuda inmediata a los damnificados de los terremotos. En particular en las poblaciones del sureste donde aún no ha llegado la ayuda necesaria. No obstante ya se perfilan las posiciones encontradas en torno a la reconstrucción, que durará años y marcará el fin del sexenio.
En la ciudad de México la verificación del cumplimiento de las normas de construcción de los edificios derruidos, de los otros miles con algún daño, e incluso de los aparentemente intactos se perfila como lo fundamental. La razón es sencilla, queremos saber si la destrucción se originó en el incumplimiento de las normas, y si habitamos en lugares seguros.
Las irregularidades de la construcción del Colegio Rebsamen originaron la denuncia penal de la actual delegada de Tlalpan; podría ser la primera de una oleada que pondrá al descubierto las entrañas de la industria de la construcción y la capacidad del sistema de justicia. Antecedentes como el socavón del paso exprés contribuyen a la desconfianza ciudadana de lo que puede ser visto como una alianza corrupta entre algunas autoridades y constructores.
En otro espacio de la geografía nacional, el de un sureste terriblemente herido, la discusión sobre la estrategia de reconstrucción perfila un conflicto entre el adobe y el concreto.
Cuando el secretario de educación, Aurelio Nuño, se presentó en la histórica y muy dañada escuela Juchitán llevaba en la mano planos para su reconstrucción. Iba preparado para los aplausos. Pero su proyecto fue rechazado por la directora y los maestros que, le explicaron, no era conveniente construir un plantel de tres pisos en zona sísmica. Pretendió dirigirse a la población congregada pero la rechifla le impidió hablar. El mensaje fue contundente: la escuela debe ser reconstruida como estaba.
Francisco Toledo, el ilustre oaxaqueño famoso por su obra artística y por su activismo cívico, exigió que en la reconstrucción se respete la arquitectura, materiales y tradiciones culturales de la región. Fue la expresión de múltiples voces. De otro modo se atentaría contra los modos de vida locales y se crearía vivienda inapropiada, como ya sucedió ante otros desastres.
De hecho la construcción de vivienda en el país ha sido un ejercicio de despilfarro y mala planeación que se traduce en millones de viviendas inhabitables, con un costo gigantesco para los que las abandonan y para los que pagamos impuestos.
Peña Nieto entró al quite diciendo que “la caída de las viviendas se debió sobre todo a que están hechas de adobe y tienen escasa cimentación.” También hizo un llamado a las empresas constructoras, “las que han realizado importantes proyectos de construcción en el país” a solidarizarse y contribuir a la reconstrucción de viviendas.
No se hizo esperar la respuesta de cientos de redes, colectivos, organizaciones y conocedores del tema, muchos de ellos arquitectos e ingenieros, que firmaron el manifiesto del 15 de septiembre ¡Por el derecho a construir con tierra! Ahí se dirigen al presidente, y lo refutan, señalando múltiples ejemplos de buena construcción con materiales locales. Mejor que los centenares de escuelas de concreto derruidas y que las viviendas inhabitables promovidas por entidades públicas.
La discusión sobre si se reconstruye con adobe o concreto tiene un trasfondo que es muy importante revelar. Reconstruir de acuerdo a las tradiciones culturales y con materiales locales como adobe, bajareque, tejas, morillos, implica adaptarse a las condiciones climáticas de cada zona y movilizar la mano de obra local. Se trataría de una reconstrucción compenetrada con los requerimientos de cada familia y localidad.
Reconstruir con concreto es implantar los mismos diseños en todas partes, en un proceso altamente monopólico y concentrado en las empresas que, como dijo el presidente, han realizado los proyectos importantes de este sexenio. A muchos inquieta la noticia de que la constructora del paso exprés de Cuernavaca participará en la reconstrucción en Jojutla (¡imagínese!).
Mientras el adobe representa la movilización de materiales y mano de obra dispersa y local, la propuesta presidencial abre camino a una reconstrucción monopólica que puede ser un enorme negocio de fin de sexenio para los amigos de siempre.
La reconstrucción como negocio de cuates se manifiesta en la creación del fideicomiso “Fuerza México”. Creado por la elite empresarial se propone captar el grueso de las donaciones internas y externas para trabajar de manera coordinada con las autoridades federales. Con una fachada privada se convierte en una plataforma privilegiada por Hacienda para captar las donaciones.
Un tercer mecanismo, el de las zonas económicas especiales, ofrece colocar bajo administración privada infraestructura pública que sumada a exenciones de impuestos e inversiones externas crearía un escaparate exportador. De ese modo con un gran costo de recursos públicos se crearían unos cuantos miles de empleos en los próximos años. Eso sí se logran atraer inversiones chinas y de otros países.
Todo apunta a que la reconstrucción se diseña sin escuchar las voces de los afectados ni en cuanto a los materiales y manera de reconstruir, ni en el fideicomiso Fuerza México, ni en la administración de las zonas económicas especiales. Una reconstrucción integral requiere movilizar a las personas y recursos nativos de cada zona; no hacerlos a un lado.
El error de Aurelio fue ir a Juchitán para presentar su plan sin escuchar. Este error se reproduce en toda la respuesta gubernamental y puede crear las condiciones para otro sismo político que marcaría el fin del sexenio. Aún hay tiempo de otro diseño; uno sustentado en la capacidad de escuchar a la población y en abrir espacios a la participación social en el diseño de la reconstrucción.
Sigue siendo insuficiente la ayuda inmediata a los damnificados de los terremotos. En particular en las poblaciones del sureste donde aún no ha llegado la ayuda necesaria. No obstante ya se perfilan las posiciones encontradas en torno a la reconstrucción, que durará años y marcará el fin del sexenio.
En la ciudad de México la verificación del cumplimiento de las normas de construcción de los edificios derruidos, de los otros miles con algún daño, e incluso de los aparentemente intactos se perfila como lo fundamental. La razón es sencilla, queremos saber si la destrucción se originó en el incumplimiento de las normas, y si habitamos en lugares seguros.
Las irregularidades de la construcción del Colegio Rebsamen originaron la denuncia penal de la actual delegada de Tlalpan; podría ser la primera de una oleada que pondrá al descubierto las entrañas de la industria de la construcción y la capacidad del sistema de justicia. Antecedentes como el socavón del paso exprés contribuyen a la desconfianza ciudadana de lo que puede ser visto como una alianza corrupta entre algunas autoridades y constructores.
En otro espacio de la geografía nacional, el de un sureste terriblemente herido, la discusión sobre la estrategia de reconstrucción perfila un conflicto entre el adobe y el concreto.
Cuando el secretario de educación, Aurelio Nuño, se presentó en la histórica y muy dañada escuela Juchitán llevaba en la mano planos para su reconstrucción. Iba preparado para los aplausos. Pero su proyecto fue rechazado por la directora y los maestros que, le explicaron, no era conveniente construir un plantel de tres pisos en zona sísmica. Pretendió dirigirse a la población congregada pero la rechifla le impidió hablar. El mensaje fue contundente: la escuela debe ser reconstruida como estaba.
Francisco Toledo, el ilustre oaxaqueño famoso por su obra artística y por su activismo cívico, exigió que en la reconstrucción se respete la arquitectura, materiales y tradiciones culturales de la región. Fue la expresión de múltiples voces. De otro modo se atentaría contra los modos de vida locales y se crearía vivienda inapropiada, como ya sucedió ante otros desastres.
De hecho la construcción de vivienda en el país ha sido un ejercicio de despilfarro y mala planeación que se traduce en millones de viviendas inhabitables, con un costo gigantesco para los que las abandonan y para los que pagamos impuestos.
Peña Nieto entró al quite diciendo que “la caída de las viviendas se debió sobre todo a que están hechas de adobe y tienen escasa cimentación.” También hizo un llamado a las empresas constructoras, “las que han realizado importantes proyectos de construcción en el país” a solidarizarse y contribuir a la reconstrucción de viviendas.
No se hizo esperar la respuesta de cientos de redes, colectivos, organizaciones y conocedores del tema, muchos de ellos arquitectos e ingenieros, que firmaron el manifiesto del 15 de septiembre ¡Por el derecho a construir con tierra! Ahí se dirigen al presidente, y lo refutan, señalando múltiples ejemplos de buena construcción con materiales locales. Mejor que los centenares de escuelas de concreto derruidas y que las viviendas inhabitables promovidas por entidades públicas.
La discusión sobre si se reconstruye con adobe o concreto tiene un trasfondo que es muy importante revelar. Reconstruir de acuerdo a las tradiciones culturales y con materiales locales como adobe, bajareque, tejas, morillos, implica adaptarse a las condiciones climáticas de cada zona y movilizar la mano de obra local. Se trataría de una reconstrucción compenetrada con los requerimientos de cada familia y localidad.
Reconstruir con concreto es implantar los mismos diseños en todas partes, en un proceso altamente monopólico y concentrado en las empresas que, como dijo el presidente, han realizado los proyectos importantes de este sexenio. A muchos inquieta la noticia de que la constructora del paso exprés de Cuernavaca participará en la reconstrucción en Jojutla (¡imagínese!).
Mientras el adobe representa la movilización de materiales y mano de obra dispersa y local, la propuesta presidencial abre camino a una reconstrucción monopólica que puede ser un enorme negocio de fin de sexenio para los amigos de siempre.
La reconstrucción como negocio de cuates se manifiesta en la creación del fideicomiso “Fuerza México”. Creado por la elite empresarial se propone captar el grueso de las donaciones internas y externas para trabajar de manera coordinada con las autoridades federales. Con una fachada privada se convierte en una plataforma privilegiada por Hacienda para captar las donaciones.
Un tercer mecanismo, el de las zonas económicas especiales, ofrece colocar bajo administración privada infraestructura pública que sumada a exenciones de impuestos e inversiones externas crearía un escaparate exportador. De ese modo con un gran costo de recursos públicos se crearían unos cuantos miles de empleos en los próximos años. Eso sí se logran atraer inversiones chinas y de otros países.
Todo apunta a que la reconstrucción se diseña sin escuchar las voces de los afectados ni en cuanto a los materiales y manera de reconstruir, ni en el fideicomiso Fuerza México, ni en la administración de las zonas económicas especiales. Una reconstrucción integral requiere movilizar a las personas y recursos nativos de cada zona; no hacerlos a un lado.
El error de Aurelio fue ir a Juchitán para presentar su plan sin escuchar. Este error se reproduce en toda la respuesta gubernamental y puede crear las condiciones para otro sismo político que marcaría el fin del sexenio. Aún hay tiempo de otro diseño; uno sustentado en la capacidad de escuchar a la población y en abrir espacios a la participación social en el diseño de la reconstrucción.
sábado, 23 de septiembre de 2017
Tarda en doler
Jorge Faljo
Bajamos lo más aprisa posible mientras las escaleras daban bandazos; atrás de mí una compañera del trabajo rezaba a gritos. Dos pisos interminables en los que el piso parecía esquivar los pies. En el primer tramo levanté un zapato de tacón y al siguiente, siempre en la escalera, encontré el segundo. Más tarde pensé que los había levantado porque eran peligrosos para todos los que bajábamos. Pero en realidad no sé si lo pensé; todo había sido instintivo.
Corrimos a los primeros gritos e instantes después sonó la alarma. Minutos más tarde lo lógico fue buscar a la dueña de los zapatos. Un par de damas descalzas me mostraron sus zapatos en las manos; la tercera, una dama joven, resultó ser la propietaria.
Al recorrer la explanada vi algunos compañeros, hombres y mujeres, que salieron bien aunque todos muy asustados, pero que solo minutos después empezaron a presentar fuertes ataques de angustia. Me recordó cuando uno sufre una fuerte herida y no la siente, debido a la excitación del momento, adrenalina, le dicen. También cuando fallece alguien muy querido, al principio uno se encuentra en un estado de incomprensión, de incredulidad. Son horas, o días, después que uno adquiere conciencia de lo ocurrido.
A veces tarda en doler. Así siento estos terremotos; así creo que los siente la sociedad; apenas empieza a doler.
La reacción humana, instintiva, es ayudarnos unos a otros. Resolver la emergencia inmediata, rescatar de entre los escombros a los más posibles, distribuir agua y comida. Que los evacuados encuentren albergue. El costo material y emocional es enorme.
El paso de la reacción inmediata a la reconstrucción bien pensada va a ser doloroso porque estas desgracias no ocurren en un cuerpo social sano, sino profundamente dañado por la corrupción, la inequidad y una estrategia económica que inutiliza las capacidades de la mayoría para colocarlos en la categoría de pobres inermes y necesitados.
Salir adelante va a requerir cambios de fondo, la sociedad lo sabe y lo empieza a exigir. Los daños del terremoto son también una radiografía de nuestros males.
Más de dos mil edificios están dañados en el centro del país; entre doscientos y quinientos deberán ser derruidos. De acuerdo a ingenieros expertos los edificios construidos de acuerdo a las normas posteriores al sismo de 1985 no debieron fallar. Los indicios de corrupción privada, solapada por corrupción pública, en la construcción son muchos. Sería el caso del colegio Rebsamen, un punto donde se concentró la desgracia con la muerte de 19 niños y seis adultos.
Una primera y fuerte exigencia social es determinar si los edificios caídos, los dañados, y en general los construidos en los últimos años cumplen plenamente el reglamento de construcción de 1985. De no ser así habría que castigar la corrupción que lo permitió. Si cumplen con las normas y se dañaron entonces estas necesitan ser revisadas.
El montaje televisivo de la niña inexistente nos recuerda que los medios están al servicio de sus “ratings” y sus ganancias y no al de la información objetiva y la reflexión experta. Desde la esfera mediática se lanzan ahora campañas contra partidos y representantes populares, que efectivamente deben ser revisados y corregidos para recrearlos como espacios democráticos. Pero la campaña privada es interesada; critica a los que no les dan moche y busca darse baños de pureza.
Nos deja estupefactos la rapiña de los gobiernos estatales, en particular el de Morelos, en su apropiamiento ilegal de las donaciones de la ciudadanía. Sobre todo cuando muchos buscamos canalizar nuestra ayuda precisamente fuera de los canales públicos y de algunas fundaciones privadas que buscan lavarle la cara a sus empresas mediáticas o financieras.
Para poner el dedo en la llaga tenemos que apuntar que vivimos en un paraíso fiscal corrupto donde los grandes consorcios y los milmillonarios pagan impuestos de risa. La captación fiscal en México es de bastante menos de la mitad que el promedio que captan los países de la OCDE. La riqueza petrolera permitía que los muy ricos no pagaran; ese modelo se acabó con la caída del precio del petróleo y la venta de garaje del patrimonio nacional.
Ahora esta desgracia en marcha obliga a repensar no en una solución basada en donativos, que son valiosos, sino en una verdadera contribución responsable de los grandes patrimonios privados.
La reconstrucción nacional es casi imposible en un país que acusó de paternalismo a su pequeña y mediana empresa, a su industria y a la producción agropecuaria destinada al consumo interno. Hubo que destruirla para darle campo libre, mercado libre digamos, a la producción transnacional.
El mundo ha cambiado y estos terremotos obligan a cuestionar la desintegración interna entre producción y consumo. ¿Vamos a reconstruir con herramientas y tornillos importados? ¿Con granos, incluyendo maíz transgénico, importados?
No, lo que se requiere es privilegiar el trabajo y la producción de los mexicanos. De la ingeniería del mercado transnacional debemos pasar a una estrategia de mercado interno donde la prioridad sea la eficiencia en la movilización de nuestras propias capacidades, que son muchas.
Bienvenido ahora el terremoto político que desde la movilización social empieza a cuestionar a la corrupción criminal, la ausencia de un estado paternalista y eficaz, la rapiña de algunos gobiernos estatales, los sesgos del monopolio mediático, la venta país, y el privilegio a lo importado sobre lo que podemos producir nosotros.
Bajamos lo más aprisa posible mientras las escaleras daban bandazos; atrás de mí una compañera del trabajo rezaba a gritos. Dos pisos interminables en los que el piso parecía esquivar los pies. En el primer tramo levanté un zapato de tacón y al siguiente, siempre en la escalera, encontré el segundo. Más tarde pensé que los había levantado porque eran peligrosos para todos los que bajábamos. Pero en realidad no sé si lo pensé; todo había sido instintivo.
Corrimos a los primeros gritos e instantes después sonó la alarma. Minutos más tarde lo lógico fue buscar a la dueña de los zapatos. Un par de damas descalzas me mostraron sus zapatos en las manos; la tercera, una dama joven, resultó ser la propietaria.
Al recorrer la explanada vi algunos compañeros, hombres y mujeres, que salieron bien aunque todos muy asustados, pero que solo minutos después empezaron a presentar fuertes ataques de angustia. Me recordó cuando uno sufre una fuerte herida y no la siente, debido a la excitación del momento, adrenalina, le dicen. También cuando fallece alguien muy querido, al principio uno se encuentra en un estado de incomprensión, de incredulidad. Son horas, o días, después que uno adquiere conciencia de lo ocurrido.
A veces tarda en doler. Así siento estos terremotos; así creo que los siente la sociedad; apenas empieza a doler.
La reacción humana, instintiva, es ayudarnos unos a otros. Resolver la emergencia inmediata, rescatar de entre los escombros a los más posibles, distribuir agua y comida. Que los evacuados encuentren albergue. El costo material y emocional es enorme.
El paso de la reacción inmediata a la reconstrucción bien pensada va a ser doloroso porque estas desgracias no ocurren en un cuerpo social sano, sino profundamente dañado por la corrupción, la inequidad y una estrategia económica que inutiliza las capacidades de la mayoría para colocarlos en la categoría de pobres inermes y necesitados.
Salir adelante va a requerir cambios de fondo, la sociedad lo sabe y lo empieza a exigir. Los daños del terremoto son también una radiografía de nuestros males.
Más de dos mil edificios están dañados en el centro del país; entre doscientos y quinientos deberán ser derruidos. De acuerdo a ingenieros expertos los edificios construidos de acuerdo a las normas posteriores al sismo de 1985 no debieron fallar. Los indicios de corrupción privada, solapada por corrupción pública, en la construcción son muchos. Sería el caso del colegio Rebsamen, un punto donde se concentró la desgracia con la muerte de 19 niños y seis adultos.
Una primera y fuerte exigencia social es determinar si los edificios caídos, los dañados, y en general los construidos en los últimos años cumplen plenamente el reglamento de construcción de 1985. De no ser así habría que castigar la corrupción que lo permitió. Si cumplen con las normas y se dañaron entonces estas necesitan ser revisadas.
El montaje televisivo de la niña inexistente nos recuerda que los medios están al servicio de sus “ratings” y sus ganancias y no al de la información objetiva y la reflexión experta. Desde la esfera mediática se lanzan ahora campañas contra partidos y representantes populares, que efectivamente deben ser revisados y corregidos para recrearlos como espacios democráticos. Pero la campaña privada es interesada; critica a los que no les dan moche y busca darse baños de pureza.
Nos deja estupefactos la rapiña de los gobiernos estatales, en particular el de Morelos, en su apropiamiento ilegal de las donaciones de la ciudadanía. Sobre todo cuando muchos buscamos canalizar nuestra ayuda precisamente fuera de los canales públicos y de algunas fundaciones privadas que buscan lavarle la cara a sus empresas mediáticas o financieras.
Para poner el dedo en la llaga tenemos que apuntar que vivimos en un paraíso fiscal corrupto donde los grandes consorcios y los milmillonarios pagan impuestos de risa. La captación fiscal en México es de bastante menos de la mitad que el promedio que captan los países de la OCDE. La riqueza petrolera permitía que los muy ricos no pagaran; ese modelo se acabó con la caída del precio del petróleo y la venta de garaje del patrimonio nacional.
Ahora esta desgracia en marcha obliga a repensar no en una solución basada en donativos, que son valiosos, sino en una verdadera contribución responsable de los grandes patrimonios privados.
La reconstrucción nacional es casi imposible en un país que acusó de paternalismo a su pequeña y mediana empresa, a su industria y a la producción agropecuaria destinada al consumo interno. Hubo que destruirla para darle campo libre, mercado libre digamos, a la producción transnacional.
El mundo ha cambiado y estos terremotos obligan a cuestionar la desintegración interna entre producción y consumo. ¿Vamos a reconstruir con herramientas y tornillos importados? ¿Con granos, incluyendo maíz transgénico, importados?
No, lo que se requiere es privilegiar el trabajo y la producción de los mexicanos. De la ingeniería del mercado transnacional debemos pasar a una estrategia de mercado interno donde la prioridad sea la eficiencia en la movilización de nuestras propias capacidades, que son muchas.
Bienvenido ahora el terremoto político que desde la movilización social empieza a cuestionar a la corrupción criminal, la ausencia de un estado paternalista y eficaz, la rapiña de algunos gobiernos estatales, los sesgos del monopolio mediático, la venta país, y el privilegio a lo importado sobre lo que podemos producir nosotros.
domingo, 17 de septiembre de 2017
Más allá de la reconstrucción
Jorge Faljo
La impresión inmediata después del pasado terremoto fue, en la perspectiva de la Ciudad de México, de alivio y asombro. El movimiento parecía interminable y estuvo fuerte; fue un buen susto y para los que tenemos la suficiente edad la comparación con el temblor de 1985 era inevitable. En aquel entonces hubo miles de muertos y centenares de construcciones derruidas en la capital. Así que la pregunta del día siguiente era ¿Cómo es que la destrucción fue mínima? Parecía que no había pasado nada. Después veríamos lo equivocados que estábamos.
Aunque la capital se salvó del desastre este fue mayúsculo y concentrado en las zonas más vulnerables del país y de la sociedad mexicana: Chiapas y Oaxaca. Pronto empezaron a llegar noticias cada vez peores y que se iban acumulando. Casi cien muertos, ochenta mil casas con daños importantes, más de mil trescientos planteles escolares destruidos, daños a la infraestructura, a los lugares de trabajo, a centros de salud, edificios públicos y demás. Sin embargo día con día, conforme llegan noticias de los lugares más apartados se incrementan las cifras. Se habla de ocho cientos mil damnificados en Oaxaca y millón y medio en Chiapas.
Impresiona el video de una construcción de dos pisos que empieza a crujir y finalmente se desploma cuando a simple vista parecía en buen estado. Entonces la duda, ¿Cómo estarán las de a los lados? Son cientos de miles los que o no tienen casa o no se atreven a entrar a ellas por los daños evidentes. Les falta además agua, alimentos, artículos de limpieza, ropa y más.
Los canales para enviar ayuda son muchos y la ayuda surge de todos lados. Por mi parte preferí hacer un donativo a la cuenta de la Cruz Roja pensando que es uno de las instituciones más experimentadas en ayuda inmediata. Pero la respuesta ciudadana no basta.
Los damnificados y el resto del país esperamos que sea el gobierno, el federal y los estatales sobre todo, los que cumplan con su responsabilidad para con los mexicanos. Lo esperamos, pero no sabemos si podrán hacerlo en la magnitud y con la urgencia que impone la situación. No tenemos un gobierno cercano a la población, no es ágil en su actuación, y una y otra vez ha mostrado que más que apoyar desconfía de las organizaciones populares.
Peña Nieto pidió a los damnificados no permitir que alguien quiera lucrar con la emergencia, cabría suponer que no se refiere a la solidaridad de muchos, sino a las mañas de los funcionarios públicos. El Paso Express, Oderbrecht, los desvíos a través de universidades nos señalan no solo que la podredumbre existe, sino la terrible impunidad en que nos movemos. Pero tiene razón, solo la propia población vigilante puede hacer que la ayuda inmediata y la reconstrucción posterior sean efectivas.
La experiencia del temblor del 85 señala que el esfuerzo tendrá que ser notable y prolongado. No es admisible que estas heridas dejen una cicatriz permanente en un sureste que ya se caracteriza por la exclusión económica y social.
Lo que se requiere de inmediato es el abasto externo que proporcione a la población lo necesario para la supervivencia y para no sufrir más daños a su salud física y emocional. Esto es vital pero es solo el principio de la tarea.
Una siguiente etapa, que debe comenzar pronto pero durará más tiempo, es la reconstrucción. No se trata meramente de reponer infraestructura, construcciones y viviendas. De fijarse solo en las apariencias se podría caer en la tentación de una compostura implantada desde fuera y haciendo a un lado a la población. Sería la opción más atractiva para hacer del desastre un gran negocio, pero no reconstruiría las vidas y las comunidades.
Peña Nieto ofreció un programa de empleo temporal. Es una buena medida si se orienta a que la propia población organizada repare sus viviendas, la infraestructura, las escuelas, sus propios talleres y centros de trabajo. El bajo, aunque siempre lamentable número de muertos, apunta a la nobleza de los materiales locales, adobe por ejemplo, como elementos de construcción.
Entre la ayuda inmediata y la reconstrucción debe marcarse una diferencia fundamental. Lo inmediato viene de fuera. La reconstrucción debe enfatizar recuperar las capacidades locales para el mayor auto abasto posible de agua, alimentos, materiales de construcción, muebles y enseres del hogar, ropa y demás.
Hablamos del sureste, de la región del país que más ha sufrido los embates del modelo neoliberal en el que el país dejó de consumir lo propio para preferir lo importado. Donde el norte dejó de comprarle al sur. Donde la apertura de los mercados y las importaciones inutilizaron buena parte de la producción convencional, la del sector social, y la de la pequeña producción. Donde gran parte de la producción perdió su mercado.
Una reconstrucción importada, ajena a la población, es inviable y ahondaría el problema de la exclusión de fondo de la población. Por eso se requiere ir más allá de la reconstrucción para plantearla como un esfuerzo de inclusión social y productiva que, a menor costo, tenga efectos masivos y duraderos.
Tomemos por ejemplo la idea presidencial del empleo temporal. Será una manera inmediata de distribuir ingresos y capacidad de consumo. Ir más allá será que estos ingresos se asocien en lo posible, pero de manera creciente, al consumo de productos locales y regionales. Podría hacerse mediante cupones para el consumo en las tiendas Diconsa que, a su vez procurarían un máximo de adquisiciones provenientes de la producción popular local, regional y nacional. Eso haría que el empleo temporal en la reconstrucción genere empleo en otras actividades productivas.
La globalización ha inutilizado gran parte de las capacidades productivas populares debido a que creo un mercado basado en super tiendas en las que no tiene entrada la pequeña producción. Pero no olvidemos que los pueblos del sureste aún tienen la capacidad de producir prácticamente todo lo que necesitan para vivir bien. Recuperar y expandir esas capacidades como eje de la reconstrucción es sobre todo un asunto de crearles el mercado apropiado, donde puedan distribuir e intercambiar estos bienes.
Sería un error ver a los damnificados simplemente como pobres inertes a los que se ayuda convirtiéndolos en consumidores de productos externos. Eso crearía una dependencia permanente. Lo necesario es apoyarlos en toda su dignidad de productores capaces de generar en su conjunto casi toda la canasta de consumo que requieren. Esa reconstrucción es posible.
La impresión inmediata después del pasado terremoto fue, en la perspectiva de la Ciudad de México, de alivio y asombro. El movimiento parecía interminable y estuvo fuerte; fue un buen susto y para los que tenemos la suficiente edad la comparación con el temblor de 1985 era inevitable. En aquel entonces hubo miles de muertos y centenares de construcciones derruidas en la capital. Así que la pregunta del día siguiente era ¿Cómo es que la destrucción fue mínima? Parecía que no había pasado nada. Después veríamos lo equivocados que estábamos.
Aunque la capital se salvó del desastre este fue mayúsculo y concentrado en las zonas más vulnerables del país y de la sociedad mexicana: Chiapas y Oaxaca. Pronto empezaron a llegar noticias cada vez peores y que se iban acumulando. Casi cien muertos, ochenta mil casas con daños importantes, más de mil trescientos planteles escolares destruidos, daños a la infraestructura, a los lugares de trabajo, a centros de salud, edificios públicos y demás. Sin embargo día con día, conforme llegan noticias de los lugares más apartados se incrementan las cifras. Se habla de ocho cientos mil damnificados en Oaxaca y millón y medio en Chiapas.
Impresiona el video de una construcción de dos pisos que empieza a crujir y finalmente se desploma cuando a simple vista parecía en buen estado. Entonces la duda, ¿Cómo estarán las de a los lados? Son cientos de miles los que o no tienen casa o no se atreven a entrar a ellas por los daños evidentes. Les falta además agua, alimentos, artículos de limpieza, ropa y más.
Los canales para enviar ayuda son muchos y la ayuda surge de todos lados. Por mi parte preferí hacer un donativo a la cuenta de la Cruz Roja pensando que es uno de las instituciones más experimentadas en ayuda inmediata. Pero la respuesta ciudadana no basta.
Los damnificados y el resto del país esperamos que sea el gobierno, el federal y los estatales sobre todo, los que cumplan con su responsabilidad para con los mexicanos. Lo esperamos, pero no sabemos si podrán hacerlo en la magnitud y con la urgencia que impone la situación. No tenemos un gobierno cercano a la población, no es ágil en su actuación, y una y otra vez ha mostrado que más que apoyar desconfía de las organizaciones populares.
Peña Nieto pidió a los damnificados no permitir que alguien quiera lucrar con la emergencia, cabría suponer que no se refiere a la solidaridad de muchos, sino a las mañas de los funcionarios públicos. El Paso Express, Oderbrecht, los desvíos a través de universidades nos señalan no solo que la podredumbre existe, sino la terrible impunidad en que nos movemos. Pero tiene razón, solo la propia población vigilante puede hacer que la ayuda inmediata y la reconstrucción posterior sean efectivas.
La experiencia del temblor del 85 señala que el esfuerzo tendrá que ser notable y prolongado. No es admisible que estas heridas dejen una cicatriz permanente en un sureste que ya se caracteriza por la exclusión económica y social.
Lo que se requiere de inmediato es el abasto externo que proporcione a la población lo necesario para la supervivencia y para no sufrir más daños a su salud física y emocional. Esto es vital pero es solo el principio de la tarea.
Una siguiente etapa, que debe comenzar pronto pero durará más tiempo, es la reconstrucción. No se trata meramente de reponer infraestructura, construcciones y viviendas. De fijarse solo en las apariencias se podría caer en la tentación de una compostura implantada desde fuera y haciendo a un lado a la población. Sería la opción más atractiva para hacer del desastre un gran negocio, pero no reconstruiría las vidas y las comunidades.
Peña Nieto ofreció un programa de empleo temporal. Es una buena medida si se orienta a que la propia población organizada repare sus viviendas, la infraestructura, las escuelas, sus propios talleres y centros de trabajo. El bajo, aunque siempre lamentable número de muertos, apunta a la nobleza de los materiales locales, adobe por ejemplo, como elementos de construcción.
Entre la ayuda inmediata y la reconstrucción debe marcarse una diferencia fundamental. Lo inmediato viene de fuera. La reconstrucción debe enfatizar recuperar las capacidades locales para el mayor auto abasto posible de agua, alimentos, materiales de construcción, muebles y enseres del hogar, ropa y demás.
Hablamos del sureste, de la región del país que más ha sufrido los embates del modelo neoliberal en el que el país dejó de consumir lo propio para preferir lo importado. Donde el norte dejó de comprarle al sur. Donde la apertura de los mercados y las importaciones inutilizaron buena parte de la producción convencional, la del sector social, y la de la pequeña producción. Donde gran parte de la producción perdió su mercado.
Una reconstrucción importada, ajena a la población, es inviable y ahondaría el problema de la exclusión de fondo de la población. Por eso se requiere ir más allá de la reconstrucción para plantearla como un esfuerzo de inclusión social y productiva que, a menor costo, tenga efectos masivos y duraderos.
Tomemos por ejemplo la idea presidencial del empleo temporal. Será una manera inmediata de distribuir ingresos y capacidad de consumo. Ir más allá será que estos ingresos se asocien en lo posible, pero de manera creciente, al consumo de productos locales y regionales. Podría hacerse mediante cupones para el consumo en las tiendas Diconsa que, a su vez procurarían un máximo de adquisiciones provenientes de la producción popular local, regional y nacional. Eso haría que el empleo temporal en la reconstrucción genere empleo en otras actividades productivas.
La globalización ha inutilizado gran parte de las capacidades productivas populares debido a que creo un mercado basado en super tiendas en las que no tiene entrada la pequeña producción. Pero no olvidemos que los pueblos del sureste aún tienen la capacidad de producir prácticamente todo lo que necesitan para vivir bien. Recuperar y expandir esas capacidades como eje de la reconstrucción es sobre todo un asunto de crearles el mercado apropiado, donde puedan distribuir e intercambiar estos bienes.
Sería un error ver a los damnificados simplemente como pobres inertes a los que se ayuda convirtiéndolos en consumidores de productos externos. Eso crearía una dependencia permanente. Lo necesario es apoyarlos en toda su dignidad de productores capaces de generar en su conjunto casi toda la canasta de consumo que requieren. Esa reconstrucción es posible.
domingo, 10 de septiembre de 2017
Clima; el calentamiento político
Jorge Faljo
Trump encabeza dentro de los Estados Unidos a los que niegan la existencia de un calentamiento global causado por la humanidad. Representa los intereses de las industrias que quieren explotar sin cortapisas ecológicas los depósitos de energéticos más contaminantes. Fomenta y se ampara en las creencias de un amplio sector de cristianos fundamentalistas convencidos de que el creador le regaló el planeta a la humanidad para hacer y deshacer a su antojo.
Una interpretación contraria a la del Papa católico que insta al cuidado de “la casa de todos”. Pero no es el punto entrar en una disquisición teológica, sino política.
El caso es que, como si la naturaleza quisiera cerrarle la bocota a Trump, apenas tres meses después de que anunció su salida del acuerdo de Paris sobre cambio climático mandó al huracán Harvey. Se le calificó como una tormenta sin precedente histórico; el de mayor intensidad, medido por la enorme cantidad de agua que se volcó sobre Houston y sus alrededores.
Apenas la población está regresando a sus hogares, calculando daños, apilando al frente alfombras, cortinas, muebles, colchones, que ahora son basura y pensando que hacer de sus vidas. Todavía no se conoce el costo total de la destrucción, que hasta ahora se calcula en más de 80 mil millones de dólares. La paralización industrial de la zona tendrá un impacto significativo en el crecimiento económico de todo el país este año.
Mientras en Texas todavía no se sale del lodazal, otro huracán, Irma, amenaza dañar a toda la península de Florida. Se trata del mayor y más peligroso huracán formado en el Atlántico del que se tenga registro histórico. Y detrás le sigue José que se encuentra en formación y todavía no se sabe qué impacto tendrá. Mientras tanto Katia golpea las costas de Veracruz.
Una de las consecuencias de esta oleada de desastres es el calentamiento de la discusión política sobre el clima. De un lado el equipo presidencial seleccionado por Trump niega vehementemente la existencia de cambio climático. Del otro lado se encuentra la mayoría de la comunidad científica, entre los cuales algunos cambian el concepto de cambio a desastre climático.
Kellyanne Connway, una asesora presidencial con frecuente presencia en los medios les dijo, molesta, a unos reporteros “estamos tratando de ayudar a la gente ¿y ustedes quieren discutir el calentamiento climático?”
No tan diferente de Scott Pruitt, que dirige la agencia norteamericana de protección ambiental cuando acusa a los medios de oportunismo porque, dice, no es el momento de debatir sobre las causas del desastre sino de concentrarse en las necesidades de los damnificados. En su opinión los científicos y especialistas del clima quieren “politizar” la tragedia.
La mayoría de los reporteros que cubren el tema de los huracanes han sido, hasta ahora, muy precavidos y no mencionan siquiera el calentamiento global o el cambio climático que, supuestamente, no existen. Estarían arriesgando sus carreras profesionales si lo hacen. Sin embargo poco a poco el tema se vuelve inevitable.
Sí con Harvey resultaba difícil evadir el fondo del problema, ahora con Katia, Irma y José apareciendo de manera simultánea en los mapas meteorológicos es prácticamente imposible. Pero el asunto no es sencillo; lo complican gigantescos intereses económicos en lucha.
En un platillo de la balanza se encuentra el costo enorme de la reconstrucción. En el otro se encuentra en tela de juicio todo un estilo de desarrollo urbano industrial basado en el uso de combustibles fósiles. Cambiarlo implicaría pérdidas enormes para la industria automovilística y habría que rediseñar desde el transporte hasta las mismas ciudades para hacerlas más amigables con el medio ambiente.
Pero en lo inmediato el eslabón más débil del sistema es la industria petrolera. Hace un par de años el gobernador del banco central de Inglaterra advirtió a las empresas financieras de reaseguramiento británicas, la famosa Lloyd´s de Londres, que fueran muy precavidas al asegurar a la industria petrolera porque ésta podría ser demandada como causante de gigantescos daños ambientales.
Aceptar que existe cambio climático conduce a señalar culpables. El uso de combustibles fósiles que devuelven en poco tiempo a la atmosfera el carbono que le tomó a la naturaleza millones de años enterrarlo en el subsuelo está poniendo en riesgo la viabilidad de la infraestructura, viviendas, ciudades y medios de vida de decenas o cientos de millones de habitantes del planeta. Caso Houston por ejemplo.
Hay indicios de que los grandes conglomerados petroleros tienen desde hace décadas estudios que relacionan a su industria con el calentamiento global; también de que han orquestado campañas de desinformación al respecto. Lo cual podría configurar, además de la propia actividad, las bases para demandas por miles de millones de dólares por parte de los dueños de propiedades dañadas, e incluso por ciudades y condados norteamericanos.
Así que lo prudente, en la perspectiva del gobierno norteamericano es negar totalmente la existencia misma del calentamiento global. Lo malo es que sin la participación de los Estados Unidos es muy difícil enfrentar el problema que casi todos los demás gobiernos del mundo reconocen como muy grave.
El golfo de México y partes del océano Atlántico se han calentado apenas un grado Celsius, y eso ya acrecienta la fuerza de los huracanes con impactos devastadores en las costas norteamericanas. Es probable que eso obligue a reconsiderar el costo de los seguros contra inundaciones y si eso ocurre haría económicamente inviable la reconstrucción en amplias zonas.
El dolor en los bolsillos puede hacer cambiar la opinión de muchos norteamericanos; los directamente afectados y los ciudadanos que pagan impuestos. La politización del desastre, de la reconstrucción y del cambio climático es inevitable.
México es un interesado de primera línea si el efecto ambiental va a ser que también suframos impactos más fuertes y frecuentes en las costas del golfo. Nuestro país firmó el acuerdo de Paris para frenar el calentamiento global. Es el momento oportuno para reafirmar esa posición; una declaración del presidente Peña Nieto sería muy oportuna en estos momentos.
Trump encabeza dentro de los Estados Unidos a los que niegan la existencia de un calentamiento global causado por la humanidad. Representa los intereses de las industrias que quieren explotar sin cortapisas ecológicas los depósitos de energéticos más contaminantes. Fomenta y se ampara en las creencias de un amplio sector de cristianos fundamentalistas convencidos de que el creador le regaló el planeta a la humanidad para hacer y deshacer a su antojo.
Una interpretación contraria a la del Papa católico que insta al cuidado de “la casa de todos”. Pero no es el punto entrar en una disquisición teológica, sino política.
El caso es que, como si la naturaleza quisiera cerrarle la bocota a Trump, apenas tres meses después de que anunció su salida del acuerdo de Paris sobre cambio climático mandó al huracán Harvey. Se le calificó como una tormenta sin precedente histórico; el de mayor intensidad, medido por la enorme cantidad de agua que se volcó sobre Houston y sus alrededores.
Apenas la población está regresando a sus hogares, calculando daños, apilando al frente alfombras, cortinas, muebles, colchones, que ahora son basura y pensando que hacer de sus vidas. Todavía no se conoce el costo total de la destrucción, que hasta ahora se calcula en más de 80 mil millones de dólares. La paralización industrial de la zona tendrá un impacto significativo en el crecimiento económico de todo el país este año.
Mientras en Texas todavía no se sale del lodazal, otro huracán, Irma, amenaza dañar a toda la península de Florida. Se trata del mayor y más peligroso huracán formado en el Atlántico del que se tenga registro histórico. Y detrás le sigue José que se encuentra en formación y todavía no se sabe qué impacto tendrá. Mientras tanto Katia golpea las costas de Veracruz.
Una de las consecuencias de esta oleada de desastres es el calentamiento de la discusión política sobre el clima. De un lado el equipo presidencial seleccionado por Trump niega vehementemente la existencia de cambio climático. Del otro lado se encuentra la mayoría de la comunidad científica, entre los cuales algunos cambian el concepto de cambio a desastre climático.
Kellyanne Connway, una asesora presidencial con frecuente presencia en los medios les dijo, molesta, a unos reporteros “estamos tratando de ayudar a la gente ¿y ustedes quieren discutir el calentamiento climático?”
No tan diferente de Scott Pruitt, que dirige la agencia norteamericana de protección ambiental cuando acusa a los medios de oportunismo porque, dice, no es el momento de debatir sobre las causas del desastre sino de concentrarse en las necesidades de los damnificados. En su opinión los científicos y especialistas del clima quieren “politizar” la tragedia.
La mayoría de los reporteros que cubren el tema de los huracanes han sido, hasta ahora, muy precavidos y no mencionan siquiera el calentamiento global o el cambio climático que, supuestamente, no existen. Estarían arriesgando sus carreras profesionales si lo hacen. Sin embargo poco a poco el tema se vuelve inevitable.
Sí con Harvey resultaba difícil evadir el fondo del problema, ahora con Katia, Irma y José apareciendo de manera simultánea en los mapas meteorológicos es prácticamente imposible. Pero el asunto no es sencillo; lo complican gigantescos intereses económicos en lucha.
En un platillo de la balanza se encuentra el costo enorme de la reconstrucción. En el otro se encuentra en tela de juicio todo un estilo de desarrollo urbano industrial basado en el uso de combustibles fósiles. Cambiarlo implicaría pérdidas enormes para la industria automovilística y habría que rediseñar desde el transporte hasta las mismas ciudades para hacerlas más amigables con el medio ambiente.
Pero en lo inmediato el eslabón más débil del sistema es la industria petrolera. Hace un par de años el gobernador del banco central de Inglaterra advirtió a las empresas financieras de reaseguramiento británicas, la famosa Lloyd´s de Londres, que fueran muy precavidas al asegurar a la industria petrolera porque ésta podría ser demandada como causante de gigantescos daños ambientales.
Aceptar que existe cambio climático conduce a señalar culpables. El uso de combustibles fósiles que devuelven en poco tiempo a la atmosfera el carbono que le tomó a la naturaleza millones de años enterrarlo en el subsuelo está poniendo en riesgo la viabilidad de la infraestructura, viviendas, ciudades y medios de vida de decenas o cientos de millones de habitantes del planeta. Caso Houston por ejemplo.
Hay indicios de que los grandes conglomerados petroleros tienen desde hace décadas estudios que relacionan a su industria con el calentamiento global; también de que han orquestado campañas de desinformación al respecto. Lo cual podría configurar, además de la propia actividad, las bases para demandas por miles de millones de dólares por parte de los dueños de propiedades dañadas, e incluso por ciudades y condados norteamericanos.
Así que lo prudente, en la perspectiva del gobierno norteamericano es negar totalmente la existencia misma del calentamiento global. Lo malo es que sin la participación de los Estados Unidos es muy difícil enfrentar el problema que casi todos los demás gobiernos del mundo reconocen como muy grave.
El golfo de México y partes del océano Atlántico se han calentado apenas un grado Celsius, y eso ya acrecienta la fuerza de los huracanes con impactos devastadores en las costas norteamericanas. Es probable que eso obligue a reconsiderar el costo de los seguros contra inundaciones y si eso ocurre haría económicamente inviable la reconstrucción en amplias zonas.
El dolor en los bolsillos puede hacer cambiar la opinión de muchos norteamericanos; los directamente afectados y los ciudadanos que pagan impuestos. La politización del desastre, de la reconstrucción y del cambio climático es inevitable.
México es un interesado de primera línea si el efecto ambiental va a ser que también suframos impactos más fuertes y frecuentes en las costas del golfo. Nuestro país firmó el acuerdo de Paris para frenar el calentamiento global. Es el momento oportuno para reafirmar esa posición; una declaración del presidente Peña Nieto sería muy oportuna en estos momentos.
sábado, 2 de septiembre de 2017
Harvey; venganza de la naturaleza
Jorge Faljo
Houston y sus alrededores enfrentan con el huracán Harvey el peor desastre climático de la historia de los Estados Unidos. Peor que Katrina en Nueva Orleans. Con más de 100 mil casas destruidas y decenas de miles más dañadas, con cientos de miles de personas sin acceso a agua potable, con aguas negras y productos químicos contaminando lo inundado, será durante semanas, o meses, un grave problema humanitario.
Harvey obligará, esperemos, a repensar la existencia del cambio climático, que es negado por la elite gobernante republicana. Los obliga ya a enfrentar su hipocresía. Por ejemplo el hecho de que los senadores de Texas en su momento obstruyeron la ayuda a Nueva Orleans y ahora quieren, porque su población lo necesita, una ayuda federal aún mayor. Desde la ultra derecha se exige que toda ayuda a Texas salga de la disminución de otros gastos, al tiempo que se sigue pidiendo, con Trump a la cabeza, disminuir los impuestos a los mil millonarios.
Este desastre provocará fuertes confrontaciones políticas.
La fuerza de Harvey, medida no solo en velocidad del viento, sino en el volumen de agua arrojado, se debe en mucho al calentamiento del mar y el aire en el Golfo de México. La mayor evaporación y la humedad retenida en el aíre agigantan estos fenómenos naturales.
Sin embargo, Trump, los políticos y, los medios, dicen que se trata de un hecho sin precedentes pero lamentablemente no sacan la conclusión inevitable; se debe al cambio climático. O a lo que ya se empieza a llamar desastre climático.
La catástrofe no solo cayó del cielo sino que surge de la tierra misma. El puerto de Houston, el segundo en volumen de mercancías y el primero en comercio exterior, fue construido sobre un pantano, literalmente.
Una enorme planicie que desde fines de la década de 1830 empezó a ser desecada ampliando y desbrozando los arroyos naturales y construyendo canales. El diario de uno de los primeros habitantes habla de esa labor de negros y mexicanos con gran mortandad de los primeros que, además de pobres, eran esclavos.
Houston ha sufrido múltiples inundaciones y hoy en día cuenta con más de 4 mil kilómetros de canales, con múltiples diques y reservorios para controlar el agua. Pero en la medida en que se expande esta llamada “ciudad sin límites” crece el problema.
Con grandes apoyos gubernamentales a los desarrolladores privados se han urbanizado las praderas y pantanos que permitían que la tierra contuviera y absorbiera el agua de lluvia. Ahora toda la lluvia corre de inmediato a canales que se han quedado obsoletos en su capacidad, haciendo un montón de cuellos de botella.
Además, Houston se hunde. Desecar un pantano, extraerle agua para el consumo humano y no permitir su reposición hace que la tierra se contraiga. En algunos puntos la región se ha hundido hasta un metro; otros muchos barrios muestran hundimientos de 20, 30 o cuarenta centímetros. Lo que en una planicie inundable es suficiente para subir el riesgo. Además resulta que en los últimos 50 años el nivel del mar se ha elevado en 20 centímetros y es un proceso que se acelera.
Gran parte de la superficie habitacional se ha construido sobre la “planicie centenaria”, así llamada porque se calcula que tiene un uno por ciento de riesgo de inundarse cada año; es decir una vez cada 100 años. Sin embargo la ciudad ha tenido que redefinir y duplicar el tamaño de esta zona debido al hundimiento, al incremento de los flujos de agua y a la decadencia del sistema de desagüe.
Cierto que Harvey es algo excepcional; pero en este siglo van tres veces que Houston sufre inundaciones “centenarias”; es decir las que se supone que solo ocurren cada siglo.
El gran tema ahora es la modalidad de reconstrucción que ocurrirá después del desastre. Gran parte de la urbanización de mayor riesgo se pudo hacer gracias a fuertes subsidios gubernamentales a los desarrolladores privados y a los propietarios de viviendas.
La construcción de viviendas para renta de bajo costo ocurre gracias a los subsidios al pago de renta a la población pobre. Es un tipo de desarrollo habitacional que de manera “natural” elige terrenos baratos, de mayor riesgo climático y cercanos a las plantas petroquímicas. Mientras que los habitantes de barrios de alto ingreso cuentan con medios efectivos para impedir que a un lado se les construya vivienda popular.
Existe además un fuerte subsidio federal al aseguramiento contra inundaciones. Ya es un programa muy endeudado, que ahora tendrá un fuerte desembolso. Se menciona que podría dejar de asegurar zonas de inundación recurrente o elevar las primas pero esto pegaría a los desarrolladores de barrios y viviendas.
Por coincidencia, una semana antes de la llegada del Harvey Trump eliminó una orden presidencial de Obama que exigía que en la nueva construcción de infraestructura se tomaran en cuenta los riesgos de inundaciones y otros derivados del cambio climático. Lo que va a permitir una reconstrucción “simple”.
Así que se puede reconstruir para dejar como estaba y cruzar los dedos porque el cambio climático no exista. Se puede reconstruir ampliando el sistema de control de canales y reservorios, lo que implica expropiar e indemnizar a muchos propietarios. Al mismo tiempo habría que modificar el sistema de subsidios a la renta de vivienda para pobres y al aseguramiento contra inundaciones, lo que llevaría a enormes pérdidas económicas privadas. O, más allá de lo anterior, se puede reconstruir con altos estándares de protección ambiental.
Tal vez todavía predomine la estúpida negación del cambio climático y la repugnancia a gastar, sobre todo en beneficio de la población común y corriente.
Cierro diciendo que la gran catástrofe ambiental humanitaria del momento ocurre en Bangla Desh, donde la tercera parte del país está inundada, en India y en Nepal. Hay más de 24 millones de afectados, unos siete millones han perdido sus casas y miles han muerto. Como de costumbre, los que más sufren son los que menos contribuyen al cambio climático.
Houston y sus alrededores enfrentan con el huracán Harvey el peor desastre climático de la historia de los Estados Unidos. Peor que Katrina en Nueva Orleans. Con más de 100 mil casas destruidas y decenas de miles más dañadas, con cientos de miles de personas sin acceso a agua potable, con aguas negras y productos químicos contaminando lo inundado, será durante semanas, o meses, un grave problema humanitario.
Harvey obligará, esperemos, a repensar la existencia del cambio climático, que es negado por la elite gobernante republicana. Los obliga ya a enfrentar su hipocresía. Por ejemplo el hecho de que los senadores de Texas en su momento obstruyeron la ayuda a Nueva Orleans y ahora quieren, porque su población lo necesita, una ayuda federal aún mayor. Desde la ultra derecha se exige que toda ayuda a Texas salga de la disminución de otros gastos, al tiempo que se sigue pidiendo, con Trump a la cabeza, disminuir los impuestos a los mil millonarios.
Este desastre provocará fuertes confrontaciones políticas.
La fuerza de Harvey, medida no solo en velocidad del viento, sino en el volumen de agua arrojado, se debe en mucho al calentamiento del mar y el aire en el Golfo de México. La mayor evaporación y la humedad retenida en el aíre agigantan estos fenómenos naturales.
Sin embargo, Trump, los políticos y, los medios, dicen que se trata de un hecho sin precedentes pero lamentablemente no sacan la conclusión inevitable; se debe al cambio climático. O a lo que ya se empieza a llamar desastre climático.
La catástrofe no solo cayó del cielo sino que surge de la tierra misma. El puerto de Houston, el segundo en volumen de mercancías y el primero en comercio exterior, fue construido sobre un pantano, literalmente.
Una enorme planicie que desde fines de la década de 1830 empezó a ser desecada ampliando y desbrozando los arroyos naturales y construyendo canales. El diario de uno de los primeros habitantes habla de esa labor de negros y mexicanos con gran mortandad de los primeros que, además de pobres, eran esclavos.
Houston ha sufrido múltiples inundaciones y hoy en día cuenta con más de 4 mil kilómetros de canales, con múltiples diques y reservorios para controlar el agua. Pero en la medida en que se expande esta llamada “ciudad sin límites” crece el problema.
Con grandes apoyos gubernamentales a los desarrolladores privados se han urbanizado las praderas y pantanos que permitían que la tierra contuviera y absorbiera el agua de lluvia. Ahora toda la lluvia corre de inmediato a canales que se han quedado obsoletos en su capacidad, haciendo un montón de cuellos de botella.
Además, Houston se hunde. Desecar un pantano, extraerle agua para el consumo humano y no permitir su reposición hace que la tierra se contraiga. En algunos puntos la región se ha hundido hasta un metro; otros muchos barrios muestran hundimientos de 20, 30 o cuarenta centímetros. Lo que en una planicie inundable es suficiente para subir el riesgo. Además resulta que en los últimos 50 años el nivel del mar se ha elevado en 20 centímetros y es un proceso que se acelera.
Gran parte de la superficie habitacional se ha construido sobre la “planicie centenaria”, así llamada porque se calcula que tiene un uno por ciento de riesgo de inundarse cada año; es decir una vez cada 100 años. Sin embargo la ciudad ha tenido que redefinir y duplicar el tamaño de esta zona debido al hundimiento, al incremento de los flujos de agua y a la decadencia del sistema de desagüe.
Cierto que Harvey es algo excepcional; pero en este siglo van tres veces que Houston sufre inundaciones “centenarias”; es decir las que se supone que solo ocurren cada siglo.
El gran tema ahora es la modalidad de reconstrucción que ocurrirá después del desastre. Gran parte de la urbanización de mayor riesgo se pudo hacer gracias a fuertes subsidios gubernamentales a los desarrolladores privados y a los propietarios de viviendas.
La construcción de viviendas para renta de bajo costo ocurre gracias a los subsidios al pago de renta a la población pobre. Es un tipo de desarrollo habitacional que de manera “natural” elige terrenos baratos, de mayor riesgo climático y cercanos a las plantas petroquímicas. Mientras que los habitantes de barrios de alto ingreso cuentan con medios efectivos para impedir que a un lado se les construya vivienda popular.
Existe además un fuerte subsidio federal al aseguramiento contra inundaciones. Ya es un programa muy endeudado, que ahora tendrá un fuerte desembolso. Se menciona que podría dejar de asegurar zonas de inundación recurrente o elevar las primas pero esto pegaría a los desarrolladores de barrios y viviendas.
Por coincidencia, una semana antes de la llegada del Harvey Trump eliminó una orden presidencial de Obama que exigía que en la nueva construcción de infraestructura se tomaran en cuenta los riesgos de inundaciones y otros derivados del cambio climático. Lo que va a permitir una reconstrucción “simple”.
Así que se puede reconstruir para dejar como estaba y cruzar los dedos porque el cambio climático no exista. Se puede reconstruir ampliando el sistema de control de canales y reservorios, lo que implica expropiar e indemnizar a muchos propietarios. Al mismo tiempo habría que modificar el sistema de subsidios a la renta de vivienda para pobres y al aseguramiento contra inundaciones, lo que llevaría a enormes pérdidas económicas privadas. O, más allá de lo anterior, se puede reconstruir con altos estándares de protección ambiental.
Tal vez todavía predomine la estúpida negación del cambio climático y la repugnancia a gastar, sobre todo en beneficio de la población común y corriente.
Cierro diciendo que la gran catástrofe ambiental humanitaria del momento ocurre en Bangla Desh, donde la tercera parte del país está inundada, en India y en Nepal. Hay más de 24 millones de afectados, unos siete millones han perdido sus casas y miles han muerto. Como de costumbre, los que más sufren son los que menos contribuyen al cambio climático.
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